viernes, 11 de abril de 2014

Bolivia bajo el MAS: La devaluación del “horizonte anticapitalista” (parte IV)

IV. El ciclo de lucha de clases anterior a la asunción del gobierno por parte del MAS

Volvemos a Bolivia. Con la derrota de la “Huelga de la dinamita” en 1985 decíamos ya que esta formación habría entrado en una nueva fase capitalista (junto al mundo capitalista por entero), fase cuyas bases fueron sentadas por las comúnmente denominadas “reestructuraciones neoliberales”[1]. Esta cuarta fase tiene dos momentos de implantación en la formación social que aquí tratamos. El primero coincide con la década de los 1980s. En el curso de esta década comienza a regir la NEP (Nueva política económica), marco bajo el cual se cierran una gran cantidad de minas, reduciéndose la masa laboral obrera-minera de 36 mil empleos a 7 mil. Asimismo, se destruyen 35 mil puestos de trabajo en la manufactura y 31 mil empleos públicos. Estas drásticas medidas, sumadas a disposiciones legales como aquella que imposibilita la formación de sindicatos en empresas de menos de 20 trabajadores, dan como resultado una masiva destrucción del movimiento obrero organizado (la que fue la clase obrera más clasista y consciente de la región, recordemos). De hecho, como señala Susan Spronk, a partir de los 1980s abundan los estudios sobre la declinación de la COB y el impacto de este proceso para la formación boliviana en su conjunto.

 El segundo momento de implantación de esta cuarta fase capitalista mundial en Bolivia, se da en los 1990s bajo los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Losada (“Goñi”) y Hugo Banzer. El mismo supone la privatización parcial de las 5 empresas públicas más importantes (telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad, ferrocarriles, transporte aéreo e hidrocarburos). A estas privatizaciones debemos añadir la privatización de la generación y distribución del agua en El Alto (1997) y en Cochabamba (1999), así como también la privatización del campo de las pensiones. Es en este contexto general que el gobierno de Goñi impone un tipo de “reforma política” bastante particular. En línea con las directrices de los organismos financieros internacionales y las instituciones mundiales controladas por los centros capitalistas, bajo Sánchez de Losada se formulan y aplican la “Ley de participación popular”, la desmunicipalización y la reforma educativa. Esta “triple reforma” tiene un objetivo también triple: a) incorporar formalmente en un sentido de “integración” y “diálogo intercultural” a la población “indígena” boliviana (para descomprimir posibles tensiones derivadas de las drásticas reformas socioeconómicas que venían dándose desde 1985); b) realzar el carácter “democrático” del régimen y legitimarlo a través de la “participación”[2]; c) desmantelar parcialmente ciertas estructuras estatales y abaratar costos (especialmente costos “sociales” –se privilegian otros aparatos y funciones del Estado-). Por último, también en línea con lo planteado por el Banco Mundial y el FMI, Sánchez de Losada impulsa la ley INRA, ley aplicada al agro boliviano cuyos principales objetivos son regularizar el derecho de propiedad en el campo, estabilizar las transacciones mercantiles y “sanear” algunas tierras.

Será bajo este marco de transformaciones que comienza a gestarse un nuevo ciclo de lucha de clases signado por el ascenso de la lucha de los productores/explotados. Distintos autores caracterizan de diferente forma este “ciclo”. Por ejemplo, para Roberto Sáenz es el conjunto del proyecto modernizador comenzado en 1952 lo que comienza a cuestionarse en 2003:
  
"La barbarie capitalista al ingreso al siglo XXI ha puesto en discusión el legado no sólo del mismo  capitalismo, sino la consideración del concepto más  abarcador de modernidad. En particular, esto es muy visible en la base de la crisis actual en Bolivia.  Lo que está en cuestión no es sólo el balance del  ciclo neoliberal desde la 21.060 (6) en adelante.  Es algo más de conjunto: la crisis del ciclo total de la revolución de 1952 y del proyecto “modernizador” (trunco, por sus límites burgueses) que ella encarnó" (Roberto Sáenz, 2004)

 Otros, como Jefferey Webber, sostienen que entre 2000 y 2005 existió un “ciclo insurreccional indígena-izquierdista”. Por su parte Eduardo Molina, considerando que ya en Febrero de 2003 ocurrieron “situaciones prerrevolucionarias”, conceptualiza el período 2003-2005 como una “etapa o proceso revolucionario”.

 Por nuestra parte, consideramos que este nuevo ciclo de alza en la lucha de clases desde la perspectiva de los explotados, comienza a gestarse ya en 1998, gana moméntum  en el año 2000 y tiene una “fase de clímax” entre 2003 y 2005, momento en el cual “situaciones prerrevolucionarias” en efecto tuvieron lugar[3]. En lo que sigue intentaremos caracterizar/explicar (sumariamente) el citado ciclo.
(i) Luchas bajo Banzer (Huelga general de 1998)

El presidente Hugo Banzer asume en 1997. Debido a que en las elecciones solo alcanza el 22%, el ex dictador encabeza una “megacoalición” con distintos partidos políticos. Por un lado, dos partidos populistas fundados en los 1980s (Condepa –Conciencia de Patria-, con visos indigenistas y arraigo en los sectores “populares” de La Paz, y UCS –Unión cívica solidaria-, fundado por un magnate de la cerveza). Por otro, el  partido de Banzer (Alianza Democrática Nacionalista), la NFR (Nueva Fuerza Revolucionaria) y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario)[4]. Este gobierno de Banzer claramente asumió para aplicar los dictados de los organismos mundiales controlados por los centros capitalistas. Con todo, el líder de la nueva izquierda “democrática”, “no sectaria” y basada en los “movimientos sociales”, Evo Morales (líder del MAS que en ese momento nacía como instrumento político), tuvo ya en este momento lo que la prensa denominó como una “luna de miel” con Banzer y su gobierno. No obstante esto, será la ofensiva gubernamental sobre los explotados lo que activa una importante resistencia desde las bases, la cual llega de hecho a expresarse en la primera Huelga General (1998) en más de una década. Los conflictos específicos que llevan a la COB a este llamamiento a la Huelga General, dicen relación con: a) la política de erradicación de la coca en Chapare (y Bolivia en general); b) despidos y planes privatizadores en la educación secundaria; c) problemas en el sector salud. En efecto será el quiebre de la “luna de miel” entre Morales y Banzer (Morales y los cocaleros se oponen a la erradicación de la coca dictada por los organismos internacionales) lo que gatillará un conflicto que tuvo de hecho dimensiones nacionales. En términos de métodos de lucha, los maestros y los funcionarios de salud aplicaron “cortes de ruta”, “marchas” y “huelgas de hambre” (por despidos). Los sectores cocaleros, por su parte, llegan incluso “armarse” para defender sus cosechas (Eduardo Molina incluso establece que en el Chapare se estuvo al borde de la guerra civil). Mientras la lucha recrudece, la COB se ve obligada, como ya establecimos, a llamar a una huelga general, la cual dura 23 días (comenzando el 1 de abril). Esta adolece al menos de dos problemas. Primero, debido en parte a la desidia de la COB, sectores productivos de más peso no llegan a unirse a la lucha. Segundo, la misma dirección de la Central adopta métodos de lucha que no unifican los distintos conflictos ni los llevan a una etapa superior. Por un lado, este organismo elabora un Pliego Petitorio que entrega al gobierno, pero es un pliego que en su funcionamiento concreto no hace una de todas las luchas, sino que permite que cada sector negocie por separado (con la consecuente fragmentación y debilitamiento). Por otro, la dirección de la COB adopta una democracia de bases ficticia: llama a ampliados donde “todos pueden hablar”, pero a los cuales solo concurren secretarios generales (de los distintos sindicatos y federaciones adheridos a la Central) –por lo demás, son ampliados donde la mesa directiva ya viene con “hechos consumados”, decisiones y tablas definidas-. A estos dos elementos debe sumársele la práctica del doble discurso propia de la dirección de este organismo obrero (doble discurso que incluso hoy está vigente): enarbolar discursos rojos mientras se dialoga en buenos términos con el gobierno.

