XI. Lucha de clases bajo el MAS
Caracterizar y explicar la dinámica de la lucha de
clases ocurrida a lo largo de los 8 años que el régimen político implementado
por el MAS ha estado vigente, no es una tarea fácil. Debido a que esta
dimensión de la realidad se relaciona estrechamente con el segundo nivel del
conflicto clasista que en este trabajo hemos distinguido, aquél en el cual la
lucha posee un grado mayor de autonomía y por tanto la indeterminación de los eventos
futuros es mayor, toda caracterización/explicación de la misma es en algún
grado hipotético-interpretativa. Esto es, al vincularse inherentemente con la
dimensión táctica de la lucha política, supone en algún grado siempre una
apuesta. Ésta se refiere a los tiempos, extensión y características del ciclo
de lucha de clases distinguido. En lo que hace al caso boliviano que aquí
tratamos, proponemos la siguiente “interpretación”[1].
En el cuarto apartado de este trabajo, se recordará
distinguimos un ciclo de alza de la lucha de clases (desde una perspectiva
pro-explotados) que despuntaba ya en 1998, y se afirmaba como realidad con la Primera
Guerra del Agua de Cochabamba en el año 2000. Asimismo, señalamos que este
ciclo iba en ascenso y tenía su clímax entre 2003-2005, lapso durante el cual
los productores/explotados logran hacer caer a dos presidentes. Desde 2006, el
ciclo de lucha de clases comenzado en el año 2000 intenta ser contenido “desde
arriba” por el MAS, partido que cristaliza un régimen político que funge en
tanto contratendencia respecto de este alza en la lucha de clases. Consignamos
que el mismo supone una “contratendencia”, porque éste es precisamente uno de
los rasgos fundamentales que distingue a cualquier tipo de kerenskismo. En este
sentido, el ciclo de lucha de clases que se afirma el año 2000 (la tendencia
dominante), es un ciclo que continúa abierto aún a fines de 2013. Ahora bien,
como el mismo no es un ciclo que presente características agudización extrema
(o profunda) –en el sentido de que bajo éste no ocurren situaciones propiamente
“insurreccionales”, sino solo momentos “pre-insurreccionales”-, lo que continúa
abierto no es la perspectiva inmediata de la insurrección, sino más bien la
posibilidad de continuar un ascenso en la lucha de clases desde la perspectiva
de los explotados, ascenso que implicaría el desarrollo y la profundización del
conflicto con la perspectiva de preparar las herramientas necesarias capaces de
convertir una situación pre-insurreccional futura, en una situación
insurreccional. Si estas son las características de la tendencia dominante, la
contratendencia tendrá rasgos que se “corresponden” con la primera. Esto
porque, desde una perspectiva marxista, “tendencia dominante” y
“contratendencia” constituyen un mismo proceso abarcante cuyas causas profundas
son semejantes. Así, debido a que el ciclo de lucha de clases abierto en 2000
no ha mostrado rasgos de agudización extrema (o profundidad), la contención que
supone el régimen político kerenskista impuesto por el MAS, es una contención
“débil”: de ahí que repetidamente consignáramos en este trabajo al régimen
masista como un “kerenskismo débil”.
La “contención” articulada por el MAS “desde
arriba”, es una que se ha mostrado frágil y por tanto evidencia claros rasgos
de discontinuidad. En efecto, aquí proponemos es pertinente distinguir cuatro
momentos en esta “fase de contención” de ciclo de lucha de clases comenzado el
año 2000. El primer momento no supone sino un “aquietamiento de las aguas”,
remanso -en el río de la lucha de clases- que supone la implantación y
consolidación del régimen masista. Lapso derivado del pacto entre el MAS y el
bloque indígena-izquierdista distinguido por Jefferey Webber[2],
el mismo se agota ya el año 2008, cuando el segundo momento de esta fase de
contención se hace presente.
(i) Confrontación con la derecha (oposición) y
la oligarquía del Oriente
Este segundo momento de la lucha de clases bajo el
MAS se caracteriza por el conflicto que el régimen del partido cocalero
protagoniza en 2008 con la oligarquía del Oriente (la Medialuna –Beni, Pando,
Tarija, Santa Cruz-). Asimismo, éste está cruzado por el “problema
constitucional”.
“Canalizando” y “desplazando” desde el Estado (que
por esto y otras cosas muestra su naturaleza “capitalista”) una sentida demanda
de los productores/explotados, la cristalización de una asamblea constituyente[3],
el MAS intenta generar un proceso constituyente “pactado”, proceso cuyos pactos
fundamentales se orientaron hacia la derecha política y fracciones capitalistas
de todo tipo. Desde el gobierno, y en un primer momento, el MAS hablaba de la
necesidad de generar un “gran acuerdo nacional”, capaz de viabilizar el
necesario “pacto social” que requería la vigencia de la Nueva Constitución
Política del Estado. En línea con esta política, el gobierno de Morales Ayma
hizo varias “concesiones” a la oposición política (en el parlamento) y a la
oposición regional (en la Medialuna): éstas apuntaron a temas como la ley de
convocatoria a la constituyente, el referéndum autonómico, nuevos contratos
petroleros, la reforma de la ley INRA, la ley de ampliación del plazo para la constituyente, etc. Sin embargo, esta
“lógica pactista” fue rechazada por ambas oposiciones. Por un lado, la
oposición “política” en el parlamento exigía que las “reformas” masistas fueran
aprobadas con 2/3 de los votos; por el otro, la fracción capitalista del
oriente comienza a reproducir acciones como las de 2005 e intenta desestabilizar
al gobierno. Ante esta respuesta, el MAS adopta una política más decidida
durante el curso del 2008, la cual implica cuestiones como la modificación del
presupuesto de las prefecturas (de un 33% a un 15% de los recursos del IDH) y
la negativa a trasladar los poderes legislativo y ejecutivo a los departamentos
regionales. Adviene así un momento álgido en el proceso de lucha de clases.
Las acciones de la fracción capitalista de la
medialuna tienen un carácter “movimientista”, lo cual se debe a la
cuasi-liquidación del sistema partidario derivada de la semi-insurrección de
Octubre de 2003. En efecto, como señalamos en el apartado IV, entre 2003 y 2005
Bolivia vive lo que el Poulantzas de “Fascismo y Dictadura” denominó “crisis
política”. Por esto, la oposición de esta fracción capitalista se ve imposibilitada
de adoptar el canal político-formal de expresión, razón por la cual se utilizan
los “Comités cívicos”, las huelgas de hambre, los cabildos abiertos y
movilizaciones de todo tipo, para expresar el “descontento” de la patronal del
Oriente. Esto también nos hace percibir la presencia de un régimen político
kerenskista, régimen cuya naturaleza misma está dada por una participación no
pasiva de los productores/explotados en la escena política. Por lo mismo, la
fracción capitalista del oriente se aprovecha de este marco general de acción,
e impulsa una política que sí tiene una “base de masas” a través de los
mecanismos “movimientistas”.
