viernes, 11 de abril de 2014

Bolivia bajo el MAS: La devaluación del “horizonte anticapitalista” (parte XI)

XI. Lucha de clases bajo el MAS

Caracterizar y explicar la dinámica de la lucha de clases ocurrida a lo largo de los 8 años que el régimen político implementado por el MAS ha estado vigente, no es una tarea fácil. Debido a que esta dimensión de la realidad se relaciona estrechamente con el segundo nivel del conflicto clasista que en este trabajo hemos distinguido, aquél en el cual la lucha posee un grado mayor de autonomía y por tanto la indeterminación de los eventos futuros es mayor, toda caracterización/explicación de la misma es en algún grado hipotético-interpretativa. Esto es, al vincularse inherentemente con la dimensión táctica de la lucha política, supone en algún grado siempre una apuesta. Ésta se refiere a los tiempos, extensión y características del ciclo de lucha de clases distinguido. En lo que hace al caso boliviano que aquí tratamos, proponemos la siguiente “interpretación”[1].

En el cuarto apartado de este trabajo, se recordará distinguimos un ciclo de alza de la lucha de clases (desde una perspectiva pro-explotados) que despuntaba ya en 1998, y se afirmaba como realidad con la Primera Guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000. Asimismo, señalamos que este ciclo iba en ascenso y tenía su clímax entre 2003-2005, lapso durante el cual los productores/explotados logran hacer caer a dos presidentes. Desde 2006, el ciclo de lucha de clases comenzado en el año 2000 intenta ser contenido “desde arriba” por el MAS, partido que cristaliza un régimen político que funge en tanto contratendencia respecto de este alza en la lucha de clases. Consignamos que el mismo supone una “contratendencia”, porque éste es precisamente uno de los rasgos fundamentales que distingue a cualquier tipo de kerenskismo. En este sentido, el ciclo de lucha de clases que se afirma el año 2000 (la tendencia dominante), es un ciclo que continúa abierto aún a fines de 2013. Ahora bien, como el mismo no es un ciclo que presente características agudización extrema (o profunda) –en el sentido de que bajo éste no ocurren situaciones propiamente “insurreccionales”, sino solo momentos “pre-insurreccionales”-, lo que continúa abierto no es la perspectiva inmediata de la insurrección, sino más bien la posibilidad de continuar un ascenso en la lucha de clases desde la perspectiva de los explotados, ascenso que implicaría el desarrollo y la profundización del conflicto con la perspectiva de preparar las herramientas necesarias capaces de convertir una situación pre-insurreccional futura, en una situación insurreccional. Si estas son las características de la tendencia dominante, la contratendencia tendrá rasgos que se “corresponden” con la primera. Esto porque, desde una perspectiva marxista, “tendencia dominante” y “contratendencia” constituyen un mismo proceso abarcante cuyas causas profundas son semejantes. Así, debido a que el ciclo de lucha de clases abierto en 2000 no ha mostrado rasgos de agudización extrema (o profundidad), la contención que supone el régimen político kerenskista impuesto por el MAS, es una contención “débil”: de ahí que repetidamente consignáramos en este trabajo al régimen masista como un “kerenskismo débil”.

La “contención” articulada por el MAS “desde arriba”, es una que se ha mostrado frágil y por tanto evidencia claros rasgos de discontinuidad. En efecto, aquí proponemos es pertinente distinguir cuatro momentos en esta “fase de contención” de ciclo de lucha de clases comenzado el año 2000. El primer momento no supone sino un “aquietamiento de las aguas”, remanso -en el río de la lucha de clases- que supone la implantación y consolidación del régimen masista. Lapso derivado del pacto entre el MAS y el bloque indígena-izquierdista distinguido por Jefferey Webber[2], el mismo se agota ya el año 2008, cuando el segundo momento de esta fase de contención se hace presente.

(i) Confrontación con la derecha (oposición) y la  oligarquía del Oriente

Este segundo momento de la lucha de clases bajo el MAS se caracteriza por el conflicto que el régimen del partido cocalero protagoniza en 2008 con la oligarquía del Oriente (la Medialuna –Beni, Pando, Tarija, Santa Cruz-). Asimismo, éste está cruzado por el “problema constitucional”.

“Canalizando” y “desplazando” desde el Estado (que por esto y otras cosas muestra su naturaleza “capitalista”) una sentida demanda de los productores/explotados, la cristalización de una asamblea  constituyente[3], el MAS intenta generar un proceso constituyente “pactado”, proceso cuyos pactos fundamentales se orientaron hacia la derecha política y fracciones capitalistas de todo tipo. Desde el gobierno, y en un primer momento, el MAS hablaba de la necesidad de generar un “gran acuerdo nacional”, capaz de viabilizar el necesario “pacto social” que requería la vigencia de la Nueva Constitución Política del Estado. En línea con esta política, el gobierno de Morales Ayma hizo varias “concesiones” a la oposición política (en el parlamento) y a la oposición regional (en la Medialuna): éstas apuntaron a temas como la ley de convocatoria a la constituyente, el referéndum autonómico, nuevos contratos petroleros, la reforma de la ley INRA, la ley de ampliación del plazo  para la constituyente, etc. Sin embargo, esta “lógica pactista” fue rechazada por ambas oposiciones. Por un lado, la oposición “política” en el parlamento exigía que las “reformas” masistas fueran aprobadas con 2/3 de los votos; por el otro, la fracción capitalista del oriente comienza a reproducir acciones como las de 2005 e intenta desestabilizar al gobierno. Ante esta respuesta, el MAS adopta una política más decidida durante el curso del 2008, la cual implica cuestiones como la modificación del presupuesto de las prefecturas (de un 33% a un 15% de los recursos del IDH) y la negativa a trasladar los poderes legislativo y ejecutivo a los departamentos regionales. Adviene así un momento álgido en el proceso de lucha de clases.

Las acciones de la fracción capitalista de la medialuna tienen un carácter “movimientista”, lo cual se debe a la cuasi-liquidación del sistema partidario derivada de la semi-insurrección de Octubre de 2003. En efecto, como señalamos en el apartado IV, entre 2003 y 2005 Bolivia vive lo que el Poulantzas de “Fascismo y Dictadura” denominó “crisis política”. Por esto, la oposición de esta fracción capitalista se ve imposibilitada de adoptar el canal político-formal de expresión, razón por la cual se utilizan los “Comités cívicos”, las huelgas de hambre, los cabildos abiertos y movilizaciones de todo tipo, para expresar el “descontento” de la patronal del Oriente. Esto también nos hace percibir la presencia de un régimen político kerenskista, régimen cuya naturaleza misma está dada por una participación no pasiva de los productores/explotados en la escena política. Por lo mismo, la fracción capitalista del oriente se aprovecha de este marco general de acción, e impulsa una política que sí tiene una “base de masas” a través de los mecanismos “movimientistas”.