 En términos de resultados, esta huelga general puede ser interpretada desglosando tres implicaciones  para la lucha de los explotados: a) comienza a emerger un nuevo ciclo de lucha de clases, signado por métodos combativos (huelga general[5], cortes, incluso dinamita en algunas ciudades) y un resurgir parcial de la COB (ya cuestionada parcialmente por su “burocratismo”); b) se consiguen algunas conquistas, como lo es la paralización del proyecto de erradicación de la coca; c) se visibiliza incipientemente una alianza obrero-campesina[6].


 (ii) Luchas en Cochabamba (abril del 2000) –1era “Guerra del Agua”

 Aún con Banzer a la cabeza del gobierno, tiene lugar lo que más tarde llegó a ser conocido como la “Guerra del Agua”. En efecto, en Cochabamba, durante el mes de abril del año 2000 comienza, según Jean Baptiste Thomas, una semi-insurrección. Según la revista Estrategia Internacional (FT-IV), la lucha de Cochabamba “da una perspectiva de caída revolucionaria del gobierno”, haciendo entrar a las “masas”[7] a la escena política nacional. Sea como sea, aquí entenderemos a Cochabamba como: a) un momento que señala el comienzo de un ciclo de lucha de clases que se mostró “en germen” con la huelga general de 1998, ergo, como un punto que señala un alza en el nivel de lucha de clases desde la perspectiva de los explotados; b) un hito que fungirá como “memoria histórica de corto plazo” de los productores/explotados, toda vez que el mismo será “retomado” en el contexto del ciclo prerrevolucionario (pre-insurreccional) de 2003-2005.

 El foco del conflicto fue la privatización de la empresa estatal de Aguas de la ciudad de Cochabamba (1999). Durante tres días la ciudad fue tomada en reclamo contra el gobierno “privatizador” y la compañía privada Aguas del Tunari. En términos de la organización de esta lucha, existe cierto debate respecto a sus características. Por una parte, los compañeros de la FT-IV establecen que la “Coordinadora por el Agua y la Vida” (que organizó y “centralizó” la lucha) fue ya un “frente único”, frente que reunía a “sectores populares”, campesinos, obreros y estudiantes. Por otra parte, Susan Spronk discierne la existencia de una Coordinadora que funcionaba como “alianza multiclasista”. Para ella, participaban orgánicamente en la Coordinadora profesionales (bajo la organización Pueblo en Marcha –PUMA-), pequeños comerciantes, campesinos regantes (la Fedecor -Federación Departmental de Regantes y  Sistemas Comunales del Agua Potable-) y los pobres de la ciudad y la periferia de ésta (la nueva clase obrera –cuya composición veremos más adelante-). Como es evidente para todo marxista, un “frente único” no puede ser a la vez una “alianza multiclasista”, porque precisamente el frente único es un frente de clase, un “frente único obrero”[8]. Por lo tanto, las dos posiciones presentadas no pueden ser ambas ciertas (corresponderse con la realidad objetiva). Ahora bien, respecto a esta cuestión no tenemos la respuesta definitiva; solo sugeriremos ciertas tesis que nos parecen plausibles. Primero, hay que tener en cuenta que la organización que centralizó y organizó la lucha de la Coordinadora fue la Federación de Fabriles de Cochabamba, dirigida por Óscar Olivera. Esto ya nos alerta sobre una fuerte composición y curso de lucha obreros, respecto de la realidad de la coordinadora. Segundo, es importante tener en cuenta que la táctica del “frente único”, es un diseño político consciente aplicado a la realidad por organizaciones concretas. En este sentido, debido a que ninguna organización con peso en la Coordinadora planteó una táctica tal (o algo similar), difícilmente podríamos denominar a este organismo “frente único”. Ahora bien, la Coordinadora sí tuvo una tendencia predominante a transformarse en un frente único “espontáneo”, en tanto su dirección y composición fue predominantemente obrera. Sin embargo, esta tesis debe calificarse consignando al menos tres matices (de diferente importancia): a) la FEDECOR es típicamente una organización “campesina”, y, como tal, no podemos realmente saber si su composición y dirección mayoritariamente es de patrones que explotan trabajo ajeno, genuinos pequeños propietarios (que no asalarizan), u obreros explotados del agro (haría falta, entonces, un análisis de clase de esta organización para determinar el grado en que la tendencia a que cristalizara un frente único espontáneo se imbricaba con la contratendencia a generar una alianza multiclasista); b) los pequeños comerciantes y los profesionales que integraban la Coordinadora, complejizan el análisis, pero, al subordinarse éstos de facto a la Federación de Fabriles, no lo hacen en demasía; c) en este frente único espontáneo sí participaron partidos políticos burgueses (no sólo partidos obreros reformistas), aún si los mismos tuvieron un rol menor y no pudieron actuar propiamente de acuerdo a su naturaleza.

 En términos de métodos de lucha, lo de Cochabamba logra transformarse en un conflicto a escala nacional. De alguna manera espoleado “de rebote” por la sobrerreacción del gobierno de Banzer, quien declara el estado de sitio y detiene a los dirigentes de la Coordinadora, ocurren movilizaciones solidarias en el Altiplano Norte y Achachi, en Oruro, Sucre, Potosí y Santa Cruz. En Cochabamba, la ciudad se vuelve un verdadero “campo de batalla”: barricadas, quema de la escuela de suboficiales, quema de la sede del GES-grupo especial de seguridad-, quema autos, etc. Estas acciones de violencia urbana también se ven facilitadas porque el GES central de La Paz se acuartela (pidiendo alzas salariales) y no reprime la movilización a escala nacional. Además, en Cochabamba, las FFAA y la policía actúan de manera descoordinada por conflictos internos derivados de hechos de corrupción y “negociados”. Así, el enfrentamiento con el brazo armado del Estado capitalista despunta: explotados del agro en Achachi son asesinados por las FFAA; los primeros se toman revancha de esto asesinando un capitán militar. En este contexto, cunde el desconcierto dentro de la clase dominante/explotadora, la cual termina dividiéndose tácticamente: la cámara de empresarios privados de Bolivia condena la represión y el Estado de sitio, mientras otro tanto hacen el MNR y la Iglesia. Por su parte, el organismo central de la clase obrera, la COB, llama tardíamente (al sexto día de lucha) a un paro nacional de 24 horas. En efecto, tanto la COB como la Federación de Fabriles de Cochabamba no son lo suficientemente profundos e incisivos en la lucha: la primera, por su desidia y negativa a unificar nacionalmente una lucha que era ya eminentemente política; la segunda, por enfocar el conflicto únicamente en la temática del agua y no generalizarla contra todo el plan político impuesto por el gobierno de Banzer. No obstante lo anterior, lo cierto es que esta 1era Guerra del Agua (vendrá otra más tarde) de hecho pasa a la historia como una “batalla ganada”, ya que se logró efectivamente conquistar la principal demanda que originó el conflicto (se rescindió la concesión del agua estatal a la compañía Aguas del Tunari).