“Oriente” se
opone a la Constituyente, demanda la autonomía plena y cuestiona el reparto de
la renta de los hidrocarburos (gran parte del recurso gasífero de hecho está
localizado en la Medialuna). Con el pasar de los días, el conflicto se agudiza
y llega a tal punto que: a) ocurre una matanza de campesinos en Cobija, la cual
fue ordenada por el Prefecto (mientras los alcaldes masistas corren a
esconderse); b) los prefectos opositores acuden a Estados Unidos, la ONU y la
OEA para pedir una mayor injerencia de estas entidades y este país (y de los
gobiernos “amigos” de la región) en Bolivia.
El MAS, por su parte, adopta dos tipos de acciones
(no excluyentes ni no relacionadas). Por una parte, lleva el conflicto a las
urnas. En efecto, en Agosto de 2008 Morales llama a un referéndum revocatorio,
el cual solicitaba el veredicto popular sobre la gestión del presidente, el
vicepresidente y los prefectos. Este mecanismo había sido primero propuesto por
el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, pero en esta primera ocasión el
MAS rechazó la propuesta. En un segundo momento, es el MAS el que propone el
Referéndum (a la luz de las vicisitudes de la lucha de clases contingente), el
cual sin embargo es rechazado por los prefectos de la Medialuna, La Paz y
Cochabamba. No obstante la acción de rechazo, este segundo llamado a Referéndum
logra ser finalmente aprobado gracias al apoyo del PODEMOS (poder democrático y
social), grupo de derechas dirigido por Jorge “Tuto” Quiroga. Los resultados
del mismo suponen una gran victoria para el oficialismo, ya que Morales obtiene
el 67% de las preferencias (unos 700 mil votos más que los que obtuvo para salir
electo presidente). El significado del Referéndum es doble. Primero, evidencia
el carácter capitalista del Estado boliviano, dado que actualiza uno de los
tres métodos de dominación burguesa distinguidos por Goran Therborn, el
mecanismo plebiscitario. Éste, que según Therborn siempre ha cumplido un rol
complementario y nunca ha sustituido el mecanismo principal de dominación
burguesa (el mecanismo parlamentario), “es necesario para controlar la parcial
incorporación de las masas en la esfera política”. Segundo, muestra el tipo de
régimen político vigente bajo el MAS, el cual evidencia su naturaleza
kerenskista en el hecho de que los productores/explotados sí participan de
manera no pasiva en la escena política nacional. De hecho, Morales pide la
aclamación popular y la obtiene: el “Referéndum revocatorio” deviene “mecanismo
ratificatorio”.
En segundo
lugar, ante la escalada de violencia que preveía la matanza de campesinos en
Cobija, el gobierno masista llama a volver al diálogo y la concertación. Este
llamado busca bloquear la autodefensa de los productores/explotados, quienes ya
comenzaban a armarse para vengar la citada matanza. Así, Morales Ayma pide y
exige que la gente confíe en la Fuerzas Armadas y la policía, quienes se dice “restablecerán
la paz y el orden”. De hecho, el vicepresidente denomina a esta intervención de
las FFAA como una “victoria militar”, la cual viene a sumarse a la “victoria
electoral” de agosto:
“En septiembre de 2008 se da la victoria militar del pueblo sobre las fuerzas conservadoras de
derecha y golpistas. A la victoria electoral se suma la victoria de la
movilización social militar, que será completada con una victoria de carácter
político” (García
Linera, 2008) (citado en Martín Camacho, 2011)
Además, entre ambos bandos enfrentados se balancean
las direcciones del movimiento obrero, las cuales finalmente apoyan al gobierno
y la nueva constitución (de hecho, la COB es denominada por la prensa como la
“quinta rueda del carro oficialista”).
La COR, FEJUVE de El Alto y la COB (entre otras), actualizan esta
política conteniendo el movimiento de los productores/explotados y canalizando
las energías de éste hacia las estériles arenas parlamentarias y electorales.
Esta “participación” de las direcciones del movimiento obrero de hecho es
característica de los regímenes kerenskistas. Ahora bien, el hecho de que la
misma en este caso sea “indirecta” o “mediatizada”, en efecto nos da pie para
establecer la presencia de un tipo de régimen kerenskista “débil”.
Así, la NCPE es aprobada en diciembre de 2008, aún
si el boicot de varias organizaciones políticas a la asamblea (como el PODEMOS,
el MNR, etc) supuso que acudieran a votar sólo 160 de 255 representantes. El
conflicto de 2008 se resuelve, entonces, a favor del MAS y su gobierno,
mientras la oposición de la Medialuna pierde parte importante de su base social
debido (entre otras cosas) a acciones demasiado extremas, tal como la matanza
de “campesinos” que consignamos más arriba.
Retomando la
práctica de canalizar el conflicto clasista a la arena electoral (práctica que
le rindió tan buenos frutos en 2008), el MAS establecerá un Referéndum para
aprobar la Nueva Constitución en 2009, proceso del cual nuevamente saldrá
airoso. Así, nuevamente vemos cómo el mecanismo plebiscitario de dominación
burguesa se repite, cómo el régimen kerenskista vigente requiere una
participación no pasiva de los productores/explotados en la esfera política
nacional.
Excurso
sobre la Nueva constitución
Según Morales y sus correligionarios, la NCPE supuso
la refundación de Bolivia y el cumplimento de la Agenda de Octubre. Este tipo
de declaraciones pomposas y de discursos grandilocuentes, tan propios de los
regímenes kerenskistas, demuestran sin embargo su carácter retórico y meramente
demagógico si el analista meramente lee el nuevo texto constitucional. Como
señalan Martín Camacho y Eduardo Molina, la NCPE en ningún caso podría
significar la refundación del país y el cumplimiento de la Agenda de Octubre,
toda vez que la misma:
(1) Se funda en el reconocimiento de la propiedad
privada de los medios de producción
(2) Mantiene el libre mercado neoliberal, no se
toca "una coma" de la ley
21060 (Paz Estenssoro, 1986)
(3) Solo establece una moderada redistribución de
la renta del gas
(4) No expulsa a las transnacionales (e.g. El
mineral El Mutún va a parar a manos de la Jindal India)
(5) Mantiene el poder de los bancos, los cuales aún
hoy obtienen jugosas ganancias y nunca se han quejado bajo el régimen masista
(6) Fortalece el Ejecutivo, pero no elimina el reaccionario
Senado
Ahora bien, un rasgo que gusta de ser destacado por
los defensores “progresistas” del régimen masista, es el hecho de que la NCPE
sí enfatiza en una mayor participación y representación comunal o municipal.
