viernes, 11 de abril de 2014

Bolivia bajo el MAS: La devaluación del “horizonte anticapitalista” (parte IX)

IX. Nacionalizaciones y Estado bajo el MAS

(i) Nacionalización hidrocarburos

 Como hemos señalado más arriba, sólo en el segundo momento de implantación de las reformas liberales propias de la cuarta fase capitalista mundial -esto es durante la década de los 1990s-, se terminan de privatizar gran parte de los activos antes estatales. Dentro de las cinco empresas estatales privatizadas más importantes, se encuentra, en efecto, YPFB (Yacimientos petrolíferos bolivianos). Por esos años (1990s), el debate respecto de esta compañía giró en torno a la disyuntiva si lo pertinente era “capitalizar” (lo que suponía una venta parcial de las unidades de esta empresa) o “privatizar” (simplemente vender totalmente las unidades de esta empresa). Al final del día, terminó cristalizando una “solución” con las siguientes características. Primero, se determina que el control (y la mayoría accionaria) de las unidades “capitalizadas” de YPFB fuera otorgado a las “administradoras de fondos de pensiones” (AFP privadas). Así, el Estado retuvo sólo un porcentaje menor de las acciones de las plantas “capitalizadas” de YPFB. Esto en un contexto en el cual, de los 835 millones de dólares en que fueron avaluadas la totalidad de las filiales de YPFB, el Estado no ve un solo peso: antes bien, el “acuerdo” meramente supuso el compromiso de las transnacionales de invertir este dinero en las plantas ahora “privatizadas” durante los próximos años. Segundo, el conjunto de impuestos y royalties al sector hidrocarburífero privado fue disminuido desde un 50% a un 18% del valor de la producción para todas las “nuevas reservas”. Tercero, según estas nuevas disposiciones el Estado permanecía siendo el único poseedor del recurso natural gasífero, a la vez que se le entregaban derechos de explotación por 40 años a distintas transnacionales. Estos “derechos” también implicaron que la producción y la comercialización quedaran bajo el libre arbitrio de la empresa privada multinacional[1].        

Es bajo este marco que el gobierno de Evo Morales asumirá su mandato y propondrá la “nacionalización” de los hidrocarburos. En esta tarea, Morales Ayma no estaba “inventando la rueda” en Bolivia, ya que la nacionalización de 2005-2006 fue la tercera ocasión en que este proceso ocurrió, esto si tenemos en cuenta la historia del país (la primera vez se nacionalizó la Standard Oil en 1936, la segunda nacionalización en esta esfera ocurrió en 1969).

En términos económicos, Morales proponía “nacionalizar” una esfera gasífera cuyo crecimiento anual entre 2001 y 2005 había sido de 10%, una cifra no menor. De hecho, en promedio, entre los citados años los hidrocarburos junto a la minería representaban más de un 10% del PIB nacional[2].      
Ahora bien, no obstante la retórica nacionalista-socialista de los dirigentes (que, como hemos mencionado varias veces ya, es consustancial al kerenskismo), aquí intentaremos sostener la tesis de que esta nacionalización fue, como escribió Brent Z. Kaup en 2010, una “nacionalización neoliberal”:

“Enfrentando tales constreñimientos, se llevó a cabo una nacionalización neoliberal. Si bien técnicamente se devolvió el control físico del gas natural de Bolivia al Estado, el espacio abierto para la inversión privada en el sector de los hidrocarburos durante los 1980s y 1990s, aún existe. Las firmas transnacionales aún extraen la mayoría del gas natural boliviano, y la mayoría de éste aún es enviado a los mercados de exportación más rentables” (Brent. Z Kaup, 2010)
Mediante este concepto intentamos aprehender uno de los “procesos estatales de mediación” más característico del gobierno moralista, proceso de “desplazamiento” y “canalización preventiva” de una sentida demanda enarbolada por los productores/explotados (la nacionalización), y que a la vez da cuenta de la naturaleza capitalista del Estado boliviano sostenido por el régimen kerenskista de Morales Ayma. A continuación destacamos 5 dimensiones que dan cuenta de este proceso que, junto Brent Z. Kaup, hemos denominado “nacionalización neoliberal”

 En primer lugar, hay que consignar que el proceso de nacionalización de YPFB no esconde los hilos de continuidad que lo ligan al pasado reciente. Esto porque el argumento utilizado para efectuar el mismo, comprendió un marco en el cual se calificaba de “inconstitucional” al decreto “privatizador” n° 24806, ya que el mismo negaba el principio de constitucional que establecía al Estado como “único propietario”. Así, se derogaba el decreto n°24806 haciendo pie fuertemente en una constitución que rigió durante los “años neoliberales” (1990s). En este proceso “nacionalizador” existió, por tanto una continuidad “neoliberal”. Esta continuidad muestra nuevamente el carácter “débil” de kerenskismo boliviano, esto si lo volvemos a comparar con el kerenskismo “fuerte” vivido bajo Allende en Chile. En efecto, la UP chilena nacionalizó el cobre (que en esta comparación funge como sucedáneo del gas boliviano) a través de un “reforma constitucional”, quebrando así los hilos de continuidad con la democracia capitalista previa[3].   

 En segundo lugar, es importante destacar que los hidrocarburos se nacionalizaron manteniendo el marco de comercialización acordado por el país en 1999, el cual consignaba que el 65% de la producción del gas boliviano debía venderse obligadamente a Brasil por lo menos hasta 2018. De hecho, casi la mitad del gas utilizado por el ABC paulista (núcleo industrial brasileño en torno a Sao Paulo), se importa desde Bolivia. Por esto, de ninguna manera este gigante latinoamericano habría permitido el incumplimiento de un acuerdo de tamaña importancia para su economía sin fuertes presiones (diplomáticas y de otro tipo). Ahora bien, estos “contratos atados” también se reproducen en la relación de Bolivia con Argentina, de tal modo que en 2006 el 85% del gas producido en esta formación fue a parar a Brasil y Argentina. Es éste marco, que tiene tres consecuencias negativas fundamentales para la economía boliviana y el proyecto político masista, el que estaría dando cuenta de lo que aquí denominamos una “nacionalización neoliberal”. Por una parte, tener sólo dos compradores gasíferos hace muy dificultosa la libre flotación del precio de este recurso, flotación que facilitaría alzas de precio y posibilidades de cartelización para Bolivia. Así, una vez electo, Evo Morales se vio obligado a renegociar los precios de la venta del gas boliviano únicamente con sus dos “socios” latinoamericanos, socios que por lo demás constituyen economías mucho mayores y con una capacidad de presión infinitamente más grande que la boliviana. En segundo lugar, estas “ventas atadas” del gas imposibilitan la redirección del recurso hacia la economía interna, el cual, como señala un representante de YPFB, era esencial para las promesas de “industrialización” consignadas en el mismo programa del MAS:       

