Bolivia bajo el MAS: La devaluación del “horizonte anticapitalista” (parte X)

X. Clase obrera bajo el MAS

(i) Apuntes sobre las condiciones económicas

 Silvia Escobar de Pabón divide la primera década del siglo en dos períodos económicos claramente marcados. Primero, de 1999 a 2002, prima el estancamiento y la devaluación, ambos espoleados, en lo fundamental, por los coletazos de la crisis asiática de 1997-98. Asimismo, los cambios en los precios internacionales relativos favorecen la importación, lo cual desmejora las posibilidades de desarrollo de la industria interna. Por último, las condiciones desmejoradas de la economía boliviana perduran también a causa de la caída del salario real y un creciente desempleo. Por su parte, el segundo ciclo reconocido por Escobar de Pabón va de 2003-2004 a 2008-2009. Éste, se caracteriza por el alza del crecimiento y las tendencias a la expansión, principalmente impulsados por la elevación de los precios de los productos exportados por la formación boliviana (derivados de la soya, petróleo, cemento, azúcar, aceite, bebida, tabaco, etc). Es este contexto de bonanza el que explica parcialmente el ya mencionado proceso de saneamiento de las finanzas fiscales, el cual es evidente en al menos tres respectos: a) después de muchos años los ingresos superan los gastos (superávit fiscal de 1,7% del PIB en 2007); b) el mismo 2007 la balanza comercial es de + 13,8 del PIB (si bien debido al comercio exterior antes que a las inversiones); c) se observa un récord histórico en el monto de las Reservas Internacionales Netas del banco Central (5.319 millones de dólares), durante el año 2007. En lo que corresponde a las causas más inmediatas de la bonanza económica, pueden citarse al menos dos procesos: a) el peso boliviano no se aprecia tanto como las otras monedas de la región, por lo cual la economía de Bolivia no pierde competitividad en lo que hace a las exportaciones; b) las remesas provenientes del exterior sostienen el consumo interno. Finalmente, una de las consecuencias económicas importantes de este periodo de expansión, es la consolidación de la región santacruceña como polo económico de “desarrollo”, tanto en lo que hace a la manufactura, como en lo que respecta a productos de productos de exportación menos elaborados.

 Luego del momento más álgido de la crisis (2009), la economía boliviana se recupera y presenta elevadas tasas de crecimiento[1], que muestra que el ciclo iniciado en 2004 solo fue suspendido por un lapso más bien acotado.

(ii) Formas de organización de las unidades productivas

 En este apartado abordamos de manera sumaria un tema muy debatido y complejo, el de las formas de organización de las unidades productivas. Por tanto, no pretendemos presentar una respuesta definitiva a la cuestión, sino solo proponer una clasificación provisoria, tomando como base el análisis realizado por Escobar de Pabón en 2010. Esta autora establece la existencia de 5 formas de organización del proceso de trabajo en Bolivia, y ordena las mismas de acuerdo al grado de diferenciación entre capital y Trabajo en las unidades productivas correspondientes. En primer lugar, distingue lo que denomina “formas mercantiles simples”. Las mismas se caracterizarían por una muy baja diferenciación entre capital y trabajo, evidenciada en procesos de trabajo principalmente familiares. Teóricamente, el marxismo ha entendido esta realidad de diferentes maneras. Cuando esta situación se presentaba en el mundo agrario, algunos autores entendían la presencia aquí de un “modo de producción campesino” (no capitalista), mientras otros de un “modo de producción doméstico” (no capitalista). Sin embargo, esta alternativa teórica ha sido desestimada por sus incoherencias (que ya consignamos más arriba cuando tratamos la cuestión “campesina”). Más todavía, la teoría ha debido reconocer que estas “unidades familiares” no son una realidad exclusivamente agraria, sino que se presentan también en urbes de todo tipo. Asimismo, como hemos señalado más arriba, las contratendencias a la difusión y descentralización de la propiedad (tanto económicas como políticas)[2], nos muestran una historia capitalista en la cual este tipo de unidades se encuentra presente en cada fase propia de este modo de producción. Por esto, se ha debido barajar otro tipo de alternativas teóricas para comprender esta elusiva realidad.

 El concepto pequeña burguesía, caro tanto al marxismo clásico como a la jerga política más cotidiana se ha comprendido en general como una categoría de “clase”. Teórico-políticamente, esto es un error. Esto porque las clases son realidades relacionales y antagónicas, dimensiones que no presenta la pequeña burguesía. Si bien desarrollos como los de Michael Neocosmos, quien construye de manera plausible el concepto de “clase terrateniente” (la “tercera clase” de Marx) sin perder de vista el problema de relacional-antagónico[3], pudieran ser de utilidad para enfrentar el “problema pequeño-burgués”, ante la ausencia de desarrollos marxistas que exploten esta veta (cuestión que se mantiene hasta hoy), aquí nos quedaremos con la tesis de que la pequeña burguesía no puede ser una “clase” por lo antes mencionado. Una segunda forma de tratar la realidad que designa la noción “pequeña burguesía”, es conceptualizando al mismo como “modo de producción”. Como en los casos del “modo de producción doméstico” y “modo de producción campesino”, los problemas que se derivan de esta opción teórica crecen alarmantemente. Primero, porque estaríamos hablando de un modo de producción no epocal, sino secundario y siempre subordinado a uno dominante. Segundo, porque se trataría de un modo de producción de una sola clase (y por tanto no conflictivo ni contradictorio). Ahora bien, ciertos marxistas (e.g. Ernest Mandel) intentaron solucionar ambos problemas a través de la noción “modo de producción mercantil simple”, modo que habría primado exclusivamente en la transición entre el feudalismo y el capitalismo. Sin embargo, la investigación histórica reciente ha desestimado esta posibilidad (que tiene su origen en Engels) en base lo efectivamente ocurrido. Por esto, los problemas mencionados permanecen.

Un problema más que emerge cuando tratamos el concepto “pequeña burguesía”, es uno que se relaciona más estrechamente con la teoría marxista de las clases. Los análisis más lúcidos dentro de este campo reconocen que las clases pueden ser entendidas a través de tres dimensiones: a) extracción de clase (origen); b) condición de clase (modo de vida); c) posición de clase (lugar específico en el proceso de trabajo y en el proceso de producción). De acuerdo con esto, la clase dominante/explotadora bajo el modo de producción capitalista, sería la clase capitalista, clase cuya “condición” (modo de vida) sería “burguesa”. Es por esto que la denominación “pequeña burguesía” es errada si con la misma queremos designar a la “producción familiar”, ya que con la misma meramente designamos una “condición de clase”.  Ahora bien, de esto también emerge otro punto de debate. Es que con este concepto analogamos la condición de la “producción familiar” con la de la clase dominante/explotadora: ambas serían de la misma naturaleza, solo que la primera tendría una dimensión más reducida. Pero con esto utilizamos conceptos similares para designar “condiciones de clase” que se derivan de situaciones productivas a todas luces distintas: una basada en la explotación de trabajo ajeno, otra no fundada en este tipo de explotación[4]. Además, luego de las restructuraciones del proceso de trabajo y del proceso de producción ocurridas durante la cuarta fase capitalista, la “producción familiar” ha tendido a mostrar una condición mucho más semejante a la obrera que a la burguesa (al menos en lo respecta a algunas fracciones de la “producción familiar”), como acertadamente señala Carol A. Smith. Otra razón más para evitar la utilización del concepto “pequeña burguesía” en relación con esta realidad[5].

  Es debido a razones como las anteriores que algunos marxistas comenzaron a conceptualizar la existencia de la “producción mercantil simple”. Sin embargo, esta alternativa también enfrentó problemas. En lo fundamental, porque intentaba unificar en un concepto simple una realidad heterogénea. Es que, nociones como “maximización sin acumulación” (Jacques Chevalier) en efecto ofuscaban modélicamente la realidad de posiciones fluctuantes y para nada estables. Esto es lo que llevó a entender la existencia de “formas mercantiles simples”. Este concepto provisional es el que utiliza Escobar de Pabón, y su naturaleza de tal está dada porque rehúsa unificar de manera simple una realidad que de hecho contiene relaciones de “asalarización encubierta”. En efecto, la “producción familiar” en muchas ocasiones es actualizada por agentes que adoptan posiciones de clase distintas de manera simultánea y/o temporal. No es raro encontrar a la misma “combinada” con el “trabajo asalariado a domicilio”, el empleo por cuenta ajena para otros talleres (capitalistas), con procesos temporales de asalarización capitalista de otros agentes, etc.

En lo que respecta a la Bolivia actual, las “formas mercantiles simples” se encuentran muy difundidas. Ejemplos de esta realidad son los sastres, modistas y tejedores que trabajan "familiarmente" (en pequeña escala) para clientes particulares. Asimismo, existe un gran número de productores que elaboran en su propio hogar una variedad de alimentos para consumo inmediato con destino al mercado (productos de panadería y comidas elaboradas). Ejemplos como éstos pueden ser extendidos casi ad infinitum.