Este rasgo sería esencial para definir el carácter de lo existente en Bolivia
desde 2006, porque establecería la segunda dimensión que en el apartado IX de
este trabajo, hemos consignado constituiría un ingrediente fundamental del
“socialismo del siglo xxi”. Respecto a este punto, quisiéramos primero relevar
el hecho de que las “reformas democratizadoras” no son una creación ex nihilo
del “movimiento al socialismo”, sino que meramente reproducen procesos
ocurridos durante la última década del siglo XX, la cual se caracterizó por
presentar gobiernos liberales, burgueses y pro-capitalistas. Este proceso de
“ampliación democrática” estructurado en torno a la Ley de participación
popular de 1996, vino a ser reafirmado bajo el gobierno “neoliberal” de Carlos
Mesa, mandato bajo el cual se establecen ya los siguientes mecanismos: a)
Referéndum (como se recordará, el primer referéndum se dio ya en 2004 sobre la
cuestión de los hidrocarburos); b) Iniciativa legislativa ciudadana; c)
Asamblea constituyente. Lo que hace el MAS es mantener el marco de Ley de
participación popular de 1996 y los tres mecanismos “democráticos” que aquí
consignamos, a los cuales añade algunos por su cuenta. La pregunta que emerge
entonces es evidente: al implementar “mecanismos democratizadores”, ¿fueron los
gobiernos de Sánchez de Losada y Carlos Mesa, gobiernos de tipo socialista? ¿Es
que el socialismo del siglo xxi “entraba por la cocina” bajo la mano de
renombrados personeros liberales y burgueses? ¿Se incubaba el socialismo del
siglo xxi, en tanto “elemento aislado”, aún bajo la Bolivia patronal y
libremercadista? La respuesta es obvia: no. Como señalamos en otra parte, las
“reformas democratizadoras” de Goñi y Mesa no fueron sino una legitimación de
la desigualdad clasista por vía de una concepción burguesa de la democracia,
concepción que entiende a la misma como un fenómeno meramente
político-superestructural y materializable mediante “participación
marginal-decorativa” e “inclusión acrítica sin poder de decisión real”.
A la
estructura heredada, el MAS adiciona: a) la revocatoria de mandato (ocupada en
Agosto de 2008); b) la consulta previa respecto de la explotación de ciertos
recursos naturales (que no es vinculante); c) las asambleas y cabildos, los
cuales son deliberativos pero no vinculantes (e.g. en 2006 la patronal del
Oriente organiza el “cabildo del millón” en Santa Cruz, el oficialismo organiza
el cabildo de los dos millones en 2007 en La Paz); d) la participación y
control social.
Ahora bien, la misma génesis de la Constitución
masista nos habla de que la “participación” declarada sería meramente formal y
no sustantiva. Esto porque el texto constitucional no fue discutido con las
organizaciones de base de los productores/explotados, no se generó
soberanamente (como señalamos previamente el mismo MAS renuncia en 2005 a sus
consignas “asamblea constituyente popular”); antes bien, los explotados fueron
convocados a movilizarse para defender una constitución que no elaboraron. La
misma inclusión indígena es una meramente formal, ya que no muestra dimensión
económico-social alguna que no sea mercantil o burguesa.
Como hemos repetido hasta el cansancio, los regímenes
kerenskistas necesitan una “legitimación de masas” recurrente, pero esta
participación no pasiva de los productores/explotados, siempre es subordinada a
una política que mantiene y fortalece las relaciones de producción y explotación
capitalistas. Que esta no es una “democratización socialista”[4],
lo demuestra el mismo hecho de que el Departamento de Estado norteamericano
apoyó la nueva constitución en diciembre de 2007, señalando: “es una
Constitución que avanza en la construcción de la democracia”.
(II) Desborde por izquierda (contradicciones
"internas" del MAS)
Luego de la victoria oficialista sobre la fracción
capitalista del Oriente en 2008, la oposición (política y económica) pierde
fuerza y base social. A esto no ayuda el intento de magnicidio contra Morales
Ayma de 2009, el cual deslegitima aún más a una oposición demasiado
“extremista”. Sin discurso y con muchos dirigentes presos, la derecha política
pierde peso y los opositores de la medialuna comienzan un proceso de reversión.
En efecto, se inicia un proceso de incorporación patronal al régimen político,
ya que distintas fracciones capitalistas observan que, en la práctica, el
“socialismo” del MAS no pareciera tan nocivo para sus negocios. También
organizaciones políticas se incorporan al gobierno: la Unión Juvenil cruceña,
que en 2008 golpeaba campesinos e indígenas, lo hace a cambio de que no se le
enjuicie por los crímenes cometidos. Es en este contexto de desbande de la
oposición, que los dirigentes del MAS toman inteligentemente la iniciativa
política: 2009 será conocido como un año en el cual Morales Ayma organiza un
“festival de elecciones”, las cuales legitiman al régimen político vigente.
Este proceso de “legitimación plebiscitaria” culmina en diciembre de 2009,
cuando Morales es reelecto con un 64% de los votos.
Sin embargo, la contención, pese a toda la
parafernalia electoralista, no logró cristalizar plenamente y así cerrar el
ciclo de lucha de clases abierto en 2000. Esto porque 2010 será un año cruzado
por la lucha de la clase obrera contra un gobierno (y su régimen político) cuyo
“socialismo” pareciera no beneficiarla. El crecimiento económico de este año no
llegaba a los productores/explotados. El gobierno repetía las nocivas prácticas
de los partidos tradicionales, por ejemplo nombrando candidatos “a dedo”. A
esto se sumaban los casos de corrupción y la hipocresía de los dirigentes del Estado,
uno de los cuales, respondiendo a las críticas obreras respecto del plan de
magras alzas salariales, dijo sin ambages que la propuesta del gobierno era
innegociable y que si no gustaba a los trabajadores estos tenían que
“acostumbrarse a vivir con pan y café”.
Durante 2010 hubo infinidad de conflictos que
expresaron el conflicto “régimen político masista v/s clase obrera”. Aquí
mencionaremos brevemente 5 conflictos de menor peso y 2 procesos de lucha más
agudos y masivos.
En primer lugar, a principios de 2010 el ejecutivo
presenta un “Anteproyecto de Código del trabajo”, un texto que cuya intención
era sustituir la LGT por normas que se correspondieran con lo explicitado en la
NCPE. El espíritu pro-empresarial de la propuesta, sus trasgos conciliadores
(típicos del kerenskismo), son evidentes en las declaraciones con la cuales la
ministra del trabajo de la época (Carmen Trujillo), presentó el documento:
“los trabajadores y
empresarios unidos puedan concretar la modificación de una nueva ley del trabajo
después de 50 años” (La Estrella del
Oriente, 22/03/10) “...ambos actores
no somos enemigos, […] tal vez antes teníamos rivalidad, ahora queremos
cambiar esta figura y avanzar (juntos) en una ley” (El
Mundo, 22/03/10) (citado en Bruno Rojas,
2010)
Además, el gobierno implementó una campaña de
socialización del documento “desde arriba”, sin consultar a las organizaciones
obreras –e.g. COB- ni considerar las voces de rechazo. Afortunadamente, la
oposición y la lucha unificada de la clase obrera boliviana (COB,
trabajadores fabriles, maestros, trabajadores rurales, salud, mineros, etc),
impiden el tratamiento de la propuesta. En esta primera pulseada entre gobierno
y clase obrera, los explotados demuestran su capacidad de respuesta y
resistencia.