“Desafortunadamente, encontramos –de hecho, las autoridades en La Paz se dieron cuenta- que no existe suficiente gas para las plantas de industrialización, para alimentar las plantas. Porque el problema con todos estos proyectos de industrialización es que utilizan metano. Y, en otras palabras, esta es la principal materia prima que Bolivia exporta a Brasil y Argentina” (citado en Brent Z. Kaup, 2010)

Tercero, y derivado de todo lo anterior, la misma infraestructura de distribución del gas boliviano fue pensada y construida para la exportación de éste a Brasil, por lo cual los recursos necesarios para redirigir el gas “hacia dentro” llegarían a cotas muy elevadas (habida cuenta que gran parte de la infraestructura en este caso debería ser reconstruida).

 En tercer lugar, deviene esencial consignar los mecanismos mediante los cuales se efectuó la nacionalización específica que aquí tratamos. Estos mecanismos excluyeron la expropiación, tal como vimos más arriba sucedió en el agro. Antes bien, lo ocurrido no patentizó sino una “adquisición hostil”:

“Ahora, esta ni siquiera es una nacionalización. Podría denominársela una adquisición hostil…Una compañía está interesada en otra compañía, y comienza a comprar acciones e ir a las reuniones anuales y anuncia, “Bueno, ustedes amigos ya no lideran; nosotros estamos a cargo de esto porque tenemos 51% de las acciones, entonces estamos a cargo nosotros”. Esta es una adquisición hostil, ¿cierto? Estamos comprando las acciones, bueno, por lo menos un 51%. Por supuesto, tenemos un 35% en uno de los empresas y tenemos 49% en otras, por lo que solo estamos comprando 16% o quizás 2 por ciento más. Y esta no es una nacionalización; es una adquisición hostil, eso es lo que es” (representante de YPFB, citado en Brent Z. Kaup, 2010)

Según Carlos Arze, los únicos expropiados en este caso fueron los ciudadanos bolivianos mediante la transferencia de las acciones de las AFP de las empresas capitalizadas al Estado. Nuevamente se impone la comparación con lo ocurrido bajo la UP chilena. ¿Expropió este kerenskismo “fuerte”? Sí, el Estado chileno expropió a las mineras yanquis Kennecott y Anaconda, las cuales encima se vieron sujetas a pagar indemnizaciones por “excesos de ganancia” (mediante un proceso que se llevó a cortes internacionales). La Bolivia del “horizonte anticapitalista”, como vemos, por su parte no lo hizo. Si no hizo esto, entonces, ¿qué hizo en concreto?
 Primero, el estado boliviano recuperó las plantas previamente “privatizadas” de YPFB  (1 planta de almacenaje, 1  de transporte, 2 de producción, 2 refinerías). Para lograr esto, compró los porcentajes accionarios suficientes para obtener el control. Esta compra, sin embargo, fue a precios mucho mayores que los originalmente cancelados por las firmas que compraron las plantas en los 1990s (Petrobrás, Entel, CLBH, etc). Además, en esta adquisición se aceptaron “de buena fe” los montos de inversión que estas empresas declararon haber invertido (rechazando así auditorías que mostraban cómo lo realmente invertido constituía solo 1/3 de lo declarado). Esta dimensión de la nacionalización boliviana, la compra sobrevaluada, recuerda el proyecto capitalista de Frei en Chile durante los 1960s, proyecto cuya chilenización supuso la compra del 51% de las acciones de la mina El Teniente al precio del 100% del total accionario. Por otra parte, no es menos importante el hecho de que las plantas “recuperadas” por el Estado boliviano solo operaban un porcentaje menor del total de la producción hidrocarburífera en el 2005.
 Segundo, el Estado se apropia solamente del control de la “comercialización” del gas, en tanto privados (nacionales y extranjeros) e YPFB meramente le proveen un servicio al ente estatal, el cual es pagado por los primeros con un porcentaje de las ventas.
 Tercero, el gobierno del MAS establece una participación estatal minoritaria en algunas otras empresas hidrocarburíferas mixtas. Y, cuarto, Morales acrece el total gravado desde el mencionado 18% al 50%[4], al crear el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

 La cuarta dimensión que aquí consideramos relevante para comprender el proceso de nacionalización de los hidrocarburos bajo el MAS, se relaciona con la utilización del excedente apropiado por el Estado en la esfera gasífera. En este respecto, la ley de Hidrocarburos 3058 es clara al señalar que el mismo debe ser redirigido mayoritariamente a los departamentos regionales, y utilizado esencialmente en salud, educación, pueblos indígenas, administración e infraestructura. De esta forma, el Estado se fija límites muy estrechos respecto a su intervención directa y productiva en la economía. Éste, no sólo se autoimpone la imposibilidad de capitalizar y “acumular” (reinvertir el excedente) en el campo de los hidrocarburos, sino que también lo hace respecto de los otros sectores de la economía. Como parece evidente a partir de estos y de elementos consignados con anterioridad, la tarea estatal orientada hacia el “horizonte anticapitalista”, paradójicamente pareciera reducirse a generar las condiciones para facilitar la acumulación de capital privado.