(iii) Junio de 2001

La lucha clases continúa agudizándose. Si en septiembre del 2000 los “campesinos” de La Paz ponen en pie casi una “revuelta”, en Junio de 2001 los mineros vuelven a remecer la ciudad capital. Durante ese mes, 12 mil mineros cooperativistas ocupan La Paz pidiendo un plan de “salvataje” al gobierno. Son mineros de 514 cooperativas, despedidos de la COMIBOL y ahora reunidos en la FENCOMIN (Federación nacional de cooperativas mineras), los que, junto a sus familias, recuerdan “ideal” y “materialmente” la Huelga de la Dinamita de 1985: llegan a La Paz cargados con cartuchos de dinamita y declaran:

“Hemos llegado a La Paz, tal como hicimos el compromiso en 1985, cuando dijimos que los mineros volveremos, ahora estamos dispuestos a quedarnos hasta que seamos atendidos” (Cresencio Huanca, FENCOMIN, Junio 2001)

 Si bien en términos de resultados concretos (conquistas) con esta acción se logra muy poco, en relación con la lucha de clases más amplia, este hito es importante debido a dos cuestiones: a) los mineros que “se toman” La Paz no sólo demandan un plan de salvataje para la fracción obrera que específicamente componen, sino que para la economía nacional en su conjunto (en este sentido, este hito en la lucha es importante porque “desgremializa” y apunta a intereses generales desde un sector obrero –la clase “llamada” a reorganizar la sociedad-); b) en línea con lo anterior, se escuchan voces constituyentes: por primera vez algunos, desde la palestra de la “política formal”, plantean la necesidad de una Asamblea Constituyente para el país (en respuesta a estos llamados “desmovilizadores”, algunos obreros reavivan el recuerdo de la “Asamblea Popular de 1971”). Más adelante veremos como la demanda de una asamblea constituyente cristaliza en “memoria histórica de corto plazo reapropiada”, en tanto la misma cumple un rol fundamental en las luchas venideras que implicarán al MAS y al conjunto de la formación social boliviana

(iv) Clímax del ciclo de lucha de clases: 2003-2005   

(iv.i) 1era “Guerra del Gas” (Al Alto, Octubre 2003)

 Este conflicto surgió a raíz de la decisión del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada de exportar (a precios módicos) por Chile y hacia México y Estados Unidos, el gas descubierto en la década de los 1990s en Tarija. Fundamentalmente, se formó una “comuna revolucionaria” en la ciudad de El Alto, la cual demandaba que se asegurara primero la provisión interna de gas antes de que éste se exportara. En esta “comuna” se plantea por primera vez explícitamente la problemática del control nacional del recurso natural estratégico del gas, problemática que tiene mucha relevancia a la hora de analizar las luchas posteriores y la Bolivia bajo el gobierno del MAS. Esta “movilización” comienza con la represión desbocada por parte del gobierno en Warisata el 20 de septiembre, y “termina” con la caída del gobierno de Goñi. Denominada “insurrección” por Roberto Sáenz, nos interesa aquí, más que relatar detalladamente las vicisitudes de este conflicto, dos cuestiones: a) el carácter social de éste; b) el rol y las acciones del MAS en este pasaje crucial de la lucha de clase boliviana.

 A la hora de determinar el carácter social de la lucha de Octubre de 2003 hay que entender que  la misma estuvo compuesta de dos movilizaciones importantes, ambas cruzadas por un marco general común. En primer lugar, está lo evidente: lo sucedido en El Alto. Ahora bien, el análisis de lo ocurrido en esta ciudad en ningún caso es tan simple como quisieran los intelectuales tupakataristas posmodernos de la Muela del diablo[9], para quienes se trataría simplemente de una acción del “campesinado aymará”. Antes bien, si queremos comprender el sentido profundo de la lucha en El Alto, no podemos quedarnos al nivel de la identidad cultural, sino que es necesario un análisis clasista y materialista. Con Roberto Sáenz[10], nosotros afirmamos que la mayoría de la población de esta ciudad es obrera, afirmamos que El Alto es una ciudad de productores/explotados subsumida bajo la mercantilización capitalista. Si bien la mayoría a la cual nos referimos continúa siendo (culturalmente) indígena, es imposible negar las tendencias objetivas, las cuales señalan claramente la drástica proletarización de una población que tiempo atrás probablemente se haya compuesto mayoritariamente de pequeños productores propietarios: 

(i) En 1992 El Alto tenía el 41% del empleo industrial metropolitano, en 2001 el 54%
(ii) Entre 1994 y 2004 el empleo industrial en El Alto creció 80%, mientras en La Paz, solo el 19%
(iii) Era la segunda ciudad manufacturera del país (después de Santa Cruz) en 2003.

 Que esta ciudad obrera se movilice de forma territorial (de ahí la “comuna revolucionaria”) y que se agrupe bajo la “forma vecino”, en ningún caso niega el carácter social de lo sucedido en El Alto. Esto es, no es necesario que tengamos a la vista el enfrentamiento con el patrón (la centralidad del conflicto capital/Trabajo) para que podamos hablar de una lucha obrera. De hecho, la primera insurrección obrera que logró hacerse con las palancas estatales en todo el mundo, fue la Comuna Parisina de 1871, una comuna a todas luces obrera. Y una comuna que emergió y se desarrolló “territorialmente” (manifestaciones, marchas y tomas de lugares públicos). 
     
 En segundo lugar, debemos consignar la movilización de los obreros mineros. Dos columnas de más de 5 mil mineros marchan a La Paz y son reprimidos (varios son muertos). Ya en este momento irrumpen los combativos obreros de Huanuni[11] y el 9 de octubre destacan en la lucha. Es importante recordar también que será sólo gracias a esta segunda movilización de los mineros que Sánchez de Losada logrará ser tumbado. De igual modo cómo hicimos con la comuna de El Alto, aquí también se trata de determinar el carácter social de la lucha minera. Para realizar esta tarea creemos necesario, empero, hacer un poco de historia. Así, debemos distinguir en el devenir de histórico de la formación boliviana, tres ciclos mineros: a) ciclo de la plata (hasta fines del siglo XIX había al menos 10 mil minas); b) ciclo del estaño (hasta los 1980s –primero en manos privadas, luego bajo propiedad estatal-); c) ciclo bajo las “reestructuraciones neoliberales” (1986-2004 - oro (44%), estaño (27%), plata, zinc, plomo (27%). El hecho crucial a recordar, no obstante, es que la fracción más clasista y representativa del movimiento obrero boliviano fue, durante casi todo el siglo XX, la fracción obrera minera. De hecho, más arriba hemos consignado distintas tesis sindicales “revolucionarias”, todas las cuales tienen su origen en la fracción minera de la clase obrera boliviana. Ahora bien, lo particular de esta nueva lucha minera de 2003 es que sucede bajo un contexto clasista distinto al del siglo XX. Este contexto se caracteriza por los efectos de las reestructuraciones comenzadas en 1985. Más arriba mencionamos que el efecto principal de las mismas fue la destrucción masiva del movimiento obrero organizado; esta destrucción fue una destrucción, fundamentalmente, del pilar estructural de la clase obrera boliviana: la destrucción de la forma obrera minera (de puestos de trabajo y de formas de organización). A partir de 1985, entonces, los explotados en las minas tendrán dos derivas principales: a) se harán productores cocaleros en los valles (e.g. en Chapare); b) permanecerán siendo mineros, pero ahora empleados en unidades productivas de menor tamaño (antes de 1985 el obrero minero era empleado en empresas de gran tamaño). Así, el minero de los 2000s se emplea en la minería mediana, en cooperativas y en pequeñas plantas capitalistas. Como tal, ha visto dificultada su organización clásica en “sindicatos” (e.g. por el límite mínimo de 20 obreros por empresa para poder conformar un sindicato, como ya consignamos antes en este escrito). Sin embargo, no ha desaparecido: en 2003 se estima que existían al menos 60 mil mineros “dispersos” en el tipo de unidades productivas descritas. Como resultado de todo esto, tenemos que la lucha minera de 2003 se inscribe en un contexto clasista en el cual la fracción obrera minera ya no es ya el pilar estructural de la clase explotada, sino que esta última es más heterogénea estructural y organizativamente (con una fracción “nueva” que describiremos más adelante).