La segunda forma de organización del proceso de trabajo, es una categoría más “pura” (como diría Escobar de Pabón) que la anterior. En efecto la “cooperación simple” supone ya una diferenciación mayor entre capital y Trabajo, la cual si bien puede implicar que el patrón particular aún no se desligue totalmente del trabajo material en la unidad productiva, sí implica que éste, cuando de hecho se ve obligado a “trabajar” materialice tareas de un tipo distinto a las de los obreros por él explotados (e.g. tareas de supervisión, administración y dirección). Así, vemos que esta forma de organización del trabajo tiende a cristalizar bajo lo que Sencer Ayata denomina “pequeño capitalista”[6]. En lo que respecta a los obreros ocupados en este tipo de unidades productivas, el “trabajo concreto” de los mismos se caracteriza por el hecho de que todas las etapas de elaboración de un producto las realiza un sólo obrero o un grupo muy reducido de éstos (la división del trabajo todavía es incipiente). Si bien esta forma se basa fundamentalmente en el plusvalor absoluto y la subsunción formal del trabajo al capital, la misma no es una remanencia arcaica (quizás pudiera ser todo lo contrario). En Bolivia, distintos rubros de la economía (alimentos, textiles, vestidos) actualizan procesos de trabajo del tipo descrito (y que por lo general son pagados a destajo)

La plena diferenciación entre capital y Trabajo se observa en la manufactura. Esta tercera forma de organización de los procesos, supone una división del trabajo desarrollada, en la cual el obrero ya no realiza todas las etapas de elaboración del producto, sino solamente una tarea, la cual deviene repetitiva y maquinal. Asimismo, en este proceso cristaliza la división jerárquica plena de las funciones laborales (y de los ingresos), esto en un contexto donde de hecho se presentan mayores posibilidades de mecanización (aún ésta no se aplica sistemáticamente sino más bien de forma irregular). Al igual que la cooperación simple, el proceso capitalista manufacturero tiende a mostrar un funcionamiento basado en el plusvalor absoluto y la subsunción formal del trabajo al capital. En el caso boliviano, la mayoría de las empresas medianas y grandes operan mediante esta organización del proceso de trabajo.

La cuarta forma de organización del proceso de trabajo es denominada por Escobar de Pabón “manufactura moderna”. En tanto forma de transición a la manufactura moderna, supone una automatización parcial de los procesos laborales. Respecto de la forma de ser de los explotados bajo esta forma de dominio capitalista, éstos deben ser en mayor medida adaptables/flexibles en tanto deviene necesario se apliquen a más de una tarea específica. Esto en un contexto donde el ciclo propio de la producción dentro de la planta ya comienza a ser dictado por la operación de la maquinaria, esto es, según Escobar de Pabón existe ya una transición desde la subsunción formal a la subsunción real. Ejemplos de empresas que operen de esta manera en la Bolivia actual existen varios. Por una parte, en el rubro de confección, donde ciertas empresas han ya automatizado las secciones de diseño (preparación de moldes) y corte. Por otra, en la esfera de los textiles, se encuentran emprendimientos que han automatizado la tejeduría plana, el teñido y el estampado. Asimismo, algunas panificadoras muestran una organización tipo “manufactura moderna”, toda vez que han logrado automatizar algunas partes centrales proceso de trabajo como el amasado

Por último, nuestra autora del CEDLA distingue a la Gran Industria, la cual se caracteriza por el abandono completo de la base manual del trabajo, que es reemplazada por un sistema de maquinaria. Este sistema ya no opera como un mero elemento simple añadido, sino que comienza a dictar los ritmos y la intensidad del trabajo. Por lo mismo, en este caso prima el plusvalor relativo y la subsunción real del trabajo al capital[7]. La presencia de estas formas para el caso boliviano es muy menor, si bien no inexistente (existen ejemplos en la elaboración de aceites comestibles y sus derivados, en la producción de textiles, etc)

(iii) Producto y empleo

En esta pequeña sección plantearemos dos tesis. La primera (que tomamos de Escobar de Pabón) dice relación con la asimetría (desfase) que puede observarse entre las tendencias del producto y el empleo. En efecto, desde el comienzo de la fase expansiva (2004)[8] el producto ha tendido a crecer muy por encima de lo que ha logrado crecer el empleo. Para la autora que venimos citando en este apartado, esta tendencia se debe fundamentalmente a la estructura misma del aparato productivo. Éste, compuesto de muchas unidades mercantiles simples y de cooperación simple (89% de los establecimientos en 2010) de baja productividad, así como pocos establecimientos medianos y grandes (en 2010 en la manufactura y gran industria se ubica solo el 7% de las plantas) de productividad media y alta, sería responsable de citada tendencia. En 2010, esta estructura productiva supuso que los establecimientos grandes y medios en algunas ramas crearan el 50% de los empleos cuando contribuían con el 80% de la producción. Ahora bien, a estos factores de carácter fuertemente estructural, debe sumársele el carácter de la fase expansiva comenzada en 2004, el cual ha supuesto que el producto crezca en su “valor” más bien por un alza de precios antes que por un crecimiento de la masa de mercancías exportadas (si hubiera crecido el volumen exportado entonces es probable que el empleo creciera más de lo que lo hizo en realidad). 

La segunda tesis fue desarrollada por Bruno Rojas en 2010. Como marco general, afirma que la Bolivia de la primera década del siglo xxi no es –como se pretende desde la esfera oficial masista- un país de “emprendedores”, sino que uno de asalariados. Es que, según Rojas, durante esta década se observa una “extensión cuantitativa del grado de asalariamiento”. Entre 2000 y 2010 en las ciudades del eje (La Paz, Cochabamba, El Alto, Santa Cruz), el empleo dependiente de un salario creció a una tasa mayor que la tasa general de ocupación. Según cifras oficiales, éste pasó a constituir el 52,4% de la ocupación total en estos casos. Sin embargo, debido a que estas cifras no toman en cuenta los generalizados casos de “asalariamiento encubierto” (trabajo por encargo, tareas realizadas en el propio domicilio para un taller externo, etc), el autor en el cual aquí nos basamos sostiene que en estas ciudades la tasa de asalariamiento había llegado al 60% en las ciudades del eje[9].

La especificación de la tesis de Rojas supone el reconocimiento de que durante esta misma década los nuevos puestos de trabajo asalariados, fueron creados mayoritariamente en unidades semi-empresariales o atrasadas. Si Escobar de Pabón ya sostenía (acertadamente) que la categoría formas mercantiles simples no es una “pura”, el grado de “impureza” de los conceptos semi-empresarial y/o “atrasado” es aún mayor. Debido a esta falta de precisión conceptual (que el autor no subsana en ninguna parte de su escrito de 2010), aquí deberemos conformarnos con asumir que la categoría semi-empresarial equivale (muy gruesamente) a la conjunción de lo que Escobar de Pabón denomina “formas mercantiles simples” y “cooperación simple”. Sea de esta equivalencia lo que sea, éstos son los datos que permiten reconocer la mencionada tendencia a Rojas:

Creación de empleos 2000-2010

Sector	Crecimiento anual
Semiempresarial	+ 7%
Empresarial privado	+1,9%
Estatal	+2%
Servicio doméstico	-5,8%
Cuenta propia y familiares no remunerados	+0,8%

Es esta tendencia, la que permite la emergencia de la siguiente estructura en año 2010:

Porcentaje de asalariados por sector 2010

	2001	2010
Estatal	-	18,6%
Privado empresarial	-	41,6%
Privado semiempresarial	26%	34%
Servicio doméstico	10%	5%

Lo que sucede en Bolivia es un caso agudo de reestructuración, el cual produce, con el paso de los años, la consolidación de una “fracción capitalista pequeña” de dimensiones no menores. Es a esto a lo que apuntan las cifras proporcionadas por Rojas, éste el sentido último de la especificación de la tesis de este autor (mayor dinamismo del empleo en el sector semi-empresarial). Este fenómeno estaría dando cuenta de las consecuencias a largo plazo de una derrota obrera de proporciones (que comienza con la batalla perdida de la “Huelga de la dinamita” de 1985), derrota que impone nuevas condiciones de constitución para los agentes explotados, condiciones que suponen mayores dificultades para que éstos devengan “clase para sí” (pero que, como vimos cuando tratamos el ciclo de lucha de clases anterior a los gobiernos del MAS, no implica una anulación de la lucha de los explotados en ningún caso).   

Casos concretos que muestran en lo material esta tesis, existen muchos. Por ejemplo, hasta 2006 (asunción del MAS), la ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas -ATPDEA, en inglés-), en tanto implicó una reducción de las tasas arancelarias para la exportación de prendas de vestir a los Estados Unidos, hizo emerger con fuerza una fracción de pequeños y medianos capitalistas, los cuales operaban subordinados a la manufactura y gran industria (que eran las exportadoras finales). Esta relativa pujanza del “pequeño capital” implicó que muchos productores mercantiles simples se polarizaran, esto es, devinieran patrones u obreros. Sin embargo, este proceso pierde fuerza cuando el gobierno de Morales Ayma elimina la vigencia de la mencionada ATPDEA. Otro ejemplo similar al anterior es el de los textiles, la transformación del algodón y la lana en hilados, tejidos, etc. En unos casos, los (pequeños) patrones de este rubro ponen en operación procesos que producen insumos intermedios para empresas mayores en el sector de prendas de vestir; en otros casos, la pequeña empresa textil subordina a obreros a domicilio, a los cuales proporciona materiales y criterios de confección, para luego vender esta producción a grandes y medianos capitales manufactureros.    

(iv) Condiciones de trabajo

(i) Subcontrato

La realidad estructural de la cual dimos cuenta en el apartado anterior, se materializa en un tipo específico de vinculación obrero-patrón, la cual se expresa jurídicamente en la categoría englobante “subcontrato”[10]. Que el subcontrato es una realidad muy presente en Bolivia, lo muestra el hecho de que durante 2007, en las ciudades del eje, el 38,4% de los contratados tenía contrato indefinido, el 36,8% evidenciaba contrato a plazo fijo y el 24,8% era “eventual”.