En quinto lugar, queremos finalmente reforzar nuestra tesis con las consecuencias y efectos que este proceso de nacionalización trajo con el correr de los años. Destacamos cinco de estos “efectos”. Primero, el hecho de que, si bien el Estado ahora se apropia cerca de un 65% de la renta hidrocarburífera[5], las transnacionales obtuvieron una masa de ganancia mayor en 2013 de la obtenida en 2004 (si este último año captaban el 75% del excedente - US880 millones de US1.170 millones-, en 2013 las transnacionales, solo con el 35% del excedente consiguieron US1086 millones –de un total de US3050 millones-). Esto contrasta con el comportamiento mostrado por las mineras norteamericanas expropiadas por el gobierno de la Unidad Popular en los 1970s, comportamiento que las tuvo presionando internacionalmente para que los distintos países no compraran cobre chileno, porque el mismo constituía “propiedad robada”. Un nuevo rasgo que nos da cuenta del carácter “débil” del kerenkismo boliviano. Segundo, luego de ocho años (2013) el Estado boliviano sólo controla el 18% de la producción del gas (esto si se suma YPFB-Andina, en asociación con Repsol). Así, el 80% de la producción es controlada por las transnacionales (en el caso de Petrobrás, por ejemplo, ésta tenía el 56,7% en 2005 y 63,7% en 2010). Al igual que bajo Frei en el Chile de los 1960s, el Estado no tiene aquí participación en las decisiones de acumulación, en ningún caso adopta el carácter de un “Estado productor”. Tercero, si bien desde esferas oficiales se ha establecido la exclusividad para YPFB en varias reservas (zonas de exploración/explotación de casi 10 millones de ha), las mismas ya se sabe que serán operadas por empresas mixtas (Petrobrás, PDVSA, YPF-Argentina, Jindal-GTLI, etc). Cuarto, la inexperiencia (entre otras cosas) le ha pasado la cuenta al gobierno, ya que la inestabilidad administrativa en YPFB ha sido evidente a lo largo de los años: entre 2006 y 2010, Morales nombró tres ministros de hidrocarburos y seis presidentes de YPFB. Y este es un rasgo más que evoca el desorden y desconcierto propio del período de las “reestructuraciones neoliberales”.

 El quinto efecto de esta quinta dimensión se relaciona más estrechamente con la lucha de clases que arriba consignamos como de “segundo grado” (con cierto nivel de autonomía). Es que el mínimo control estatal de la producción de gas, en 2010 “obligó” al gobierno a intentar un alza sustantiva de los precios del combustible en términos internos, con el objetivo explícito de hacer rentable la explotación de este recurso para las transnacionales (las cuales habían aminorado la producción alegando precios demasiado bajos)[6]. Si bien la movilización de los productores/explotados logró hacer retroceder esta medida en diciembre de 2010, en abril de 2012 el decreto supremo 1202 se aplica sin mayor resistencia.  Y este implica una reedición de lo intentado en 2010: si antes de este decreto el barril de petróleo estaba a US$ 27,11 en términos internos y el estado se apropiaba US$13,55 de éstos, con el mismo, a través del incentivo NOCRES (notas de crédito) de US$30, el Estado desembolsa 2,2 veces lo que antes se apropiaba (los recursos para este incentivo provendrán de impuestos a los consumidores o del excedente producido por YPFB). Este incentivo no es diferente de la baja impositiva para las transnacionales que supuso la chilenización del cobre bajo el gobierno de Frei Montalva en 1967.

(ii) Empresas estatales

(ii.1) ¿Industrialización?

 El MAS llegó al poder con un programa que prometía “industrializar el país”. Sin embargo, igual que parte importante de las declaraciones masistas, ésta se aprovechó de la ambigüedad de este concepto para actualizar nuevamente prácticas demagógicas. Así, las autoridades han explicitado que constituirían prácticas industrializadoras: a) la subvención del precio del gas a la siderúrgica el Mutún; b) la instalación de mega-termoeléctricas que exportadoras de energía; c) toda actividad que “agregue valor”. En la práctica, en 2010 sólo 17% del PIB boliviano lo constituía la manufactura; dentro de ésta, primaban sectores como alimentos, bebidas y tabaco. Y desde hace 30 años que más del 40% del PIB manufacturero corre por cuenta de este tipo de sectores, tendencia que la administración el MAS no ha sino que acusado, toda vez que entre 2006 y 2010 estos sectores representaron más del 50% del PIB manufacturero. Durante el mismo lapso, el sector de “textiles y vestimenta” tuvo un decrecimiento de 13%, y “maquinaria y metales” presentó un -8%.

Empero, si bien las cifras citadas muestran cómo la estructura productiva boliviana no se ha modificado lo más mínimo bajo la égida de Morales Ayma, el problema en este respecto no se encuentra exclusivamente en el campo de la aplicación. Antes bien, emana de una premisa ideológica fundamental, de un postulado viciado. El mismo dice relación con la creencia espuria de que es posible “industrializar” en términos nacionales. Que el desarrollo propio de la “industrialización” es una cuestión resoluble en términos “nacionales”. Ahora bien, este “mito” está enraizado en dos cuestiones. Por una parte, deriva de la ambigüedad del término industrialización. Término más literario que científico, el mismo destaca por su bajo grado de especificidad y su reluctancia a mostrar un contenido positivo claro. Esto puede verse en la infinidad de significados otorgados a este término a lo largo de la historia. Algunos historiadores (incluso historiadores marxistas) hablan de la” industria medieval agraria”; otros más conciben la existencia de “protoindustrialización” en la edad media tardía (e.g. Peter Kriedte); los de más allá hablan de la sociedad industrial; los de más acá de capitalismo industrial; también es moneda corriente de cambio el “proletariado industrial”; se menciona la “industrialización”; etc (y podríamos seguir).  En estricto rigor, en términos marxistas existe el “capital industrial”, aquél que completa el ciclo global “producción-circulación-producción” respetando forma y función según la fase del ciclo que se trate[7]. Y esto para Marx significa que, una vez el modo de producción capitalista es dominante, éste sólo puede estar determinado por el capital industrial[8]: ergo, mientras dure el capitalismo, éste será capitalismo industrial. No obstante esto, todo el mundo habla de “industrialización”, como si fuera una cuestión separada del capitalismo y no el capitalismo mismo. ¿A qué se debe esto? Creemos que esto se debe, en lo fundamental, a una confusión: tiende a igualarse “capitalismo” con sólo una de sus formas de existir (la que aquí denominamos “clásica”), aquella que presenta subsunción real, plusvalor relativo, trabajo asalariado “libre”, etc. Y, en esta igualación, se omiten las otras formas de existir de este modo de producción (acumulación originaria recurrente, subsunción formal, plusvalor absoluto, modos de explotación, deproletarización, etc). Así, todo capitalismo “no clásico” aparece aquí como uno “deformado”, subdesarrollado”, “atrasado”, “dependiente”, etc. Superar esta deformación sería igual a “industrializarse”. Desde nuestra perspectiva, esto no sería sino que la “adopción” de la forma capitalista “clásica”[9].
Ahora bien, el maoísmo, la teoría de la dependencia y el desarrollismo, todas estas corrientes práctico-intelectuales postulan implícitamente que esta “adopción” es una realizable en términos nacionales. Sea bajo la forma socialista o capitalista, todas responden afirmativamente a la pregunta sobre la industrialización “nacional” (desarrollo autocentrado). Sin embargo, están equivocados. Absolutamente todos los casos que han fungido de muestra sobre este punto están sujetos a fuertes dudas. En el caso de Inglaterra, estas corrientes olvidan varias cosas: a) el capitalismo fue un fenómeno que emergió regionalmente (a nivel de Europa occidental al menos) y no nacionalmente (como argumentamos al comienzo de este trabajo)[10]; b) la “industrialización” inglesa dependió, primero, de su expansión “rentista” a Irlanda y, después (siglo XIX), de los productos coloniales que abarataron la producción del departamento II (producción de bienes de consumo) y permitieron el funcionamiento del plusvalor relativo[11]; c) sectores de “formas capitalistas no clásicas” existieron en no menor medida durante todo el siglo XIX[12], e incluso se mantuvieron vigentes hasta 1945[13]. En lo que refiere a Estados Unidos, se olvida que hasta 1950 este capitalismo de supuesto “desarrollo autocentrado” contenía amplias regiones en las cuales era predominante la “aparcería”[14]. Respecto de los casos de Alemania (1850-1890) y Japón (1867-1890), ambos constituyen ejemplos de una “vía de desarrollo junker”, por lo que difícilmente encajan en el “tipo ideal” de “desarrollo autocentrado” (dado solo la parcial asalarización de la fuerza de trabajo, la vigencia no menor del plusvalor absoluto, etc). Los casos de los Corea del sur y Japón desde 1970 no fueron ejemplos de una industrialización “nacional”, sino que de una vinculación específica con el mercado capitalista mundial (y una no precisamente virtuosa o típicamente desarrollista)[15]. Por último, en el campo “socialista” lo de Cuba difícilmente pueda denominarse “industrialización”, mientras que la industrialización de la urss no fue nacional, sino que involucró a un continente completo y dependió de muchos factores específicos (guerra civil contra los kulaks, 2da guerra mundial, apropiación de Europa del Este a partir de 1945, etc).     

