Sobre el lucro
Según el diccionario de la real academia, “lucro”
significa simplemente “ganancia”. Aquí sostenemos que esta definición es adecuada
a la realidad nacional, en la cual el modo capitalista de producción es
predominante. Es que “ganancia”, en este contexto, sólo puede ser igual a
“beneficio capitalista” (tal como lo define Marx). Por esto, la instalación de
la consigna sobre el “lucro” en la actualidad, en tanto tematiza esta realidad
estructural, es una fundamental. Las condiciones de posibilidad de su
emergencia tanto como discurso y como bandera de lucha, se explican por la
existencia negativa de esta palabra en la constitución que actualmente nos
rige. La misma entiende el lucro en términos jurídicos, de una manera que le
sustrae su carácter propio de ganancia (cuestión que explicaremos más abajo).
Esta ventana abierta por un concepto que funciona como mero término (sin
univocidad), permitió al movimiento estudiantil y social apropiarse de la
ambigüedad del discurso y postular una consigna que satisfacía a amplias y
heterogéneas fracciones políticas (tanto los legalistas como los “socialistas
rosa”, hasta llegar a sectores políticos más radicales –que interpelan la
realidad actual desde su raíz-). Aquí postulamos que ha llegado un punto en el
cual es necesario dividir aguas y dar a entender que lucro, si es que designa
una realidad material estructural distintiva, sólo puede significar “ganancia
capitalista”. Y es sólo contra esta realidad que la demanda del movimiento
social actual siquiera podría empezar a instalar una estrategia de lucha
meramente reformista. En lo actual:
-
Carácter del capitalismo nacional:
basado en la plusvalía absoluta (intensificación de la jornada de trabajo,
prolongamiento de la misma. Distinto del mecanismo de “plusvalor relativo”, el cual
tecnifica el proceso de trabajo –aumento de capital constante- para reducir el
costo del trabajo necesario)
-
Carácter de la forma de capitalismo
mundial, la cual radicaliza la indiferencia del capital por el “valor de uso”
(holdings). La idea de holding, como muy señala Rafael Agacino, supone la
reunión en una unidad de dirección (que determina cómo cuanto y donde se gasta
el excedente) de unidades productivas con procesos reúnen valores de uso
distintos. El caso de los grupos empresariales actuales es ilustrativo (el
grupo Luksic posee un canal de Televisión, una embotelladora, mineras, un
banco, etc). La generalización de la forma holding, acentúa la tendencia a
considerar el “valor de uso” sólo como un medio por parte de los agentes
capitalistas (durante otras fases capitalistas la contratendencia que tenía en
cuenta el “valor de uso” era más eminente –hablar de industria maderera como
unidad discreta, por ejemplo, tenía algo de sentido)
-
Carácter de la esfera de “producción”
educacional: al ser un servicio (categoría que puede ser mantenida en un
sentido meramente indicativo, ya que no posee la rigurosidad de un concepto
científico marxista –ver Carchedi-) imposibilita estructuralmente la mayor
tecnificación del proceso de trabajo (lo que supondría el mecanismo del
plusvalor relativo, intrínseco a la idea de que los empresarios de la educación
inviertan exclusivamente en sus empresas educacionales). Este argumento se
mantiene aún si, de acuerdo a Weller, el carácter distintivo de los servicios
bajo la última reestructuración capitalista se desdibuja un tanto (el hecho de
que muchos servicios son hoy transferibles (medicina, procesamiento de datos,
etc), no perecederos (acumulables-almacenables) y altamente tecnificados
(comunicaciones). Lo característico de un “servicio” supone que en su proceso
productivo participan tanto sus consumidores como sus productores, así como
también el productor y el no-productor tienden a no diferenciarse, todo lo cual
inhibe de nuevo el mecanismo del plusvalor relativo.
-
Correlatos prácticos de la entrega de
recursos del Estado a privados supuestamente capaces de ofrecer un “bien
público”: a) deriva mercantil del Arcis: este proyecto demuestra las
limitaciones estructurales con las cuales se enfrente un proyecto que intente
instituir lo público fuera del Estado (las prácticas antisindicales, el sesgo
en los programas –lo posmoderno de éstos en esta universidad-, y la constitución
de un verdadero negocio, nos hablan de esta situación); b) dineros públicos con
mayor probabilidad de ser entregados a: 1) universidades como Los Andes
(reinvierte sus utilidades casi en su totalidad) y Diego Portales (plantel
estudiantil elitizado y formación de la base intelectual del proyecto
concertacionista que profundizó el neoliberalismo en Chile); 2) Colegios
propiedad de los Matte (seguramente reinvierten todas sus utilidades)
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En términos políticos, la entrega de
recursos del Estado a privados supuestamente capaces de ofrecer un “bien
público”, significa darle legitimidad política (por el intermedio del Estado,
única institución que posee legitimidad política universal mediante la
participación electoral) a instituciones que no han sido validadas
políticamente por la ciudadanía (la ciudadanía no ha elegido proveerles los
recursos necesarios a privados para que abran colegios). Este problema general
no se soluciona con democracia interna (aún la más radical), por dos razones:
primero, porque cualquier forma democrática de ese tipo no pasa por el cedazo
de la ciudadanía en su conjunto, sino sólo por quienes participan en la
institución. En esta especie de “democracia a la yugoslava”, se toma como dada
la repartición inicial de recursos (ciertos privados que tienen la posibilidad
material de generar un proyecto educativo particular). Segundo, porque si no se
elimina la selección en estas instituciones privadas que reciben dineros
públicos, lo que se efectuaría sería una suerte de “democracia censitaria”. En
términos sustantivos, otorgarle dineros a un privado para que implemente el
“bien público” de la educación supone
privilegiar a ciertos ciudadanos por sobre otros, omitiendo la necesaria
igualdad formal que todo estado moderno le asegura a sus ciudadanos. Más
todavía, reafirma la desigualdad constitutiva de la sociedad de clases, en la
cual sólo una ínfima porción de la población tiene los recursos materiales para
implementar un proyecto educativo propio (y, concomitantemente, reafirma la
ideología de estos particulares privilegiados).