 Conjuntando en una sola taxonomía elementos que ya hemos consignado anteriormente, aquí consignaremos la existencia de (al menos) 5 formas de subcontrato. Cada una de estas formas supone un vínculo relacional-productivo específico, esto es, no es una mera entelequia jurídica. El primero, que denominamos  “subcontrato en planta empresas”, lo describe de buena manera un obrero de la Gran Industria de Santa Cruz:

“Actualmente son siete microempresas que trabajan dentro de la planta; otras empresas subcontratadas afuera son medianas y grandes y la cantidad de obreros que ocupan está casi equilibrándose, ya somos 60% de planta y 40% subcontratados” (GI-SCZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

La segunda forma de subcontrato que aquí consignamos, la llamaremos “subcontrato directo”. Este vínculo abarca empleos eventuales y a plazo fijo. La misma, por otra parte, supone una reducción sustantiva de la remuneración salarial para quienes la constituyen, tanto así que para 2008 una trabajadora eventual femenina ganaba un 50% de lo que recibía una obrera permanente (en hombres esta cifra era del 66%). La tercera forma de subcontrato que incluimos en nuestra clasificación, la calificamos “subcontrato indirecto”. Ésta supone una relación salarial marcadamente mediada entre patrón y obrero, en lo fundamental porque implica que  sólo un obrero tiene contrato (permanente o no) y es éste el que incorpora a “ayudantes”. Esta forma, que es especialmente degradante para la fuerza de trabajo, la veremos más gráficamente cuando tratemos más adelante algo más en detalle el caso de la producción de la castaña en Riberalta. Una cuarta forma de subcontratación, la calificaremos “subcontrato fuera de planta”. La misma, que no es inexistente en la vinculación capital medio-gran capital, puede apreciarse en la cita que hemos consignado arriba. Por último, existe el subcontrato mediante la “externalización de la producción a domicilio”, tipo de vínculo que, mediante el mecanismo del pago a destajo, supone una combinación compleja entre la auto-explotación (o explotación mediada) y la explotación patronal directa.

 Ahora bien, es pertinente recordar que estas formas de subcontrato no existen aisladas entre sí, sino que usualmente se imbrican de manera compleja. No sólo un mismo patrón puede aplicar distintas formas de subcontrato a distintos grupos obreros en una misma empresa, sino que también un mismo obrero puede estar sujeto simultáneamente (en distintos trabajos temporales) a formas de subcontratación diferentes. Asimismo, es esencial no confundir la vigencia del subcontrato con el carácter “atrasado” de los procesos de trabajo de la empresa que se trate; antes bien, el estudio de Escobar de Pabón de 2010 muestra sin oscuridades que las distintas formas de subcontrato son una realidad muy presente también en las empresas tecnológicamente más avanzadas. De hecho, una estrategia de “recorte de personal” implementada en no pocas ocasiones por medianos y grandes patrones que gestionan unidades productivas avanzadas, dice relación con la siguiente “concesión” que otorgan éstos a sus obreros: les ofrecen su paso a la empresa subcontratista como única “solución” frente a la necesidad de implementar despidos masivos.

 Estas condiciones estructurales y su forma de expresión jurídica estaban presentes cuando Evo Morales asumió el gobierno en 2006. Respecto de las mismas, el régimen kerenskista “débil” del MAS ha implementado a lo menos dos políticas, si bien no excluyentes e imbricadas, sí subsecuentes cronológicamente. La primera se relaciona estrechamente con el programa político “por” el cual fue electo el MAS. Esto porque la misma trata el problema de la subcontratación abordándolo a través de la noción cepalina espuria de “informalidad”, noción que permite que los pequeños capitalistas tengan el “privilegio” de que sus procesos de trabajo no sean de ninguna forma inspeccionados por el gobierno. Este derecho patronal, lo reconoce un obrero de La Paz:

“…las autoridades, como el Ministerio de Trabajo, no fiscalizan las condiciones de los obreros subcontratados y cuando conocen de casos de vulneración de los derechos laborales, sólo se remiten a la conciliación (LPZ)” (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Este tipo de abordaje estuvo vigente hasta 2009. Porque, ya el primero de mayo de  este año, el gobierno masista emitió el decreto supremo n°107, orientado a integrar a los trabajadores subcontratados a la Ley general del trabajo (LGT):

(i) Empresas subcontratadas (Art.2). Se presume la existencia de relación de dependencia laboral entre la empresa subcontratada y las o los dependientes directos de ésta; las prácticas que tiendan a evadir relaciones típicamente laborales se sujetarán a sanciones tales como la multa y el pago de derechos conculcados con retroactividad a la fecha de contratación original.

ii) Cláusula obligatoria (Art.3). Toda empresa que requiera contratar a otra deberá incluir en el contrato de servicios una cláusula que establezca que la empresa subcontratada dará cumplimiento a las obligaciones sociolaborales respecto de sus trabajadores (as)”

Ahora bien, este nuevo arreglo jurídico no favorece a la clase obrera (explotada), sino todo lo contrario. Veamos por qué. Primero, el mismo se opone a lo postulado explícitamente por importantes organizaciones obreras, como la CSTFB (Confederación sindical de trabajadores fabriles de Bolivia), las cuales plantearon la necesidad de que la responsabilidad principal respecto de este vínculo laboral recaiga en la mandante (aún si no se pretendió que la contratista se viera completamente exenta de responsabilidad). Esta posición obrera fue bien sintetizada por un trabajador de Cochabamba, entrevistado por Escobar de Pabón:

“…debe ser la empresa contratante la que asuma toda la responsabilidad por los obreros subcontratados, porque el producto que están realizando sea dentro fuera de la empresa, es para la empresa y por tanto, están trabajando para la empresa” (CBBA) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

 Desde una perspectiva de clase pro-explotados, varias críticas más deben obligadamente ser consignadas. Así, en segundo lugar -tal como sucedió con este tema en Chile durante 2006-2007-, el hecho de que se reconozca legalmente la realidad laboral subcontractual, supone una regulación que es necesariamente también afirmación positiva. El estado capitalista (patronal), “gestionado” por el régimen político kerenskista del MAS, no hace más que aceptar la existencia de trabajadores de primera, de segunda y de tercera clase (con derechos diferenciados). No hace más que consolidar una fragmentación de la clase obrera boliviana, fragmentación cuya dimensión política pudiera no ser menor (la división del trabajo mediante el subcontrato no pareciera ser una cuestión económica meramente técnica, derivada de constreñimientos materiales irrenunciables). Tercero, esta ley perjudica al trabajo porque beneficia y privilegia a las empresas mandantes, las cuales (como vimos) están exentas de cualquier responsabilidad en lo que hace a las condiciones de trabajo de los subcontratados. Cuarto, muchas empresas contratistas no son legales (ni pretenden serlo), lo que dificultará la fiscalización respecto del cumplimiento del decreton°107:

“las mismas empresas subcontratistas son ilegales o no están inscritas (en los registros de empresas) y cuando hay reclamos, ninguna autoridad hace que se cumplan las leyes (SCZ)” (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Quinto, los problemas de fiscalización se agravan porque, como señalan varios dirigentes obreros consultados en 2010 por Escobar de Pabón, “ni siquiera el Ministerio de trabajo puede entrar a estas empresas”. Por último, y central, el reconocimiento legal del subcontrato supone la legitimación de la desorganización obrera, toda vez que gran parte de las contratistas constituyen empresas que emplean menos de 20 trabajadores y, por ley, sólo en las unidades productivas de más de 20 trabajadores los obreros pueden organizarse en sindicatos[11]. 

Con ambas políticas el régimen masista actualiza la tendencia estructural inherente en el Estado capitalista, orientada a potenciar las relaciones de explotación y producción (capitalistas) vigentes. Y no es sólo que se apoye y fortalezca el capitalismo boliviano, sino que se desarrolla la tendencia objetiva ya presente en la realidad, la cual dota de una forma característica a la clase dominante/explotadora (emergencia de una fracción capitalista pequeña que se consolida) y, por tanto, también a los productores/explotados.  

(ii) Una dirección del Trabajo patronal

 Escobar de Pabón señala que uno de los fenómenos más mencionados por los trabajadores con los cuales trabajó en 2010, es la existencia de un Dirección del Trabajo “despotenciada” y “débil”. Esto se debe a distintas razones. Primero, es expresión de una falta de recursos y personal conscientemente mantenida por quienes hoy gestionan el Estado capitalista boliviano. De hecho, los mismos jefes regionales de este organismo, al ser consultados, mencionaron la falta de recursos, de viáticos, de personal, transporte, etc. En segundo lugar, la naturaleza “débil” de la Dirección del Trabajo se explica por, como señala un obrero, su carácter conciliador:   

“El incumplimiento de acuerdos ha llevado a la huelga, esa ha sido la última huelga que hemos tenido hace poco; primero se denunció al ministerio, han estado el jefe de personal, el dueño, el sindicato y los representantes de cada uno de los módulos. El señor... [jefe departamental de trabajo] lo único que dijo fue que iba a ser un conciliador y que le pedía al señor... [gerente] que como ser humano entienda la situación de los trabajadores, que pague el sueldo completo porque ya estaba venciendo la quincena, que no podíamos estar peleando, sino reconcíliense, dijo. No hubo de por medio como Ministerio de Trabajo la sanción, nada; hemos llegado hasta la huelga” (MS-LPZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Este rol conciliador propio del organismo estatal, es uno que se encuentra explícitamente definido en la Ley General del Trabajo (LGT)[12]. Por lo demás, los mismos funcionarios del ente, al ser consultados, han respondido que su rol es fungir de intermediarios y conciliadores. Así, el mismo marco jurídico establece que el organismo a cargo debe “negociar la ley” y no meramente “hacerla cumplir”. Este rasgo, característico de todo Estado capitalista –la mediación entre dominados y dominadores-, se acusa bajo los regímenes políticos kerenskistas (como señalan Trotsky y Moreno), como sucede en la versión “débil” de este régimen que actualiza el MAS.  

 Otro proceso que explica la debilidad de la Dirección del trabajo, es el funcionamiento burocrático que permite y fija el mismo marco jurídico. En efecto, el procedimiento oficial de inspección establece que la empresa involucrada debe ser notificada de la misma con 24 horas de antelación, lo cual habilita un proceso que meramente se remite a exigir documentación y no revisa otras cuestiones (además de que permite que los patrones se “preparen” para la inspección).