 “Oriente” se opone a la Constituyente, demanda la autonomía plena y cuestiona el reparto de la renta de los hidrocarburos (gran parte del recurso gasífero de hecho está localizado en la Medialuna). Con el pasar de los días, el conflicto se agudiza y llega a tal punto que: a) ocurre una matanza de campesinos en Cobija, la cual fue ordenada por el Prefecto (mientras los alcaldes masistas corren a esconderse); b) los prefectos opositores acuden a Estados Unidos, la ONU y la OEA para pedir una mayor injerencia de estas entidades y este país (y de los gobiernos “amigos” de la región) en Bolivia.      

El MAS, por su parte, adopta dos tipos de acciones (no excluyentes ni no relacionadas). Por una parte, lleva el conflicto a las urnas. En efecto, en Agosto de 2008 Morales llama a un referéndum revocatorio, el cual solicitaba el veredicto popular sobre la gestión del presidente, el vicepresidente y los prefectos. Este mecanismo había sido primero propuesto por el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pero en esta primera ocasión el MAS rechazó la propuesta. En un segundo momento, es el MAS el que propone el Referéndum (a la luz de las vicisitudes de la lucha de clases contingente), el cual sin embargo es rechazado por los prefectos de la Medialuna, La Paz y Cochabamba. No obstante la acción de rechazo, este segundo llamado a Referéndum logra ser finalmente aprobado gracias al apoyo del PODEMOS (poder democrático y social), grupo de derechas dirigido por Jorge “Tuto” Quiroga. Los resultados del mismo suponen una gran victoria para el oficialismo, ya que Morales obtiene el 67% de las preferencias (unos 700 mil votos más que los que obtuvo para salir electo presidente). El significado del Referéndum es doble. Primero, evidencia el carácter capitalista del Estado boliviano, dado que actualiza uno de los tres métodos de dominación burguesa distinguidos por Goran Therborn, el mecanismo plebiscitario. Éste, que según Therborn siempre ha cumplido un rol complementario y nunca ha sustituido el mecanismo principal de dominación burguesa (el mecanismo parlamentario), “es necesario para controlar la parcial incorporación de las masas en la esfera política”. Segundo, muestra el tipo de régimen político vigente bajo el MAS, el cual evidencia su naturaleza kerenskista en el hecho de que los productores/explotados sí participan de manera no pasiva en la escena política nacional. De hecho, Morales pide la aclamación popular y la obtiene: el “Referéndum revocatorio” deviene “mecanismo ratificatorio”.

 En segundo lugar, ante la escalada de violencia que preveía la matanza de campesinos en Cobija, el gobierno masista llama a volver al diálogo y la concertación. Este llamado busca bloquear la autodefensa de los productores/explotados, quienes ya comenzaban a armarse para vengar la citada matanza. Así, Morales Ayma pide y exige que la gente confíe en la Fuerzas Armadas y la policía, quienes se dice “restablecerán la paz y el orden”. De hecho, el vicepresidente denomina a esta intervención de las FFAA como una “victoria militar”, la cual viene a sumarse a la “victoria electoral” de agosto:

“En septiembre de 2008 se da la victoria militar del pueblo sobre las fuerzas conservadoras de derecha y golpistas. A la victoria electoral se suma la victoria de la movilización social militar, que será completada con una victoria de carácter político” (García Linera, 2008) (citado en Martín Camacho, 2011)

Además, entre ambos bandos enfrentados se balancean las direcciones del movimiento obrero, las cuales finalmente apoyan al gobierno y la nueva constitución (de hecho, la COB es denominada por la prensa como la “quinta rueda del carro oficialista”).  La COR, FEJUVE de El Alto y la COB (entre otras), actualizan esta política conteniendo el movimiento de los productores/explotados y canalizando las energías de éste hacia las estériles arenas parlamentarias y electorales. Esta “participación” de las direcciones del movimiento obrero de hecho es característica de los regímenes kerenskistas. Ahora bien, el hecho de que la misma en este caso sea “indirecta” o “mediatizada”, en efecto nos da pie para establecer la presencia de un tipo de régimen kerenskista “débil”.

Así, la NCPE es aprobada en diciembre de 2008, aún si el boicot de varias organizaciones políticas a la asamblea (como el PODEMOS, el MNR, etc) supuso que acudieran a votar sólo 160 de 255 representantes. El conflicto de 2008 se resuelve, entonces, a favor del MAS y su gobierno, mientras la oposición de la Medialuna pierde parte importante de su base social debido (entre otras cosas) a acciones demasiado extremas, tal como la matanza de “campesinos” que consignamos más arriba.

 Retomando la práctica de canalizar el conflicto clasista a la arena electoral (práctica que le rindió tan buenos frutos en 2008), el MAS establecerá un Referéndum para aprobar la Nueva Constitución en 2009, proceso del cual nuevamente saldrá airoso. Así, nuevamente vemos cómo el mecanismo plebiscitario de dominación burguesa se repite, cómo el régimen kerenskista vigente requiere una participación no pasiva de los productores/explotados en la esfera política nacional.

Excurso sobre la Nueva constitución

Según Morales y sus correligionarios, la NCPE supuso la refundación de Bolivia y el cumplimento de la Agenda de Octubre. Este tipo de declaraciones pomposas y de discursos grandilocuentes, tan propios de los regímenes kerenskistas, demuestran sin embargo su carácter retórico y meramente demagógico si el analista meramente lee el nuevo texto constitucional. Como señalan Martín Camacho y Eduardo Molina, la NCPE en ningún caso podría significar la refundación del país y el cumplimiento de la Agenda de Octubre, toda vez que la misma:

(1) Se funda en el reconocimiento de la propiedad privada de los medios de producción
(2) Mantiene el libre mercado neoliberal, no se toca  "una coma" de la ley 21060 (Paz Estenssoro, 1986)
(3) Solo establece una moderada redistribución de la renta del gas
(4) No expulsa a las transnacionales (e.g. El mineral El Mutún va a parar a manos de la Jindal India)
(5) Mantiene el poder de los bancos, los cuales aún hoy obtienen jugosas ganancias y nunca se han quejado bajo el régimen masista
(6) Fortalece el Ejecutivo, pero no elimina el reaccionario Senado

