IV. El ciclo de lucha de clases anterior a la asunción
del gobierno por parte del MAS
Volvemos a Bolivia. Con la derrota de la “Huelga de
la dinamita” en 1985 decíamos ya que esta formación habría entrado en una nueva
fase capitalista (junto al mundo capitalista por entero), fase cuyas bases
fueron sentadas por las comúnmente denominadas “reestructuraciones
neoliberales”[1]. Esta
cuarta fase tiene dos momentos de implantación en la formación social que aquí
tratamos. El primero coincide con la década de los 1980s. En el curso de esta
década comienza a regir la NEP (Nueva política económica), marco bajo el cual
se cierran una gran cantidad de minas, reduciéndose la masa laboral obrera-minera
de 36 mil empleos a 7 mil. Asimismo, se destruyen 35 mil puestos de trabajo en
la manufactura y 31 mil empleos públicos. Estas drásticas medidas, sumadas a disposiciones
legales como aquella que imposibilita la formación de sindicatos en empresas de
menos de 20 trabajadores, dan como resultado una masiva destrucción del
movimiento obrero organizado (la que fue la clase obrera más clasista y
consciente de la región, recordemos). De hecho, como señala Susan Spronk, a
partir de los 1980s abundan los estudios sobre la declinación de la COB y el
impacto de este proceso para la formación boliviana en su conjunto.
El segundo
momento de implantación de esta cuarta fase capitalista mundial en Bolivia, se
da en los 1990s bajo los gobiernos de Gonzalo Sánchez de Losada (“Goñi”) y Hugo
Banzer. El mismo supone la privatización parcial de las 5 empresas públicas más
importantes (telecomunicaciones, generación y distribución de electricidad,
ferrocarriles, transporte aéreo e hidrocarburos). A estas privatizaciones
debemos añadir la privatización de la generación y distribución del agua en El
Alto (1997) y en Cochabamba (1999), así como también la privatización del campo
de las pensiones. Es en este contexto general que el gobierno de Goñi impone un
tipo de “reforma política” bastante particular. En línea con las directrices de
los organismos financieros internacionales y las instituciones mundiales
controladas por los centros capitalistas, bajo Sánchez de Losada se formulan y
aplican la “Ley de participación popular”, la desmunicipalización y la reforma
educativa. Esta “triple reforma” tiene un objetivo también triple: a)
incorporar formalmente en un sentido de “integración” y “diálogo intercultural”
a la población “indígena” boliviana (para descomprimir posibles tensiones
derivadas de las drásticas reformas socioeconómicas que venían dándose desde
1985); b) realzar el carácter “democrático” del régimen y legitimarlo a través
de la “participación”[2];
c) desmantelar parcialmente ciertas estructuras estatales y abaratar costos
(especialmente costos “sociales” –se privilegian otros aparatos y funciones del
Estado-). Por último, también en línea con lo planteado por el Banco Mundial y
el FMI, Sánchez de Losada impulsa la ley INRA, ley aplicada al agro boliviano
cuyos principales objetivos son regularizar el derecho de propiedad en el
campo, estabilizar las transacciones mercantiles y “sanear” algunas tierras.
Será bajo este marco de transformaciones que
comienza a gestarse un nuevo ciclo de lucha de clases signado por el ascenso de
la lucha de los productores/explotados. Distintos autores caracterizan de
diferente forma este “ciclo”. Por ejemplo, para Roberto Sáenz es el conjunto
del proyecto modernizador comenzado en 1952 lo que comienza a cuestionarse en
2003:
"La barbarie capitalista al ingreso al siglo XXI
ha puesto en discusión el legado no sólo del mismo capitalismo, sino la consideración del
concepto más abarcador de modernidad. En
particular, esto es muy visible en la base de la crisis actual en Bolivia. Lo que está en cuestión no es sólo el balance
del ciclo neoliberal desde la 21.060 (6)
en adelante. Es algo más de conjunto: la
crisis del ciclo total de la revolución de 1952 y del proyecto “modernizador”
(trunco, por sus límites burgueses) que ella encarnó" (Roberto
Sáenz, 2004)
Otros,
como Jefferey Webber, sostienen que entre 2000 y 2005 existió un “ciclo
insurreccional indígena-izquierdista”. Por su parte Eduardo Molina, considerando
que ya en Febrero de 2003 ocurrieron “situaciones prerrevolucionarias”,
conceptualiza el período 2003-2005 como una “etapa o proceso revolucionario”.
Por nuestra
parte, consideramos que este nuevo ciclo de alza en la lucha de clases desde la
perspectiva de los explotados, comienza a gestarse ya en 1998, gana
moméntum en el año 2000 y tiene una
“fase de clímax” entre 2003 y 2005, momento en el cual “situaciones
prerrevolucionarias” en efecto tuvieron lugar[3].
En lo que sigue intentaremos caracterizar/explicar (sumariamente) el citado
ciclo.
(i) Luchas bajo
Banzer (Huelga general de 1998)
El presidente Hugo Banzer asume en 1997. Debido a
que en las elecciones solo alcanza el 22%, el ex dictador encabeza una “megacoalición”
con distintos partidos políticos. Por un lado, dos partidos populistas fundados
en los 1980s (Condepa –Conciencia de Patria-, con visos indigenistas y arraigo
en los sectores “populares” de La Paz, y UCS –Unión cívica solidaria-, fundado
por un magnate de la cerveza). Por otro, el
partido de Banzer (Alianza Democrática Nacionalista), la NFR (Nueva
Fuerza Revolucionaria) y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionario)[4].
Este gobierno de Banzer claramente asumió para aplicar los dictados de los
organismos mundiales controlados por los centros capitalistas. Con todo, el
líder de la nueva izquierda “democrática”, “no sectaria” y basada en los
“movimientos sociales”, Evo Morales (líder del MAS que en ese momento nacía
como instrumento político), tuvo ya en este momento lo que la prensa denominó
como una “luna de miel” con Banzer y su gobierno. No obstante esto, será la
ofensiva gubernamental sobre los explotados lo que activa una importante
resistencia desde las bases, la cual llega de hecho a expresarse en la primera
Huelga General (1998) en más de una década. Los conflictos específicos que
llevan a la COB a este llamamiento a la Huelga General, dicen relación con: a)
la política de erradicación de la coca en Chapare (y Bolivia en general); b)
despidos y planes privatizadores en la educación secundaria; c) problemas en el
sector salud. En efecto será el quiebre de la “luna de miel” entre Morales y
Banzer (Morales y los cocaleros se oponen a la erradicación de la coca dictada
por los organismos internacionales) lo que gatillará un conflicto que tuvo de
hecho dimensiones nacionales. En términos de métodos de lucha, los maestros y
los funcionarios de salud aplicaron “cortes de ruta”, “marchas” y “huelgas de
hambre” (por despidos). Los sectores cocaleros, por su parte, llegan incluso
“armarse” para defender sus cosechas (Eduardo Molina incluso establece que en
el Chapare se estuvo al borde de la guerra civil). Mientras la lucha recrudece,
la COB se ve obligada, como ya establecimos, a llamar a una huelga general, la
cual dura 23 días (comenzando el 1 de abril). Esta adolece al menos de dos
problemas. Primero, debido en parte a la desidia de la COB, sectores
productivos de más peso no llegan a unirse a la lucha. Segundo, la misma dirección
de la Central adopta métodos de lucha que no unifican los distintos conflictos
ni los llevan a una etapa superior. Por un lado, este organismo elabora un
Pliego Petitorio que entrega al gobierno, pero es un pliego que en su
funcionamiento concreto no hace una de todas las luchas, sino que permite que
cada sector negocie por separado (con la consecuente fragmentación y
debilitamiento). Por otro, la dirección de la COB adopta una democracia de
bases ficticia: llama a ampliados donde “todos pueden hablar”, pero a los
cuales solo concurren secretarios generales (de los distintos sindicatos y
federaciones adheridos a la Central) –por lo demás, son ampliados donde la mesa
directiva ya viene con “hechos consumados”, decisiones y tablas definidas-. A
estos dos elementos debe sumársele la práctica del doble discurso propia de la
dirección de este organismo obrero (doble discurso que incluso hoy está
vigente): enarbolar discursos rojos mientras se dialoga en buenos términos con
el gobierno.