Además, las teorías de la “industrialización nacional” parten de marcos teóricos equivocados, como la economía neoclásica (Rostow) o el falseamiento maoísta del marxismo[16]

No obstante todo esto, dentro de los grupos que formularon el programa del MAS existían “industrializadores” honestos. En efecto, varios ex miembros de la GNI (Gerencia Nacional de Industrialización), un ex ministro y ex funcionarios altos de YPFB, critican cotidianamente al gobierno por haber archivado sus trabajos y diseños (sostienen que el gobierno, o se ha “vendido” a las transnacionales y/o en él prima una burocracia que trabaja exclusivamente en función de su propio interés)[17]. Además, señalan que la “industrialización” ha sufrido de la excesiva monetización de la renta de hidrocarburos y minerales, su subordinación a la política fiscal (redistribución) y de su dependencia de los precios internacionales de las materias primas.





(ii.2) Empresas estatales manufactureras

A diferencia de lo ocurrido durante la UP chilena, el programa de MAS nunca propuso expropiar sector alguno de la economía. Si la primera sí planteó primero expropiar 253 empresas monopólicas y después (debido a la presión de la oposición) 90 empresas, el partido de Evo Morales, por el contrario, buscó crear y/o recuperar nuevas empresas de propiedad estatal. Para esto el gobierno creó el SEDEM (servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas), el cual tiene la misión explícita de impulsar la creación y/o recuperación de empresas estatales en el sector manufacturero. Sin embargo, a 2012 sólo 3 de las 9 empresas estatales proyectadas por este organismo en 2007 se encuentran en operación. Esto se debe a distintas razones.
 
Primero, Carlos Arze señala que el proceso de implantación de empresas estatales ha sufrido de equipos con falta de capacidad técnica, lo cual ha trasuntado en numerosos errores de diseño y  cálculo. Un ejemplo de esto es lo sucedido con la fábrica de azúcar Bermejo: luego de constatar que los insumos de caña presupuestados no descansaban en estudios serios, sino en datos de los “campesinos” interesados en la planta, el gobierno –en el contexto de un conflicto con los citados “campesinos”- decide cerrar la planta en 2012.
 
 En segundo lugar, las empresas estatales se han visto imposibilitadas de operar por el mismo proceso de su génesis, derivado éste de promesas electorales. Así, por ejemplo, dentro del contexto de presión de distintas organizaciones sociales por la instalación de fábricas en sus territorios, el gobierno se compromete durante su campaña electoral a construir una planta procesadora de cítricos en Caranavi. Ahora bien, una vez electo Morales, dos provincias distintas se disputan la instalación de esta planta; el saldo de este conflicto terminó siendo: a) 2 muertos y 30 heridos debido a la represión estatal; b) el compromiso del gobierno de construir dos plantas, una en cada provincia.
 Una tercera causa del deficiente funcionamiento de la implementación de lo proyectado por el SEDEM, dice relación con la existencia de casos flagrantes de corrupción. Citaremos dos ejemplos de esta nefasta práctica. En el caso de la fábrica de papel Villa Tunari (Papelbol), el viceministro vigente adjudicó contratos a empresas de familiares, las cuales estafaron al Estado en la provisión de maquinaria y equipo en 13,6 millones de dólares. En lo que respecta a la planta separadora de líquidos en Río Grande (Catler), el presidente de YPFB en ese momento, Santos Ramírez, debió ser condenado a 12 años de presidio.
 Más allá de estas tres dimensiones que explican fallas (en alguna medida) de aplicación, los proyectos del SEDEM sufren de una cuarta deficiencia: la falta de financiamiento. Tan acusada es esta situación que varias empresas han debido recurrir al crédito privado y las donaciones.