Ahora bien, un rasgo que gusta de ser destacado por los defensores “progresistas” del régimen masista, es el hecho de que la NCPE sí enfatiza en una mayor participación y representación comunal o municipal. Este rasgo sería esencial para definir el carácter de lo existente en Bolivia desde 2006, porque establecería la segunda dimensión que en el apartado IX de este trabajo, hemos consignado constituiría un ingrediente fundamental del “socialismo del siglo xxi”. Respecto a este punto, quisiéramos primero relevar el hecho de que las “reformas democratizadoras” no son una creación ex nihilo del “movimiento al socialismo”, sino que meramente reproducen procesos ocurridos durante la última década del siglo XX, la cual se caracterizó por presentar gobiernos liberales, burgueses y pro-capitalistas. Este proceso de “ampliación democrática” estructurado en torno a la Ley de participación popular de 1996, vino a ser reafirmado bajo el gobierno “neoliberal” de Carlos Mesa, mandato bajo el cual se establecen ya los siguientes mecanismos: a) Referéndum (como se recordará, el primer referéndum se dio ya en 2004 sobre la cuestión de los hidrocarburos); b) Iniciativa legislativa ciudadana; c) Asamblea constituyente. Lo que hace el MAS es mantener el marco de Ley de participación popular de 1996 y los tres mecanismos “democráticos” que aquí consignamos, a los cuales añade algunos por su cuenta. La pregunta que emerge entonces es evidente: al implementar “mecanismos democratizadores”, ¿fueron los gobiernos de Sánchez de Losada y Carlos Mesa, gobiernos de tipo socialista? ¿Es que el socialismo del siglo xxi “entraba por la cocina” bajo la mano de renombrados personeros liberales y burgueses? ¿Se incubaba el socialismo del siglo xxi, en tanto “elemento aislado”, aún bajo la Bolivia patronal y libremercadista? La respuesta es obvia: no. Como señalamos en otra parte, las “reformas democratizadoras” de Goñi y Mesa no fueron sino una legitimación de la desigualdad clasista por vía de una concepción burguesa de la democracia, concepción que entiende a la misma como un fenómeno meramente político-superestructural y materializable mediante “participación marginal-decorativa” e “inclusión acrítica sin poder de decisión real”.

 A la estructura heredada, el MAS adiciona: a) la revocatoria de mandato (ocupada en Agosto de 2008); b) la consulta previa respecto de la explotación de ciertos recursos naturales (que no es vinculante); c) las asambleas y cabildos, los cuales son deliberativos pero no vinculantes (e.g. en 2006 la patronal del Oriente organiza el “cabildo del millón” en Santa Cruz, el oficialismo organiza el cabildo de los dos millones en 2007 en La Paz); d) la participación y control social.

Ahora bien, la misma génesis de la Constitución masista nos habla de que la “participación” declarada sería meramente formal y no sustantiva. Esto porque el texto constitucional no fue discutido con las organizaciones de base de los productores/explotados, no se generó soberanamente (como señalamos previamente el mismo MAS renuncia en 2005 a sus consignas “asamblea constituyente popular”); antes bien, los explotados fueron convocados a movilizarse para defender una constitución que no elaboraron. La misma inclusión indígena es una meramente formal, ya que no muestra dimensión económico-social alguna que no sea mercantil o burguesa.

Como hemos repetido hasta el cansancio, los regímenes kerenskistas necesitan una “legitimación de masas” recurrente, pero esta participación no pasiva de los productores/explotados, siempre es subordinada a una política que mantiene y fortalece las relaciones de producción y explotación capitalistas. Que esta no es una “democratización socialista”[4], lo demuestra el mismo hecho de que el Departamento de Estado norteamericano apoyó la nueva constitución en diciembre de 2007, señalando: “es una Constitución que avanza en la construcción de la democracia”.
(II) Desborde por izquierda (contradicciones "internas" del MAS)

Luego de la victoria oficialista sobre la fracción capitalista del Oriente en 2008, la oposición (política y económica) pierde fuerza y base social. A esto no ayuda el intento de magnicidio contra Morales Ayma de 2009, el cual deslegitima aún más a una oposición demasiado “extremista”. Sin discurso y con muchos dirigentes presos, la derecha política pierde peso y los opositores de la medialuna comienzan un proceso de reversión. En efecto, se inicia un proceso de incorporación patronal al régimen político, ya que distintas fracciones capitalistas observan que, en la práctica, el “socialismo” del MAS no pareciera tan nocivo para sus negocios. También organizaciones políticas se incorporan al gobierno: la Unión Juvenil cruceña, que en 2008 golpeaba campesinos e indígenas, lo hace a cambio de que no se le enjuicie por los crímenes cometidos. Es en este contexto de desbande de la oposición, que los dirigentes del MAS toman inteligentemente la iniciativa política: 2009 será conocido como un año en el cual Morales Ayma organiza un “festival de elecciones”, las cuales legitiman al régimen político vigente. Este proceso de “legitimación plebiscitaria” culmina en diciembre de 2009, cuando Morales es reelecto con un 64% de los votos.

Sin embargo, la contención, pese a toda la parafernalia electoralista, no logró cristalizar plenamente y así cerrar el ciclo de lucha de clases abierto en 2000. Esto porque 2010 será un año cruzado por la lucha de la clase obrera contra un gobierno (y su régimen político) cuyo “socialismo” pareciera no beneficiarla. El crecimiento económico de este año no llegaba a los productores/explotados. El gobierno repetía las nocivas prácticas de los partidos tradicionales, por ejemplo nombrando candidatos “a dedo”. A esto se sumaban los casos de corrupción y la hipocresía de los dirigentes del Estado, uno de los cuales, respondiendo a las críticas obreras respecto del plan de magras alzas salariales, dijo sin ambages que la propuesta del gobierno era innegociable y que si no gustaba a los trabajadores estos tenían que “acostumbrarse a vivir con pan y café”.

Durante 2010 hubo infinidad de conflictos que expresaron el conflicto “régimen político masista v/s clase obrera”. Aquí mencionaremos brevemente 5 conflictos de menor peso y 2 procesos de lucha más agudos y masivos.