En términos
de resultados, esta huelga general puede ser interpretada desglosando tres implicaciones para la lucha de los explotados: a) comienza
a emerger un nuevo ciclo de lucha de clases, signado por métodos combativos
(huelga general[5],
cortes, incluso dinamita en algunas ciudades) y un resurgir parcial de la COB
(ya cuestionada parcialmente por su “burocratismo”); b) se consiguen algunas
conquistas, como lo es la paralización del proyecto de erradicación de la coca;
c) se visibiliza incipientemente una alianza obrero-campesina[6].
(ii) Luchas en Cochabamba (abril del 2000)
–1era “Guerra del Agua”
Aún con
Banzer a la cabeza del gobierno, tiene lugar lo que más tarde llegó a ser
conocido como la “Guerra del Agua”. En efecto, en Cochabamba, durante el mes de
abril del año 2000 comienza, según Jean Baptiste Thomas, una semi-insurrección.
Según la revista Estrategia Internacional (FT-IV), la lucha de Cochabamba “da
una perspectiva de caída revolucionaria del gobierno”, haciendo entrar a las
“masas”[7]
a la escena política nacional. Sea como sea, aquí entenderemos a Cochabamba
como: a) un momento que señala el comienzo de un ciclo de lucha de clases que
se mostró “en germen” con la huelga general de 1998, ergo, como un punto que
señala un alza en el nivel de lucha de clases desde la perspectiva de los
explotados; b) un hito que fungirá como “memoria histórica de corto plazo” de
los productores/explotados, toda vez que el mismo será “retomado” en el
contexto del ciclo prerrevolucionario (pre-insurreccional) de 2003-2005.
El foco del
conflicto fue la privatización de la empresa estatal de Aguas de la ciudad de
Cochabamba (1999). Durante tres días la ciudad fue tomada en reclamo contra el
gobierno “privatizador” y la compañía privada Aguas del Tunari. En términos de la
organización de esta lucha, existe cierto debate respecto a sus características.
Por una parte, los compañeros de la FT-IV establecen que la “Coordinadora por
el Agua y la Vida” (que organizó y “centralizó” la lucha) fue ya un “frente
único”, frente que reunía a “sectores populares”, campesinos, obreros y
estudiantes. Por otra parte, Susan Spronk discierne la existencia de una
Coordinadora que funcionaba como “alianza multiclasista”. Para ella,
participaban orgánicamente en la Coordinadora profesionales (bajo la
organización Pueblo en Marcha –PUMA-), pequeños comerciantes, campesinos regantes
(la Fedecor -Federación Departmental de Regantes y Sistemas Comunales del Agua Potable-) y los
pobres de la ciudad y la periferia de ésta (la nueva clase obrera –cuya
composición veremos más adelante-). Como es evidente para todo marxista, un
“frente único” no puede ser a la vez una “alianza multiclasista”, porque
precisamente el frente único es un frente de clase, un “frente único obrero”[8].
Por lo tanto, las dos posiciones presentadas no pueden ser ambas ciertas
(corresponderse con la realidad objetiva). Ahora bien, respecto a esta cuestión
no tenemos la respuesta definitiva; solo sugeriremos ciertas tesis que nos
parecen plausibles. Primero, hay que tener en cuenta que la organización que
centralizó y organizó la lucha de la Coordinadora fue la Federación de Fabriles
de Cochabamba, dirigida por Óscar Olivera. Esto ya nos alerta sobre una fuerte
composición y curso de lucha obreros, respecto de la realidad de la
coordinadora. Segundo, es importante tener en cuenta que la táctica del “frente
único”, es un diseño político consciente aplicado a la realidad por
organizaciones concretas. En este sentido, debido a que ninguna organización
con peso en la Coordinadora planteó una táctica tal (o algo similar),
difícilmente podríamos denominar a este organismo “frente único”. Ahora bien,
la Coordinadora sí tuvo una tendencia predominante a transformarse en un frente
único “espontáneo”, en tanto su dirección y composición fue predominantemente
obrera. Sin embargo, esta tesis debe calificarse consignando al menos tres
matices (de diferente importancia): a) la FEDECOR es típicamente una
organización “campesina”, y, como tal, no podemos realmente saber si su
composición y dirección mayoritariamente es de patrones que explotan trabajo
ajeno, genuinos pequeños propietarios (que no asalarizan), u obreros explotados
del agro (haría falta, entonces, un análisis de clase de esta organización para
determinar el grado en que la tendencia a que cristalizara un frente único
espontáneo se imbricaba con la contratendencia a generar una alianza
multiclasista); b) los pequeños comerciantes y los profesionales que integraban
la Coordinadora, complejizan el análisis, pero, al subordinarse éstos de facto
a la Federación de Fabriles, no lo hacen en demasía; c) en este frente único
espontáneo sí participaron partidos políticos burgueses (no sólo partidos
obreros reformistas), aún si los mismos tuvieron un rol menor y no pudieron
actuar propiamente de acuerdo a su naturaleza.
En términos
de métodos de lucha, lo de Cochabamba logra transformarse en un conflicto a
escala nacional. De alguna manera espoleado “de rebote” por la sobrerreacción
del gobierno de Banzer, quien declara el estado de sitio y detiene a los
dirigentes de la Coordinadora, ocurren movilizaciones solidarias en el
Altiplano Norte y Achachi, en Oruro, Sucre, Potosí y Santa Cruz. En Cochabamba,
la ciudad se vuelve un verdadero “campo de batalla”: barricadas, quema de la
escuela de suboficiales, quema de la sede del GES-grupo especial de seguridad-,
quema autos, etc. Estas acciones de violencia urbana también se ven facilitadas
porque el GES central de La Paz se acuartela (pidiendo alzas salariales) y no
reprime la movilización a escala nacional. Además, en Cochabamba, las FFAA y la
policía actúan de manera descoordinada por conflictos internos derivados de
hechos de corrupción y “negociados”. Así, el enfrentamiento con el brazo armado
del Estado capitalista despunta: explotados del agro en Achachi son asesinados
por las FFAA; los primeros se toman revancha de esto asesinando un capitán
militar. En este contexto, cunde el desconcierto dentro de la clase
dominante/explotadora, la cual termina dividiéndose tácticamente: la cámara de
empresarios privados de Bolivia condena la represión y el Estado de sitio,
mientras otro tanto hacen el MNR y la Iglesia. Por su parte, el organismo
central de la clase obrera, la COB, llama tardíamente (al sexto día de lucha) a
un paro nacional de 24 horas. En efecto, tanto la COB como la Federación de
Fabriles de Cochabamba no son lo suficientemente profundos e incisivos en la
lucha: la primera, por su desidia y negativa a unificar nacionalmente una lucha
que era ya eminentemente política; la segunda, por enfocar el conflicto
únicamente en la temática del agua y no generalizarla contra todo el plan político
impuesto por el gobierno de Banzer. No obstante lo anterior, lo cierto es que
esta 1era Guerra del Agua (vendrá otra más tarde) de hecho pasa a la historia
como una “batalla ganada”, ya que se logró efectivamente conquistar la
principal demanda que originó el conflicto (se rescindió la concesión del agua
estatal a la compañía Aguas del Tunari).
(iii) Junio de
2001
La lucha clases continúa agudizándose. Si en
septiembre del 2000 los “campesinos” de La Paz ponen en pie casi una
“revuelta”, en Junio de 2001 los mineros vuelven a remecer la ciudad capital.