Durante abril y mayo de 2010 ocurre una movilización
en Caranavi. Otrora segundo bastión electoral del MAS, este departamento se
enfrenta al gobierno demandando: a) instalación de una planta de cítricos; b)
asfalto en los caminos; c) provisión de agua las 24 horas del día; d) que al
instituto terciario ya existente se le otorgue rango de universidad. Ante el
cierre de los canales institucionales consignados para vehiculizar las demandas
de la población, los productores/explotados utilizan sus propios métodos de
lucha para hacerse escuchar: cortes de caminos, barricadas, marchas, etc. Ante
esto, el gobierno responde con represión, la cual configura una situación que
los dirigentes de la zona describen como dictatorial (los celulares se “intervienen”
y los mismos dirigentes deben pasar a la clandestinidad). Al calor de la
represión gubernamental, 2 personas son muertas y varias más quedan heridas. Todo
esto significa que, de acuerdo a las taxonomías elaboradas por Goran Therborn
en 1979, aquí el gobierno masista actualiza un “mecanismo de reproducción”
característico de todo Estado capitalista. En efecto, la violencia estatal
organizada es un mecanismo de reproducción utilizado por el MAS en el gobierno,
mecanismos de reproducción que no implica otra cosa que una “sanción que se pone en práctica cuando parece
que el proceso en cuestión se desvía del curso previsto”
(Therborn, 1979). Más todavía, cuando Morales acusa a los movilizados de
Caranavi de constituir “agentes de la derecha” o “agentes del imperialismo”, no
hace más que materializar otro de los mecanismos de reproducción consignados
por Therborn, aquél que se constituye en torno a la “excomunión ideológica”:
“Esta palabra denota que está vedado todo modo normal,
sensato e inteligible de comunicación, que al condenado se le relega a la
locura o a la depravación satánica” (Therborn, 1979)
Este será un mecanismo al cual recurrirán con
frecuencia Morales y García Linera, y es característico de todo gobierno que
instituye un régimen de “colaboración de clases”[5].
Asimismo, la excomunión ideológica es también en ocasiones una forma de
desplazamiento de las demandas de los productores/explotados, forma que
Therborn denomina “extroversión”. En este caso, un conflicto interno se
desplaza hacia un enemigo externo (bastante ficticio –recordemos aquí dos cosas:
a) el régimen masista solo instituye un antiimperialismo parcial; b) Estados
Unidos apoya en 2007 la constitución elaborada por el MAS-). No obstante esto,
la movilización de Caranavi no sale del todo mal parada y logra algunas de sus
demandas.
Los mismos mecanismos de “excomunión ideológica” y
“extroversión”, serán utilizados por el gobierno a la hora de enfrentarse a la
marcha hacia La PAZ convocada por la CIDOB (Confederación indígena del oriente
boliviano) en 2010, marcha que cuyo objetivo era demandar mayor autonomía y
autogestión (e.g. que la decisión sobre los proyectos de explotación y
exploración quedara en manos de las comunidades). Morales acusa a los
movilizados de estar “financiados por la oligarquía”, mientras otros personeros
de gobierno sostienen que estos “campesinos” actúan bajo las órdenes de la
USAID.
Un cuarto conflicto ocurrido en 2010 que creemos
pertinente mencionar, es lo ocurrido en Potosí. Un conflicto que dura más de 20
días, en una zona donde el MAS había obtenido más del 80% en las recientes
elecciones municipales, destaca por el carácter de las exigencias enarboladas.
En un contexto donde se demandaba la construcción de una planta de cemento, la
puesta en marcha del complejo minero Karachipampa, la edificación de un aeropuerto
internacional y la pertenencia de una mina de piedra caliza, algunas fracciones
radicalizadas demandan la estatización de la Minera San Cristóbal (que ya
mencionamos en el apartado sobre Estado y nacionalizaciones). Frente a un
conflicto de este tipo, el gobierno muestra cierto temor y demanda un lugar
neutral donde negociar. El resultado del conflicto supone algunas conquistas
parciales para los productores/explotados, pero nunca la exigencia referida a
la Minera San Cristóbal.
El quinto y último conflicto de menor peso que
consideraremos será la negociación por el reajuste salarial del año 2010.
Consignamos a ésta al último porque la misma ya muestra un crecimiento en peso
político de la movilización, y así nos permite
una transición hacia los dos conflictos centrales del año 2010 (año de
lucha obrera). Trabajadores fabriles, mineros, de la construcción, municipales
y otros demandaron este año un 12% de reajuste salarial nominal. El gobierno,
sin embargo, desestimó la propuesta obrera consignando que la misma minaría la
estabilidad macro-económica (típico argumento liberal capitalista). Es en este
momento cuando el viceministro de economía declaró que “los trabajadores debían
acostumbrarse a vivir con pan y café”. Enfrentada a esta intransigencia (de color
patronal), la base obrera presiona a la dirigencia burocrática de la COB, la
cual se ve obligada a llamar a una huelga general, la primera luego de 5 años
de régimen masista. La misma dura 18 días pero, en parte debido a la pasividad
y poca disposición de lucha de la dirigencia cobista (la cual no unifica ni
impulsa la “movilización base” de los fabriles de La Paz y la de los
trabajadores del magisterio), esta lucha sindical, que sí adquiere una
coloración política clara (sentido mismo del método de lucha de “huelga general”),
no llega a puerto: termina aprobándose un reajuste de 5%, apenas por sobre la
inflación. Respecto de la actitud del gobierno del “horizonte anticapitalista”,
un dirigente de la COB de Potosí fue claro:
“Lamentamos la actitud del gobierno de Evo Morales que una vez más
muestra su verdadero rostro de anti-obrero cuando anuncia descuentos por
huelgas generales… el gobierno endurece su posición y asegura que será inflexible con los maestros y se prevé
que también aplicará la misma receta con otros sectores laborales, cuando
recurran a la huelga general como un derecho fundamental a la protesta
laboral,… el derecho a la huelga está consagrado en la nueva Constitución
Política del Estado,… no reconocerlo como tal, no obstante de haber cumplido
con todas las instancias legales, hace que el gobierno se constituya en el
violador de su propia constitución…” (Dirigente COB Potosí, El Potosí, 27/05/10)
Dos luchas
de peso político que marcan un quiebre
Durante el segundo semestre de 2010 ocurrieron dos
procesos conflictivos que marcan un quiebre en la dinámica de la lucha de
clases bajo el régimen político masista. Afirmamos ésto porque ambas: a) tienen
un peso político importante, como demuestra su extensión nacional y masividad;
b) critican frontalmente al gobierno y sus máximos dirigentes; c) comienzan los
cuestionamientos a la dirigencia burocrática del movimiento obrero.