El efecto más nocivo (para los explotados) que se deriva de la naturaleza de este organismo, se debe al hecho de que son los mismos sindicatos los que deben “hacer cumplir la ley”

“…la primera cosa que hacemos es denunciar ante la autoridad competente, porque definitivamente nosotros creemos que esa debería ser la vía y no directamente la vía de las medidas de hecho o de fuerza para impedir algo que está normado; la federación no va a decretar un paro o una huelga porque no están cumpliendo y listo, sino que debemos denunciar y luego recién amenazar con medidas de hecho, entonces hacemos marchas, hacemos alguna huelga de hambre […] todo para exigir que se cumpla la ley, es increíble y contradictorio que nosotros tengamos que llegar a eso para hacer que se cumpla la ley, cuando la ley debería cumplirse tal como dice” (SCZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Frente a esta realidad, el conjunto de los dirigentes obreros con los cuales trabajó Escobar de Pabón, menciona en 2010 que los funcionarios de la Dirección del trabajo deberían “conocer mejor la LGT”,  “inspeccionar mejor las empresas”, “calificar a profesionales que conozcan de leyes laborales”, “mejorar las condiciones de trabajo en el mismo Ministerio de Trabajo con más personal y mejores salarios”, “cortar la corrupción en las “conciliaciones”, “dar funciones y potestad al Ministerio de Trabajo para sancionar directamente y ser más coercitivo”, “dejar de ser sólo conciliadores y ejercer autoridad”, “incrementar el número de inspectores”, “hacer cumplir las normas y leyes de protección laboral”, “socializar las leyes para que todos los trabajadores conozcan sus derechos”.

Según Escobar de Pabón todo lo anterior nos mostraría un “Estado muy activo en promulgar decretos y leyes que en apariencia favorecen a los trabajadores pero que en su aplicación no destina recursos y es pro-patronal”. Nosotros disentimos en este punto con la autora. Esto porque, como lo demuestra la ley n°107 sobre la subcontratación, el criterio legal de un mínimo de 20 trabajadores para poder constituir un sindicato, y el rol conciliador explícito que fija la LGT a la dirección el trabajo, no estamos en presencia de un problema de mera aplicación y falta de recursos. Antes bien, lo que estos tres botones de muestra evidencian, es un rasgo estructural de todo Estado capitalista (potenciar el desarrollo del capitalismo mediante el debilitamiento de la clase obrera), rasgo que vehiculiza de forma específica y diferenciada el régimen político kerenskista del MAS.

(iii) Jornada Laboral

 La clase dominante/explotadora boliviana opera preferentemente mediante el plusvalor absoluto, prolongando la jornada trabajo. Así, en 2007 la jornada semanal promedio para la fuerza de trabajo masculina era de 52 horas, e incluso llegaba a 61 horas en la manufactura. Esta prolongación extremada de la jornada laboral, es reforzada (y en alguna medida también “explicada”) por la política de contención salarial implementada por los patrones (mantenida por el régimen masista), el incremento de las formas de pago a destajo, y por una política capitalista que tiende a preferir aumentar las horas de trabajo de un mismo obrero por sobre la contratación de nueva fuerza de trabajo (esto último se explica porque así los patrones se ahorran costos colaterales en transporte, colación, salud, vacaciones, prevención, etc). Además, la extensión de las horas trabajadas es una que no merma en los casos que encontramos a trabajadores organizados sindicalmente (quizás lo contrario, como veremos seguidamente).

 Según miembros de algunas organizaciones sindicales, es posible distinguir en este respecto 3 tipos de empresas (patrones): a) las que respetan las 8 horas diarias de trabajo fijadas por ley; b) las empresas que adicionan horas extraordinarias que sí pagan; c) las  firmas que fijan horas extraordinarias pero que no cancelan las mismas. De estos tres tipos de empresas, los trabajadores tratados por Escobar de Pabón señalan sin hesitación, b y c tienen preeminencia. Según esta autora y los dirigentes obreros, en la Gran Industria lo normal es el trabajo de 12 horas diarias, con 4 horas extraordinarias estipuladas[13]. En otros casos el capitalista particular impone arbitrariamente una jornada diaria normal de 9,5 horas, la cual justifica contabilizando los tiempos muertos (entrada, salida, colación) –y aquí la Dirección del trabajo no interviene ni fiscaliza-.

La respuesta obrera a esta situación no ha sido la lucha por el acortamiento de la jornada laboral; antes bien, muchos dirigentes sindicales han naturalizado la extensión extremada del día de trabajo, justificándolo a sus ojos con el mote “así el obrero puede ganar más”. De hecho, uno de los aspectos centrales tratados en los cursos de capacitación sindical dice relación con la cuestión de las horas extras, su forma y obligaciones de pago. Perdida está para la actividad práctica de la actual clase obrera boliviana (otrora la más clasista del continente), esta sentida demanda por aumentar el tiempo de ocio y descanso (que surgió a raíz del asesinato patronal de 3 obreros en Chicago en el año 1886)[14]. Esto no hace sino expresar el grado de debilidad del movimiento obrero, grado que no ha podido eliminarse aún si, como señalamos en otro apartado más arriba, la COB ha comenzado a resurgir como un actor relevante en la escena nacional ya desde el ciclo de lucha de clases anterior a la asunción del poder por parte de Morales Ayma.      

(iv) Negociación colectiva

En lo que hace a la negociación colectiva, la literatura señala que no prima la negociación en áreas de extensión importante, como sería la negociación por comuna, región, rama u otro marco por el estilo. Así, lo usual es que la negociación colectiva permanezca en el piso de planta, lo que supone una evidente desventaja para la clase obrera como un todo. Esto porque así se fragmenta y “gremializa” el movimiento sindical. Además, omitir la centralidad e importancia de la negociación por rama y/o federación, supone excluir de la lucha contra los patrones la discusión sobre la distribución nacional de recursos, implica no tomar la posibilidad de modificar la naturaleza del proceso de producción[15].

 Ahora bien, como acertadamente señala un dirigente obrero de La Paz, la negociación por rama y/o federación requiere el paso previo del fortalecimiento de los sindicatos de base, fortalecimiento que permite: a) tener la suficiente coordinación y unidad de acción para poder actuar genuinamente como rama o federación; b) generar un marco material en el cual las futuras negociaciones por rama o federación no sean meros arreglos concertados por las cúpulas dirigenciales. En este contexto, a quien escribe le parece muy lúcida la siguiente frase de este  obrero de La Paz:

 “Es necesario lograr que el conflicto de derechos, tenga como marco el conflicto de intereses” (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Sostenemos que esta declaración es lúcida y muy importante, porque, en lo esencial, cuestiona el marco “ciudadanista” en el cual ha tendido a encuadrarse la lucha de los productores explotados desde el quiebre que  supuso el comienza de la cuarta fase capitalista. Lo hace porque cuestiona el hecho de que la lucha de los explotados: a) no tenga un enemigo claro (la clase explotadora); b) reproduzca la división sociedad civil/Estado y mantenga la división clasista de la primera; c) constituya una demanda general abstracta vinculable a cualquier condición social y no a una precisa (la obrera); d) tome al Estado como ente neutral capaz de arbitrar por sobre las clases y asegurar derechos “para todos”; e) permanezca en el terreno del derecho burgués, el cual es necesariamente formal y está imposibilitado de establecer cuestiones positivas (de contenido) esenciales; f) entienda a la demanda de los explotados como una meramente superestructural (jurídica) y material[16].   

(v) Prevención de riesgos

En lo que hace a las condiciones de trabajo más inmediatas de la clase obrera boliviana, destacaremos dos elementos. Primero, el hecho de que los empresarios implementan impunemente sus propios centros de salud para evitar multas:

 “prueba de esto es que cuando ocurren accidentes, la mayoría prefiere llevar al trabajador a un centro de salud o de sanidad de la misma empresa y no a la CNS o al seguro correspondiente, con la finalidad de no reportar el accidente y ser pasibles de sanción por inspecciones y falta de seguridad” (LPZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Segundo, es recurrente en esta formación social que los “inspectores ambientales” (que integran un gobierno con “horizonte anticapitalista”), sean sobornados por los patrones:

“Sin embargo, expresan que existe una gran corrupción en las inspecciones vinculadas con las condiciones ambientales en las que se desarrolla el trabajo, puesto que se ha podido verificar que “los empresarios compran a los inspectores para que el informe salga a su favor” (obrero de La Paz) (Escobar de Pabón, 2010)

(vi) Organización sindical

Respecto de la organización sindical de la clase obrera, consignaremos seis elementos. Primero, recordamos que bajo la actual ley boliviana sólo las unidades productivas con más de 20 trabajadores tienen permitido organizar sindicatos. Esto tiene el efecto de dejar sin posibilidad de organizarse a gran parte de los trabajadores bolivianos (recordemos que en 2010 el 89% de los establecimientos se componía de unidades mercantiles simples o de cooperación simple –y la mayoría de éstas organizan plantas con menos de 20 obreros). En segundo lugar, según Escobar de Pabón una fracción no menor de los trabajadores empleados en unidades de más de 20 obreros no ha logrado organizarse en sindicatos. Por ejemplo, la federación de fabriles de La Paz identificó en 2010 al menos a 400 empresas de más de 20 trabajadores que no tenían sindicatos. Ese mismo año, la federación de fabriles de Santa Cruz pudo constatar la presencia de 850 empresas de más de 50 obreros en las cuales los obreros no habían organizado sindicatos. Quizás todo esto sea lo explique que en 2007 la tasa de afiliación sindical nacional fuera de 20% y en 2010 de 17,3%. En tercer lugar, no todos los sindicatos existentes se afilian a las federaciones departamentales o su sucedáneo, lo cual acrece el aislamiento y la atomización. Por cuarta parte, incluso varios de los sindicatos afiliados a este tipo de organizaciones más amplias, no participa cotidianamente de las actividades de éstas. Durante el año 2009, por ejemplo, existían 150 sindicatos afiliados a la federación de fabriles La Paz-El Alto, pero de este total sólo 64 sindicatos participaban de las actividades de la federación con cierta regularidad. Asimismo, había 50 sindicatos afiliados a la federación fabril en santa cruz durante 2009, pero de éstos sólo 40 participaban regularmente de las actividades de esta organización más amplia.