Durante ese mes, 12 mil mineros cooperativistas ocupan La Paz pidiendo un plan
de “salvataje” al gobierno. Son mineros de 514 cooperativas, despedidos de la
COMIBOL y ahora reunidos en la FENCOMIN (Federación nacional de cooperativas
mineras), los que, junto a sus familias, recuerdan “ideal” y “materialmente” la
Huelga de la Dinamita de 1985: llegan a La Paz cargados con cartuchos de
dinamita y declaran:
“Hemos llegado a La Paz, tal
como hicimos el compromiso en 1985, cuando dijimos que los mineros volveremos,
ahora estamos dispuestos a quedarnos hasta que seamos atendidos” (Cresencio Huanca, FENCOMIN,
Junio 2001)
Si bien en términos de resultados concretos
(conquistas) con esta acción se logra muy poco, en relación con la lucha de
clases más amplia, este hito es importante debido a dos cuestiones: a) los
mineros que “se toman” La Paz no sólo demandan un plan de salvataje para la
fracción obrera que específicamente componen, sino que para la economía nacional
en su conjunto (en este sentido, este hito en la lucha es importante porque
“desgremializa” y apunta a intereses generales desde un sector obrero –la clase
“llamada” a reorganizar la sociedad-); b) en línea con lo anterior, se escuchan
voces constituyentes: por primera vez algunos, desde la palestra de la
“política formal”, plantean la necesidad de una Asamblea Constituyente para el
país (en respuesta a estos llamados “desmovilizadores”, algunos obreros
reavivan el recuerdo de la “Asamblea Popular de 1971”). Más adelante veremos
como la demanda de una asamblea constituyente cristaliza en “memoria histórica
de corto plazo reapropiada”, en tanto la misma cumple un rol fundamental en las
luchas venideras que implicarán al MAS y al conjunto de la formación social
boliviana
(iv) Clímax del
ciclo de lucha de clases: 2003-2005
(iv.i)
1era “Guerra del Gas” (Al Alto, Octubre 2003)
Este conflicto surgió a raíz de la decisión
del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada de exportar (a precios módicos) por
Chile y hacia México y Estados Unidos, el gas descubierto en la década de los
1990s en Tarija. Fundamentalmente, se formó una “comuna revolucionaria” en la
ciudad de El Alto, la cual demandaba que se asegurara primero la provisión
interna de gas antes de que éste se exportara. En esta “comuna” se plantea por
primera vez explícitamente la problemática del control nacional del recurso
natural estratégico del gas, problemática que tiene mucha relevancia a la hora
de analizar las luchas posteriores y la Bolivia bajo el gobierno del MAS. Esta
“movilización” comienza con la represión desbocada por parte del gobierno en
Warisata el 20 de septiembre, y “termina” con la caída del gobierno de Goñi.
Denominada “insurrección” por Roberto Sáenz, nos interesa aquí, más que relatar
detalladamente las vicisitudes de este conflicto, dos cuestiones: a) el
carácter social de éste; b) el rol y las acciones del MAS en este pasaje
crucial de la lucha de clase boliviana.
A la hora de determinar el carácter social de
la lucha de Octubre de 2003 hay que entender que la misma estuvo compuesta de dos
movilizaciones importantes, ambas cruzadas por un marco general común. En
primer lugar, está lo evidente: lo sucedido en El Alto. Ahora bien, el análisis
de lo ocurrido en esta ciudad en ningún caso es tan simple como quisieran los
intelectuales tupakataristas posmodernos de la Muela del diablo[9],
para quienes se trataría simplemente de una acción del “campesinado aymará”.
Antes bien, si queremos comprender el sentido profundo de la lucha en El Alto,
no podemos quedarnos al nivel de la identidad cultural, sino que es necesario
un análisis clasista y materialista. Con Roberto Sáenz[10],
nosotros afirmamos que la mayoría de la población de esta ciudad es obrera,
afirmamos que El Alto es una ciudad de productores/explotados subsumida bajo la
mercantilización capitalista. Si bien la mayoría a la cual nos referimos
continúa siendo (culturalmente) indígena, es imposible negar las tendencias
objetivas, las cuales señalan claramente la drástica proletarización de una
población que tiempo atrás probablemente se haya compuesto mayoritariamente de
pequeños productores propietarios:
(i) En 1992 El Alto tenía el 41% del empleo
industrial metropolitano, en 2001 el 54%
(ii) Entre 1994 y 2004 el empleo industrial en El
Alto creció 80%, mientras en La Paz, solo el 19%
(iii) Era la segunda ciudad manufacturera del país
(después de Santa Cruz) en 2003.
Que esta
ciudad obrera se movilice de forma territorial (de ahí la “comuna
revolucionaria”) y que se agrupe bajo la “forma vecino”, en ningún caso niega
el carácter social de lo sucedido en El Alto. Esto es, no es necesario que
tengamos a la vista el enfrentamiento con el patrón (la centralidad del
conflicto capital/Trabajo) para que podamos hablar de una lucha obrera. De
hecho, la primera insurrección obrera que logró hacerse con las palancas
estatales en todo el mundo, fue la Comuna Parisina de 1871, una comuna a todas
luces obrera. Y una comuna que emergió y se desarrolló “territorialmente”
(manifestaciones, marchas y tomas de lugares públicos).
En segundo
lugar, debemos consignar la movilización de los obreros mineros. Dos columnas
de más de 5 mil mineros marchan a La Paz y son reprimidos (varios son muertos).
Ya en este momento irrumpen los combativos obreros de Huanuni[11]
y el 9 de octubre destacan en la lucha. Es importante recordar también que será
sólo gracias a esta segunda movilización de los mineros que Sánchez de Losada logrará
ser tumbado. De igual modo cómo hicimos con la comuna de El Alto, aquí también
se trata de determinar el carácter social de la lucha minera. Para realizar
esta tarea creemos necesario, empero, hacer un poco de historia. Así, debemos
distinguir en el devenir de histórico de la formación boliviana, tres ciclos
mineros: a) ciclo de la plata (hasta fines del siglo XIX había al menos 10 mil
minas); b) ciclo del estaño (hasta los 1980s –primero en manos privadas, luego
bajo propiedad estatal-); c) ciclo bajo las “reestructuraciones neoliberales”
(1986-2004 - oro (44%), estaño (27%), plata, zinc, plomo (27%). El hecho
crucial a recordar, no obstante, es que la fracción más clasista y
representativa del movimiento obrero boliviano fue, durante casi todo el siglo
XX, la fracción obrera minera. De hecho, más arriba hemos consignado distintas
tesis sindicales “revolucionarias”, todas las cuales tienen su origen en la
fracción minera de la clase obrera boliviana. Ahora bien, lo particular de esta
nueva lucha minera de 2003 es que sucede bajo un contexto clasista distinto al
del siglo XX. Este contexto se caracteriza por los efectos de las
reestructuraciones comenzadas en 1985. Más arriba mencionamos que el efecto
principal de las mismas fue la destrucción masiva del movimiento obrero
organizado; esta destrucción fue una destrucción, fundamentalmente, del pilar
estructural de la clase obrera boliviana: la destrucción de la forma obrera
minera (de puestos de trabajo y de formas de organización). A partir de 1985,
entonces, los explotados en las minas tendrán dos derivas principales: a) se
harán productores cocaleros en los valles (e.g. en Chapare); b) permanecerán
siendo mineros, pero ahora empleados en unidades productivas de menor tamaño
(antes de 1985 el obrero minero era empleado en empresas de gran tamaño). Así,
el minero de los 2000s se emplea en la minería mediana, en cooperativas y en
pequeñas plantas capitalistas. Como tal, ha visto dificultada su organización
clásica en “sindicatos” (e.g. por el límite mínimo de 20 obreros por empresa
para poder conformar un sindicato, como ya consignamos antes en este escrito).
Sin embargo, no ha desaparecido: en 2003 se estima que existían al menos 60 mil
mineros “dispersos” en el tipo de unidades productivas descritas. Como
resultado de todo esto, tenemos que la lucha minera de 2003 se inscribe en un
contexto clasista en el cual la fracción obrera minera ya no es ya el pilar
estructural de la clase explotada, sino que esta última es más heterogénea
estructural y organizativamente (con una fracción “nueva” que describiremos más
adelante).