Veamos primero la lucha que la base obrera llevó a
cabo contra la nueva ley de pensiones “propuesta” por el gobierno. Respecto de
esta lucha, es pertinente primero consignar que la misma se gestó y fue
desarrollada exclusivamente por los trabajadores de base, los cuales agudizaron
sus contradicciones con la dirigencia cupular de la COB (que apoyó la nueva
ley). Es esto lo que remarca un dirigente del magisterio urbano de Potosí,
quien también enfatiza cómo ni la COB ni el gobierno tomaron en cuenta las
proposiciones de los trabajadores de base:
“Es una cúpula dirigencial la que definió con el gobierno los términos de
la ley en la que está ausente el aporte tripartito, además que no responde a
las propuestas que surgieron de los trabajadores para esta nueva ley…un gran obstáculo en
toda esta etapa de lucha han sido y son los dirigentes que se han comprometido
con la política de gobierno y que abiertamente han utilizado los sindicatos
como trampolín para ser ministros, viceministros y olvidarse de sus sectores de
base… Lamentablemente me refiero a la Central obrera Boliviana, esta dirección
que asumió el conflicto… encargada de llevar adelante las negociaciones…” (Dirigente del magisterio urbano de Potosí, El Potosí, 25/08/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)
En
efecto, la base obrera exigía que el nuevo sistema de pensiones fuera de
solidario, de reparto y universal. En esta línea se estipulaba la necesidad de
un aporte tripartito (Estado, empresariado y trabajador), en el cual los
recursos entregados por el Estado y los patrones fueran los de mayor peso, esto
porque la pensión del obrero sólo constituiría un “salario diferido”.
A
estas exigencias se sumaban las banderas enarboladas por ciertas fracciones del
movimiento de los productores/explotados, las cuales apuntaban a una jubilación
con el 100% del referente salarial (tal como siempre se han jubilado los
miembros de las fuerzas armadas):
“Estamos indignados porque el gobierno hace oídos sordos a la demanda de
los trabajadores de por lo menos jubilarse con el 100 por ciento del salario y
se escandalizan cuando señalamos que ni los sueldos, ni las rentas deberían ser
menores al costo de la canasta familiar; que es obligación del patrón y del
Estado garantizar una vejez digna al `esclavo moderno´ de cuyo trabajo han
obtenido su riqueza” (Dirigente del magisterio
urbano de Oruro, La Patria, 03/12/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)[6]
Otras críticas de la base obrera que en este
conflicto se vocearon, se refirieron a la demagogia masista de la
“solidaridad”:
“Nos hablan de un régimen solidario cuando la plata va salir del pobre.
Nosotros actualmente aportamos más del 12 por ciento, con el nombre solidario
vamos a aportar adicionalmente otro porcentaje” (Dirigente fabril, ANF, 28/07/2010) (citado en Bruno Rojas, 2010)
Sin embargo, la lucha de los productores/explotados
no fructifica y la nueva ley de pensiones elaborada por la dirigencia masista
logra ser aprobada. En este proceso, como decíamos antes, el gobierno contó con
la anuencia de la dirigencia cobista, la cual incluso participó en la Comisión
de Trabajo mixta compuesta a los efectos de la propuesta gubernamental. Este hecho
nuevamente nos permite caracterizar al régimen político masista como uno
kerenskista, si tenemos en cuenta lo planteado por Nahuel Moreno en 1975:
“Más
tarde, Trotsky utilizó este término para designar a todos los gobiernos de
colaboración de clases en que participaban los partidos reformistas del
movimiento obrero. De esta forma, la definición de kerenskismo abarcó no sólo a
los gobiernos de izquierda de coalición entre la burguesía y el proletariado en
las épocas revolucionarias, sino también a los que se dieron en situaciones
prerrevolucionarias, como fue el caso del gobierno del Frente Popular francés
en 1936 y los diversos proyectos similares realizados en otros países en la
década de 1920” (Nahuel
Moreno, 1975)
Con respecto
a la nueva ley aprobada, ésta reconoce el fracaso del sistema heredado de
Sánchez de Losada: la mayor parte de los cotizantes en el nuevo sistema
(vigente desde 1996), al llegar a los 60 años prefirió no jubilarse (porque los
recursos proporcionados por el sistema no le permitían tener una vejez digna).
En este reconocimiento, la nueva ley mantiene "principios neoliberales"
e intenta una mera reforma que legitime y permita funcionar al sistema. Esto
porque la citada ley mantiene el principio de la capitalización individual, paradigma
de un derecho liberal-burgués[7].
El nuevo sistema de pensiones “aprobado” muestra la
siguiente estructura. En primer lugar, consigna un “régimen contributivo”, el
cual es similar al “Seguro social obligatorio” vigente desde 1996. Este
sistema, que es de capitalización individual, desde 1996 ha provisto pensiones
que simplemente no superan el 50% del referente salarial luego de 30 años de
trabajo (360 aportes). Además, los mismos estudios del gobierno dan cuenta que
con este sistema incluso los trabajadores con una alta densidad de
cotizaciones, apenas alcanzarán a jubilarse con el 50% de su referente
salarial, cuando la nueva ley del MAS establece que las jubilaciones bajo este
régimen serán con un 60% del referente salarial. Por otra parte, como demuestran
los estudios del CEDLA, la situación actual del mercado de trabajo boliviano no
permite cotizar 30-35 años (por la falta de estabilidad y continuidad en el
empleo), y ésta es la cantidad de años estipulados por la nueva ley como mínimo
para acceder al régimen contributivo. En efecto, como señaló un dirigente
fabril de Cochabamba:
“… no existe continuidad ni estabilidad laboral en los establecimientos
industriales, los trabajadores tendrían que trabajar hasta los 68 y 70 años
para acumular 35 años de servicio y jubilarse con una renta de 2.600
bolivianos” (Dirigente fabril de Cochabamba, Los Tiempos,
29/10/10) (citado en Bruno Rojas, 2010)
En segundo lugar, el sistema de pensiones elaborado
por la dirigencia del MAS consigna un régimen semi-contributivo. Éste, que es
similar a la Pensión Mínima y a la Cuenta Básica Previsional del sistema de
1996, supone el pago de una fracción solidaria a aquellos con pensiones bajas,
pero que hayan contribuido con 10 años
de trabajo (120 aportes). En lo que respecta al financiamiento de este segundo
tipo de régimen, los recursos para el mismo provendrán en su mayoría de los
propios trabajadores (fondos de riesgo y nuevos aportes), con lo cual se libera
de responsabilidad al capital y al Estado, y funciona en la práctica como un
nuevo impuesto al trabajador. Al respecto, un trabajador fabril de 29 años
señaló en esa oportunidad:
“...con esta ley de pensiones
no va a mejorar la situación de los trabajadores, porque los salarios
que pagan en las empresas son bajos, sea en las pequeñas o grandes
empresas, donde a los nuevos se les paga sólo el mínimo nacional y con
los descuentos sacan menos… donde cualquier rato nos despiden y dejamos de
aportar hasta ingresar de nuevo al trabajo...entonces, ¿cómo pueden mejorar
nuestras rentas de jubilación solamente con nuestros aportes?” (Trabajador
fabril, 29 años) (citado en Bruno Rojas,
2010)
Tercero,
el nuevo sistema incorpora un “régimen no contributivo”, el cual no es más que
una pensión básica universal (Renta Dignidad para todas las personas mayores de
60 años) que se financia con recursos derivados del IDH[8].