Quinto, si en general las denuncias de incumplimiento de la ley laboral son presentadas ante el organismo correspondiente por las federaciones departamentales (ya que, como vimos existe una Dirección del trabajo conscientemente mantenida bajo un formato de debilidad), la mayoría de éstas sólo enmarcan el problema en términos individuales. Así, la acción sindical cotidiana, al individualizar el conflicto (que es de clase), tiende a despotenciar a quienes de hecho debería fortalecer.

Por último, creemos pertinente consignar aquí las distintas formas que la clase dominante/explotadora (capital + Estado) han tendido a abordar la “cuestión sindical”. Una forma mediante la cual los patrones tratan esta “cuestión”, es a través de la admisión de la representación colectiva, a la cual, sin embargo, le  prescriben las temáticas a ser tratadas (e.g. solo salarios, salarios y algunas condiciones de trabajo, etc). Otra forma de acción patronal respecto de los sindicatos es una que, si bien admite la organización de sus trabajadores en sindicatos, en la práctica  niega la negociación “colectiva”, ya que negocia individualmente o por grupos. Esta forma de acción es bien sintetizada por un obrero de Riberalta:

“la empresa está dispuesta a la negociación y lo hace directamente con los obreros y obreras, no con el sindicato; cuando existe incumplimiento de acuerdos, cada sección conversa con la gerencia sobre el conflicto y el sindicato no interviene; lo que pasa es que los socios también conforman el sindicato” (MS-RIB) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

 

La tercera forma mediante la cual la patronal aborda la organización obrera, supone el rechazo radical y de plano de cualquier tipo de organización autónoma. A ésta, el empresariado la sustituye creado comités especializados que reúnen a algunos “dirigentes” junto a gerentes y gente de confianza de los patrones. En este marco, se acusa la asimetría estructural existente entre capital y Trabajo, lo cual permite una fijación unilateral de las temáticas a tratar:

 “toda demanda que tenga que ver con la producción, el comportamiento (disciplina) o el cambio de turnos es aceptada por medio del comité mixto, el resto no se considera” (MS-LPZ) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Existe todavía una cuarta forma mediante la cual la clase dominante/explotadora aborda la dimensión sindical de la lucha obrera. Esta dice relación con la manera cómo el Estado trata la cuestión. Según un obrero de Cochabamba, no es anormal que desde la esfera política capitalista se actualicen mecanismos de cooptación de dirigencias (y por implicación de “sus” sindicatos)[17]:

[…]; pero además se ha establecido —en el caso de las ciudades donde hay cierta organización sindical— una relación prebendal desde el Estado con estas organizaciones. De tal manera que, al subordinarlos a las políticas públicas estatales y quitarle autonomía de acción a los movimientos sindicales, se está conduciendo (al sector) a una especie de estancamiento” (CBBA) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

(v) Salarios

Durante la primera década del siglo xxi, la desigualdad ha crecido muy importantemente en la formación social boliviana. Pero no es éste el crecimiento de cualquier tipo de desigualdad (de género, raza, etnia, adscripción religiosa, etc), sino que lo que se acrecentado es la desigualdad clasista. Si tomamos en cuenta todo lo escrito hasta este punto, esto no es algo que debiera sorprender, ya que sólo demuestra una formación en la cual el Trabajo existe bajo condiciones materiales muy desmedradas, las cuales dificultan en no menor medida la expresión de intereses y la lucha. Dado que la temática de la desigualdad clasista es una compleja y debatida, en lo fundamental porque requiere previamente una definición de lo que constituyen las clases sociales, aquí sólo consignaremos sólo una aproximación (teórica y empírica), la cual sostenemos es capaz de sustentar la tesis que aquí se propone.

 Primeramente, según el PIB medido por organismos oficiales, la participación del salario en éste ha caído desde un 36% a un 25% entre el año 2000 y el 2010. Y esta tendencia, que nos muestra el “salario relativo”[18], se ha acentuado durante los años de gestión masista, como lo muestra la siguiente tabla elaborada por Carlos Arze en 2013:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Var. Acumulada
Inflación	4,91	4,95	11,73	11,85	0,26	7,20	-	-
Incr. Salario Nominal	-	7,0	6,0	10,0	12,0	5,00	10,00	-
Var. Salario Real	-	2,09	1,05	-1,73	0,15	4,74	2,8	9,11
Var. PIB real	4,92	4,80	4,56	6,15	3,36	4,20	-	27,49

Fuente: CEDLA (Arze, 2013 –elaboración con base a los datos proporcionados por el INE y la Gaceta Oficial de Bolivia-)

De hecho, según Bruno Rojas, el excedente apropiado por el capital creció del 49,8% al 55% del PIB entre 2000 y 2008. Todo esto ha redundado en el hecho de que, según el CEDLA, en 2009 los ingresos del trabajo fueran los más bajos de Sudamérica[19]

Sin embargo, la clase obrera no es una clase mera y exclusivamente “salarial”, como señalara acertadamente Nicos Poulantzas en 1975. Antes bien, las clases sociales (en un sentido marxista) se derivan de: a) la relación de los agentes con los medios de producción; b) la posición de los agentes en la organización social del trabajo; c) la forma y cuantía de la remuneración. Y a éstos elementos debe sumársele: a) la distinción extracción, condición y posición (que ya mencionamos más arriba); b) trayectoria individual de clase; c) sobredeterminación político-ideológica. De acuerdo con esto, la clase obrera sería un tipo específico de “trabajador asalariado”; y es respecto de este tipo que la desigualdad clasista se ha acrecentado en la Bolivia del siglo xxi. Tres fenómenos dan cuenta de esto.

En 2010, el 20% con mayores ingresos de la totalidad de asalariados recibió el 32% de la masa salarial, mientras el 20% de de asalariados con menores ingresos obtuvo un 2,5% de la masa salarial. Asimismo, en 2010 el 60% de los asalariados en la manufactura (alimentos, textiles, vestimenta, castaña) están bajo la línea de la pobreza según criterios del INE  (y 16,7% en pobreza extrema). Tercero, y último, si en 2010 el salario promedio era de 1.577 bolivianos, el 60% de los asalariados recibía un cifra menor a este monto.

 Y esta tendencia se explica (y es reforzada por) la forma de pago vigente. Esta se caracteriza por la naturalización de las “horas extras” y la recurrencia de los bonos de producción. Así, esta forma mixta (pago por tiempo y a destajo), influye en una medida no menor las condiciones desmedradas bajo las cuales se despliega el ser del Trabajo en Bolivia. 

 

6. Algunos ejemplos

(i) Fracción estatal

La teoría marxista de las clases ha sido y es un campo en debate, cuestión que se corresponde con una realidad siempre en movimiento (e.g. bajo el modo de producción capitalista por, entre otras cosas, la reproducción ampliada del capital), con las prácticas de “centralismo democrático” que Lenin tomó de la experiencia del movimiento obrero, con el hecho de que la “táctica” es siempre una apuesta y debe ser debatida, etc. Es debido a cuestiones como las anteriores que algunos marxistas excluyeron en su momento a las fracciones asalariadas de los empleados estatales, de una pertenencia genuina respecto de la clase obrera. Estos autores justificaban esta exclusión consignando que estos eran “trabajadores improductivos” (debido a que en ocasiones el Estado no producía mercancías, por lo que estos trabajadores no “valorizaban” el capital). Ahora bien, este juicio no se ajusta al movimiento de la realidad porque el criterio de productivo/improductivo no es uno que haya sido elaborado necesariamente para establecer distinciones clasistas, sino más bien para explicar el movimiento del capital, la ley del valor y, quizás, también la existencia  de ciertas fracciones estratégicas de la clase explotada (en relación con la lucha contra la patronal). Si así no fuera, todos los trabajadores asalariados del sector de ventas (sector que ha crecido sustantivamente desde 1945 a la fecha), al efectuar meramente una operación “formal”[20] debieran ser excluidos. Y hoy en día en países como Chile y Bolivia este sector es importante y tiene una tendencia a crecer no menor. Por razones como las anteriores aquí entenderemos que la clase obrera sí está compuesta por una fracción estatal, sector que posee no obstante características específicas (no tiene patrón particular más allá del Estado, su patrón debe organizar a toda la clase dominante/explotadora, bajo la propiedad estatal la movilización obrera deviene directamente política, etc, etc).

 En la Bolivia masista esta fracción obrera estatal se “desarrolla” bajo condiciones quizás aún peores que el resto de la clase. Esto se debe a distintas cuestiones. Por una parte, al hecho de que al menos el 20% de los contratos estatales son a plazo fijo hasta hoy en día. Por otra parte, se explica porque, en el contexto de la descentralización ya vigente durante la primera década del siglo xxi (el “proceso de autonomías” que traspasó funciones de salud y educación a municipios y departamentos), gran cantidad de “contratos laborales” fueron transformados en “contratos civiles”. En efecto, importantes cantidades de “empleados” estatales pasaron a depender del “Estatuto del funcionario público” (EFP), condición que el régimen político del MAS ha mantenido. La cuestión es que el EFP niega una retahíla de “derechos” que sí estaban incluidos en la LGT, por lo cual esta fracción obrera debe “aceptar” las siguientes condiciones: los contratos deben renovarse año a año (no existe antigüedad en el cargo), se debe renunciar a los aumentos salariales, a los bonos, al pago de las horas extra, a vacaciones, al seguro de salud, no existe posibilidad de pasar a planta (luego de dos renovaciones no se tiene derecho a pasar a indefinidos, como es bajo la LGT), no existe el derecho a organizarse sindicalmente.