Decíamos que
ambas movilizaciones, la minera y lo ocurrido en El Alto, compartían un marco
general. Este marco es su contexto clasista obrero, como puede verse a través
de lo ya escrito. Y es éste contexto el que permite un resurgimiento parcial
(no al nivel de 1952 o 1971) de la COB. Es que es la COB el organismo con más
potencialidad de lucha en estos casos, fundamentalmente porque su tradición
clasista le permite apelar a los trabajadores en tanto que obreros. Las bases
obreras de esta organización se ven, sin embargo, en este momento torpedeadas
desde dos troneras distintas: a) por un lado, la dirigencia de Jaime Solares
declara su apoyo a proyectos populistas (de colaboración de clases) como el que
Chávez lleva a cabo en Venezuela por esos años; b) por otro, la CSUTCB (Central
sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia) de Felipe Quispe, el MAS
de Morales y la Coordinadora del Agua y la Vida, todas estas organizaciones
cuestionan el rol de la COB, la tesis de Pulacayo y la centralidad de la clase
obrera en la lucha de clases.
Respecto al rol cumplido por el MAS durante la
lucha de Octubre de 2003, hay que tener en cuenta distintas cuestiones.
Primero, que ya en 2002 este partido tiene un meteórico ascenso electoral, pero
que el mismo viene acompañado del discurso sobre la necesidad de “pasar de la
protesta a la propuesta”. Cuando las jornadas de protesta del 12 y 13 de
febrero de 2003, que dejan tambaleante al gobierno de Sánchez de Losada y
“preludian” las luchas de Octubre, el MAS adopta la posición de “defensa de la
democracia” y “llama al diálogo” con el gobierno (un gobierno que en ese
momento reprimía a quienes luchaban en el agrario Chapare). Sólo cuando el
gobierno da un giro aún más autoritario, el MAS se ve obligado a pasar a la
oposición, siendo su política la de llamar a marchas pacíficas contra la venta
del gas. Ya en Octubre, Evo Morales se encuentra en Europa (Ginebra)
conferenciando sobre las virtudes de la democracia representativa, a la vez que
se desmarca discursivamente de las luchas que en ese momento ocurrían en la
formación boliviana. En términos de organización de la lucha, junto a Quispe
(MIP, CSUTCB) y la COB, el MAS no unifica ni hace avanzar la lucha (sus bases
en Cochabamba se incorporan tarde a la lucha). De hecho, es sólo después de la
masacre del 13 de Octubre que el partido cuyo rol aquí intentamos determinar,
reclama por la salida de Goñi. Sin embargo, esta “reclamación” es una que
propone una “salida constitucional”. En esta “salida” el partido de Evo Morales
cumple un rol crucial en la asunción del gobierno por parte del ex
vicepresidente Carlos Mesa, rol que es “premiado” con puestos en el nuevo
gabinete formado por el presidente “entrante” (e.g. Donato Ayma Rojas ministro
de educación, Julio Seoane en pueblos indígenas y originarios –ambos cercanos
al MAS-). Más abajo veremos cómo Morales y su partido llegaron casi a
co-gobernar con el “neoliberal” Carlos Mesa.
(iv.ii) 2da “Guerra
del Agua” (Enero-Febrero 2005)
Nuevamente
en la ciudad de El Alto, ocurre una movilización importante que marca un hito
en la trayectoria ascendente de la lucha de clases (desde la perspectiva de los
explotados). La Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE-El Alto)
centraliza una lucha que tiene el objetivo de recuperar el agua privatizada, una
lucha cuyo enemigo inmediato es la Compañía Aguas del Illimani. Es una lucha
por servicios (no se cuestiona directamente la relación de explotación) en una
ciudad en la cual 82% de la población se declara indígena. Por su parte, FEJUVE-El
Alto tiene 25 años de historia (no es un organismo nuevo nacido “en la lucha”
como la Coordinadora de Cochabamba) y como tal tiene la capacidad para generar
vínculos con las organizaciones involucradas en la 1era Guerra del Agua[12].
Esto fortalece su lucha, un proceso movilizador que busca solucionar (entre
otras cosas) el drama de 70 mil habitantes en El Alto, los cuales no puede
costear el agua. Si bien esta movilización también tiene un carácter
territorial, el mismo no merma su capacidad de presión: el 9 de enero la COB
llama una Huelga General y ya el 12 de este mes Mesa accede a terminar con la
privatización del Agua en El Alto.
(iv.iii) 2da
“Guerra del Gas” (mayo-junio 2005)
Después de
lo ocurrido en Octubre de 2003, la lucha de clases continúa agudizándose. Para
explicar esta agudización (espoleada desde abajo) es importante tener en cuenta
que los productores/explotados vienen obteniendo continuadamente conquistas
materiales importantes (eliminación de la privatización del agua, caída del
presidente Sánchez de Losada, etc), derivadas éstas de la lucha y la
movilización. El contexto gubernamental de lo que vino a ser conocido como la
“2da Guerra del Gas”, muestra en el gobierno a Carlos Mesa. Vicepresidente bajo
el último mandato de Goñi, Mesa asume la presidencia de la nación abandonando
políticamente a Sánchez de Losada. Si bien en tanto tecnócrata Mesa apoyó
sentidamente todas las medidas “neoliberales” de los 1990s, para la clase
dominante/explotadora pareció una buena carta para aquietar aguas en un país ya
bastante convulsionado. Esto porque no tenía una afiliación partidaria
específica, se había desligado tempranamente de los hechos de represión más
severos ocurridos bajo el gobierno anterior de Sánchez de Losada y no tenía
vínculos orgánicos con la fracción capitalista más intransigente del oriente
boliviano. A pesar de todo, la lucha de clases recrudece y llega a una
situación climática. Esta produce que el país entero se polarice en dos bloques,
como muy bien señala Jeffery Webber. El primer bloque (denominado
indígena-izquierdista por Webber) recuerda explícitamente la lucha de Octubre
de 2003, y plantea demandas que pasarán a la historia como la “Agenda de
Octubre”:
a) Nacionalización del gas
b) Convocatoria asamblea constituyente
revolucionaria
c) Renuncia Carlos Mesa
d) Descolonización racismo interno
e) Radical redistribución de la tierra y la riqueza
f) Nacionalización y control obrero de los recursos
naturales e industrias estratégicas
Retomando
las consignas de ambas Guerra del Agua –quienes se movilizan en este bloque
enarbolan la consigna “el gas es nuestro”, tal como antes en Cochabamba y en El
Alto se voceó “el agua es nuestra”-, las organizaciones que componen este
bloque (COB, COR-El Alto, FEJUVE El
Alto, CSUTCB-Quispe, coordinadora del gas,
etc), radicalizan su lucha frente a un segundo bloque que cristaliza y se les
enfrenta. Denominado bloque “oriental”[13]
por Webber, las demandas que el mismo plantea incluyen elementos como los
siguientes:
a) Control regional sobre los recursos naturales
b) Control departamental de la recolección de
impuestos
c) capitalismo de libre mercado
d) Apertura a la inversión extranjera
e) Racismo
f) Represión estatal de la izquierda indígena
Este bloque,
compuesto por organizaciones como CAINCO, CAO, Federación de Ganaderos, Cámara
hidrocarburos, Federación de Empresarios Privados de Bolivia, FEPB–Santa Cruz, no escatima tampoco en
métodos de lucha: impone 3 semanas de bloqueos, tomas de edificios públicos y
huelgas de hambre.