Como
puede verse, un sistema que mantiene la continuidad respecto de lo existente
bajo los gobiernos liberales-capitalistas anteriores y que favorece a los
patrones en su conjunto (y debilita así a la clase obrera).
Por último, es menester apuntar que el nuevo
sistema de pensiones será administrado por una "Gestora pública de
Seguridad Social de Largo Plazo", cuyo directorio será designado
exclusivamente por el presidente. Nuevamente un rasgo que debilita al Trabajo y
que reafirma la autoridad de un régimen kerenskista, como señaló
pertinentemente un trabajador de
una empresa de servicios públicos:
“Parece favorable, pero no hay
seguridad en el futuro y creo que deberían consultarnos sobre la administración
de nuestros ahorros ya que el Estado no es un buen administrador; también puede
ser que el Estado no tenga dinero en algún momento y pueda utilizar nuestra
plata para pagar los bonos que paga hoy, entonces, no tenemos seguridad, el futuro es incierto. Qué pasa si un nuevo gobierno
cambia las cosas y nos deja colgados. El gobierno habla bonito, pero los
trabajadores no tenemos seguridad sobre nuestros aportes y la jubilación…” (Trabajador
en empresa de servicios públicos) (citado
en Bruno Rojas, 2010)
El segundo proceso de conflicto que destacaremos se
le ha denominado “lucha contra el gasolinazo”. Éste agudiza aún más el
conflicto entre la generalidad de la población boliviana y el gobierno masista.
Según Martín Camacho, esta lucha supuso una de las mayores crisis políticas y
sociales desde 2006, y demostró que la
relación de fuerzas de 2003 seguía presente, aún si hasta ese momento la
contención masista parecía haber sabido administrar las dimensiones más
radicales del ascenso de los productores/explotados. En concreto, ¿qué sucedió?
En diciembre
de 2010 el gobierno decide unilateralmente aumentar el precio de la gasolina en
un 73% y el del diesel en 83%. Los dirigentes del MAS justifican la medida
notando que las empresas transnacionales no invierten porque el precio interno
del barril es muy bajo (27 dólares). Ahora bien, hasta este momento este precio
“bajo” había sido subsidiado por el gobierno masista (que meramente mantenía
una práctica ya vigente bajo los gobiernos anteriores). Por esto, cuando el
gobierno decreta que el barril suba de 27 a 59 dólares (para equiparar, se
dice, el precio nacional con el precio internacional), en realidad traspasa
este subsidio estatal a los bolsillos de la población en general, que ahora
deberá financiarlo a través de su consumo. Así, el MAS “potenciaba” las
relaciones de producción y explotación capitalistas (Therborn) y permitía que
los nuevos 32 dólares añadidos al precio del barril funcionarán como un
incentivo para la ganancia patronal (de hecho, se estimó que las utilidades
netas por barril crecerían con esto en un 400%, de 6,14 dólares por barril a
29,76 dólares). Sin embargo, el gobierno olvidaba algo esencial:
“…a causa de la lejanía del estado respecto del
proceso de explotación inmediato y a las tradiciones locales de “renta justa” y
“salario equitativo”, suele ser más fácil incrementar la cantidad extraída para
el erario “público”, que hacer crecer directamente los beneficios económicos de
los miembros individuales de la clase dominante. En general, un aumento de los
impuestos estatales suele tropezar con menor resistencia que una elevación de
la renta o una baja de los salarios” (Therborn, 1979)
Debido a esta medida (un error político del
kerenskismo masista), las críticas la movilización oponiéndose a la misma, no
se dejaron esperar (de hecho, fueron inmediatas). Es que, como señala Martín
Camacho:
“El motivo del aumento era claro: hacer rentable la extracción de petróleo para las
empresas trasnacionales. Cabe la pregunta: ¿de qué sirvió la “nacionalización” del
gas si las mismas petroleras extranjeras le exigen al
Gobierno que aumente sus ganancias?” (Martín Camacho, 2011)
Por esto, aún si el gobierno acompañó la medida con
medidas paliativas y de contención (aumento salarial de 20% a policías,
magisterio y salud, planes de riego gubernamentales para los campesinos a ser
financiados con los recursos ahorrados por la nueva medida, aumento de bonos
sociales para los comerciantes, etc), la misma de ningún modo pasó desapercibida
por los productores/explotados. Es que era evidente que el gobierno mostraba
una “paradójica” obsecuencia ante las transnacionales, las cuales según la ley
(ver el apartado IX) son meras contratadas por el Estado boliviano.
Ante esto, Camacho consigna que “las masas se
radicalizaron” (ocurrió un “rebelión de masas”). Con la expresión “masas”, este
autor no esconde el hecho de que fue la generalidad de la población (no sólo
los productores/explotados), la cual se opuso a la medida. Sin embargo, si la
oposición traspasó barreras de clase, en general sólo los
productores/explotados utilizaron métodos de lucha más profundos y de mayor
impacto. En línea con este tipo de métodos, los productores/explotados voceaban
por las calles: “Si no retrocede con el
Gasolinazo, a Morales, así como lo subimos, lo bajamos”. Y éste es un nuevo
rasgo que nos muestra el carácter kerenskista del régimen masista, esto si
tenemos en cuenta lo escrito por Nahuel Moreno en 1975:
“Es el retroceso del movimiento obrero
y de masas el que eleva y sostiene al gobierno bonapartista en el poder. Con el
kerenskismo ocurre exactamente lo contrario: cada avance del movimiento obrero
y de masas lo eleva más y más…” (Nahuel Moreno, 1975)
En este contexto, la calle pedía a voces la renuncia
no sólo de Morales, sino también la de García Linera. El 30 de diciembre el
país entero estaba paralizado, mientras el pueblo de El Alto, marchando hacia
La Paz, quema el peaje y ataca las oficinas de la FEJUVE y la alcaldía. Además,
EMAPA (la empresa estatal distribuidora de alimento) aumenta los precios del
azúcar, el arroz y la harina. Hay colas y escasez. Se corre el rumor de un
corralito.