 Las condiciones descritas solo son sufridas por la fracción obrera de los empleados estatales[21], fracción de la cual mostraremos dos ejemplos. Por una parte, existen trabajadores estatales en centros educacionales y de salud, los cuales se emplean en tareas de limpieza, transporte de camillas, lavandería, mantenimiento, etc. Estos son trabajadores subcontratados que, sin embargo, laboran en tareas permanentes (y muy necesarias para el funcionamiento de la producción). Bruno Rojas denomina a estos trabajadores “nuevos contratados”, y consiga que, para 2010, sus salarios eran un 75% del promedio salarial estatal. De igual modo, el EFP rige para los trabajadores empleados en empresas manufactureras estatales (ver apartado de más arriba), plantas en las que según las autoridades gubernamentales no debieran existir sindicatos, como muestra la siguiente palabra de un obrero entrevistado por Bruno rojas en 2010:

 “Por eso, hemos conformado un sindicato para poder reclamar nuestros derechos. Hemos pedido con la federación, la Central Obrera Departamental y la Central Obrera Boliviana que nos reconozca el gobierno como sindicato, pero no quieren reconocernos. Dicen que las empresas estratégicas no deben tener sindicato, por eso no nos reconocen,.. pero nosotros vamos a seguir peleando por nuestro sindicato, no para hacer daño al gobierno ni tampoco a la empresa, sino para reclamar nuestros derechos…” (citado en Bruno Rojas, 2010)

Ahora bien, esto no debiera sorprender porque, como hemos establecido anteriormente en este trabajo, el régimen político kerenskista débil implementado por el MAS, no hace más que acusar la naturaleza específica del Estado capitalista, estado cuya función esencial es reproducir las relaciones de producción y explotación capitalistas. Así, el MAS ni siquiera ha intentado cristalizar la democracia industrial cara a la UP chilena durante 1971-1973[22], sino que muchas de estas empresas estatales están destinadas exclusivamente a generar excedente por los medios que sea (de ahí que rija el EFP):

 “Todas estas fábricas son para generar dinero, son “gallinitas de huevos de oro” que permitirán captar ganancias a ser reinvertidas en el país, a fin de que Bolivia “se convierta en el próximo quinquenio en un país semi-industrializado” (Álvaro García Linera, La Jornada, 20/09/10)[23]

Por último, es necesario apuntar que bajo el MAS el Estado ha generalizado la práctica de contratar a becarios (consultores externos), los cuales realizan tareas permanentes bajo condiciones fijas (cumplir horario, salario mensual, asistencia, dependencia y subordinación, etc), pero sujetos al ya citado EFP y todas sus consecuencias. Además de la situación desmedrada de estos trabajadores, esta práctica tiene el efecto colateral de bloquear el ascenso de los funcionarios de carrera. 

(ii) Beneficiado de la castaña

En la zona amazónica del norte boliviano se encuentra la ciudad de Riberalta. En esta urbe hoy se realiza una actividad productiva muy dinámica, la cual expresa e ilustra de buena forma las condiciones actuales bajo las cuales se desarrolla el Trabajo boliviano. Nos referimos a la mono-producción asociada al rubro de la castaña (“beneficiado de la castaña”). Esta actividad viene a reemplazar ya en los 1950s la tradicional producción de goma que caracterizaba a la ciudad de Riberalta en particular y a la región de Beni en general hasta ese momento. Ahora bien, sólo es a partir de la década de los 80s del siglo pasado que esta actividad ligada a la castaña comienza a tomar dinamismo. En efecto, en esta década se instalan nuevas empresas espoleadas por los precios internacionales favorables de la castaña y las condiciones beneficiosas “creadas” por las reestructuraciones liberales propias de esos años. El mencionado dinamismo se muestra en el hecho de que en 1997 existían ya 19 empresas “castañeras” en Riberalta. Si bien en 2007 encontramos sólo a 17 empresas, esto más bien se debe a la vigencia de la competencia capitalista y su tendencia concentrar y centralizar el capital[24]. 

Desde los 1950s el proceso de producción de la castaña ha supuesto una organización del proceso de trabajo particular. La misma cristalizó en lo que más arriba hemos denominado trabajo asalariado a domicilio (o subcontrato a domicilio), ya que la espina dorsal de este proceso de producción y trabajo descansaba en el quebrado de la castaña, tarea que realizaba sin demasiados apuros el género femenino anclado al hogar. En 2010, del total de la producción de castaña, el 55% se concentraba en tres empresas (Urkupiña, Amazonas y Manutata). Asimismo, sólo 2 de las 17 empresas existentes este año habían alcanzado la organización del proceso de trabajo que previamente denominamos “gran industria”. Por otra parte, el dinamismo del “beneficiado de la castaña” puede observarse en el hecho de que para 2010 Bolivia era el primer productor mundial de castaña, así como este producto era el segundo en importancia en términos nacionales si la medida propuesta es la de las “exportaciones no tradicionales”. Y esto sucede aún si no existe una bolsa mundial de la castaña (e.g. como si existe la bolsa de metales de Londres, donde, por ejemplo, se transa el cobre chileno), producto cuyo destino comercial fundamental es la unión europea.   

 Ahora bien, aquí nos interesa esta actividad, en lo fundamental porque la misma nos muestra un tipo de trabajo (y sus condiciones) de manera muy gráfica. Como decíamos, de antiguo la producción de la castaña se caracterizó por el trabajo a domicilio. Hoy (2010), esta estructura relacional se ha trasladado (mediatizadamente) al piso de fábrica, y sus consecuencias para esta fracción obrera son muy nocivas. En lo esencial, lo que prima en la castaña es lo que antes denominamos “trabajo subcontratado indirecto”, este representado a través de la figura del “trabajo eventual”. Estructuralmente, sólo el 40% de los trabajadores de la castaña tiene contrato directo con el empresario. Sólo el 40% es de planta y forma parte del grupo que tradicionalmente participa en la actividad sindical. Estos son los denominados “dueños de cuenta”. Empero, cada uno de los integrantes de este 40% tiene dos o tres ayudantes, los cuales son por él o ella “contratados”, esto es, no poseen una relación de dependencia directa con el empresario. Así, el 60% de la fuerza de trabajo en la castaña está compuesta por “ayudantes” (por lo general, familiares o amigos del “dueño de cuenta”), los cuales son supervisados por los trabajadores directamente contratados por el patrón. Sin embargo, considerados todos los factores (posición en la organización del trabajo, forma y cuantía de la remuneración, relación con los medios de producción), no pareciera ser que los dueños de cuenta no pertenecieran a la clase obrera. De hecho, el tipo de contrato al que acceden es temporal (se debe renovar cada año, en una actividad que dura de 5 a 11 meses), y el pago que reciben es muy bajo y a destajo. Asimismo, el dueño de cuenta junto a sus ayudantes (que operan una máquina en el piso de fábrica), evidencian una jornada laboral promedio que suma 20,5 horas, la que es pagada por el capitalista como una jornada diaria normal de 8 horas. Por todo esto, ni siquiera parece que los dueños de cuenta constituyan una fracción de la aristocracia obrera, esto aún si los mismos no se identifican por lo general con una posición obrera y no enfrentan por tanto al patrón como tales, sino que sólo buscan obtener concesiones del mismo (apelando a la “buena voluntad” del patrón).

 Es ésta una situación laboral muy compleja y que llama al desarrollo de la teoría de clases, y que por tanto aquí no pretendemos resolver. A pesar de esto, es importante retener que esta organización del trabajo, permite el acrecentamiento de la explotación mediante la flexibilización de los tiempos laborales: por lo general, son mujeres las “dueñas de cuenta” (que operan en el quebrado), y a éstas los patrones permiten trabajar junto a hijos y familiares, los cuales son “ayudantes” con jornadas laborales de 6 horas, lo que a la vez les permite a éstos realizar otro tipo de actividades (e.g. ir a la escuela). Esto quizás implique que, tal como un pequeño propietario que no asalariza pero que sí trabaja “junto” a sus familiares, los dueños de cuenta actualizan algún tipo de explotación (porque cumplen con el rol de supervisión dentro del proceso de trabajo), pero ésta no es una explotación capitalista en ningún caso. Más todavía, a diferencia del citado pequeño propietario, la dueña de cuenta ha sido completamente desprovista de la decisiones sobre qué, cuánto y para quién producir, mientras sólo posee facultades parciales sobre el “quién produce”. Y, sobre el “cómo producir” sus facultades son aún más reducidas que las del pequeño propietario con el cual trazamos aquí la comparación.

De todo esto, hay que retener el hecho de que el 60% de esta fracción obrera no tiene posibilidades “legales” de sindicalizarse (no está sujeto a una relación obrero-patrón ya que es contratado por los dueños de cuenta), y que esta condición desmedrada no intenta ser subsanada por los sindicatos organizados por los dueños de cuenta, ya que los mismos no tienen dentro de sus objetivos incorporar a sus organizaciones a los “eventuales”.  

(iii) Fracción agraria

En este apartado retomaremos algunos de los elementos que hemos expuesto en las secciones anteriores de este trabajo, tanto por la naturaleza de nuestro objeto[25], como por la necesidad de establecer algunos hilos de continuidad en este escrito en concreto. Se recordará que en el apartado sobre el agro terminábamos haciendo una pequeña sugerencia respecto de las condiciones de trabajo en este sector de la economía boliviana. Al tratar la clase obrera (sus condiciones estructurales) bajo los gobiernos del MAS, quisiéramos terminar ampliando levemente lo ya señalado respecto de fracción agraria de la clase obrera.

