"Esto no sería tan malo si el problema de la
educación jurídica fuera que los profesores emplearan mal el razonamiento
jurídico para limitar el alcance de los derechos de los oprimidos. Pero el
problema es más profundo. El discurso de los derechos es internamente
inconsistente, vacuo o circular. El razonamiento jurídico puede generar
argumentos equivalentemente plausibles para justificar cualquier resultado.
Además, el discurso de los "derechos" impone tantas limitaciones para
aquellos que lo usan, que hace que sea prácticamente imposible que funcione
como una herramienta efectiva de transformación radical. Los derechos son por
naturaleza "formales", lo que significa que aseguran a los individuos
protección jurídica y los resguardan de la arbitrariedad -hablar de derechos
es precisamente no hablar de la justicia entre clases
sociales, razas o sexos-....
El discurso de los derechos, además, simplemente
presupone -o da por descontado- que el mundo está, y debería estar, dividido
entre un sector estatal que pone en vigencia los derechos y el mundo privado de
la "sociedad civil", en la que los individuos atomizados persiguen
sus propios fines. Esta estructura es, en sí misma, parte del
problema más que de la solución. Hace que sea difícil incluso conceptualizar
las propuestas radicales tales como, por ejemplo, el control descentralizado y
democrático de las fábricas, llevado a cabo por los trabajadores...
El discurso de los derechos es una trampa, ya que es
lógicamente incoherente y manipulable, tradicionalmente individualista e
intencionalmente ciego a las realidades de desigualdad sustancial. Mientras
uno se mantenga dentro de él, podrá producir buenos argumentos para algún caso
ocasional, periférico, en el que todos admiten que es necesario efectuar
juicios de valor...."
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