En el
contexto de esta polarización, existen dos “actores” que se “balancean”
entremedio, sin caer plenamente en ninguno de los dos campos. Nos referimos al
mismo gobierno de Carlos Mesa y al MAS de Morales. Ambos intentan tomar ciertas
exigencias del bloque indígena izquierdista, para implementarlas en un sentido
legitimador y deformante. En efecto, el Estado capitalista que gestiona el
gobierno de Mesa actualiza lo que Goran Therborn denomina en 1979 un “proceso
de mediación” de “desplazamiento” (canalización preventiva). Esto respecto de
la exigencia de “nacionalización del gas” y en relación con la demanda por una
“asamblea constituyente”. Respecto de lo primero, Mesa propone un “referéndum
de los hidrocarburos”, consulta plebiscitaria cuyas preguntas son formuladas
con ayuda del mismo Evo Morales. En efecto, a lo largo de 2004 el presidente
del MAS tuvo al menos 9 reuniones a puertas cerradas con Mesa, reuniones que,
según algunos, le llevaron a formular exclusivamente tres de las cinco
preguntas contenidas en el referéndum. Ahora, ¿por qué afirmamos que este
último fungió como “mediación de canalización preventiva” (Therborn)? Primero,
porque el bloque indígena izquierdista no demandaba un referéndum, sino
llanamente la nacionalización del gas bajo control obrero. Por esto, el hecho
de que el gobierno (y el MAS) maneje los tiempos y el método de introducción de
la medida, nos recuerda que:
“…las implicaciones para la reproducción social de una
determinada medida vienen determinadas a menudo más por su forma y por el
momento de su introducción que por su contenido intrínseco” (Goran
Therborn, 1979)
Ahora bien, no es sólo que el Estado
capitalista en este caso haya aplicado un “método de canalización preventiva”[14],
sino que también hizo uso del método de desplazamiento designado por Therborn
como “creación de alternativas intra-sistémicas”. Esto porque las preguntas del
referéndum sólo consignaban el alza impositiva de un 50% a la empresas privadas
productoras de gas. Así, la demanda de “nacionalización bajo control obrero” se
transforma en la mera disyuntiva respecto de un alza impositiva (Mesa propone
que los impuestos crezcan del 18% vigente al 32%, el MAS propone que este
crecimiento llegue hasta el 50%). Para justificar esta posición, Morales
declaró lo siguiente en ese momento:
“Quizá yo hablé de nacionalización en mi tiempo como líder
sindical…cuando estaba por las protestas y no las propuestas –explicó
Morales-….pero (ahora) veo que debemos ser serios y que las propuestas deben
ser viables” (Evo
Morales, 2005)
Así, se generó lo que Alain Joxe denominó en
los 1970s, “falso debate” (uno de los mecanismos reproductores implementados
por el Estado capitalista)[15].
Estos “falsos debates” en realidad lo que hacen es implementar (desde el
Estado) un mecanismo de “selectividad estructural”, el cual logra “destematizar
la relación social fundamental”, como acertadamente señaló Joachim Hirsch en
1976. En el caso que aquí tratamos esto es evidente, ya que el bloque
indígena-izquierdista planteó el problema de la propiedad de un recurso natural
estratégico, ergo el derecho a explotarlo (“derecho” sobre los medios de
producción, entonces). Más todavía, este planteamiento incluso cuestiona las
relaciones posesión/apropiación[16]
al demandar explícitamente el control obrero de la producción.
A pesar del boicot al referéndum intentando
por las organizaciones pertenecientes al bloque indígena-izquierdista, y en
parte gracias al apoyo del MAS de Morales (que advertía sobre “el peligro de un
golpe militar” si este bloque seguía presionando y desestabilizando al gobierno
de Mesa), el referéndum sí ocurre y logra hacer concurrir a la votación al 60%
de los habilitados para sufragar. Ante este escenario, tanto el MAS como Mesa
declaran que el “sí” mayoritario a las cinco preguntas es un triunfo para el
país en su conjunto.
Respecto de la demanda de “Asamblea
Constituyente”, el gobierno la vació de contenido, la separó de la problemática
fundamental respecto del control del recurso estratégico del gas, y terminó
dilatando su convocatoria indefinidamente.
A pesar del intento de canalización descrito,
la situación de enfrentamiento entre los bloques mencionados continúa
agudizándose. En este contexto, el MAS se balancea hacia la izquierda y
cristaliza una alianza temporal/parcial con el bloque que compone la COB y
otras organizaciones. Es que el partido de Morales no ve con buenos ojos que
Mesa intente mantener su propuesta de un alza impositiva sólo de 18% a 32% (de
las “utilidades” derivadas de las ventas del gas), menos todavía que el mismo
intente ligarse más estrechamente con el “bloque oriental”. En este contexto
dentro del MAS ganan fuerza sus facciones izquierdistas, como el Consejo
Nacional de Marcas y Ayllus de Kollasuyo (CONAMAQ). Asimismo, el partido de
Morales llega a acuerdos con las siguientes organizaciones: COB, CSUTCB, FSTMB,
M-17 (grupo anticapitalista de Roberto de la cruz), FEJUVE El Alto (y luego obtiene el “visto bueno” de
la COR El Alto y la Confederación de maestros rurales y urbanos). Sin embargo,
el MAS continúa con una política electoralista, así como también desmarcándose
de la reivindicación de nacionalización del gas. Por esto, no debe sorprender
que, cuando ocurre la situación pre-insurreccional de mayo-junio de 2005 (que
“estalla” debido a la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos), el MAS se
oponga a los llamados a la movilización enarbolados por la COB y otras
organizaciones en ese momento.
En este momento la lucha no es meramente entre el
bloque indígena-izquierdista y el gobierno de Mesa, sino que también incluye la
movilización e intransigencia del bloque oriental. Este contexto de aguda
“crisis política”[17],
que logra votar a Mesa (se ve obligado a renunciar), es el que hace emerger
discursos lúcidos dentro de la clase dominante/explotadora, lúcidos en tanto
expresan la naturaleza específica de todo Estado capitalista:
“No es importante quien lidera la
nación. Lo que es importante es que el Presidente de la República gobierne y
aplique las facultades que le son otorgadas en orden de mantener el imperio de
la ley, la propiedad de la tierra, y las inversiones, esto junto a la libertad
de movimiento y las condiciones para el desarrollo de las actividades
económicas” (Gabriel Dabdoub, presidente de CAINCO - Cámara de Industria,
Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz-, La Razón, 2005)
En efecto, el Estado es estructuralmente necesario
respecto de la vigencia del modo de producción capitalista en una formación
determinada, más allá de los gobiernos específicos que se encuentren o no en el
poder en un momento específico. El Estado es la “atmósfera de la producción”
(Zavaleta Mercado, 1984), un “guardián” de un tipo específico:
“La definición legal de lo que constituye un contrato
mercantil válido, las medidas de nacionalización y propiedad pública, la
captura de nuevos mercados y fuentes de materias primas…todo ello concurre
necesariamente con la participación del Estado” (Therborn, 1979)
Y
será precisamente este tipo de estructura material-estatal que luego (como
veremos más adelante en este escrito), el gobierno del MAS mantendrá y
desarrollará.
(v) Balance del ciclo de lucha de clases descrito
Respecto del ciclo recién descrito/explicado
interesa en este último apartado especificar su contexto estructural. En lo que
corresponde a esta cuestión, aquí solo consignaremos algunos apuntes. Primero,
hay que tener en cuenta que la Bolivia de los 2000 es una Bolivia
predominantemente urbana. Ya en 2005, el 60% de la población vivía en las tres
áreas urbanas mayores (ese mismo año la población urbana –que vive en
localidades de más de 2000 habitantes-constituía el 64,2% del total del país).
Esta tendencia a la urbanización se acentúa a partir de los 1980s, y está muy
relacionada con el crecimiento de las (hoy) grandes urbes, crecimiento derivado
de una fuerte migración interna. Grandes números de mineros despedidos y
desempleados migran a Cochabamba, de modo que si esta ciudad tenía 720 mil
habitantes en 1976, ya en 2001 presentaba una población de 1,4 millones.