En primer lugar, a principios de 2010 el ejecutivo presenta un “Anteproyecto de Código del trabajo”, un texto que cuya intención era sustituir la LGT por normas que se correspondieran con lo explicitado en la NCPE. El espíritu pro-empresarial de la propuesta, sus trasgos conciliadores (típicos del kerenskismo), son evidentes en las declaraciones con la cuales la ministra del trabajo de la época (Carmen Trujillo), presentó el documento:   

 “los trabajadores y empresarios unidos puedan concretar la modificación de una nueva ley del trabajo después de 50 años” (La Estrella del Oriente, 22/03/10)  “...ambos actores no somos enemigos, […] tal vez antes teníamos rivalidad, ahora queremos cambiar esta figura y avanzar (juntos) en una ley” (El Mundo, 22/03/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)
Además, el gobierno implementó una campaña de socialización del documento “desde arriba”, sin consultar a las organizaciones obreras –e.g. COB- ni considerar las voces de rechazo. Afortunadamente, la oposición y la lucha unificada de la clase obrera boliviana (COB, trabajadores fabriles, maestros, trabajadores rurales, salud, mineros, etc), impiden el tratamiento de la propuesta. En esta primera pulseada entre gobierno y clase obrera, los explotados demuestran su capacidad de respuesta y resistencia.

Durante abril y mayo de 2010 ocurre una movilización en Caranavi. Otrora segundo bastión electoral del MAS, este departamento se enfrenta al gobierno demandando: a) instalación de una planta de cítricos; b) asfalto en los caminos; c) provisión de agua las 24 horas del día; d) que al instituto terciario ya existente se le otorgue rango de universidad. Ante el cierre de los canales institucionales consignados para vehiculizar las demandas de la población, los productores/explotados utilizan sus propios métodos de lucha para hacerse escuchar: cortes de caminos, barricadas, marchas, etc. Ante esto, el gobierno responde con represión, la cual configura una situación que los dirigentes de la zona describen como dictatorial (los celulares se “intervienen” y los mismos dirigentes deben pasar a la clandestinidad). Al calor de la represión gubernamental, 2 personas son muertas y varias más quedan heridas. Todo esto significa que, de acuerdo a las taxonomías elaboradas por Goran Therborn en 1979, aquí el gobierno masista actualiza un “mecanismo de reproducción” característico de todo Estado capitalista. En efecto, la violencia estatal organizada es un mecanismo de reproducción utilizado por el MAS en el gobierno, mecanismos de reproducción que no implica otra cosa que unasanción que se pone en práctica cuando parece que el proceso en cuestión se desvía del curso previsto” (Therborn, 1979). Más todavía, cuando Morales acusa a los movilizados de Caranavi de constituir “agentes de la derecha” o “agentes del imperialismo”, no hace más que materializar otro de los mecanismos de reproducción consignados por Therborn, aquél que se constituye en torno a la “excomunión ideológica”:

“Esta palabra denota que está vedado todo modo normal, sensato e inteligible de comunicación, que al condenado se le relega a la locura o a la depravación satánica” (Therborn, 1979)

Este será un mecanismo al cual recurrirán con frecuencia Morales y García Linera, y es característico de todo gobierno que instituye un régimen de “colaboración de clases”[5]. Asimismo, la excomunión ideológica es también en ocasiones una forma de desplazamiento de las demandas de los productores/explotados, forma que Therborn denomina “extroversión”. En este caso, un conflicto interno se desplaza hacia un enemigo externo (bastante ficticio –recordemos aquí dos cosas: a) el régimen masista solo instituye un antiimperialismo parcial; b) Estados Unidos apoya en 2007 la constitución elaborada por el MAS-). No obstante esto, la movilización de Caranavi no sale del todo mal parada y logra algunas de sus demandas.

Los mismos mecanismos de “excomunión ideológica” y “extroversión”, serán utilizados por el gobierno a la hora de enfrentarse a la marcha hacia La PAZ convocada por la CIDOB (Confederación indígena del oriente boliviano) en 2010, marcha que cuyo objetivo era demandar mayor autonomía y autogestión (e.g. que la decisión sobre los proyectos de explotación y exploración quedara en manos de las comunidades). Morales acusa a los movilizados de estar “financiados por la oligarquía”, mientras otros personeros de gobierno sostienen que estos “campesinos” actúan bajo las órdenes de la USAID.

Un cuarto conflicto ocurrido en 2010 que creemos pertinente mencionar, es lo ocurrido en Potosí. Un conflicto que dura más de 20 días, en una zona donde el MAS había obtenido más del 80% en las recientes elecciones municipales, destaca por el carácter de las exigencias enarboladas. En un contexto donde se demandaba la construcción de una planta de cemento, la puesta en marcha del complejo minero Karachipampa, la edificación de un aeropuerto internacional y la pertenencia de una mina de piedra caliza, algunas fracciones radicalizadas demandan la estatización de la Minera San Cristóbal (que ya mencionamos en el apartado sobre Estado y nacionalizaciones). Frente a un conflicto de este tipo, el gobierno muestra cierto temor y demanda un lugar neutral donde negociar. El resultado del conflicto supone algunas conquistas parciales para los productores/explotados, pero nunca la exigencia referida a la Minera San Cristóbal.

El quinto y último conflicto de menor peso que consideraremos será la negociación por el reajuste salarial del año 2010. Consignamos a ésta al último porque la misma ya muestra un crecimiento en peso político de la movilización, y así nos permite  una transición hacia los dos conflictos centrales del año 2010 (año de lucha obrera). Trabajadores fabriles, mineros, de la construcción, municipales y otros demandaron este año un 12% de reajuste salarial nominal. El gobierno, sin embargo, desestimó la propuesta obrera consignando que la misma minaría la estabilidad macro-económica (típico argumento liberal capitalista). Es en este momento cuando el viceministro de economía declaró que “los trabajadores debían acostumbrarse a vivir con pan y café”. Enfrentada a esta intransigencia (de color patronal), la base obrera presiona a la dirigencia burocrática de la COB, la cual se ve obligada a llamar a una huelga general, la primera luego de 5 años de régimen masista. La misma dura 18 días pero, en parte debido a la pasividad y poca disposición de lucha de la dirigencia cobista (la cual no unifica ni impulsa la “movilización base” de los fabriles de La Paz y la de los trabajadores del magisterio), esta lucha sindical, que sí adquiere una coloración política clara (sentido mismo del método de lucha de “huelga general”), no llega a puerto: termina aprobándose un reajuste de 5%, apenas por sobre la inflación. Respecto de la actitud del gobierno del “horizonte anticapitalista”, un dirigente de la COB de Potosí fue claro:  

“Lamentamos la actitud del gobierno de Evo Morales que una vez más muestra su verdadero rostro de anti-obrero cuando anuncia descuentos por huelgas generales… el gobierno endurece su posición y asegura que será inflexible con los maestros y se prevé que también aplicará la misma receta con otros sectores laborales, cuando recurran a la huelga general como un derecho fundamental a la protesta laboral,… el derecho a la huelga está consagrado en la nueva Constitución Política del Estado,… no reconocerlo como tal, no obstante de haber cumplido con todas las instancias legales, hace que el gobierno se constituya en el violador de su propia constitución…” (Dirigente COB Potosí, El Potosí, 27/05/10)

Dos luchas de peso político que marcan un quiebre

Durante el segundo semestre de 2010 ocurrieron dos procesos conflictivos que marcan un quiebre en la dinámica de la lucha de clases bajo el régimen político masista. Afirmamos ésto porque ambas: a) tienen un peso político importante, como demuestra su extensión nacional y masividad; b) critican frontalmente al gobierno y sus máximos dirigentes; c) comienzan los cuestionamientos a la dirigencia burocrática del movimiento obrero.