En primer lugar, hay que dejar bien claro que para 2010 aún no existían datos confiables sobre las condiciones del trabajo en el campo, esto si creemos a Bruno Rojas (investigador del CEDLA). La escasa y poco precisa información existente permite colegir, sin embargo, un crecimiento no menor de la población asalariada del agro entre el año 2000 y 2009 (tal como vimos creció la población asalariada en la economía en general), crecimiento que algunas cifras oficiales subestiman debido al carácter temporal de este tipo de trabajo asalariado. Segundo, es pertinente reconocer las distintas formas que adopta este tipo de trabajo en el mundo agrario según la región del país que se trate. Así, si en la región andina la dependencia salarial está inscrita en la inveterada práctica de la minka, en los departamentos amazónicos y orientales se relaciona estrechamente con la zafra, mientras que en las estancias ganaderas, agrícolas y agroindustriales prima el peonaje. Las tareas específicas realizadas por la mayor parte de los obreros agrícolas comprenden actividades como la cosecha, el destronque, el chaqueo, la preparación de la tierra y el cuidado de ganado. Estas tareas por lo general son realizadas para contratistas y pequeños y medianos empresarios capitalistas. En lo que refiere al tipo de vínculo que se establece entre patrón y obrero, priman los contratos verbales no reglados ni formalizados, contratos que han tendido a generalizar la figura del “asalariado temporal permanente”. Esta fracción obrera, para 2010 aún no había logrado fijar tarifas mínimas en lo que refiere a la remuneración (según los dirigentes obreros entrevistados por Bruno Rojas). Por esto, lo que prima es el salario a destajo (por producción) y no por tiempo.

A todo esto se suma (o todo lo anterior explica) que las jornadas de trabajo sean extensísimas para estos obreros, los cuales no tendrían acceso a la seguridad social ni se encontrarían incorporados a la Ley General del Trabajo (LGT, que supone algunos derechos y resguardos mínimos para el Trabajo). Los dirigentes y trabajadores de la central de trabajadores asalariados del campo explican de buena manera esta situación:    

“Estamos en todo lugar, en todas partes, los que trabajan en granjas, los que trabajan de zafreros, los tractoristas que trabajan en las empresas todo el año y los cosechadores. Somos muchos los que trabajamos así, pero sólo un 2 por ciento debe estar afiliado a nuestra Central….No faltan algunos que quieren que se los trabajemos gratis, sólo por comida….Ahora, no siempre te pagan puntualmente, hay que estar esperando al contratista quien es el que gana bien porque juega sucio

…Trabajamos 16 a 18 horas, de sol a sol, es por esa razón que algunos compañeros se insolan, trabajan desde la madrugada desde las 5 a 6 en la zafra hacheando hasta las 6 de la tarde.

…No sabemos lo que es un seguro de salud o de aportar para la jubilación. No tenemos aguinaldo, ni ningún otro beneficio social, nada de nada…

Hemos organizado la Central de Trabajadores Asalariados del Campo el año 2001, antes compartíamos con los zafreros. En caso de problemas, ayudamos a los compañeros yendo al Ministerio de Trabajo. Nuestra demanda principal es que nos incorporen a la Ley General del Trabajo porque no hay una ley que nos proteja y la generación de nuevos empleos, mucho más ahora que están llegando máquinas y nos están quitando el trabajo” (Dirigentes y trabajadores de la Central de Trabajadores Asalariados del Campo, citado en Bruno Rojas, 2010)

Estas condiciones sólo pueden existir y persistir en función de una política estatal consciente del MAS para con el agro, política que dice relación con el fortalecimiento de la explotación capitalista en el agro. Es específicamente el “pequeño capital” el cual se beneficia de la total desprotección del Trabajo en este sector, esto por las siguientes razones: a) las más de las veces éste no posee los suficientes recursos para implementar procesos de trabajo mínimamente dignos; b) debido a que por lo general este capital no tiene una vinculación directa con el “mercado final” (sino que produce subordinado a empresas capitalistas de mayor tamaño que sí acceden a este mercado final), el mismo se ve imposibilitado de pasar a precios los mayores costos que supondrían la implementación de mejores condiciones de trabajo; c) parte importante de la existencia de este pequeño capital se debe precisamente al proceso político de fragmentación del movimiento obrero, fragmentación que se explica por la desorganización y atomización en la cual éste lo mantiene[26]. Así, la vía junker implementada por el MAS en el agro requiere una complementación por abajo (funcional), y este desarrollo del capitalismo por abajo necesita de forma imperiosa disponer a voluntad de una fuerza de trabajo absolutamente desprotegida.

(vi) Entonces, ¿trabajo de qué tipo?

Todo lo anterior nos permite sostener la siguiente tesis abarcante, la  cual incorpora lo afirmado tanto por Bruno Rojas como lo sostenido por Silvia Escobar de Pabón: las condiciones del Trabajo existentes bajo el régimen político del MAS son en extremo precarias, y lo son sin importar si la organización del proceso de trabajo es mercantil simple, de cooperación simple, manufacturera, manufacturera moderna, de gran industria, etc. No importa que la propiedad sea estatal, que el sector sea agrario, o que se realicen sólo “servicios”: la clase obrera boliviana por entero está sujeta a condiciones precarias (con heterogeneidades y diferencias internas, claro está). Para afirmar esto tomamos dos elementos empíricos. Primero, que para 2010, según los criterios elaborados por el CEDLA, 9 de 10 empleados asalariados tienen un empleo precario y 3 de estos 9 un empleo precario extremo. Los criterios consignados por este organismo son tres: a) estabilidad en el empleo; b) cobertura sistema previsional; c) salario (menor o mayor al 50% la canasta básica familiar calculada por el CEDLA). De acuerdo a esto, si el sujeto considerado es deficiente en un criterio, su empleo es considerado precario, si es deficiente en los tres, su empleo es precario extremo. Segundo, para establecer que estas condiciones de precariedad permean a toda la clase (sea cual sea su fracción o sector), tomamos la afirmación de Silvia Escobar de Pabón, quien constata empíricamente en 2010, el “creciente grado de precariedad del trabajo independientemente del grado de desarrollo capitalista alcanzado por las distintas empresas”[27]

Y los criterios consignados por el CEDLA sobre precarización parecieran mínimos, ya que no consideran lo que hemos visto en organización sindical, negociación colectiva, jornada laboral, tipo de contrato, prevención de riesgos y el rol de la Dirección del Trabajo. Es por esto que concluimos que las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera boliviana bajo un gobierno con “horizonte anticapitalista” como el del MAS, son en extremo precarias.

(vii) Balance desde la visión obrera

Para finalizar este apartado sobre la clase obrera, daremos la palabra a los concernidos. Éstos, entrevistados por Escobar de Pabón en 2010, presentaban dos interpretaciones sobre las razones políticas que explican la situación del Trabajo en la formación boliviana. Un grupo minoritario consideraba que las condiciones desmedradas se explicaban políticamente, no por la naturaleza del Estado y el régimen político vigente, sino que por la aplicación de las medidas y normas por parte de unos funcionarios estatales, los cuales seguirían siendo “neoliberales”

 “…existen políticas públicas que no sólo benefician a la clase obrera, sino al conjunto de la población en el actual ‘proceso de cambio’, entre éstas “la nueva Constitución Política del Estado (NCPE), que prevé avances para el sector; la imposición de un salario mínimo nacional y su incremento obligatorio” ( pero que) “el problema está en el Ministerio de Trabajo donde los funcionarios en vez de hacer cumplir lo que dice el decreto supremo —como el incremento salarial del 10% del 2008— no lo han hecho cumplir, porque son conciliadores. La política que se aplica desde el Ministerio de Trabajo no va conjuntamente con este proceso de cambio que se plantea el gobierno (LPZ). (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Ahora bien, un grupo mayoritario de los obreros entrevistados por escobar de Pabón el año citado, sostuvo que las condiciones de la clase se explicaban políticamente por la continuada existencia de un “Estado neoliberal” y la “ley neoliberal” 21060 de 1986:

“…el gobierno lanza un 28699, lanza una serie de medidas pero en su práctica desde el Estado es absolutamente neoliberal, entonces si eso ocurre en el propio Estado que es lo que estará pasando en otras empresas del sector privado […]. Nosotros hemos planteado que se pueden implementar políticas muy simples y concretas como políticas públicas de protección al trabajador (CBBA) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

Enfrentados a estas condiciones, algunos de los obreros consultados por esta investigadora del CEDLA, de hecho adoptan una posición (discursiva) que correctamente afirma su independencia de clase

“La única forma [de revertir este cuadro de precariedad] es (a través de) la unidad de la organización y la movilización, no hemos encontrado otra forma; donde ha habido un despido hemos logrado establecer una especie de solidaridad de clase y esto nos ha permitido la victoria en varias partes. Hemos establecido formas de acción donde, desde el sindicato más grande hasta el más pequeño, nos solidarizamos con una demanda de una fábrica pequeña y hemos optado por los ampliados zonales, donde hay conflicto se convoca a un ampliado de base de los fabriles y vamos a dar un apoyo solidario a los compañeros y compañeras que están en conflicto y se ha dado mucha fuerza en los lazos de esta red de solidaridad; entonces creo eso es importante, no solamente crear un tejido social fabril sino un tejido social con la comunidad de tal forma que la comunidad participe de forma solidaria y recíproca en la solución de los problemas” (CBBA) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

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[1] Luego de una caída en 2009 (cuando el PIB fue de 3.4% -en 2008 el PIB fue de 6.1%-), los años 2010 (4,1%), 2011 (5,2%), 2012 (5,2%) y 2013 (6,5%) dan fe de lo afirmado.

[2] Ambos elementos (político y económico) son difícilmente separables. Ahora bien, intentamos sugerir la distinción porque es muy posible que procesos como la recreación del ejido mexicano a lo largo del siglo XX (que Octavio Ianni y Roger Bartra denominan “acumulación primitiva permanente”), se expliquen más por la necesidad de legitimación política (creación política de una base social de sustento), que por la lucha de clases de primer grado (ligada a las tendencias a largo plazo de la economía capitalista –TDTMG-)

[3] Michael Neocosmos (1986): Marx's third class: Capitalist landed property and capitalist development, The Journal of Peasant Studies, 13:3

[4] Si bien puede existir explotación en este caso, en lo fundamental por parte del “pater familias” respecto de los demás miembros del hogar, esta explotación (derivada de la monopolización de las decisiones sobre cómo, qué, cuánto, quiénes, y para quién producir) no es necesariamente una “capitalista”. No lo es, porque no supone la existencia de trabajo asalariado separado del capital.