Respecto de El Alto, su crecimiento es casi meteórico (11 mil habitantes en 1950, 250 mil en 1985, 650
mil en 2001).
A esta
tendencia a la urbanización, se suma la importancia creciente que comienza a
tomar el nacionalismo indígena en el país en su conjunto (de hecho, Bolivia es
el país más indígena de Sudamérica: en 2001, el 62% de la población se
consideraba indígena). Este es un “indigenismo” de nuevo tipo, en tanto el
mismo es urbano (el discurso indigenista nace y crece en las ciudades, aún si
puede plantear ideológicamente un horizonte “campesino”) y no especialmente
agrario. El mismo no es sólo contrario a la “colonización ibérico-occidental”,
sino que también se enfrenta a una revolución de 1952 que trató el problema
indígena exclusivamente en su dimensión “campesina”, esto en tanto se intentó
castellanizar e integrar al campesino (indígena) “atrasado” (ergo, se mantuvo
el racismo colonial). Las bases materiales de este nacionalismo indígena de
nuevo tipo, en efecto se encuentran estrechamente vinculadas con las tendencias
urbanizadoras ya mencionadas; de hecho, son éstas últimas las que hacen
confluir a “campesinos” y mineros migrantes en las periferias depauperadas de
las ciudades. Ahora bien, para entender mejor la “cuestión indígena”, es
pertinente reapropiarse de la distinción que Rivera Cusicanqui traza en este
campo. Según este autor, esta “cuestión” tiene su explicación en dos tipos de
memoria histórica. La “memoria corta”, puede ayudarnos a comprender a aquellos
segmentos indígenas dentro de los que se encuentra el mismo MAS, en tanto la
lucha principal de éstos se enfrente a la reproducción del racismo colonial que
supuso la revolución de 1952 (como ya señalamos). Este es un segmento indígena
ya más mestizado, cuyos elementos (basados principalmente en la región de
Cochabamba) tienden a demandar meramente más “integración”. Por su parte, la
“memoria larga” nos ayuda a comprender a segmentos indígenas representados (por
ejemplo) por el MIP de Felipe Quispe y la CSUTCB (Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos Bolivianos). Con base en el Altiplano y menos
mestizados que los cochabambinos, este segmento indígena es más autonomista y
anticolonial (reivindica la luchas indígenas de fines del siglo XVIII y XIX
–e.g. Zárate Wilka y Tupac Katari). En efecto, aún sin ser anticapitalista[18],
el mismo reivindica el Kollasuyo, la nación aymara bajo el imperio incaico.
En tercer
lugar, la dimensión determinante de estas dos tendencias (urbanización,
indigenismo) es la nueva forma que adopta la clase obrera boliviana con la fase
capitalista que comienza en los 1980s. Esta dimensión es determinante, porque
gran parte de los “indígenas urbanos” son de hecho obreros. Anteriormente ya
hicimos referencia parcial a este problema, el de la “nueva clase obrera”. Aquí
solo ampliaremos un poco lo antes explicado. Decíamos que la forma actual de la
clase obrera boliviana, no tiene ya como pilar exclusivo fundamental a la
fracción obrera minera (como fue durante gran parte del siglo XX). Esta
fracción, si bien continúa teniendo un peso no menor (bajo la forma modificada
que más arriba explicamos), es, empero, sólo una fracción más en una totalidad
estructural más compleja y heterogénea. En ésta, lo nuevo y determinante es lo
que García Linera denomina “nueva clase obrera”[19].
Con este concepto, el hoy vicepresidente apunta a una importante fracción de
obreros que se emplea preferentemente en pequeñas plantas capitalistas (e.g. no
más de 10 obreros por planta). Esta fracción tiene un peso cuantitativo y
cualitativo importante, tan es así que en la década de 1990 9 de 10 empleos
fueron creados en el sector laboral en el cual esta fracción trabaja. Como
totalidad, la clase obrera boliviana se encuentra en extremo segmentada (e.g.
oposición trabajadores formales vs trabajadores informales), con un grado de
dispersión físico-geográfico que hace difícil conformar una identidad de clase
definida. Asimismo, en tanto la fracción más dinámica (que crece más en las
últimas décadas) es la mencionada “nueva clase obrera”, existe una totalidad
determinada por una “posición de clase” parcialmente ambigua[20].
Esto porque estos “obreros nuevos” laboran temporalmente para más de un
empleador, se encuentran imposibilitados de organizarse en sindicatos formales
(por el criterio de al menos 20 trabajadores por planta para poder conformar un
sindicato) y en ocasiones también poseen emprendimientos propios. Esta nueva realidad de la clase obrera
boliviana, genera un tipo organizacional específico. Debido a la imposibilidad
de constituirse en sindicatos, Spronk señala que la organización preferente no
es en el punto de explotación; por lo mismo, no prima la negoción colectiva ni
el “cuestionamiento” a la relación de explotación (conflicto capital/Trabajo).
En términos “positivos”, la tendencia dominante es un “movimientismo sindical”
que privilegia la organización en torno al territorio. Un ejemplo paradigmático
de este tipo de organización es la Federación de fabriles de Cochabamba
(dirigida por Óscar Olivera), una federación con una retórica basista y
democrática, énfasis en la unidad con la comunidad (territorio) y una lucha
centrada en las “necesidades básicas de la vida”[21].
Arribamos,
entonces, luego del anterior “excurso” estructural, en una dimensión esencial
del carácter social del ciclo de lucha de clases cuyo balance aquí hacemos. Las
luchas más importantes han sido conceptualizadas por distintos autores como
“territoriales”. De la forma concreta que se dieron en Bolivia (e.g. a través
del “movimientismo sindical” de Olivera), estas luchas portan tres problemas
principales: (i) no se enfatiza el punto de producción; 2) no se sindicaliza
formalmente a la nueva clase obrera; (iii) no busca la unidad entre formales e
informales. Si estos problemas se presentan al nivel específico (forma de
manifestación), algunos autores tienen serias dudas sobre las virtudes de la
lucha territorial en general. Entre ellos, se encuentra Kenneth Roberts:
“…generalmente de escala local, con
proyecciones limitadas respecto de la escena política nacional; aisladas y
desconectadas entre sí, esto debido en parte a su insistencia en la autonomía
política; y por lo general enfocadas en necesidades inmediatas y
particularistas, o en demandas parciales que no poseen una apelación general,
no proyectan una visión ideológica comprehensiva, y no desafían las estructuras
de poder de nivel macro, políticas o económicas” (Kenneth Roberts, citado en Susan Spronk, 2006)
Ahora bien, es importante tener en cuenta que estas
supuestas características generales de la lucha territorial, no se cumplen en
el ciclo de luchas (territoriales) que aquí analizamos. Éstas, como puede verse
a través de lo escrito anteriormente, no fueron meramente locales, aisladas e
ingenuamente autonomistas; tampoco se inhibieron de impactar en el escenario
político nacional (todo lo contrario, ¡votaron dos presidentes!). Menos todavía
enarbolaron exclusivamente demandas parciales de nula apelación general. Debido
a esta palmaria refutación de la caracterización propuesta por Kenneth Roberts,
nos vemos obligados a preguntarnos si la misma tiene alguna validez “general”[22].