Veamos primero la lucha que la base obrera llevó a cabo contra la nueva ley de pensiones “propuesta” por el gobierno. Respecto de esta lucha, es pertinente primero consignar que la misma se gestó y fue desarrollada exclusivamente por los trabajadores de base, los cuales agudizaron sus contradicciones con la dirigencia cupular de la COB (que apoyó la nueva ley). Es esto lo que remarca un dirigente del magisterio urbano de Potosí, quien también enfatiza cómo ni la COB ni el gobierno tomaron en cuenta las proposiciones de los trabajadores de base:   

“Es una cúpula dirigencial la que definió con el gobierno los términos de la ley en la que está ausente el aporte tripartito, además que no responde a las propuestas que surgieron de los trabajadores para esta nueva ley…un gran obstáculo en toda esta etapa de lucha han sido y son los dirigentes que se han comprometido con la política de gobierno y que abiertamente han utilizado los sindicatos como trampolín para ser ministros, viceministros y olvidarse de sus sectores de base… Lamentablemente me refiero a la Central obrera Boliviana, esta dirección que asumió el conflicto… encargada de llevar adelante las negociaciones…” (Dirigente del magisterio urbano de Potosí, El Potosí, 25/08/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)

En efecto, la base obrera exigía que el nuevo sistema de pensiones fuera de solidario, de reparto y universal. En esta línea se estipulaba la necesidad de un aporte tripartito (Estado, empresariado y trabajador), en el cual los recursos entregados por el Estado y los patrones fueran los de mayor peso, esto porque la pensión del obrero sólo constituiría un “salario diferido”.
A estas exigencias se sumaban las banderas enarboladas por ciertas fracciones del movimiento de los productores/explotados, las cuales apuntaban a una jubilación con el 100% del referente salarial (tal como siempre se han jubilado los miembros de las fuerzas armadas):

“Estamos indignados porque el gobierno hace oídos sordos a la demanda de los trabajadores de por lo menos jubilarse con el 100 por ciento del salario y se escandalizan cuando señalamos que ni los sueldos, ni las rentas deberían ser menores al costo de la canasta familiar; que es obligación del patrón y del Estado garantizar una vejez digna al `esclavo moderno´ de cuyo trabajo han obtenido su riqueza” (Dirigente del magisterio urbano de Oruro, La Patria, 03/12/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)[6]

Otras críticas de la base obrera que en este conflicto se vocearon, se refirieron a la demagogia masista de la “solidaridad”:

“Nos hablan de un régimen solidario cuando la plata va salir del pobre. Nosotros actualmente aportamos más del 12 por ciento, con el nombre solidario vamos a aportar adicionalmente otro porcentaje” (Dirigente fabril, ANF, 28/07/2010) (citado en Bruno Rojas, 2010)

Sin embargo, la lucha de los productores/explotados no fructifica y la nueva ley de pensiones elaborada por la dirigencia masista logra ser aprobada. En este proceso, como decíamos antes, el gobierno contó con la anuencia de la dirigencia cobista, la cual incluso participó en la Comisión de Trabajo mixta compuesta a los efectos de la propuesta gubernamental. Este hecho nuevamente nos permite caracterizar al régimen político masista como uno kerenskista, si tenemos en cuenta lo planteado por Nahuel Moreno en 1975:
“Más tarde, Trotsky utilizó este término para designar a todos los gobiernos de colaboración de clases en que participaban los partidos reformistas del movimiento obrero. De esta forma, la definición de kerenskismo abarcó no sólo a los gobiernos de izquierda de coalición entre la burguesía y el proletariado en las épocas revolucionarias, sino también a los que se dieron en situaciones prerrevolucionarias, como fue el caso del gobierno del Frente Popular francés en 1936 y los diversos proyectos similares realizados en otros países en la década de 1920” (Nahuel Moreno, 1975)
 Con respecto a la nueva ley aprobada, ésta reconoce el fracaso del sistema heredado de Sánchez de Losada: la mayor parte de los cotizantes en el nuevo sistema (vigente desde 1996), al llegar a los 60 años prefirió no jubilarse (porque los recursos proporcionados por el sistema no le permitían tener una vejez digna). En este reconocimiento, la nueva ley mantiene "principios neoliberales" e intenta una mera reforma que legitime y permita funcionar al sistema. Esto porque la citada ley mantiene el principio de la capitalización individual, paradigma de un derecho liberal-burgués[7].

El nuevo sistema de pensiones “aprobado” muestra la siguiente estructura. En primer lugar, consigna un “régimen contributivo”, el cual es similar al “Seguro social obligatorio” vigente desde 1996. Este sistema, que es de capitalización individual, desde 1996 ha provisto pensiones que simplemente no superan el 50% del referente salarial luego de 30 años de trabajo (360 aportes). Además, los mismos estudios del gobierno dan cuenta que con este sistema incluso los trabajadores con una alta densidad de cotizaciones, apenas alcanzarán a jubilarse con el 50% de su referente salarial, cuando la nueva ley del MAS establece que las jubilaciones bajo este régimen serán con un 60% del referente salarial. Por otra parte, como demuestran los estudios del CEDLA, la situación actual del mercado de trabajo boliviano no permite cotizar 30-35 años (por la falta de estabilidad y continuidad en el empleo), y ésta es la cantidad de años estipulados por la nueva ley como mínimo para acceder al régimen contributivo. En efecto, como señaló un dirigente fabril de Cochabamba:

“… no existe continuidad ni estabilidad laboral en los establecimientos industriales, los trabajadores tendrían que trabajar hasta los 68 y 70 años para acumular 35 años de servicio y jubilarse con una renta de 2.600 bolivianos” (Dirigente fabril de Cochabamba, Los Tiempos, 29/10/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)