 Decíamos que ambas movilizaciones, la minera y lo ocurrido en El Alto, compartían un marco general. Este marco es su contexto clasista obrero, como puede verse a través de lo ya escrito. Y es éste contexto el que permite un resurgimiento parcial (no al nivel de 1952 o 1971) de la COB. Es que es la COB el organismo con más potencialidad de lucha en estos casos, fundamentalmente porque su tradición clasista le permite apelar a los trabajadores en tanto que obreros. Las bases obreras de esta organización se ven, sin embargo, en este momento torpedeadas desde dos troneras distintas: a) por un lado, la dirigencia de Jaime Solares declara su apoyo a proyectos populistas (de colaboración de clases) como el que Chávez lleva a cabo en Venezuela por esos años; b) por otro, la CSUTCB (Central sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia) de Felipe Quispe, el MAS de Morales y la Coordinadora del Agua y la Vida, todas estas organizaciones cuestionan el rol de la COB, la tesis de Pulacayo y la centralidad de la clase obrera en la lucha de clases.

Respecto al rol cumplido por el MAS durante la lucha de Octubre de 2003, hay que tener en cuenta distintas cuestiones. Primero, que ya en 2002 este partido tiene un meteórico ascenso electoral, pero que el mismo viene acompañado del discurso sobre la necesidad de “pasar de la protesta a la propuesta”. Cuando las jornadas de protesta del 12 y 13 de febrero de 2003, que dejan tambaleante al gobierno de Sánchez de Losada y “preludian” las luchas de Octubre, el MAS adopta la posición de “defensa de la democracia” y “llama al diálogo” con el gobierno (un gobierno que en ese momento reprimía a quienes luchaban en el agrario Chapare). Sólo cuando el gobierno da un giro aún más autoritario, el MAS se ve obligado a pasar a la oposición, siendo su política la de llamar a marchas pacíficas contra la venta del gas. Ya en Octubre, Evo Morales se encuentra en Europa (Ginebra) conferenciando sobre las virtudes de la democracia representativa, a la vez que se desmarca discursivamente de las luchas que en ese momento ocurrían en la formación boliviana. En términos de organización de la lucha, junto a Quispe (MIP, CSUTCB) y la COB, el MAS no unifica ni hace avanzar la lucha (sus bases en Cochabamba se incorporan tarde a la lucha). De hecho, es sólo después de la masacre del 13 de Octubre que el partido cuyo rol aquí intentamos determinar, reclama por la salida de Goñi. Sin embargo, esta “reclamación” es una que propone una “salida constitucional”. En esta “salida” el partido de Evo Morales cumple un rol crucial en la asunción del gobierno por parte del ex vicepresidente Carlos Mesa, rol que es “premiado” con puestos en el nuevo gabinete formado por el presidente “entrante” (e.g. Donato Ayma Rojas ministro de educación, Julio Seoane en pueblos indígenas y originarios –ambos cercanos al MAS-). Más abajo veremos cómo Morales y su partido llegaron casi a co-gobernar con el “neoliberal” Carlos Mesa.

(iv.ii) 2da “Guerra del Agua” (Enero-Febrero 2005)

 Nuevamente en la ciudad de El Alto, ocurre una movilización importante que marca un hito en la trayectoria ascendente de la lucha de clases (desde la perspectiva de los explotados). La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE-El Alto) centraliza una lucha que tiene el objetivo de recuperar el agua privatizada, una lucha cuyo enemigo inmediato es la Compañía Aguas del Illimani. Es una lucha por servicios (no se cuestiona directamente la relación de explotación) en una ciudad en la cual 82% de la población se declara indígena. Por su parte, FEJUVE-El Alto tiene 25 años de historia (no es un organismo nuevo nacido “en la lucha” como la Coordinadora de Cochabamba) y como tal tiene la capacidad para generar vínculos con las organizaciones involucradas en la 1era Guerra del Agua[12]. Esto fortalece su lucha, un proceso movilizador que busca solucionar (entre otras cosas) el drama de 70 mil habitantes en El Alto, los cuales no puede costear el agua. Si bien esta movilización también tiene un carácter territorial, el mismo no merma su capacidad de presión: el 9 de enero la COB llama una Huelga General y ya el 12 de este mes Mesa accede a terminar con la privatización del Agua en El Alto.     

(iv.iii) 2da “Guerra del Gas” (mayo-junio 2005)

 Después de lo ocurrido en Octubre de 2003, la lucha de clases continúa agudizándose. Para explicar esta agudización (espoleada desde abajo) es importante tener en cuenta que los productores/explotados vienen obteniendo continuadamente conquistas materiales importantes (eliminación de la privatización del agua, caída del presidente Sánchez de Losada, etc), derivadas éstas de la lucha y la movilización. El contexto gubernamental de lo que vino a ser conocido como la “2da Guerra del Gas”, muestra en el gobierno a Carlos Mesa. Vicepresidente bajo el último mandato de Goñi, Mesa asume la presidencia de la nación abandonando políticamente a Sánchez de Losada. Si bien en tanto tecnócrata Mesa apoyó sentidamente todas las medidas “neoliberales” de los 1990s, para la clase dominante/explotadora pareció una buena carta para aquietar aguas en un país ya bastante convulsionado. Esto porque no tenía una afiliación partidaria específica, se había desligado tempranamente de los hechos de represión más severos ocurridos bajo el gobierno anterior de Sánchez de Losada y no tenía vínculos orgánicos con la fracción capitalista más intransigente del oriente boliviano. A pesar de todo, la lucha de clases recrudece y llega a una situación climática. Esta produce que el país entero se polarice en dos bloques, como muy bien señala Jeffery Webber. El primer bloque (denominado indígena-izquierdista por Webber) recuerda explícitamente la lucha de Octubre de 2003, y plantea demandas que pasarán a la historia como la “Agenda de Octubre”:

a) Nacionalización del gas
b) Convocatoria asamblea constituyente revolucionaria
c) Renuncia Carlos Mesa
d) Descolonización racismo interno
e) Radical redistribución de la tierra y la riqueza
f) Nacionalización y control obrero de los recursos naturales e industrias estratégicas

 Retomando las consignas de ambas Guerra del Agua –quienes se movilizan en este bloque enarbolan la consigna “el gas es nuestro”, tal como antes en Cochabamba y en El Alto se voceó “el agua es nuestra”-, las organizaciones que componen este bloque (COB, COR-El Alto, FEJUVE  El Alto,  CSUTCB-Quispe, coordinadora del gas, etc), radicalizan su lucha frente a un segundo bloque que cristaliza y se les enfrenta. Denominado bloque “oriental”[13] por Webber, las demandas que el mismo plantea incluyen elementos como los siguientes:
    
a) Control regional sobre los recursos naturales
b) Control departamental de la recolección de impuestos
c) capitalismo de libre mercado
d) Apertura a la inversión extranjera
e) Racismo
f) Represión estatal de la izquierda indígena

 Este bloque, compuesto por organizaciones como CAINCO, CAO, Federación de Ganaderos, Cámara hidrocarburos, Federación de Empresarios Privados de Bolivia,  FEPB–Santa Cruz, no escatima tampoco en métodos de lucha: impone 3 semanas de bloqueos, tomas de edificios públicos y huelgas de hambre.