Antes bien, a quien escribe le parece evidente que una de las dos dimensiones
problemáticas centrales del ciclo de lucha (territorial) boliviano que
tratamos, tiene más que ver con la forma de manifestación del mismo, con su
carácter organizacional específico (los tres problemas ya mencionados). La
segunda dimensión problemática central que nosotros destacamos, se vincula con el
tercer elemento componente de esta forma de organización (el movimientismo
sindical). Tiene que ver con el hecho de que esta “lucha por las necesidades
básicas de la vida” tiende a quedarse en la esfera del consumo y a no acceder
al campo determinante de la producción. Esto lo podemos ver ejemplarmente en el
caso de las dos Guerras del Agua ya descritas, las cuales, si bien logran
barrer con la privatización, no lograron solucionar plenamente el problema de
acceso y distribución, así como tampoco redundaron en un mejoramiento de la
calidad de vida para la generalidad de los productores/explotados. En efecto,
como señala Susan Spronk:
“…si bien las cuestiones vinculadas al consumo, tal como
el acceso al agua potable, constituyen una parte esencial de la lucha más
amplia de la clase obrera, así como también la construcción de coaliciones
entre grupos sociales diferentes es necesaria para revertir la polarización
social exacerbada por el neoliberalismo, las coaliciones que se enfocan en
abaratar los bienes-salario en detrimento de la lucha obrera por mejores
salarios y condiciones de trabajo, corren el peligro de contribuir a la
declinación de la clase obrera como un todo…La experiencia de Cochabamba
demuestra que la adopción acrítica de coaliciones multi-clasistas enfocadas en
el consumo y en los derechos ciudadanos, no es una panacea o sustituto de la
autoorganización y movilización obrera, esto si un desarrollo genuinamente
emancipatorio y humano desea ser construido” (Susan
Spronk, 2006)
Es probable que las Guerras del Gas
constituyeran una contratendencia digna de notar dentro de este ciclo de lucha
de clases, fundamentalmente porque, como dijimos más arriba, éstas sí lograron
cuestionar el problema de la “propiedad” (e incluso el de la “posesión” cuando
se demando el control obrero). Sin embargo, el desarrollo de esta
contratendencia fue frenado por el dique de contención que significó para la
lucha de los productores/explotados el advenimiento del gobierno de Evo Morales
en 2006. En efecto, pareciera bastante claro que, si el nuevo gobierno en el
poder luego de 2005 mantiene el carácter capitalista del Estado que administra,
lo más probable es que el mismo actualizará algún tipo de régimen kerenskista.
Esta es la tesis que en este escrito defenderemos.
[1]
Esta cuarta fase capitalista se ha “denominado” de distintas maneras:
postfordismo, neofordismo, globalización, toyotismo, neoliberalismo. Ahora
bien, la denominación más utilizada es la de “neoliberalismo”. Esta
conceptualización entiende a la misma, por lo general, como una fase en la cual
el Estado deja de intervenir en las distintas formaciones (“se retira”), a la
vez que prima un mercado “globalizado” y “desregulado” bajo la hegemonía del
capital financiero. Por nuestra parte consideramos que este contenido denotado
por el concepto “neoliberalismo” no se condice con la realidad objetiva propia
de esta cuarta fase capitalista. Primero, porque olvida que Estado y capital se
requieren y necesitan mutuamente (como señalan infinidad de marxistas, entre
ellos, Simon Clarke y Andrew Kliman); un Estado débil y que “no interviene” es
una contradictio in adjecto si postulamos la vigencia del modo de producción
capitalista. Así, lo propio de esta cuarta fase capitalista sería la
modificación de la forma de intervención del Estado en la economía,
modificación que no le sustrae a la misma su carácter decisivo y
cualitativamente importante. A esta modificación en el tipo de intervención
estatal, por otra parte, corresponde una transformación del conjunto de
aparatos que constituyen al Estado capitalista, transformación en la
constitución de éstos, forma de relación e importancia jerárquica. En segundo
lugar, y vinculado con lo anterior, el supuesto “mercado desregulado” que
primaría en la fase capitalista que aquí discutimos, en realidad no es tal,
sino que supone una acción estatal continua e intensiva, como muy bien señala
Steve Vogel en “Freer markets, more rules” (1998). Tercero, la denominada
“globalización de los mercados”, en realidad es una tendencia de antigua data
(y no algo “nuevo” que comience sólo en 1975). No es sólo que el “mercado
mundial capitalista” sea una realidad ya en el siglo XIX, es que la tendencia a
la mayor internacionalización de las economías nacionales es propia del
supuesto período “proteccionista-fordista” que comienza en 1945 (como señala
John Weeks en “Globalize,
Globa-lize, Global lies…”, 2002, en Capitalist phases, 2002). Cuarto, la
mentada hegemonía del capital financiero (aneja a la tesis de un estancamiento
de la tasa de ganancia de décadas a partir de 1975), olvida que: a) no ha
existido empíricamente ninguna oposición de importancia entre el capital
industrial-productivo y el capital financiero (de hecho, como señala Orlando
Caputo, ambos están estrechamente fusionados –e.g. cada gran conglomerado
industrial-productivo tiene su propio banco-); b) la tasa de ganancia se
recuperó luego de la crisis de los 1980s (Bill Jefferies habla de una onda expansiva
que va de 1993 a 2007); c) la producción es siempre determinante (la hegemonía
del capital financiero es una contradictio in adjecto desde una perspectiva
materialista). En quinto lugar, quienes entienden a esta fase capitalista como
“neoliberalismo” tienden a considerar que la misma es ajena a toda política
económica keynesiana. Y esta tesis, simplemente, no es cierta (como lo
demuestra la actuación de algunos centros capitalistas en la crisis de 1987,
así como también lo que ha venido a denominarse el “keynesianismo de derechas
guerrerista” propio de la economía de Estados Unidos desde ya hace varias
décadas). Sexto, conceptualizar una fase capitalista a partir del campo
superestructural de la ideología (un liberalismo que sólo sería “nuevo”), cae
en un análisis idealista (reemplaza una ideología por el ser de las clases y la
producción). Por lo demás, a quienes hablan de “neo” “liberalismo” como
categoría estructurante en sus análisis, puede muy bien aplicárseles la
conocida máxima de Nahuel Moreno: “es muy grave afirmar que algo es nuevo para
evitar hacer un análisis de clase”. Por nuestra parte, si bien no pretendemos poseer una caracterización
definida y final de la fase en cuestión, consideramos que su explicación debe
enfatizar en los cambios dentro del proceso de producción y en el proceso de
trabajo, la generalización de la ley de valor por el mundo entero
(incorporación de la antigua urss y de China), el tipo específico de
intervención estatal, así como también considerar las implicancias de una
derrota mundial de la clase obrera (derrota en la periferia, en los centros, en
la urss, en China, en África).
[2]
El concepto “democracia participativa” es utilizado preferentemente por los
organismos mundiales controlados por los centros capitalistas. Esta es una
“democracia” que continúa siendo “formal”, ya que el poder de decisión respecto
de los determinantes fundamentales de la vida social permanece en manos de la
clase dominante/explotadora. Es un tipo de democracia que meramente “integra” y
“consulta”.
[3]
En el campo del marxismo siempre ha existido un debate sobre lo que constituye
o no constituye una situación revolucionaria (y prerrevolucionaria). Aquí no
pretendemos zanjar esta cuestión con una cita de Lenin o Trotsky, sino sólo
establecer algunas sugerencias (las cuales informan la tesis que defendemos en
el texto). Primero, consideramos que debe diferenciarse entre “insurrección” (o
toma del poder del Estado –cuando la insurrección es exitosa-) y “revolución”
(que es un proceso epocal –de décadas- cuyo primer momento necesario pudiera
ser la insurrección, pero que no se reduce en ningún caso a ésta). Segundo, las
“situaciones” (en referencia a la acción política- práctica), en estricto
rigor, son “situaciones insurreccionales” o “pre-insurreccionales”. Cuando los
clásicos del marxismo hablan de una “situación revolucionaria” proyectan hacia
el pasado una “situación insurreccional” desde el campo de la revolución obrera
rusa de octubre de 1917 (que fue una “revolución” porque sí quebró con el
capitalismo, aún si en definitiva sólo se impuso –con Stalin- un nuevo modo de
explotación y producción). Tercero, contra Guevara y el foquismo
guerrillerista, aquí afirmamos que las “situaciones insurreccionales” son un
factor objetivo en gran medida independiente de la voluntad de cualquier
partido existente (esto es, las situaciones insurreccionales no pueden crearse
a voluntad por el mero deseo de un partido-ejército). Cuarto, en las
“situaciones insurreccionales” tiene un gran peso la crisis nacional objetiva
(Lenin), crisis que expresa de manera generalizada la crisis propia de la clase
dominante/explotadora. Por último, para distinguir una situación
“pre-insurreccional” de una “insurreccional”, quizás sea pertinente preguntarse
por la existencia o inexistencia de una organización con “voluntad de poder”
(con el objetivo explícito de tomar el poder del Estado) y arraigo masivo y
profundo en los productores/explotados.