En segundo lugar, el sistema de pensiones elaborado por la dirigencia del MAS consigna un régimen semi-contributivo. Éste, que es similar a la Pensión Mínima y a la Cuenta Básica Previsional del sistema de 1996, supone el pago de una fracción solidaria a aquellos con pensiones bajas, pero que hayan contribuido con 10  años de trabajo (120 aportes). En lo que respecta al financiamiento de este segundo tipo de régimen, los recursos para el mismo provendrán en su mayoría de los propios trabajadores (fondos de riesgo y nuevos aportes), con lo cual se libera de responsabilidad al capital y al Estado, y funciona en la práctica como un nuevo impuesto al trabajador. Al respecto, un trabajador fabril de 29 años señaló en esa oportunidad:

 “...con esta ley de pensiones no va a mejorar la situación de los trabajadores, porque los salarios que pagan en las empresas son bajos, sea en las pequeñas o grandes empresas, donde a los nuevos se les paga sólo el mínimo nacional y con los descuentos sacan menos… donde cualquier rato nos despiden y dejamos de aportar hasta ingresar de nuevo al trabajo...entonces, ¿cómo pueden mejorar nuestras rentas de jubilación solamente con nuestros aportes?” (Trabajador fabril, 29 años) (citado en Bruno Rojas, 2010)

Tercero, el nuevo sistema incorpora un “régimen no contributivo”, el cual no es más que una pensión básica universal (Renta Dignidad para todas las personas mayores de 60 años) que se financia con recursos derivados del IDH[8].

Como puede verse, un sistema que mantiene la continuidad respecto de lo existente bajo los gobiernos liberales-capitalistas anteriores y que favorece a los patrones en su conjunto (y debilita así a la clase obrera).

Por último, es menester apuntar que el nuevo sistema de pensiones será administrado por una "Gestora pública de Seguridad Social de Largo Plazo", cuyo directorio será designado exclusivamente por el presidente. Nuevamente un rasgo que debilita al Trabajo y que reafirma la autoridad de un régimen kerenskista, como señaló pertinentemente un trabajador de una empresa de servicios públicos:

“Parece favorable, pero no hay seguridad en el futuro y creo que deberían consultarnos sobre la administración de nuestros ahorros ya que el Estado no es un buen administrador; también puede ser que el Estado no tenga dinero en algún momento y pueda utilizar nuestra plata para pagar los bonos que paga hoy, entonces, no tenemos seguridad, el futuro es incierto. Qué pasa si un nuevo gobierno cambia las cosas y nos deja colgados. El gobierno habla bonito, pero los trabajadores no tenemos seguridad sobre nuestros aportes y la jubilación…” (Trabajador en empresa de servicios públicos) (citado en Bruno Rojas, 2010)

El segundo proceso de conflicto que destacaremos se le ha denominado “lucha contra el gasolinazo”. Éste agudiza aún más el conflicto entre la generalidad de la población boliviana y el gobierno masista. Según Martín Camacho, esta lucha supuso una de las mayores crisis políticas y sociales desde  2006, y demostró que la relación de fuerzas de 2003 seguía presente, aún si hasta ese momento la contención masista parecía haber sabido administrar las dimensiones más radicales del ascenso de los productores/explotados. En concreto, ¿qué sucedió?
 En diciembre de 2010 el gobierno decide unilateralmente aumentar el precio de la gasolina en un 73% y el del diesel en 83%. Los dirigentes del MAS justifican la medida notando que las empresas transnacionales no invierten porque el precio interno del barril es muy bajo (27 dólares). Ahora bien, hasta este momento este precio “bajo” había sido subsidiado por el gobierno masista (que meramente mantenía una práctica ya vigente bajo los gobiernos anteriores). Por esto, cuando el gobierno decreta que el barril suba de 27 a 59 dólares (para equiparar, se dice, el precio nacional con el precio internacional), en realidad traspasa este subsidio estatal a los bolsillos de la población en general, que ahora deberá financiarlo a través de su consumo. Así, el MAS “potenciaba” las relaciones de producción y explotación capitalistas (Therborn) y permitía que los nuevos 32 dólares añadidos al precio del barril funcionarán como un incentivo para la ganancia patronal (de hecho, se estimó que las utilidades netas por barril crecerían con esto en un 400%, de 6,14 dólares por barril a 29,76 dólares). Sin embargo, el gobierno olvidaba algo esencial:

“…a causa de la lejanía del estado respecto del proceso de explotación inmediato y a las tradiciones locales de “renta justa” y “salario equitativo”, suele ser más fácil incrementar la cantidad extraída para el erario “público”, que hacer crecer directamente los beneficios económicos de los miembros individuales de la clase dominante. En general, un aumento de los impuestos estatales suele tropezar con menor resistencia que una elevación de la renta o una baja de los salarios” (Therborn, 1979)

Debido a esta medida (un error político del kerenskismo masista), las críticas la movilización oponiéndose a la misma, no se dejaron esperar (de hecho, fueron inmediatas). Es que, como señala Martín Camacho:

“El motivo del aumento era claro: hacer rentable la extracción de petróleo para las empresas trasnacionales. Cabe la pregunta: ¿de qué sirvió la “nacionalización” del gas si las mismas petroleras extranjeras le exigen al Gobierno que aumente sus ganancias?” (Martín Camacho, 2011)

Por esto, aún si el gobierno acompañó la medida con medidas paliativas y de contención (aumento salarial de 20% a policías, magisterio y salud, planes de riego gubernamentales para los campesinos a ser financiados con los recursos ahorrados por la nueva medida, aumento de bonos sociales para los comerciantes, etc), la misma de ningún modo pasó desapercibida por los productores/explotados. Es que era evidente que el gobierno mostraba una “paradójica” obsecuencia ante las transnacionales, las cuales según la ley (ver el apartado IX) son meras contratadas por el Estado boliviano.

Ante esto, Camacho consigna que “las masas se radicalizaron” (ocurrió un “rebelión de masas”). Con la expresión “masas”, este autor no esconde el hecho de que fue la generalidad de la población (no sólo los productores/explotados), la cual se opuso a la medida. Sin embargo, si la oposición traspasó barreras de clase, en general sólo los productores/explotados utilizaron métodos de lucha más profundos y de mayor impacto. En línea con este tipo de métodos, los productores/explotados voceaban por las calles: “Si no retrocede con el Gasolinazo, a Morales, así como lo subimos, lo bajamos”. Y éste es un nuevo rasgo que nos muestra el carácter kerenskista del régimen masista, esto si tenemos en cuenta lo escrito por Nahuel Moreno en 1975:

“Es el retroceso del movimiento obrero y de masas el que eleva y sostiene al gobierno bonapartista en el poder. Con el kerenskismo ocurre exactamente lo contrario: cada avance del movimiento obrero y de masas lo eleva más y más…” (Nahuel Moreno, 1975)

En este contexto, la calle pedía a voces la renuncia no sólo de Morales, sino también la de García Linera. El 30 de diciembre el país entero estaba paralizado, mientras el pueblo de El Alto, marchando hacia La Paz, quema el peaje y ataca las oficinas de la FEJUVE y la alcaldía. Además, EMAPA (la empresa estatal distribuidora de alimento) aumenta los precios del azúcar, el arroz y la harina. Hay colas y escasez. Se corre el rumor de un corralito.   