 En el contexto de esta polarización, existen dos “actores” que se “balancean” entremedio, sin caer plenamente en ninguno de los dos campos. Nos referimos al mismo gobierno de Carlos Mesa y al MAS de Morales. Ambos intentan tomar ciertas exigencias del bloque indígena izquierdista, para implementarlas en un sentido legitimador y deformante. En efecto, el Estado capitalista que gestiona el gobierno de Mesa actualiza lo que Goran Therborn denomina en 1979 un “proceso de mediación” de “desplazamiento” (canalización preventiva). Esto respecto de la exigencia de “nacionalización del gas” y en relación con la demanda por una “asamblea constituyente”. Respecto de lo primero, Mesa propone un “referéndum de los hidrocarburos”, consulta plebiscitaria cuyas preguntas son formuladas con ayuda del mismo Evo Morales. En efecto, a lo largo de 2004 el presidente del MAS tuvo al menos 9 reuniones a puertas cerradas con Mesa, reuniones que, según algunos, le llevaron a formular exclusivamente tres de las cinco preguntas contenidas en el referéndum. Ahora, ¿por qué afirmamos que este último fungió como “mediación de canalización preventiva” (Therborn)? Primero, porque el bloque indígena izquierdista no demandaba un referéndum, sino llanamente la nacionalización del gas bajo control obrero. Por esto, el hecho de que el gobierno (y el MAS) maneje los tiempos y el método de introducción de la medida, nos recuerda que:

“…las implicaciones para la reproducción social de una determinada medida vienen determinadas a menudo más por su forma y por el momento de su introducción que por su contenido intrínseco” (Goran Therborn, 1979)

 Ahora bien, no es sólo que el Estado capitalista en este caso haya aplicado un “método de canalización preventiva”[14], sino que también hizo uso del método de desplazamiento designado por Therborn como “creación de alternativas intra-sistémicas”. Esto porque las preguntas del referéndum sólo consignaban el alza impositiva de un 50% a la empresas privadas productoras de gas. Así, la demanda de “nacionalización bajo control obrero” se transforma en la mera disyuntiva respecto de un alza impositiva (Mesa propone que los impuestos crezcan del 18% vigente al 32%, el MAS propone que este crecimiento llegue hasta el 50%). Para justificar esta posición, Morales declaró lo siguiente en ese momento:

“Quizá yo hablé de nacionalización en mi tiempo como líder sindical…cuando estaba por las protestas y no las propuestas –explicó Morales-….pero (ahora) veo que debemos ser serios y que las propuestas deben ser viables” (Evo Morales, 2005)    

 Así, se generó lo que Alain Joxe denominó en los 1970s, “falso debate” (uno de los mecanismos reproductores implementados por el Estado capitalista)[15]. Estos “falsos debates” en realidad lo que hacen es implementar (desde el Estado) un mecanismo de “selectividad estructural”, el cual logra “destematizar la relación social fundamental”, como acertadamente señaló Joachim Hirsch en 1976. En el caso que aquí tratamos esto es evidente, ya que el bloque indígena-izquierdista planteó el problema de la propiedad de un recurso natural estratégico, ergo el derecho a explotarlo (“derecho” sobre los medios de producción, entonces). Más todavía, este planteamiento incluso cuestiona las relaciones posesión/apropiación[16] al demandar explícitamente el control obrero de la producción.

 A pesar del boicot al referéndum intentando por las organizaciones pertenecientes al bloque indígena-izquierdista, y en parte gracias al apoyo del MAS de Morales (que advertía sobre “el peligro de un golpe militar” si este bloque seguía presionando y desestabilizando al gobierno de Mesa), el referéndum sí ocurre y logra hacer concurrir a la votación al 60% de los habilitados para sufragar. Ante este escenario, tanto el MAS como Mesa declaran que el “sí” mayoritario a las cinco preguntas es un triunfo para el país en su conjunto.
 Respecto de la demanda de “Asamblea Constituyente”, el gobierno la vació de contenido, la separó de la problemática fundamental respecto del control del recurso estratégico del gas, y terminó dilatando su convocatoria indefinidamente.

 A pesar del intento de canalización descrito, la situación de enfrentamiento entre los bloques mencionados continúa agudizándose. En este contexto, el MAS se balancea hacia la izquierda y cristaliza una alianza temporal/parcial con el bloque que compone la COB y otras organizaciones. Es que el partido de Morales no ve con buenos ojos que Mesa intente mantener su propuesta de un alza impositiva sólo de 18% a 32% (de las “utilidades” derivadas de las ventas del gas), menos todavía que el mismo intente ligarse más estrechamente con el “bloque oriental”. En este contexto dentro del MAS ganan fuerza sus facciones izquierdistas, como el Consejo Nacional de Marcas y Ayllus de Kollasuyo (CONAMAQ). Asimismo, el partido de Morales llega a acuerdos con las siguientes organizaciones: COB, CSUTCB, FSTMB, M-17 (grupo anticapitalista de Roberto de la cruz), FEJUVE  El Alto (y luego obtiene el “visto bueno” de la COR El Alto y la Confederación de maestros rurales y urbanos). Sin embargo, el MAS continúa con una política electoralista, así como también desmarcándose de la reivindicación de nacionalización del gas. Por esto, no debe sorprender que, cuando ocurre la situación pre-insurreccional de mayo-junio de 2005 (que “estalla” debido a la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos), el MAS se oponga a los llamados a la movilización enarbolados por la COB y otras organizaciones en ese momento.

En este momento la lucha no es meramente entre el bloque indígena-izquierdista y el gobierno de Mesa, sino que también incluye la movilización e intransigencia del bloque oriental. Este contexto de aguda “crisis política”[17], que logra votar a Mesa (se ve obligado a renunciar), es el que hace emerger discursos lúcidos dentro de la clase dominante/explotadora, lúcidos en tanto expresan la naturaleza específica de todo Estado capitalista:

“No es importante quien lidera la nación. Lo que es importante es que el Presidente de la República gobierne y aplique las facultades que le son otorgadas en orden de mantener el imperio de la ley, la propiedad de la tierra, y las inversiones, esto junto a la libertad de movimiento y las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas” (Gabriel Dabdoub, presidente de CAINCO - Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz-, La Razón, 2005)
  
En efecto, el Estado es estructuralmente necesario respecto de la vigencia del modo de producción capitalista en una formación determinada, más allá de los gobiernos específicos que se encuentren o no en el poder en un momento específico. El Estado es la “atmósfera de la producción” (Zavaleta Mercado, 1984), un “guardián” de un tipo específico:

“La definición legal de lo que constituye un contrato mercantil válido, las medidas de nacionalización y propiedad pública, la captura de nuevos mercados y fuentes de materias primas…todo ello concurre necesariamente con la participación del Estado” (Therborn, 1979) 

Y será precisamente este tipo de estructura material-estatal que luego (como veremos más adelante en este escrito), el gobierno del MAS mantendrá y desarrollará.