[4]
La “izquierda” boliviana no sólo se “socialdemocratiza” en los 1980s, sino que
algunos sectores, como el MIR, directamente transitan hacia el campo
capitalista más reaccionario. De ahí que el MIR sea capaz de apoyar al ex
dictador Hugo Banzer. Ahora bien, esto no debiera sorprender a quienes viven en
Chile (como quien escribe), país donde miristas y otros sectores de “izquierda”
viniendo implementando políticas liberales, capitalistas y burguesas desde el
gobierno ya hace un par de décadas (hoy, por lo demás, el Partido Comunista de
Chile apoya el programa de la Nueva Mayoría, programa ni siquiera es socialdemócrata
y sí presenta claros visos “neoliberales”). Estos “giros políticos”, si bien
parecieran sorprendentes, en realidad no lo son tanto. Es que, a lo largo de la
historia muy pocas veces ser de izquierda ha tenido que ver con una posición
anticapitalista consecuente, con el obrerismo y la lucha contra la explotación.
Para un comentario sobre esta afirmación, véase: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/10/un-comentario-una-columna-de-frei-betto.html
[5]
Recordemos que una “huelga general”, solo como método de lucha que ocurre en la
realidad objetiva, plantea ya el problema del poder: “Entre la forma y el contenido hay una relación dialéctica,
contradictoria, pocas veces las direcciones o política coinciden con el
profundo significado de una forma… Algo parecido ocurre con los métodos de
lucha, tienen cierta autonomía, son progresivos, útiles en sí mismos, muchas
veces… Una huelga general, sea por la razón que fuese que se haga, plantea el
problema del poder. El objetivo puede ser un 2% de aumento general de salarios,
pero su consecuencia política es el cuestionamiento del poder burgués” (Nahuel Moreno, 1974)
[6]
Sobre el concepto “campesino”, nos explayaremos más adelante en este escrito.
Sobre la “alianza obrero-campesina”, y su relación con la historia del marxismo
clásico, véase, por ejemplo: Mark Harrison (1979): Chayanov and the marxists,
The Journal of Peasant Studies, 7:1, 86-100
[7]
Sobre el sentido de la política en una formación clasista y su vinculación con
el concepto de “masas”, ver: http://marxsimoanticapitalista.blogspot.com/2013/09/por-que-la-politica-en-una-sociedad-de.html
[8]
Trotsky escribe en 1922, por ejemplo: “Es precisamente esta urgencia de
preservar la unidad (de clase) de frente, la que inspiro no solo a los
comunistas sino también a los sindicalistas revolucionarios, la táctica
absolutamente correcta de la lucha por la unidad de la organización sindical
del proletariado francés”
[9] La Muela del Diablo es una editorial
de estos intelectuales, los cuales conforman la base de la intelligentzia del
MAS hoy en el gobierno. Más adelante en este escrito abordaremos con más
detenimiento a García Linera, intelectual parte de esta corriente intelectual.
[10] Roberto Sáenz
[11]
En 2005 los obreros de Huanuni logran estatizar su mina. Hoy constituyen una
fracción obrera combativa que se opone a los métodos burocráticos y que lucha
contra el gobierno del MAS sin ambivalencias de importancia.
[12]
Podemos mencionar al menos 4 razones de por qué el agua en específico constituye
el foco de dos conflictos que marcan este momento de clímax en el ciclo de
lucha de clases que aquí describimos. Es un
recurso que porta un simbolismo cultural, es fijo y localizado,
constituye un bien salarial e históricamente ha sido parte del salario social (provisto
por el Estado).
[13]
En referencia a la región “oriental” de Bolivia, la zona más “industrializada”
del país y con gran cantidad de recursos naturales estratégicos. El eje de esta
zona es la ciudad de Santa Cruz, zona a la cual en ocasiones se denomina como
“Media Luna” y que también componen Beni, Pando y Tarija.
[14]
En su texto de 1979 (¿Cómo domina la clase dominante?), Therborn da tres
ejemplos de medidas aplicadas a través del método de canalización preventiva.
Tanto la abolición de esclavitud en Estados unidos, como la ampliación del
derecho a voto en los centros capitalistas y la participación de los
trabajadores en la administración de las empresas capitalistas, fueron
implementadas “desde arriba”, con la clase dominante/explotadora en una
posición de fuerza y manteniendo el
marco de las instituciones existentes en ese momento.
[15]
“La hegemonía política de clase se
manifiesta siempre por la organización de “falsos debates”; tomando partido en
ellos las clases invierten una parte recuperable de sus intereses reales al
mismo tiempo que se dividen políticamente, por sus propios intereses
antagónicos respecto a los de la burguesía” (“La crisis del Estado”, ed Nicos Poulantzas, 1976)
[16]
Sobre este concepto, ver los escritos de Balibar y Poulantzas de los 1970s
[17]
Poulantzas define “crisis política” de la siguiente manera: “afecta fundamentalmente a los partidos del
bloque dominante. Se expresa en un problema de representación, en el cual las
fracciones de clase burguesas, aún siendo poderosas en lo económico, no se
sienten representadas por los estrategas de sus partidos. A esto se suma una
crisis de organización política, que se manifiesta en una proliferación de
partidos, muchos de los cuales solo representan intereses corporativos y
económicos” (Fascismo y dictadura,
Poulantzas)
[18]
No es un segmento anticapitalista por dos razones. Primero, porque reactualiza
el mito campesino precapitalista ya criticado por Lenin a fines del siglo XIX.
Esto es, olvida que la sociedad que reivindican fue una sociedad clasista
fundada en la explotación y el privilegio (ergo, no es anticapitalista porque
no plantea una alternativa a la “explotación” capitalista). Segundo, éste
segmento no es anticapitalista porque su base social se compone ya –y no
minoritariamente- por patrones (agentes que explotan trabajo ajeno), esto es,
es un segmento con tendencias frentepopulistas
[19]
“Reproletarización…” (García Linera, 1998)
[20]
Para quien quiera investigar las tendencias capitalistas de acumulación que
permiten la generación de una tal fracción obrera, están los estudios de Cook y
Binford, 1986 y Ayata, 1986, autores que desarrollan el concepto de “pequeño
capitalista” (que emplea tres o cuatro trabajadores)
[21]
Es importante tener en cuenta que, tanto Spronk como García Linera, están
equivocados cuando afirman que las luchas de esta “nueva clase obrera” eliminan
la importancia de los sindicatos. Primero, porque estas luchas territoriales sí
fueron organizadas por organizaciones sindicales como la Federación de fabriles
de Cochabamba (aún si esta organización actualice lo que la literatura denomina
“movimientismo sindical”). Segundo, porque todo el ciclo de lucha de clases
descrito muestra una recuperación parcial no menor de la COB (en 1998, en 2000,
en 20003, en 2005). Y, tercero, el mismo partido que “capitalizará” esta
luchas, el MAS, es una organización que algunos autores caracterizan como una
mezcla híbrida entre partido y sindicato.
[22]
No obstante lo dicho y lo que diremos a continuación, la lucha territorial sí
tiene un componente histórico negativo desde la perspectiva de los explotados.
Éste puede verse en que la tradición de lucha política que más utilizó esta
estrategia territorial, fue la maoísta, corriente “marxista” que concebía
errada a la lucha de clases como una “guerra” y no tuvo problemas en llevar a
cabo la revolución de las cuatro clases (obreros, campesinos, pequeño-burgueses
y capitalistas contra el imperialismo y el feudalismo)
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