Si ya el ataque a las oficinas de la FEJUVE mostraba el cuestionamiento a la dirigencia burocrática por parte de la base obrera, no está demás retener el hecho de que la misma COB fue un elemento esencial en el intento de gasolinazo masista. De hecho, el ejecutivo de la COB Pedro Montes, luego de que el gobierno se viera obligado a echar pie atrás en la medida (debido a la movilización), declaró:

“Vamos a tener una evaluación y un ampliado. Allí se va a discutir cómo y cuándo hacer esta nivelación de los precios de los carburantes. Seguro el gobierno verá qué ministros son los culpables y los sacará” (citado en Martín Camacho, 2011)

Esto nos muestra algo muy propio de todo kerenskismo: la cooptación. Este proceso de mediación propio de todo Estado capitalista, si bien es certeramente consignado por Therborn en 1979, no supone (como afirma nuestro autor sueco), “la incorporación al sistema de clases sociales enteras o de un gran sector de ellas”. Si bien es cierto que los cooptados no constituyen sólo un “puñado de dirigentes”, el concebir que la cooptación puede ser un proceso que involucre “a clases sociales enteras”, es errado. Lo es porque niega políticamente la existencia de la contradicción fundamental entre capital y Trabajo, en el entendido de que las únicas dos clases propias de toda formación social capitalista, son la clase explotadora (capitalistas) y la clase explotada (clase obrera)[9] Aún si está incorporación es “temporal”, la misma solo implicaría que las leyes de movimiento del modo de producción capitalista dejan de operar “temporalmente”. No, lo que más podría concebirse es la cooptación de fracciones obreras por parte del sistema político burgués y el Estado capitalista, nunca de toda la clase explotada[10]. Y, como veremos más adelante, la cooptación en el caso boliviano no demostró ser, si tomamos en cuenta los sucesos futuros, la de toda una fracción de la clase obrera. De hecho, los acontecimientos futuros mostrarán los efectos contradictorios del proceso de mediación burgués boliviano, efectos contradictorios enfatizados pertinentemente por Therborn en 1979:    

“La cooptación es un fenómeno contradictorio. El que las clases dominadas entren a formar una unidad con sus dominadores representa a la vez un medio de que éstos cuenten con la sumisión consciente y activa de aquéllos y una plataforma para las demandas y la oposición de los dominados” (Therborn, 1979)

(iii) 2012-2013: tendencias contradictorias

Si bien en diciembre de 2010 el gobierno debió “echar pie a atrás” respecto de la medida referida al alza del precio del gas, el mismo sólo reculó “parcialmente”. Esto porque Morales siguió manteniendo que la medida era necesaria; en realidad, sólo esperaba un mejor momento (en la lucha de clases) para su implementación futura. Este momento llegó en abril de 2012, momento en que el incentivo que supusieron las NOCRES fue impuesto sin mayor oposición (ver página 53).

Esta victoria del gobierno de 2012, contrasta con la creciente oposición que el mismo comienza a enfrentar desde el seno del movimiento obrero. Esta oposición tiene efectos en la burocracia cobista, la cual en 2013 propone crear un nuevo “Instrumento político de los trabajadores”, en el contexto de una Conferencia Nacional. La necesidad de este “nuevo instrumento”, ha surgido porque se considera al gobierno de Morales como “anti-obrero”, gobierno al cual se desde las filas obreras se denomina “la nueva derecha”. El objetivo a corto plazo de este instrumento, plantea la dirigencia obrera es disputarle la hegemonía eleccionaria al MAS en 2014, y así disputarle sus “votos obreros”. El instrumento se auto-concibe como un referente “a izquierda del MAS”. Sobre sus resultados futuros, los meses que vienen nos mostrarán su verdadero peso y sus efectos para la lucha de clases. Aquí sólo consignaremos, junto a Carlos Arze, que concebir la organización obrera en términos meramente electorales tiene sus peligros, y más todavía si en este terreno el MAS ha demostrado en innúmeras ocasiones su capacidad de maniobra.   

Ahora bien, es posible que la necesidad de este Instrumento sea un reflejo de la presión obrera sobre el máximo organismo sindical de los explotados, y que el mismo carácter “electoralista” de éste se deba a una dirigencia obligada (por la base) a levantar “discursos rojos”, pero que no ha dejado de negociar en buenos términos con el gobierno.

Esta tesis nuestra, que demuestra los efectos contradictorios del mecanismo de la “cooptación” que hemos consignado en la última cita, se ha visto parcialmente confirmada por lo ocurrido en el terreno del sistema de pensiones durante el año 2013. Este año se vuelve a modificar el mismo. En un proceso de lucha que dura 4 meses, los maestros y los mineros de Huanuni plantearon que el trabajador debía jubilarse con el 100% del referente salarial o el 70% (de las últimas 24 boletas de pago) sin límite de salario. El gobierno (que proponía una modificación distinta a ley de pensiones), opta por la represión: encierra a dirigentes movilizados, convoca a organizaciones campesinas para que combatan a los que se oponen y luchan, etc. En este contexto, la COB llama a una “huelga general”, pero sin embargo termina desvirtuando las demandas de las bases. Entra en un prolongado proceso de negociación con el gobierno, tiempo en el cual no deja de lanzar furibundos discursos anti-oficialistas.  Finalmente, la dirigencia cobista acepta en septiembre la propuesta ofrecida en mayo por el gobierno. Los trabajadores de base se sienten traicionados porque en la práctica cuatro meses de lucha no sirvieron de nada.

En términos de resultados, la nueva reforma a la ley de pensiones (065) supone lo siguiente. Primero, un incremento del 12% en el límite máximo de la Pensión Solidaria (Renta Dignidad) para todos los sectores menos los mineros, quienes suben un 6%. Sin embargo, debe notarse que este porcentaje es menos de la mitad del incremento salarial acumulado los últimos tres años por los trabajadores activos (de un 26%). Con respecto a los jubilados con el régimen semicontributivo, si en 2010 su renta llegaba al 70% y 100% del salario mínimo nacional (10 y 15 años de contribuciones), en 2013 constituirá sólo el 47% y 67% respectivamente. Para todos los trabajadores que ganen más de 4.571 bolivianos (5.714 para los mineros), solo regirá el régimen contributivo de capitalización individual. Empero, según cálculos del CEDLA, aún si estos trabajadores cotizan 35 años, los mismos se jubilarán sólo con el 22% de su referente salarial (si se estima que lo cotizado obtiene un 10% de rentabilidad anual y el alza salarial anual es también del 10%). Además esta reforma, que sólo permite jubilarse con entre 56% y un 70% del referente salarial, mantiene el 100% de referente salarial para policías y militares.