-
La idea de que los privados puedan
implementar el bien público de la educación, supone la noción burguesa de que
el desarrollo de las fuerzas productivas
es neutral en términos sociales. Esto porque se asume que la educación es
suficientemente neutral como para ser administrada por un particular, el cual
sólo debería cumplir ciertos estándares de calidad regulados por el Estado. Por
el contrario, el desarrollo de la educación como una fuerza productiva más,
supone un carácter social determinado, manifiesto en los contenidos y la forma
de la misma. La definición del contenido sustantivo de la educación (el
carácter de clase de la educación) sólo podrá ser disputado en el Estado,
aquella esfera en la cual la forma ideal del capital (Engels) adquiere un
carácter menos directo y las clases explotadas/dominadas se benefician de la
igualdad y libertad formales de la ideología burguesa aquí expresadas de manera
distintiva. En la esfera particular (sumamente permeable al mercado), las
clases explotadas siempre estarán afectas a una desigualdad estructural
irrenunciable. Una esfera en la cual esta problemática se expresa de manera más
evidente es el proceso de trabajo capitalista. Mientras el Estado actúa como
agente externo y mantiene la propiedad privada de los medios de producción, no
puede influir sobre la división social del trabajo, ni sobre la división del
trabajo social (distinción intraempresa e interempresa construida por Bujarin)
de manera sustantiva. Por el contrario, sólo la propiedad estatal (formalmente
social, que no deriva mecánicamente en la posesión de los medios de producción
por parte de la clase trabajadora) permite al menos la posibilidad de definir
los contenidos de la educación como fuerza productiva (división del trabajo
inter e intraempresa y definición de los bienes concretos a producir).
-
Por lo tanto, la idea de la regulación
(que elimina la perspectiva de la expropiación como un paso para la
socialización), supone como premisa la neutralidad de las fuerzas productivas
bajo el capitalismo.
-
En términos de costos, la cantidad de
recursos requeridos para tamaña regulación excedería con creces los necesarios
si se efectivizara una necesaria expropiación. A esto se suma un problema
histórico básico: los últimos 25 años demuestran que el paradigma de la
regulación (al menos en el discurso caro a la Concertación) no logra los
objetivos que se propone. En un país donde el pago de impuestos es ínfimo
(tanto por elusión como por evasión), pedir mayor regulación estatal supone un
contrasentido; la única vía es poseer la fuerza de clase necesaria para la
expropiación
-
Pedir al capital que renuncie a sus
determinantes básicas (y las que se suman en esta nueva fase de su desarrollo)
es a lo menos ingenuo. En una sociedad capitalista, los privados siempre se
verán bajo la compulsión del mercado (no es una cuestión de volición). No se
puede renunciar a la ganancia, no se puede renunciar a la indiferencia por el
“valor de uso”; no se puede renunciar al despotismo de fábrica (propio de todo
proceso productivo bajo una formación capitalista) –de ahí que demandar la
democratización en la esfera privada es una falsa alternativa que sólo puede
redundar en formalismo-; no se puede renunciar a la historicidad misma del
capitalismo nacional durante las últimas tres décadas (basado en la plusvalía
absoluta), no se puede renunciar a las determinantes estructurales de lo que se
puede denominar indicativamente como un “servicio”; etc.
El énfasis, por tanto, no debe estar puesto en
regular la esfera privada (como propone la cones y ciertas fracciones del
movimiento estudiantil), sino en reunir la fuerza necesaria para expropiar a
los privados de los recursos que les permiten implementar el proceso productivo
que supone la educación. Así, debe desestimarse la acción reguladora sobre el
mundo privado como horizonte de mediano plazo, si es que entendemos que un
sistema nacional de educación con la legitimidad política suficiente por parte
de los productores, requiere ignorar el privilegio que siempre supondrá la
educación impartida por particulares y la sustracción de cualquier legitimidad
política a un proceso productivo que supone el monopolio de los medios de
producción. Los pasos señalados por este camino ya emergen en el movimiento
estudiantil: gratuidad con ampliación radical del acceso a la educación
superior, estatización con control comunitario de la educación secundaria
(también gratuita).
Por una izquierda racional que comprenda que la
democratización y socialismo son dos caras de una misma moneda.
atte
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