 No obstante todo esto, el conjunto de los proyectos elaborados por el SEDEM (que, como vimos se han implementado mal, o simplemente no se han aplicado) destaca por su bajo aporte a la producción, inversión, generación de recursos estatales y creación de empleo. Es que, a lo largo de los años hemos podido constatar que no ha cristalizado el prometido Estado activo y basado en el valor de uso, el cual vendría a coadyuvar en el proceso de cristalización del “socialismo” boliviano. Antes bien, ya en 2011 el vicepresidente debió sincerar un poco las cosas: declaró que los esfuerzos del SEDEM sólo estaban destinados a crear pequeñas “fábricas artesanales” destinadas a ayudar a los productores “campesinos”, esto porque éste sector era un área reservada para la inversión privada en la cual el Estado no debía competir. Más adelante desarrollaremos la discusión entre Therborn y Zavaleta Mercado, la cual dice relación con si una de las funciones “normales” del estado capitalista es la producción directa o no. Lo que sí queremos dejar establecido en este punto es que estas empresas de la SEDEM fueron proyectadas con el objetivo explícito de la legitimación (estatal), si tenemos en cuenta lo afirmado por García Linera. Y, a esto es a lo que Zavaleta Mercado se refería cuando establecía que:

“El Estado [capitalista], cuando participa en el piso productivo o en la propia circulación, no lo hace como productor privado capitalista. En otros términos, si el capitalista produce zapatos, y el Estado produce zapatos, una cosa es diferente de la otra, porque el Estado produce a la vez sustancia estatal” (Zavaleta Mercado, 1984)

(ii.3) Funcionamiento de YPFB
   
 Respecto del funcionamiento de la empresa estatal de hidrocarburos, es pertinente realizar tres pequeños apuntes. En primer lugar, el desorden administrativo y caos burocrático que ha traspasado su operación durante los últimos 7 u 8 años. Además de los problemas internos propios de YPFB, deviene menester retener que el gobierno mismo adicionó volitiva y conscientemente complejidad añadida innecesaria. Esto porque en 2009 crea la EBIH (Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos), con lo cual la responsabilidad respecto del funcionamiento y las posibilidades de industrialización de este recurso se traslaparon y confundieron en no menor medida. De hecho, hasta 2013 seguían existiendo conflictos entre YPFB y EBIH, tanto por cuestiones de competencia, como por captación de recursos.
 Segundo, el funcionamiento de YPFB se ha visto mermado por falta financiamiento (dimensión que pareciera común a la totalidad de la “intervención estatal” en la economía). En este caso, el plan 2009-2015 tenía en 2013 el 52% sin respaldo de recursos. Por esto, tanto YPFB como EBIH han debido recurrir a la lógica del endeudamiento vía el Banco central de Bolivia (BCB). Asimismo, la falta de financiamiento ha obligado a YPFB a modificar los planes en el camino, lo que ha redundado en la implementación de pequeñas fábricas sin mayor peso para la economía del país (pequeñas fábricas que, por lo demás, utilizan insumos importados).
 La tercera dimensión respecto de la operación de YPFB que creemos necesario apuntar, dice relación con la falta de transparencia en los comunicados oficiales respecto de la existencia de reservas gasíferas en el país. Según Inchauste (2010) los planes gubernamentales para el campo de los hidrocarburos requerirían la existencia de al menos 30 millones pies cúbicos de este recurso. Ahora bien, de acuerdo a la empresa Ryder Scott, para 2010 las reservas de gas habrían caído de 26 millones de pies a 10 millones. Enfrentado a estos dilemas, el gobierno afirmó, basándose en reservas de gas probables y posibles, que existirían 14,6 millones de pies cúbicos del recurso, lo cual sería suficiente para cubrir la demanda Argentina y brasileña al menos hasta 2026.

(ii.4) Minería

 El sector minero boliviano se caracteriza por dos rasgos fundamentales. Primero, ha tenido un crecimiento muy importante entre 2005 y 2009 (+20% anual); segundo, el régimen político masista no ha implementado ninguna “nacionalización” en él. Por esto, existe una masiva y casi excluyente dominancia de la privada Minera San Cristóbal (MSC), la cual en 2009 controlaba el 69% de la producción de zinc, 84% de la producción de plomo y 46% de la producción de plata, minerales que componían el 96% del total de la producción minera este mismo año. Ocupando un espacio menor se encuentra la COMIBOL (Corporación Minera Boliviana), la cual se compone de la mina Huanuni (estatizada por los trabajadores en 2005 y "legitimada" por el MAS en 2006) y la mina Corocoro (más todavía, esta última es explotada por el estado en conjunto con la coreana Kores).
 
Respecto de los proyectos futuros del gobierno en relación con el sector minero, es pertinente consignar al menos dos cuestiones. Por una parte, el Plan de Desarrollo Minero Metalúrgico fue delegado para su elaboración por parte de una “consultora” en 2007, elaboración que para 2011 aún no se completaba.

Por otra parte, el MAS ha estipulado la “construcción” de 7 emprendimientos estatales en el sector minero (que se sumarían a las dos empresas de la COMIBOL ya mencionadas). De estas 7 empresas, sólo 2 se encontraban funcionando en 2013, y una de éstas es una mera rehabilitación de una empresa de ácido sulfúrico que ya existía. Otra empresa que se pretende rehabilitar es la fundición Karachipampa, la cual se encuentra en fase final de construcción en 2013. También en fase final de construcción en 2013 estaba el Horno Ausmelt en Vinto. Respecto a las tres empresas restantes proyectadas por el MAS, éstas han mostrado “problemas”. Respecto de la Refinería de zinc proyectada, su “licitación”[18] resultó desierta en 2010. En 2011, la misma se la adjudica una empresa china, a la cual sin embargo se le rescinde el contrato por incumplimiento. Por esto, en 2012 el régimen masista prácticamente invita a la española “Técnicas Reunidas”, la cual estipula que la construcción podrá ser entregada en 2016. El segundo proyecto que ha tenido “problemas” es la explotación de litio en el salar de Uyuni. En éste, a 2013 existe un retraso de a lo menos 2 años en la investigación sobre cómo obtener carbonato de litio (esto en un contexto en el cual el gobierno de Morales ha mostrado toda su demagogia nacionalista, afirmando que el proceso de obtención de litio sería uno especialmente vernáculo y boliviano). Además, en relación con las existencias reales de litio el masismo ha sido deliberadamente oscuro –a 2013 aún no se conocía la cifra exacta de litio existente-. Por último, lo sucedido con la siderurgia El Mutún es ilustrativo respecto del tipo de dificultades que ha tenido el MAS para implementar lo proyectado en un comienzo. En este caso, el gobierno de Morales Ayma aceptó a la primera empresa que postuló a la licitación, principalmente por miedo a confrontarse con las élites cruceñas (que mostraron su capacidad de presión en 2005, justo antes que asumiera Evo Morales). Esta primera empresa fue la india Jindal Steel & Power. Ahora bien, finalmente resultó que esta empresa nunca tuvo la intención de producir, sino que meramente se proponía activar una operación especulativa en los mercados financieros. Como menciona un ex ejecutivo de la empresa, y como lo demuestran las acciones de ésta -alzas en los volúmenes de gas necesarios para  comenzar la producción, dilatación de las inversiones sin justificación, falta de un proyecto de diseño final, rechazo auditoría de gastos, etc-, en realidad esta entidad de la India solo deseaba aprovecharse del alza en el precio de sus acciones derivada del hecho de haber obtenido el proyecto El Mutún, la segunda reserva de hierro más grande del continente. A pesar de todo, en 2010 la Jindal se adjudicó 1,2 millones de hectáreas de propiedad de YPFB para exploración.