[5] Entonces, ¿no existe la pequeña burguesía? No estamos tan seguros. Para quien escribe, si bien la “gama de profesionales” (abogados, médicos, psicólogos, ingenieros, etc) es por condición son “burguesa” (al menos las más de las veces), algunas fracciones de estos sectores sí presentan dimensiones pequeñoburguesas en un sentido preciso: nos referimos a la dimensión política-ideológica de la realidad. Así, las inclinaciones políticas (que también tienen implicancias culturales y por tanto sobredeterminan el modo de vida)  de estas fracciones burguesas, en tanto reactualizan el mito del pequeño-productor (como horizonte) y todo lo relacionado con éste, de hecho las hace fracciones burguesas sobredeterminadas por una dimensión pequeñoburguesa. 

[6] Aunque esto no es necesario. Esto porque las formas de organización del proceso de trabajo no se identifican plenamente con las distintas fracciones del capital (pequeño, mediano, grande). Así, no sería extraño encontrar capitales medios que aún actualicen procesos de trabajo basados en la cooperación simple (aunque, obviamente, todo depende del criterio que utilicemos para distinguir estas fracciones capitalistas).

[7] En esta sección seguimos a Escobar de Pabón y no sostenemos por nuestra parte ninguna tesis fuerte en lo que respecta a la vigencia de la subsunción formal, la subsunción real, el plusvalor absoluto y el plusvalor relativo. Si bien nos parece convincente la tesis empírica de que en Bolivia prima mayoritariamente el mecanismo del plusvalor absoluto, no estamos tan seguros de la extensión que esta autora pareciera otorgarle a la vigencia de la subsunción formal. Afirmamos esto, no porque no entendamos la presencia no menor de procesos de trabajo que operan mediante la subsunción formal, sino porque: a) algunos autores (e.g. Paresh Chattopadhyay) han desarrollado una alternativa teórica que comprende la vigencia del plusvalor absoluto bajo subsunción real (aún si esto pareciera contradictorio); b) el mismo desarrollo de la categoría “transición desde la subsunción formal a la subsunción real”, da cuenta de los problemas asociados a una interpretación demasiado amplia de la noción “subsunción formal”.

[8] Escobar de Pabón afirma que esta tendencia existe tanto en fases de expansión como de estancamiento, si bien durante las primeras ésta se acusa. Así, por ejemplo, entre 2004 y 2007 el producto creció 5,6% mientras el empleo sólo 2,6%.

[9] Respecto a estas cuestiones se toman las ciudades del eje como punto de referencia porque mucha de la información necesaria en el agro simplemente no está disponible, cuestión que veremos más adelante cuando tratemos sumariamente el caso de la fracción agraria de la clase obrera boliviana

[10] El subcontrato se adecua de buena manera a una vinculación virtuosa (para el capital) entre el pequeño capital y los capitales medio y grande. Ahora bien, esto no implica que el subcontrato no exista vinculando fracciones capitalistas medias entre sí, o ligando fracciones medias con fracciones grandes (incluso existen casos en que el vínculo que supone la subcontratación es entre fracciones grandes del capital)

[11] “…dirigentes de las otras ciudades, casi todos consideran que es difícil organizar a los obreros subcontratados, dado que están dispersos en muchas empresas y en un número por debajo del mínimo legal establecido para conformar un sindicato, “generalmente las subcontratistas organizan grupos de 14 a 15 obreros en distintos talleres” (SCZ) (Escobar de Pabón, 2010)

[12] Según un obrero de La Paz entrevistado por Escobar de Pabón, el problema no se debe a la voluntad estatal, sino a que los funcionarios serían los “conciliadores”. Si entendemos que la ley expresa la voluntad estatal canalizada por el gobierno de turno, vemos que el juicio de este trabajador no es correcto.

[13] “…la jornada normal es de 12 horas diarias y es conveniente para los obreros, pues aumentan su salario con esas HE” (SCZ); “en el caso de algunas secciones, dependiendo de las empresas, la jornada laboral llega a 12 horas, como en horneado de 6 a 18, pero se les reconoce HE” (RIB) (citado en Escobar de Pabón, 2010)

[14] Importantes demandas obreras han sido históricamente funcionalizadas por el capital. No ha sucedido otra cosa con la lucha por el acortamiento de la jornada de trabajo, como señala este artículo sobre lo ocurrido en Alemania: http://www.wildcat-www.de/en/zirkular/48/z48e_35h.htm

[15] En este apartado marco sobre la clase obrera hemos hablado recurrentemente de “proceso de trabajo” y “proceso de producción”. El primero hace referencia a la organización de las tareas laborales al interior de una planta, mientras el segundo apunta a la organización de las tareas entre distintas plantas, industrias y ramas. Así, debido a que una negociación por rama afecta los recursos destinados a las distintas ramas que componen la economía de un país, la misma modifica el “proceso de producción” capitalista de la formación social involucrada y mediatizadamente altera la forma de acumulación al menos en una de sus dimensiones (aquella dice relación con dónde los capitalistas reinvierten el excedente)

[16] Esta frase de nuestro obrero de La Paz es particularmente relevante para el escenario político chileno configurado desde 1990. En éste, partidos a la izquierda como el comunista, ya en 2005 establecieron que su tarea en el mediano plazo era la lucha por “derechos sociales”; hoy, distintas orgánicas políticas en el campo de la izquierda han naturalizado esta forma de lucha y el marco que impone a las demandas de los explotados (y oprimidos). Se dirá que no se lucha por unos meros “derechos”, sino que por “derechos sociales universales”. Sin embargo, como lo demuestran los programas y demandas de la mayor parte de las orgánicas que actualizan este tipo de lucha, la lucha por los derechos sociales universales no ingresa al mundo del trabajo y la producción (o, si lo hace, éste ingreso es meramente el de “un sector más” que habría que “incluir”). Así, lo “social” pareciera ajeno a cualquier dimensión relacionada directamente con los explotados, que continúan siendo la mayoría de la población en cualquier formación social capitalista.  Y no es sólo que no se incluya (o se incluya parcialmente) a la mayoría de la población en su actividad principal (su trabajo), sino que se olvida que cualquier otro derecho fuera del campo de la producción, está determinado por lo que sucede en ésta (esto si se adopta una postura materialista consecuente). Por último, adicionar el término “universales” a la expresión “derechos sociales”, no hace más que reproducir el discurso de los derechos humanos (burgueses), discurso que “pasa por encima” de las clases y los intereses de la clases (de ahí que muchos en este campo de la izquierda chilena utilicen la expresión “para todos”…).

[17] Sobre el concepto de cooptación ver lo que desarrollamos en una sección posterior de este trabajo.

[18] En términos marxistas, podríamos distinguir la existencia de un “salario nominal” (el precio monetario del salario), un “salario real” (la cantidad de mercancías que éste salario puede comprar) y  un “salario relativo” (que compara lo apropiado por el capital y lo retribuido al trabajo). Como puede observarse, el mecanismo del plusvalor relativo, que es la expresión última y más “progresista” del capital, se funda en un alza de los salarios reales que implica un decrecimiento del salario relativo. Esto es, el desarrollo y la industrialización capitalista implica necesariamente el fortalecimiento de la clase dominante/explotadora, y por lo tanto la “depauperación relativa” de la clase explotada.

[19] Pareciera que estas cifras no totalizaran un 100%. Si bien los autores del CEDLA (quienes las produjeron) no dan cuenta del por qué de esto, es posible que la cuestión se deba a que se diferencia “Estado” de “capital”, otorgándosele al primero también un porcentaje de apropiación del excedente.

[20] Marx e Isaac Illich Rubin reconocen que en la esfera de la circulación existe una dimensión formal (con tareas asociadas) y dimensión “real” o “sustantiva” (con tareas asociadas). Para ambos esta segunda dimensión implica la realización de tareas productivas, esto es, labores que sí valorizan el capital. Tareas asociadas con la primera dimensión son las labores de venta (e.g. cajeros), tareas vinculadas a la segunda dimensión son labores de transporte y acomodación (conductores, reponedores, peonetas, etc).

[21] Los puestos altos, medio-altos (y quizás también los medios) del estado, que no tienen la necesidad de organizarse sindicalmente, obtienen salarios por sobre la media nacional y las más de las veces tienen puestos de mando/administración, no forman parte de la clase obrera estatal. Antes bien, por lo general tienen una extracción de clase y condición de clase burguesas, mientras que en términos de posición en el proceso de trabajo tienen una polarización capitalista, en tanto las más de las veces cumplen la función de explotación (o su sucedáneo estatal).

[22] Democracia industrial que aún así mantenía la jerarquía y la autoridad estatal, lo cual se muestra en el tipo de consejos creados por la UP en las empresas “sociales”: estos consejos daban una primacía importante a los funcionarios estatales y los técnicos, mientras mantenían en una posición subordinada a los representantes obreros.

[23] Y ya en 2011 García Linera sostenía que éstas eran meras “fábricas artesanales”, como notamos previamente en este trabajo. Estos son zigzags e improvisaciones inherentes a todo régimen kerenskista.

[24] El MAS en el gobierno intenta crear una cooperativa en la ciudad, la Cooperativa Agroindustrial Zafabri Ltda, pero ésta debe cerrar por falta de financiamiento y manejo administrativo poco transparente.

[25] La “totalidad concreta”, la cual muestra sus leyes de movimiento en un todo relacional cuyas distintas dimensiones se influyen entre sí y son a la vez causa y consecuencia (teniendo en cuenta, eso sí, que la producción es siempre determinante).

[26] Con esto no queremos implicar que la fragmentación del proceso de trabajo sea una cuestión exclusivamente política o volitiva, sino sólo consignar que la dimensión técnico-material de este proceso (derivada del primer nivel de lucha de clases) también se encuentra sobre-determinada en no menor medida por una política consciente (lucha de clases de segundo nivel).

[27] Con grado de desarrollo capitalista de las empresas, hace referencia a la forma de organización de los procesos de trabajo (mercantil simple, cooperación simple, manufactura, manufactura moderna, gran industria)