(v) Balance del ciclo de lucha de clases descrito

Respecto del ciclo recién descrito/explicado interesa en este último apartado especificar su contexto estructural. En lo que corresponde a esta cuestión, aquí solo consignaremos algunos apuntes. Primero, hay que tener en cuenta que la Bolivia de los 2000 es una Bolivia predominantemente urbana. Ya en 2005, el 60% de la población vivía en las tres áreas urbanas mayores (ese mismo año la población urbana –que vive en localidades de más de 2000 habitantes-constituía el 64,2% del total del país). Esta tendencia a la urbanización se acentúa a partir de los 1980s, y está muy relacionada con el crecimiento de las (hoy) grandes urbes, crecimiento derivado de una fuerte migración interna. Grandes números de mineros despedidos y desempleados migran a Cochabamba, de modo que si esta ciudad tenía 720 mil habitantes en 1976, ya en 2001 presentaba una población de 1,4 millones. Respecto de El Alto, su crecimiento es casi meteórico (11  mil habitantes en 1950, 250 mil en 1985, 650 mil en 2001).
 A esta tendencia a la urbanización, se suma la importancia creciente que comienza a tomar el nacionalismo indígena en el país en su conjunto (de hecho, Bolivia es el país más indígena de Sudamérica: en 2001, el 62% de la población se consideraba indígena). Este es un “indigenismo” de nuevo tipo, en tanto el mismo es urbano (el discurso indigenista nace y crece en las ciudades, aún si puede plantear ideológicamente un horizonte “campesino”) y no especialmente agrario. El mismo no es sólo contrario a la “colonización ibérico-occidental”, sino que también se enfrenta a una revolución de 1952 que trató el problema indígena exclusivamente en su dimensión “campesina”, esto en tanto se intentó castellanizar e integrar al campesino (indígena) “atrasado” (ergo, se mantuvo el racismo colonial). Las bases materiales de este nacionalismo indígena de nuevo tipo, en efecto se encuentran estrechamente vinculadas con las tendencias urbanizadoras ya mencionadas; de hecho, son éstas últimas las que hacen confluir a “campesinos” y mineros migrantes en las periferias depauperadas de las ciudades. Ahora bien, para entender mejor la “cuestión indígena”, es pertinente reapropiarse de la distinción que Rivera Cusicanqui traza en este campo. Según este autor, esta “cuestión” tiene su explicación en dos tipos de memoria histórica. La “memoria corta”, puede ayudarnos a comprender a aquellos segmentos indígenas dentro de los que se encuentra el mismo MAS, en tanto la lucha principal de éstos se enfrente a la reproducción del racismo colonial que supuso la revolución de 1952 (como ya señalamos). Este es un segmento indígena ya más mestizado, cuyos elementos (basados principalmente en la región de Cochabamba) tienden a demandar meramente más “integración”. Por su parte, la “memoria larga” nos ayuda a comprender a segmentos indígenas representados (por ejemplo) por el MIP de Felipe Quispe y la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Bolivianos). Con base en el Altiplano y menos mestizados que los cochabambinos, este segmento indígena es más autonomista y anticolonial (reivindica la luchas indígenas de fines del siglo XVIII y XIX –e.g. Zárate Wilka y Tupac Katari). En efecto, aún sin ser anticapitalista[18], el mismo reivindica el Kollasuyo, la nación aymara bajo el imperio incaico.

 En tercer lugar, la dimensión determinante de estas dos tendencias (urbanización, indigenismo) es la nueva forma que adopta la clase obrera boliviana con la fase capitalista que comienza en los 1980s. Esta dimensión es determinante, porque gran parte de los “indígenas urbanos” son de hecho obreros. Anteriormente ya hicimos referencia parcial a este problema, el de la “nueva clase obrera”. Aquí solo ampliaremos un poco lo antes explicado. Decíamos que la forma actual de la clase obrera boliviana, no tiene ya como pilar exclusivo fundamental a la fracción obrera minera (como fue durante gran parte del siglo XX). Esta fracción, si bien continúa teniendo un peso no menor (bajo la forma modificada que más arriba explicamos), es, empero, sólo una fracción más en una totalidad estructural más compleja y heterogénea. En ésta, lo nuevo y determinante es lo que García Linera denomina “nueva clase obrera”[19]. Con este concepto, el hoy vicepresidente apunta a una importante fracción de obreros que se emplea preferentemente en pequeñas plantas capitalistas (e.g. no más de 10 obreros por planta). Esta fracción tiene un peso cuantitativo y cualitativo importante, tan es así que en la década de 1990 9 de 10 empleos fueron creados en el sector laboral en el cual esta fracción trabaja. Como totalidad, la clase obrera boliviana se encuentra en extremo segmentada (e.g. oposición trabajadores formales vs trabajadores informales), con un grado de dispersión físico-geográfico que hace difícil conformar una identidad de clase definida. Asimismo, en tanto la fracción más dinámica (que crece más en las últimas décadas) es la mencionada “nueva clase obrera”, existe una totalidad determinada por una “posición de clase” parcialmente ambigua[20]. Esto porque estos “obreros nuevos” laboran temporalmente para más de un empleador, se encuentran imposibilitados de organizarse en sindicatos formales (por el criterio de al menos 20 trabajadores por planta para poder conformar un sindicato) y en ocasiones también poseen emprendimientos propios.  Esta nueva realidad de la clase obrera boliviana, genera un tipo organizacional específico. Debido a la imposibilidad de constituirse en sindicatos, Spronk señala que la organización preferente no es en el punto de explotación; por lo mismo, no prima la negoción colectiva ni el “cuestionamiento” a la relación de explotación (conflicto capital/Trabajo). En términos “positivos”, la tendencia dominante es un “movimientismo sindical” que privilegia la organización en torno al territorio. Un ejemplo paradigmático de este tipo de organización es la Federación de fabriles de Cochabamba (dirigida por Óscar Olivera), una federación con una retórica basista y democrática, énfasis en la unidad con la comunidad (territorio) y una lucha centrada en las “necesidades básicas de la vida”[21].

 Arribamos, entonces, luego del anterior “excurso” estructural, en una dimensión esencial del carácter social del ciclo de lucha de clases cuyo balance aquí hacemos. Las luchas más importantes han sido conceptualizadas por distintos autores como “territoriales”. De la forma concreta que se dieron en Bolivia (e.g. a través del “movimientismo sindical” de Olivera), estas luchas portan tres problemas principales: (i) no se enfatiza el punto de producción; 2) no se sindicaliza formalmente a la nueva clase obrera; (iii) no busca la unidad entre formales e informales. Si estos problemas se presentan al nivel específico (forma de manifestación), algunos autores tienen serias dudas sobre las virtudes de la lucha territorial en general. Entre ellos, se encuentra Kenneth Roberts:

  “…generalmente de escala local, con proyecciones limitadas respecto de la escena política nacional; aisladas y desconectadas entre sí, esto debido en parte a su insistencia en la autonomía política; y por lo general enfocadas en necesidades inmediatas y particularistas, o en demandas parciales que no poseen una apelación general, no proyectan una visión ideológica comprehensiva, y no desafían las estructuras de poder de nivel macro, políticas o económicas” (Kenneth Roberts, citado en Susan Spronk, 2006)

Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas supuestas características generales de la lucha territorial, no se cumplen en el ciclo de luchas (territoriales) que aquí analizamos. Éstas, como puede verse a través de lo escrito anteriormente, no fueron meramente locales, aisladas e ingenuamente autonomistas; tampoco se inhibieron de impactar en el escenario político nacional (todo lo contrario, ¡votaron dos presidentes!). Menos todavía enarbolaron exclusivamente demandas parciales de nula apelación general. Debido a esta palmaria refutación de la caracterización propuesta por Kenneth Roberts, nos vemos obligados a preguntarnos si la misma tiene alguna validez “general”[22]. Antes bien, a quien escribe le parece evidente que una de las dos dimensiones problemáticas centrales del ciclo de lucha (territorial) boliviano que tratamos, tiene más que ver con la forma de manifestación del mismo, con su carácter organizacional específico (los tres problemas ya mencionados). La segunda dimensión problemática central que nosotros destacamos, se vincula con el tercer elemento componente de esta forma de organización (el movimientismo sindical). Tiene que ver con el hecho de que esta “lucha por las necesidades básicas de la vida” tiende a quedarse en la esfera del consumo y a no acceder al campo determinante de la producción. Esto lo podemos ver ejemplarmente en el caso de las dos Guerras del Agua ya descritas, las cuales, si bien logran barrer con la privatización, no lograron solucionar plenamente el problema de acceso y distribución, así como tampoco redundaron en un mejoramiento de la calidad de vida para la generalidad de los productores/explotados. En efecto, como señala Susan Spronk:

“…si bien las cuestiones vinculadas al consumo, tal como el acceso al agua potable, constituyen una parte esencial de la lucha más amplia de la clase obrera, así como también la construcción de coaliciones entre grupos sociales diferentes es necesaria para revertir la polarización social exacerbada por el neoliberalismo, las coaliciones que se enfocan en abaratar los bienes-salario en detrimento de la lucha obrera por mejores salarios y condiciones de trabajo, corren el peligro de contribuir a la declinación de la clase obrera como un todo…La experiencia de Cochabamba demuestra que la adopción acrítica de coaliciones multi-clasistas enfocadas en el consumo y en los derechos ciudadanos, no es una panacea o sustituto de la autoorganización y movilización obrera, esto si un desarrollo genuinamente emancipatorio y humano desea ser construido” (Susan Spronk, 2006)

 Es probable que las Guerras del Gas constituyeran una contratendencia digna de notar dentro de este ciclo de lucha de clases, fundamentalmente porque, como dijimos más arriba, éstas sí lograron cuestionar el problema de la “propiedad” (e incluso el de la “posesión” cuando se demando el control obrero). Sin embargo, el desarrollo de esta contratendencia fue frenado por el dique de contención que significó para la lucha de los productores/explotados el advenimiento del gobierno de Evo Morales en 2006. En efecto, pareciera bastante claro que, si el nuevo gobierno en el poder luego de 2005 mantiene el carácter capitalista del Estado que administra, lo más probable es que el mismo actualizará algún tipo de régimen kerenskista. Esta es la tesis que en este escrito defenderemos.