(iii) Presencia estatal en la economía

Nacionalización y empresas estatales creadas y/o rehabilitadas redundan en un peso cuantitativo específico del Estado en la economía (en términos directos). Según el gobierno, entre 2005 y 2010 la participación estatal en la economía habría crecido del 20 al 34% del PIB; sin embargo, en esta declaración los personeros del MAS no aclaran su fuente ni la metodología utilizada para obtener esta cifra. Antes bien, la participación estatal en la economía parece mucho más baja, como lo muestra la siguiente tabla, elaborada por Carlos Arze en base a una metodología insumo-producto y basada en las cifras proporcionadas por el INE:


%PIB 2005
%PIB 2010
Propiedad privada bolivianos
55%
53%
Propiedad privada extranjera
22%
19%
Sector estatal
14%
19%
Sector comunitario
7%
6%
Sector social/cooperativo
2%
3%

Y, del 19% que constituye la participación estatal en el PIB, hay que tener en cuenta que 10% de éste se debe a los servicios de administración pública. Por lo tanto, en 2005 el sector estatal “productivo” era solo 4% del PIB y en 2010 el 9% de éste[19].

En este punto parece pertinente desarrollar un poco las implicancias de las cifras presentadas para con el tipo de “sociedad” que el MAS habría puesto en funcionamiento. En el campo de las ciencias sociales latinoamericano, se ha venido reconociendo la existencia en la región, desde principios de este siglo, de dos tipos de sociedades. Por un lado, se encontrarían proyectos neo-desarrollistas, por el otro, tendríamos al “socialismo del siglo XXI”. Lo que distinguiría a los primeros sería una nueva forma de intervención estatal para incrementar la renta nacional y garantizar el bienestar social, pero manteniendo ciertas dimensiones neoliberales como la estabilidad monetaria y el equilibrio fiscal”  (Boschi y Gaitán, 2008). Los segundos, por su parte, se caracterizarían por el hecho de que el Estado asumiría un rol directo en la economía (Estado productor), además de que el mismo se dice impulsa amplias medidas democratizadoras y de participación. Ahora bien, la aplicación de esta distinción al campo latinoamericano nos muestra cómo, en lo real, “es difícil trazar una línea divisoria entre el actual neo-desarrollismo y el socialismo del siglo XXI” (Clayton Mendonça Cunha, Filho and Rodrigo Santaella Gonçalves, 2010). Esto porque, como mencionan los autores recién citados, todas las dimensiones propias del neo-desarrollismo se cumplen en el caso de Bolivia (que, junto a Venezuela, constituyen los dos casos que supuestamente serían un ejemplo de “socialismo del siglo XXI”). Y, según nuestro análisis del caso boliviano, las dos dimensiones propias del socialismo del siglo XXI no existirían aquí como tales.

 Veamos el caso de la “participación estatal” (las medidas “democratizadoras” las trataremos en un apartado posterior). Primero, tenemos que consignar que la participación el Estado boliviano en la economía no es propiamente “directa”. Esto por dos razones. Por un lado, en lo que respecta a las nacionalizaciones, éstas operan mediante el marco que hemos descrito para el caso de los hidrocarburos. Así, en lo fundamental se ha nacionalizado (estatizado) la comercialización de los recursos, no su producción (recordemos que el 80% de la producción de los hidrocarburos continúa en manos privadas). Empero, una participación “directa” del Estado en la economía requiere que el Estado actúe de manera importante en la esfera de la producción, sino meramente estaríamos utilizando el concepto “directo” de manera demagógica[20]. Por lo demás, las empresas estatales no están sujetas a la Ley general del trabajo (LGT), sino que a un nuevo “estatuto del funcionario público”,  estatuto que imposibilita la huelga, la sindicalización y demás beneficios[21]. Ergo, el Estado interviene en la producción confirmando las tendencias objetivas propias del proceso de explotación capitalista –la desprotección absoluta del trabajo-[22] y no transforma realmente las relaciones de producción/explotación.

  En segundo lugar, la participación estatal en la economía (que no es realmente directa) muestra un peso cuantitativo muy menor. Como mencionamos más arriba, el 9% del PIB no es una cifra que tenga impacto real en la economía en su conjunto[23]. El carácter menor y “no directo” de la participación estatal propiciada por el gobierno de Morales Ayma, de hecho es una política explícita, como lo muestran las declaraciones del vicepresidente que hemos citado a lo largo de este trabajo. En efecto, para García Linera: a) el Estado no debe competir con el sector privado; b) la acción estatal debe meramente asegurar las condiciones para la inversión privada  (derechos de propiedad, infraestructura, gobernabilidad, etc); c) las empresas estatales (YPFB ya existía cuando asumió el MAS) son sólo “emprendimientos artesanales” que generan apoyo y legitimidad.

Entonces, ¿quién tiene razón, Therborn o Zavaleta Mercado[24]? ¿El Estado capitalista puede bajar al campo de la producción, o éste es inherentemente un Estado “redistributivo”? Esta es una pregunta crucial y de implicancias políticas muy evidentes. Debido a esta naturaleza de la pregunta, aquí no proponemos una respuesta definitiva, sino sólo apuntaremos algunas sugerencias que quizás ayuden a resolver la problemática. Por una parte, la historia de una infinidad de formaciones capitalistas nos muestra que la abstención radical y absoluta del Estado respecto de la participación productiva directa en la economía, no es más que un criterio teórico empíricamente errado y que por tanto deviene mera entelequia. Así, para que el mismo tenga algún sentido, debe implicar rasgos de dos procesos. Primero, la participación estatal productiva-directa no es ya mera función de su naturaleza capitalista, cuando supone un peso mayor a la mera marginalidad[25]. Por otro lado, la misma debe ser realmente directa para no ser “funcionalmente capitalista”, esto es, transformar alguna de las dimensiones propias del proceso de producción y explotación capitalista. No puede ser un mero monopolio de la comercialización como lo que sucede hoy con el gas boliviano. Esto es, la producción estatal debe definir por sí misma algunas de las cinco preguntas materialistas básicas (quién produce, para quién se produce, cómo se produce, cuanto se produce, qué se produce). Una tendencia a una participación no capitalista del estado en la economía podríamos verla en ciertas dimensiones de la estatizaciones bajo el gobierno de Allende, la cual sí ponía énfasis en la democracia industrial y también supuso un conjunto de valores de uso no menores para los obreros de éstas plantas[26]. Por último, quisiéramos destacar que la pregunta “estado productor o estado distribuidor” es probable no sea una que puede ser abordada al nivel del modo de producción capitalista in abstracto. Más bien, la historia capitalista nos ha demostrado que la misma debe responderse según la fase capitalista vigente. Así, si durante la tercera fase capitalista mundial no fue extraña una participación estatal productiva-directa de dimensiones importantes que no tuvo un efecto “no-capitalista”, durante la cuarta fase las distintas formaciones capitalistas se caracterizan por una participación estatal productiva-directa bastante menor (se encuentre vigente el régimen político que sea)[27]        