Si ya el ataque a las oficinas de la FEJUVE
mostraba el cuestionamiento a la dirigencia burocrática por parte de la base
obrera, no está demás retener el hecho de que la misma COB fue un elemento
esencial en el intento de gasolinazo masista. De hecho, el ejecutivo de la COB
Pedro Montes, luego de que el gobierno se viera obligado a echar pie atrás en
la medida (debido a la movilización), declaró:
“Vamos a tener una evaluación y un ampliado. Allí se va a discutir cómo
y cuándo hacer esta nivelación de los precios de los carburantes. Seguro el
gobierno verá qué ministros son los culpables y los sacará” (citado en Martín Camacho, 2011)
Esto nos muestra algo muy propio de todo
kerenskismo: la cooptación. Este proceso de mediación propio de todo Estado
capitalista, si bien es certeramente consignado por Therborn en 1979, no supone
(como afirma nuestro autor sueco), “la
incorporación al sistema de clases sociales enteras o de un gran sector de
ellas”. Si bien es cierto que los cooptados no constituyen sólo un “puñado
de dirigentes”, el concebir que la cooptación puede ser un proceso que
involucre “a clases sociales enteras”, es errado. Lo es porque niega
políticamente la existencia de la contradicción fundamental entre capital y
Trabajo, en el entendido de que las únicas dos clases propias de toda formación
social capitalista, son la clase explotadora (capitalistas) y la clase
explotada (clase obrera)[9]
Aún si está incorporación es “temporal”, la misma solo implicaría que las leyes
de movimiento del modo de producción capitalista dejan de operar
“temporalmente”. No, lo que más podría concebirse es la cooptación de fracciones
obreras por parte del sistema político burgués y el Estado capitalista, nunca
de toda la clase explotada[10].
Y, como veremos más adelante, la cooptación en el caso boliviano no demostró
ser, si tomamos en cuenta los sucesos futuros, la de toda una fracción de la
clase obrera. De hecho, los acontecimientos futuros mostrarán los efectos
contradictorios del proceso de mediación burgués boliviano, efectos
contradictorios enfatizados pertinentemente por Therborn en 1979:
“La cooptación es un fenómeno contradictorio. El que
las clases dominadas entren a formar una unidad con sus dominadores representa
a la vez un medio de que éstos cuenten con la sumisión consciente y activa de
aquéllos y una plataforma para las demandas y la oposición de los dominados” (Therborn,
1979)
(iii) 2012-2013: tendencias contradictorias
Si bien en diciembre de 2010 el gobierno debió “echar
pie a atrás” respecto de la medida referida al alza del precio del gas, el
mismo sólo reculó “parcialmente”. Esto porque Morales siguió manteniendo que la
medida era necesaria; en realidad, sólo esperaba un mejor momento (en la lucha
de clases) para su implementación futura. Este momento llegó en abril de 2012,
momento en que el incentivo que supusieron las NOCRES fue impuesto sin mayor oposición
(ver página 53).
Esta victoria del gobierno de 2012, contrasta con
la creciente oposición que el mismo comienza a enfrentar desde el seno del
movimiento obrero. Esta oposición tiene efectos en la burocracia cobista, la
cual en 2013 propone crear un nuevo “Instrumento político de los trabajadores”,
en el contexto de una Conferencia Nacional. La necesidad de este “nuevo
instrumento”, ha surgido porque se considera al gobierno de Morales como
“anti-obrero”, gobierno al cual se desde las filas obreras se denomina “la
nueva derecha”. El objetivo a corto plazo de este instrumento, plantea la
dirigencia obrera es disputarle la hegemonía eleccionaria al MAS en 2014, y así
disputarle sus “votos obreros”. El instrumento se auto-concibe como un
referente “a izquierda del MAS”. Sobre sus resultados futuros, los meses que
vienen nos mostrarán su verdadero peso y sus efectos para la lucha de clases.
Aquí sólo consignaremos, junto a Carlos Arze, que concebir la organización
obrera en términos meramente electorales tiene sus peligros, y más todavía si
en este terreno el MAS ha demostrado en innúmeras ocasiones su capacidad de
maniobra.
Ahora bien, es posible que la necesidad de este
Instrumento sea un reflejo de la presión obrera sobre el máximo organismo
sindical de los explotados, y que el mismo carácter “electoralista” de éste se
deba a una dirigencia obligada (por la base) a levantar “discursos rojos”, pero
que no ha dejado de negociar en buenos términos con el gobierno.
Esta tesis nuestra, que demuestra los efectos
contradictorios del mecanismo de la “cooptación” que hemos consignado en la
última cita, se ha visto parcialmente confirmada por lo ocurrido en el terreno
del sistema de pensiones durante el año 2013. Este año se vuelve a modificar el
mismo. En un proceso de lucha que dura 4 meses, los maestros y los mineros de
Huanuni plantearon que el trabajador debía jubilarse con el 100% del referente
salarial o el 70% (de las últimas 24 boletas de pago) sin límite de salario. El
gobierno (que proponía una modificación distinta a ley de pensiones), opta por
la represión: encierra a dirigentes movilizados, convoca a organizaciones
campesinas para que combatan a los que se oponen y luchan, etc. En este
contexto, la COB llama a una “huelga general”, pero sin embargo termina
desvirtuando las demandas de las bases. Entra en un prolongado proceso de
negociación con el gobierno, tiempo en el cual no deja de lanzar furibundos
discursos anti-oficialistas. Finalmente,
la dirigencia cobista acepta en septiembre la propuesta ofrecida en mayo por el
gobierno. Los trabajadores de base se sienten traicionados porque en la
práctica cuatro meses de lucha no sirvieron de nada.
En términos de resultados, la nueva reforma a la
ley de pensiones (065) supone lo siguiente. Primero, un incremento del 12% en
el límite máximo de la Pensión Solidaria (Renta Dignidad) para todos los
sectores menos los mineros, quienes suben un 6%. Sin embargo, debe notarse que
este porcentaje es menos de la mitad del incremento salarial acumulado los últimos
tres años por los trabajadores activos (de un 26%). Con respecto a los
jubilados con el régimen semicontributivo, si en 2010 su renta llegaba al 70% y
100% del salario mínimo nacional (10 y 15 años de contribuciones), en 2013
constituirá sólo el 47% y 67% respectivamente. Para todos los trabajadores que
ganen más de 4.571 bolivianos (5.714 para los mineros), solo regirá el régimen
contributivo de capitalización individual. Empero, según cálculos del CEDLA,
aún si estos trabajadores cotizan 35 años, los mismos se jubilarán sólo con el
22% de su referente salarial (si se estima que lo cotizado obtiene un 10% de
rentabilidad anual y el alza salarial anual es también del 10%). Además esta
reforma, que sólo permite jubilarse con entre 56% y un 70% del referente
salarial, mantiene el 100% de referente salarial para policías y militares.