[1] Esta cuarta fase capitalista se ha “denominado” de distintas maneras: postfordismo, neofordismo, globalización, toyotismo, neoliberalismo. Ahora bien, la denominación más utilizada es la de “neoliberalismo”. Esta conceptualización entiende a la misma, por lo general, como una fase en la cual el Estado deja de intervenir en las distintas formaciones (“se retira”), a la vez que prima un mercado “globalizado” y “desregulado” bajo la hegemonía del capital financiero. Por nuestra parte consideramos que este contenido denotado por el concepto “neoliberalismo” no se condice con la realidad objetiva propia de esta cuarta fase capitalista. Primero, porque olvida que Estado y capital se requieren y necesitan mutuamente (como señalan infinidad de marxistas, entre ellos, Simon Clarke y Andrew Kliman); un Estado débil y que “no interviene” es una contradictio in adjecto si postulamos la vigencia del modo de producción capitalista. Así, lo propio de esta cuarta fase capitalista sería la modificación de la forma de intervención del Estado en la economía, modificación que no le sustrae a la misma su carácter decisivo y cualitativamente importante. A esta modificación en el tipo de intervención estatal, por otra parte, corresponde una transformación del conjunto de aparatos que constituyen al Estado capitalista, transformación en la constitución de éstos, forma de relación e importancia jerárquica. En segundo lugar, y vinculado con lo anterior, el supuesto “mercado desregulado” que primaría en la fase capitalista que aquí discutimos, en realidad no es tal, sino que supone una acción estatal continua e intensiva, como muy bien señala Steve Vogel en “Freer markets, more rules” (1998). Tercero, la denominada “globalización de los mercados”, en realidad es una tendencia de antigua data (y no algo “nuevo” que comience sólo en 1975). No es sólo que el “mercado mundial capitalista” sea una realidad ya en el siglo XIX, es que la tendencia a la mayor internacionalización de las economías nacionales es propia del supuesto período “proteccionista-fordista” que comienza en 1945 (como señala John Weeks en “Globalize, Globa-lize, Global lies…”, 2002, en Capitalist phases, 2002). Cuarto, la mentada hegemonía del capital financiero (aneja a la tesis de un estancamiento de la tasa de ganancia de décadas a partir de 1975), olvida que: a) no ha existido empíricamente ninguna oposición de importancia entre el capital industrial-productivo y el capital financiero (de hecho, como señala Orlando Caputo, ambos están estrechamente fusionados –e.g. cada gran conglomerado industrial-productivo tiene su propio banco-); b) la tasa de ganancia se recuperó luego de la crisis de los 1980s (Bill Jefferies habla de una onda expansiva que va de 1993 a 2007); c) la producción es siempre determinante (la hegemonía del capital financiero es una contradictio in adjecto desde una perspectiva materialista). En quinto lugar, quienes entienden a esta fase capitalista como “neoliberalismo” tienden a considerar que la misma es ajena a toda política económica keynesiana. Y esta tesis, simplemente, no es cierta (como lo demuestra la actuación de algunos centros capitalistas en la crisis de 1987, así como también lo que ha venido a denominarse el “keynesianismo de derechas guerrerista” propio de la economía de Estados Unidos desde ya hace varias décadas). Sexto, conceptualizar una fase capitalista a partir del campo superestructural de la ideología (un liberalismo que sólo sería “nuevo”), cae en un análisis idealista (reemplaza una ideología por el ser de las clases y la producción). Por lo demás, a quienes hablan de “neo” “liberalismo” como categoría estructurante en sus análisis, puede muy bien aplicárseles la conocida máxima de Nahuel Moreno: es muy grave afirmar que algo es nuevo para evitar hacer un análisis de clase”. Por nuestra parte, si bien no pretendemos poseer una caracterización definida y final de la fase en cuestión, consideramos que su explicación debe enfatizar en los cambios dentro del proceso de producción y en el proceso de trabajo, la generalización de la ley de valor por el mundo entero (incorporación de la antigua urss y de China), el tipo específico de intervención estatal, así como también considerar las implicancias de una derrota mundial de la clase obrera (derrota en la periferia, en los centros, en la urss, en China, en África).    
[2] El concepto “democracia participativa” es utilizado preferentemente por los organismos mundiales controlados por los centros capitalistas. Esta es una “democracia” que continúa siendo “formal”, ya que el poder de decisión respecto de los determinantes fundamentales de la vida social permanece en manos de la clase dominante/explotadora. Es un tipo de democracia que meramente “integra” y “consulta”.  
[3] En el campo del marxismo siempre ha existido un debate sobre lo que constituye o no constituye una situación revolucionaria (y prerrevolucionaria). Aquí no pretendemos zanjar esta cuestión con una cita de Lenin o Trotsky, sino sólo establecer algunas sugerencias (las cuales informan la tesis que defendemos en el texto). Primero, consideramos que debe diferenciarse entre “insurrección” (o toma del poder del Estado –cuando la insurrección es exitosa-) y “revolución” (que es un proceso epocal –de décadas- cuyo primer momento necesario pudiera ser la insurrección, pero que no se reduce en ningún caso a ésta). Segundo, las “situaciones” (en referencia a la acción política- práctica), en estricto rigor, son “situaciones insurreccionales” o “pre-insurreccionales”. Cuando los clásicos del marxismo hablan de una “situación revolucionaria” proyectan hacia el pasado una “situación insurreccional” desde el campo de la revolución obrera rusa de octubre de 1917 (que fue una “revolución” porque sí quebró con el capitalismo, aún si en definitiva sólo se impuso –con Stalin- un nuevo modo de explotación y producción). Tercero, contra Guevara y el foquismo guerrillerista, aquí afirmamos que las “situaciones insurreccionales” son un factor objetivo en gran medida independiente de la voluntad de cualquier partido existente (esto es, las situaciones insurreccionales no pueden crearse a voluntad por el mero deseo de un partido-ejército). Cuarto, en las “situaciones insurreccionales” tiene un gran peso la crisis nacional objetiva (Lenin), crisis que expresa de manera generalizada la crisis propia de la clase dominante/explotadora. Por último, para distinguir una situación “pre-insurreccional” de una “insurreccional”, quizás sea pertinente preguntarse por la existencia o inexistencia de una organización con “voluntad de poder” (con el objetivo explícito de tomar el poder del Estado) y arraigo masivo y profundo en los productores/explotados.   
[4] La “izquierda” boliviana no sólo se “socialdemocratiza” en los 1980s, sino que algunos sectores, como el MIR, directamente transitan hacia el campo capitalista más reaccionario. De ahí que el MIR sea capaz de apoyar al ex dictador Hugo Banzer. Ahora bien, esto no debiera sorprender a quienes viven en Chile (como quien escribe), país donde miristas y otros sectores de “izquierda” viniendo implementando políticas liberales, capitalistas y burguesas desde el gobierno ya hace un par de décadas (hoy, por lo demás, el Partido Comunista de Chile apoya el programa de la Nueva Mayoría, programa ni siquiera es socialdemócrata y sí presenta claros visos “neoliberales”). Estos “giros políticos”, si bien parecieran sorprendentes, en realidad no lo son tanto. Es que, a lo largo de la historia muy pocas veces ser de izquierda ha tenido que ver con una posición anticapitalista consecuente, con el obrerismo y la lucha contra la explotación. Para un comentario sobre esta afirmación, véase: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/10/un-comentario-una-columna-de-frei-betto.html  
[5] Recordemos que una “huelga general”, solo como método de lucha que ocurre en la realidad objetiva, plantea ya el problema del poder: “Entre la forma y el contenido hay una relación dialéctica, contradictoria, pocas veces las direcciones o política coinciden con el profundo significado de una forma… Algo parecido ocurre con los métodos de lucha, tienen cierta autonomía, son progresivos, útiles en sí mismos, muchas veces… Una huelga general, sea por la razón que fuese que se haga, plantea el problema del poder. El objetivo puede ser un 2% de aumento general de salarios, pero su consecuencia política es el cuestionamiento del poder burgués” (Nahuel Moreno, 1974)
[6] Sobre el concepto “campesino”, nos explayaremos más adelante en este escrito. Sobre la “alianza obrero-campesina”, y su relación con la historia del marxismo clásico, véase, por ejemplo: Mark Harrison (1979): Chayanov and the marxists, The Journal of Peasant Studies, 7:1, 86-100
[7] Sobre el sentido de la política en una formación clasista y su vinculación con el concepto de “masas”, ver: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/09/por-que-la-politica-en-una-sociedad-de.html
[8] Trotsky escribe en 1922, por ejemplo: “Es precisamente esta urgencia de preservar la unidad (de clase) de frente, la que inspiro no solo a los comunistas sino también a los sindicalistas revolucionarios, la táctica absolutamente correcta de la lucha por la unidad de la organización sindical del proletariado francés”
[9] La Muela del Diablo es una editorial de estos intelectuales, los cuales conforman la base de la intelligentzia del MAS hoy en el gobierno. Más adelante en este escrito abordaremos con más detenimiento a García Linera, intelectual parte de esta corriente intelectual.
[10] Roberto Sáenz
[11] En 2005 los obreros de Huanuni logran estatizar su mina. Hoy constituyen una fracción obrera combativa que se opone a los métodos burocráticos y que lucha contra el gobierno del MAS sin ambivalencias de importancia.
[12] Podemos mencionar al menos 4 razones de por qué el agua en específico constituye el foco de dos conflictos que marcan este momento de clímax en el ciclo de lucha de clases que aquí describimos. Es un  recurso que porta un simbolismo cultural, es fijo y localizado, constituye un bien salarial e históricamente ha sido parte del salario social (provisto por el Estado).
[13] En referencia a la región “oriental” de Bolivia, la zona más “industrializada” del país y con gran cantidad de recursos naturales estratégicos. El eje de esta zona es la ciudad de Santa Cruz, zona a la cual en ocasiones se denomina como “Media Luna” y que también componen Beni, Pando y Tarija.
[14] En su texto de 1979 (¿Cómo domina la clase dominante?), Therborn da tres ejemplos de medidas aplicadas a través del método de canalización preventiva. Tanto la abolición de esclavitud en Estados unidos, como la ampliación del derecho a voto en los centros capitalistas y la participación de los trabajadores en la administración de las empresas capitalistas, fueron implementadas “desde arriba”, con la clase dominante/explotadora en una posición de fuerza  y manteniendo el marco de las instituciones existentes en ese momento.
[15]La hegemonía política de clase se manifiesta siempre por la organización de “falsos debates”; tomando partido en ellos las clases invierten una parte recuperable de sus intereses reales al mismo tiempo que se dividen políticamente, por sus propios intereses antagónicos respecto a los de la burguesía” (“La crisis del Estado”, ed Nicos Poulantzas, 1976)
[16] Sobre este concepto, ver los escritos de Balibar y Poulantzas de los 1970s
[17] Poulantzas define “crisis política” de la siguiente manera: “afecta fundamentalmente a los partidos del bloque dominante. Se expresa en un problema de representación, en el cual las fracciones de clase burguesas, aún siendo poderosas en lo económico, no se sienten representadas por los estrategas de sus partidos. A esto se suma una crisis de organización política, que se manifiesta en una proliferación de partidos, muchos de los cuales solo representan intereses corporativos y económicos” (Fascismo y dictadura, Poulantzas)
[18] No es un segmento anticapitalista por dos razones. Primero, porque reactualiza el mito campesino precapitalista ya criticado por Lenin a fines del siglo XIX. Esto es, olvida que la sociedad que reivindican fue una sociedad clasista fundada en la explotación y el privilegio (ergo, no es anticapitalista porque no plantea una alternativa a la “explotación” capitalista). Segundo, éste segmento no es anticapitalista porque su base social se compone ya –y no minoritariamente- por patrones (agentes que explotan trabajo ajeno), esto es, es un segmento con tendencias frentepopulistas
[19] “Reproletarización…” (García Linera, 1998)
[20] Para quien quiera investigar las tendencias capitalistas de acumulación que permiten la generación de una tal fracción obrera, están los estudios de Cook y Binford, 1986 y Ayata, 1986, autores que desarrollan el concepto de “pequeño capitalista” (que emplea tres o cuatro trabajadores)
[21] Es importante tener en cuenta que, tanto Spronk como García Linera, están equivocados cuando afirman que las luchas de esta “nueva clase obrera” eliminan la importancia de los sindicatos. Primero, porque estas luchas territoriales sí fueron organizadas por organizaciones sindicales como la Federación de fabriles de Cochabamba (aún si esta organización actualice lo que la literatura denomina “movimientismo sindical”). Segundo, porque todo el ciclo de lucha de clases descrito muestra una recuperación parcial no menor de la COB (en 1998, en 2000, en 20003, en 2005). Y, tercero, el mismo partido que “capitalizará” esta luchas, el MAS, es una organización que algunos autores caracterizan como una mezcla híbrida entre partido y sindicato.
[22] No obstante lo dicho y lo que diremos a continuación, la lucha territorial sí tiene un componente histórico negativo desde la perspectiva de los explotados. Éste puede verse en que la tradición de lucha política que más utilizó esta estrategia territorial, fue la maoísta, corriente “marxista” que concebía errada a la lucha de clases como una “guerra” y no tuvo problemas en llevar a cabo la revolución de las cuatro clases (obreros, campesinos, pequeño-burgueses y capitalistas contra el imperialismo y el feudalismo)