Por último, la tabla que consignamos más arriba nos muestra la importante presencia de la “propiedad privada boliviana” en la economía (53% del PIB). Esto implica que no estaríamos aquí en presencia de una “burguesía nacional oprimida por el imperialismo”, sino de una clase que claramente posee una base de acumulación interna. Así, los capitalistas bolivianos no serían una fracción meramente “compradora”[28], sino que tendrían un fundamento propio desde cual basar su acción. Es ésta una “clase interna” y no “nacional”[29] en el sentido de que no muestra (en ningún caso) conflicto alguno con el capital internacional. Por lo demás, la época de los “capitalismos nacionales” acabó en 1945, capitalismos que por lo demás solo fueron “nacionales” (evidenciaron un conflicto real con otros capitalismos nacionales) en unos pocos casos mayoritariamente propios de los centros capitalistas.    
  
(iv) Vinculación con el mercado mundial

 Como último punto de este apartado, quisiéramos consignar algunos breves apuntes sobre las tendencias objetivas de la economía boliviana en su relación con el mercado mundial capitalista. Según Carlos Arze, las exportaciones bolivianas han crecido de manera sustantiva durante el período masista: si en 1990s éstas constituían el 24,5% del PIB, entre 2006 y 2012 el total exportado llega a un 36% del PIB. En línea con esto, la comparación entre estos períodos nos muestra una caída de 4 puntos porcentuales entre el primero y el segundo, en lo que respecta al consumo interno. En fin, este proceso explica que desde 2004 Bolivia presente una balanza comercial positiva, cuestión que no era tal desde los 1980s. Sin embargo, este rasgo se explica por un alza en los recursos derivados de la exportación de materias primas[30], las cuales vienen teniendo hace algunos años un “boom de precios”. En esta dimensión de la realidad,  Estados Unidos ha dejado de ser el socio comercial principal del país[31]; su lugar lo ha ocupado Europa y Asia. En este sentido, el régimen de Morales actualiza lo que podría denominarse un “antiimperialismo parcial”. “Antiimperialismo” porque, como consignaos más arriba, con este concepto nosotros hacemos referencia a una relación entre países y no a una fase específica del modo de producción capitalista. “Parcial” porque se opone a ciertos centros capitalistas (e.g. EEUU) y no a otros (Asia, Europa). En línea con esto, el discurso de la Patria Grande (Latinoamérica) se ha quedado en eso (ha mostrado ser un mero discurso): en lo que respecta al comercio, los intercambios con el ALBA representaban sólo un 5% del total de los intercambios hasta el año 2011. Por último, el MAS ha contado con una economía “sana” si utilizamos los criterios del FMI y el BM, esto porque redujo la deuda externa del país en un 40% (de 4.900 millones dólares en 2005 a 2.900 millones en 2010). Sin embargo, esto no se debe a una “inteligente política del gobierno”, sino sólo a una decisión unilateral de estos organismos internacionales (BID, FMI, BM, FAD), decisión tomada en 2006 y denominada “Iniciativa al alivio de la deuda multilateral”. No obstante, como toda dádiva emanada desde los centros capitalistas, la misma tuvo su precio: implicó un alza en las tasas de interés y un acortamiento de los plazos de pago en lo que refiere a los préstamos externos, además de reducir las posibilidades de acceder a el mecanismo de la “deuda concesional” provisto por el BID (que otorga mejores condiciones a los países deudores).
 La vinculación que el régimen masista ha efectuado respecto del mercado mundial capitalista es, entonces, una que muestra su carácter “antiimperialista parcial”, carácter que se ajusta de buena manera a unas políticas macroeconómicas que no tienen nada que envidiarle a las recomendaciones de organismos como el FMI y el BM (balance en las cuentas nacionales, decrecimiento de la deuda, etc). 