Al respecto, caben algunas consideraciones más.
Como señala Carlos Arze, el apoyo final de la COB a la propuesta de mayo del
gobierno, demuestra que este organismo en realidad nunca estuvo de acuerdo con
la demanda por un salario mínimo de 8 mil bolivianos y que, si la misma se
consignaba en todo pliego petitorio, esto solo era demagogia para contentar a
las bases. Asimismo, y fundamental, la reforma presiona los salarios a la baja,
porque desincentiva toda lucha por un salario mayor a 4.500 bolivianos (ya que
con un salario mayor a esta cifra no se podrá acceder a la renta solidaria). En
tercer lugar, la rentabilidad de los fondos de pensiones comienza a mostrar
peligrosas cifras a la baja (3,94% en Agosto de 2013, comparada con el 8,07% en
Diciembre de 2010 y el 8,6% en diciembre de 2005). Según los dirigentes del MAS
en el gobierno, esta baja se debe a que, si los gobiernos anteriores
subvencionaban los fondos de pensiones, ahora el gobierno actual ha dejado de
hacerlo. Hecho que muestra el carácter kerenskista y pro patronal del régimen
político, toda vez que opta por debilitar a la clase obrera explotada. Esto, en
un contexto en el cual el Estado boliviano administrado por el MAS emite bonos
soberanos comprados por capitales extranjeros, por los cuales el primero pagará
un 6% de interés durante 2013. Por último, es pertinente destacar el hecho de
que la “Gestora pública” de los fondos de pensiones (en la cual ahora la
dirigencia de la COB tiene un puesto –uno de los “resultados” de la
movilización de 2013-) aún no está en operación, y las AFP privadas siguen
siendo las que gestionan estos recursos y continúan así obteniendo jugosas
ganancias.
Finalmente, si se pide un balance del ciclo de
lucha de clases bajo la batuta masista, balance que sirva a la lucha de los
explotados sin caer en voluntarismos, nosotros creemos pertinente dejar la
palabra al compañero del CEDLA Carlos Arze:
“Desde la visión más profunda de construcción de la
democracia, es poco probable que el mero crecimiento económico permita
contener, por sí mismo, las exigencias y previsiones populares por una mejora
en sus condiciones de vida. Tal vez se pueda decir que la revolución ha sido
nuevamente postergada, pero la redistribución en cuanto a aspiración va a
persistir y podría reaparecer en condiciones explosivas y desestabilizantes” (Carlos Arze, 2013)
[1]
Esta es no es un “interpretación” del tipo de la hermenéutica conservadora
desarrollada por Gadamer, sino una fundada en la dimensión material productiva
de la realidad, la cual siempre es determinante. Así, cualquier “interpretación”
del carácter de los conflictos bajo el régimen masista no es por sí misma
“válida”. Antes bien, sólo algunas interpretaciones, fundadas en los principios
del materialismo histórico y dialéctico, pueden condecirse efectivamente con la
naturaleza de la realidad durante este lapso temporal y en este espacio
geográfico específico. Utilizamos el plural (“algunas”), porque como esta
cuestión se vincula con la dimensión táctica, el debate inherente a los
principios del “centralismo democrático” es una necesidad.
[2]
Bloque en el que Webber incluye a organizaciones como la COB, la CSUTCB,
la FSTMB, el M-17 (grupo anticapitalista de Roberto de la cruz), FEJUVE El Alto, la COR El Alto y la Confederación de
maestros rurales y urbanos)
[3]
Desde los productores explotados en varias ocasiones se habló de una asamblea
constituyente “revolucionaria”, “popular” y adjetivos por el estilo.
[4]
La democratización socialista genuina es, por ejemplo, aquella por la que
abogaron los mineros de Colquiri en 1963. Es una democratización del proceso
productivo que presupone una “expropiación previa de los expropiadores”.
Plantear una democratización socialista bajo propiedad y posesión privada de
los medios de producción supone vaciar a estos términos de contenido.
[5] En
el caso de la UP chilena (kerenskismo fuerte), Allende calificó a la Asamblea
del Pueblo de 1972 como un acto del imperialismo de yanqui y de la ultraderecha
conspiracionista.
[6]
Aquí citamos como parte integrante de la clase obrera a los profesores
secundarios. Sin embargo, la teoría marxista siempre ha debatido el carácter
específico de esta posición de clase. Por nuestra parte, aún no tenemos un
juicio cristalizado al respecto. Quien quiera adentrarse en el debate, además
de leer los trabajos del primer Kevin Harris, puede consultar los siguientes
artículos: a) Bob Carter, The Restructuring of Teaching and the Restructuring
of Class. British Journal of
Sociology of Education, Vol. 18, No. 2 (1997; b) Gero Lenhardt. School and Wage
Labor. Economic and Industrial Democracy 1981 2: 191; c) Alan Reid,
Understanding Teachers' Work: Is There Still a Place for Labour Process Theory?
British Journal of Sociology of Education, Vol. 24, No. 5 (Nov., 2003)
[7]
Es pertinente tener en cuenta, además, que sólo en 2006 comenzaron a aparecer
los primeros jubilados con el nuevo sistema de pensiones creado por Sánchez de
Losada. Hasta ese año, todos los jubilados existentes seguían dependiendo del
sistema de pensiones anterior (de reparto). Por esto, la nueva ley que emite el
MAS es esencial, ya que viene a legitimar un principio liberal-burgués que
recién comenzaba a funcionar en la práctica para generalizarlo en el futuro.
[8]
El gobierno liberal-capitalista de Bachelet en Chile (2006-2009) impuso una
medida muy similar durante su gobierno, la cual suponía 70 mil pesos chilenos
para la vejez más depauperada entregados desde el Estado.
[9]
Existen otros “grupos” bajo toda formación capitalista. Al respecto ver, por
ejemplo, nuestros desarrollos sobre los conceptos “pequeña burguesía” y “formas
mercantiles simples” en el apartado X de este trabajo sobre la clase obrera.
[10]
Un ejemplo de esto podría ser la discutida tesis de Lenin sobre la base social
del reformismo de principios del siglo XX: la aristocracia obrera de los
centros capitalista. Esta es una tesis discutida. Para críticas sobre la misma, ver los textos
que critican la concepción de imperialismo de Lenin que consignamos más arriba
(en especial los textos de Grant Evans y Antonio Carlo)
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