Al respecto, caben algunas consideraciones más. Como señala Carlos Arze, el apoyo final de la COB a la propuesta de mayo del gobierno, demuestra que este organismo en realidad nunca estuvo de acuerdo con la demanda por un salario mínimo de 8 mil bolivianos y que, si la misma se consignaba en todo pliego petitorio, esto solo era demagogia para contentar a las bases. Asimismo, y fundamental, la reforma presiona los salarios a la baja, porque desincentiva toda lucha por un salario mayor a 4.500 bolivianos (ya que con un salario mayor a esta cifra no se podrá acceder a la renta solidaria). En tercer lugar, la rentabilidad de los fondos de pensiones comienza a mostrar peligrosas cifras a la baja (3,94% en Agosto de 2013, comparada con el 8,07% en Diciembre de 2010 y el 8,6% en diciembre de 2005). Según los dirigentes del MAS en el gobierno, esta baja se debe a que, si los gobiernos anteriores subvencionaban los fondos de pensiones, ahora el gobierno actual ha dejado de hacerlo. Hecho que muestra el carácter kerenskista y pro patronal del régimen político, toda vez que opta por debilitar a la clase obrera explotada. Esto, en un contexto en el cual el Estado boliviano administrado por el MAS emite bonos soberanos comprados por capitales extranjeros, por los cuales el primero pagará un 6% de interés durante 2013. Por último, es pertinente destacar el hecho de que la “Gestora pública” de los fondos de pensiones (en la cual ahora la dirigencia de la COB tiene un puesto –uno de los “resultados” de la movilización de 2013-) aún no está en operación, y las AFP privadas siguen siendo las que gestionan estos recursos y continúan así obteniendo jugosas ganancias.

Finalmente, si se pide un balance del ciclo de lucha de clases bajo la batuta masista, balance que sirva a la lucha de los explotados sin caer en voluntarismos, nosotros creemos pertinente dejar la palabra al compañero del CEDLA Carlos Arze:

“Desde la visión más profunda de construcción de la democracia, es poco probable que el mero crecimiento económico permita contener, por sí mismo, las exigencias y previsiones populares por una mejora en sus condiciones de vida. Tal vez se pueda decir que la revolución ha sido nuevamente postergada, pero la redistribución en cuanto a aspiración va a persistir y podría reaparecer en condiciones explosivas y desestabilizantes” (Carlos Arze, 2013)



[1] Esta es no es un “interpretación” del tipo de la hermenéutica conservadora desarrollada por Gadamer, sino una fundada en la dimensión material productiva de la realidad, la cual siempre es determinante. Así, cualquier “interpretación” del carácter de los conflictos bajo el régimen masista no es por sí misma “válida”. Antes bien, sólo algunas interpretaciones, fundadas en los principios del materialismo histórico y dialéctico, pueden condecirse efectivamente con la naturaleza de la realidad durante este lapso temporal y en este espacio geográfico específico. Utilizamos el plural (“algunas”), porque como esta cuestión se vincula con la dimensión táctica, el debate inherente a los principios del “centralismo democrático” es una necesidad.
[2] Bloque en el que Webber incluye a organizaciones como la COB,  la CSUTCB,  la FSTMB, el M-17 (grupo anticapitalista de Roberto de la cruz), FEJUVE  El Alto, la COR El Alto y la Confederación de maestros rurales y urbanos)
[3] Desde los productores explotados en varias ocasiones se habló de una asamblea constituyente “revolucionaria”, “popular” y adjetivos por el estilo.
[4] La democratización socialista genuina es, por ejemplo, aquella por la que abogaron los mineros de Colquiri en 1963. Es una democratización del proceso productivo que presupone una “expropiación previa de los expropiadores”. Plantear una democratización socialista bajo propiedad y posesión privada de los medios de producción supone vaciar a estos términos de contenido.
[5] En el caso de la UP chilena (kerenskismo fuerte), Allende calificó a la Asamblea del Pueblo de 1972 como un acto del imperialismo de yanqui y de la ultraderecha conspiracionista.
[6] Aquí citamos como parte integrante de la clase obrera a los profesores secundarios. Sin embargo, la teoría marxista siempre ha debatido el carácter específico de esta posición de clase. Por nuestra parte, aún no tenemos un juicio cristalizado al respecto. Quien quiera adentrarse en el debate, además de leer los trabajos del primer Kevin Harris, puede consultar los siguientes artículos: a) Bob Carter, The Restructuring of Teaching and the Restructuring of Class. British Journal of Sociology of Education, Vol. 18, No. 2 (1997; b) Gero Lenhardt. School and Wage Labor. Economic and Industrial Democracy 1981 2: 191; c) Alan Reid, Understanding Teachers' Work: Is There Still a Place for Labour Process Theory? British Journal of Sociology of Education, Vol. 24, No. 5 (Nov., 2003)
[7] Es pertinente tener en cuenta, además, que sólo en 2006 comenzaron a aparecer los primeros jubilados con el nuevo sistema de pensiones creado por Sánchez de Losada. Hasta ese año, todos los jubilados existentes seguían dependiendo del sistema de pensiones anterior (de reparto). Por esto, la nueva ley que emite el MAS es esencial, ya que viene a legitimar un principio liberal-burgués que recién comenzaba a funcionar en la práctica para generalizarlo en el futuro.
[8] El gobierno liberal-capitalista de Bachelet en Chile (2006-2009) impuso una medida muy similar durante su gobierno, la cual suponía 70 mil pesos chilenos para la vejez más depauperada entregados desde el Estado.
[9] Existen otros “grupos” bajo toda formación capitalista. Al respecto ver, por ejemplo, nuestros desarrollos sobre los conceptos “pequeña burguesía” y “formas mercantiles simples” en el apartado X de este trabajo sobre la clase obrera. 
[10] Un ejemplo de esto podría ser la discutida tesis de Lenin sobre la base social del reformismo de principios del siglo XX: la aristocracia obrera de los centros capitalista. Esta es una tesis discutida.  Para críticas sobre la misma, ver los textos que critican la concepción de imperialismo de Lenin que consignamos más arriba (en especial los textos de Grant Evans y Antonio Carlo)