[1] Como puede apreciarse, este proceso de privatización tiene ciertas semejanzas con lo ocurrido con el cobre en Chile durante la dictadura militar, ya que en este caso el Estado también retiene la “soberanía plena” a la vez que concede derechos a privados por largas décadas (este marco se mantiene hasta hoy).
[2] Estas cifras no son muy distintas de las de 2010, año en el cual los hidrocarburos representaron un 6% del PIB total anual y, junto a la minería,  alcanzaban la cifra de un12%. Si bien los hidrocarburos continúan siendo un sector importante, la esfera de la minería es una que ha crecido fuertemente los últimos años (+20% anual entre 2005 y 2009).
[3] Aquí son pertinentes dos apuntes. Primero, que el gobierno de Allende escogió realizar una reforma constitucional porque la misma, si era rechazada en el parlamento, podía ser luego plebiscitada por el Ejecutivo. Segundo, que los hilos de continuidad de este kerenskismo “fuerte” fueron mantenidos, al menos para el caso de las “nacionalizaciones”, con la República Socialista de 1932, la cual consignaba en efecto el famoso DFL 520.
[4] Este porcentaje no es nada del otro mundo. Afirmamos esto porque incluso durante la dictadura militar chilena (paradigma del liberalismo capitalista en los 1980s) mantuvo un impuesto a la minería privada de 49%.
[5] Según números oficiales esta cifra es de 70%; según los estudios del CEDLA, el mismo es de 62%
[6] Este es el denominado “gasolinazo”. Cuando más adelante tratemos el “ciclo” de lucha de clase bajo los gobiernos del MAS, desarrollaremos más las implicancias de este conflicto.
[7] “Las dos formas que reviste el valor del capital dentro de sus fases de circulación son la del capital-dinero y la del capital-mercancía; la forma propia de la fase de producción es la del capital-productivo. El capital que, a lo largo de su ciclo global, reviste y abandona de nuevo estas formas, cumpliendo en cada una de ellas la función correspondiente, es el capital-industrial; industrial, en el sentido de que abarca todas las ramas de producción explotadas sobre bases capitalistas” (Karl Marx, El Capital)
[8] “El capital industrial es la única forma de existencia del capital en que es función de éste no sólo la apropiación de la plusvalía o del producto excedente, sino también su creación. Este capital condiciona, por tanto, el carácter capitalista de la producción; su existencia lleva implícita la contradicción de clase entre capitalistas y obreros asalariados. A medida que se va apoderando de la producción social, revoluciona la técnica y la organización social del proceso de trabajo, y con ellas el tipo histórico-económico de sociedad. Las otras modalidades de capital que aparecieron antes de ésta en el seno de los estados sociales de producción pretéritos o condenados a morir, no sólo se subordinan a él y se modifican con arreglo a él en el mecanismo de sus funciones, sino que ya sólo se mueven sobre la base de aquél, y por tanto viven y mueren, se mantienen y desaparecen con este sistema que les sirve de base” (Karl Marx, El Capital)
[9] ¿Realizamos aquí un mero cambio de terminología? No lo creemos así. Ahora bien, sin duda este es un debate amplísimo, por lo que sólo apuntaremos en este lugar algunas sugerencias. Primero, nuestras “formas capitalistas no clásicas” existen como tales y no son meros resabios precapitalistas (como sostienen la mayoría de las teorías acerca del capitalismo “atrasado” y por el estilo). Segundo, estas formas capitalistas no son “formas transicionales”: la vigencia mundial del modo de producción capitalista requiere en todo momento de su existencia en formaciones y regiones determinadas de la subsunción formal/plusvalor absoluto, esto es, la existencia de la subsunción real/plusvalor relativo “necesita” su homólogo subsunción formal/plusvalor absoluto. Tercero, nuestras “formas capitalistas no clásicas” no son tales porque meramente se encuentren subsumidas respecto de relaciones comerciales (como querrían Braudel, Wallerstein y Gunder Frank); antes bien, esta formas son capitalistas porque su fundamento relacional productivo y explotador lo es (con esto tomamos elementos de las “formas explotación” capitalistas conceptualizadas por Jairus Banaji). Cuarto, nuestra concepción asume la dominancia de la ley del valor bajo las distintas formas capitalistas. Quinto, las “formas no clásicas” dividen de igual manera (en la mayoría de sus casos) a los agentes en explotados y explotadores, productores y no-productores.  
[10] “The rise of capitalism” (Chris Harman, International Socialism (2nd series), No.102, Spring 2004)
[11] Farshad Araghi (2003): Food regimes and the production of value: Some methodological issues, The Journal of Peasant Studies, 30:2, 41-70
[12] Mick Reed (1986): Nineteenth‐Century rural England: A case for ‘peasant studies'?, The Journal of Peasant Studies, 14:1, 78-99
[13] A. P. Donajgrodzki (1989): Twentieth‐century rural England: A case for ‘peasant studies'?, The Journal of Peasant Studies, 16:3
[14] Larian Angelo (1995): Wage labour deferred: The recreation of unfree labour in the US South, The Journal of Peasant Studies, 22:4
[15] The Asian boom economies and the ‘impossibility’ of national economic development (Nigel Harris, 1978 –International socialism)
[16] “On Amin's Model of Autocentric Accumulation” (A. A. Brewer, Capital & Class, 1980)
[17] “Soliz Rada: Evo convierte a Bolivia en financiadora del “imperialismo” (El país/Plus Bolivia, diciembre 2013)
[18] El Estado boliviano en general concibe la participación en estas empresas mineras como una que permanece al nivel de la “circulación”, ya que se licita su construcción y operación a privados, mientras el Estado se reserva un porcentaje de las ventas. Otra forma de “participación” estatal es mediante las empresas mixtas, fórmula que mantiene las relaciones de propiedad y posesión privadas capitalistas, y que sólo entrega un porcentaje de los recursos derivados de la explotación del trabajo al Estado (entrega derivada de un porcentaje accionario en manos estatales)
[19] Somos conscientes que estas cifras constituyen sólo un indicador. Esto porque lo esencial es conocer la participación estatal en términos de empleo (como se desprende del análisis de Stefan De Vylder de la UP chilena escrito en 1974).
[20] La esfera de la circulación, de la cual es parte la comercialización de los productos, se caracteriza por actuar mediatizadamente (de forma indirecta)  en la esfera de la producción. Esto porque sólo mediante la fijación de precios y cantidades a ser producidas la variable de la “comercialización” afecta la naturaleza del proceso de trabajo (división social del trabajo intra fábrica) y la división del trabajo social (distribución de recursos entre distintas ramas de la economía)
[21] En el siguiente apartado, cuando tratemos las condiciones de la clase obrera boliviana bajo el MAS, desarrollaremos más esta cuestión.
[22] Carol A. Smith, en un trabajo citado más arriba, consigna cómo la historia del capitalismo inglés da cuenta de que el capitalista particular sólo opera bajo el un marco que imposibilita la protección del Trabajo. Tuvo que venir el Estado (el “capital en idea” según Engels) a limitar la jornada de trabajo a 10 horas en los 1860s (presionado además por el movimiento obrero), limitación imprescindible si se quería evitar el desgaste prematuro acelerado de la fuerza de trabajo.
[23] La participación estatal bajo la socialdemocracia europea de mitad del siglo XX (que implementó  regímenes políticos propios de un Estado capitalista) fue mucho mayor que 9%.
[24] En 1984, Zavaleta Mercado escribió: El Estado, cuando participa en el piso productivo o en la propia circulación, no lo hace como productor privado capitalista. En otros términos, si el capitalista produce zapatos, y el Estado produce zapatos, una cosa es diferente de la otra, porque el Estado produce a la vez sustancia estatal….Por tanto, si el Estado produce, lo hace al servicio de sus objetivos reales, que siguen siendo la calificación de la circulación de la plusvalía y la construcción del capitalista total. Pedirle por tanto abstinencia productiva, es decir, que no baje de la superestructura, es caricaturizar los conceptos”

[25] Sería pedante y arbitrario proponer aquí porcentajes. Sólo apuntaremos que ni el 9% boliviano ni el 25% venezolano (unos hablan de 20% otros de 30% -la cifra final depende de los criterios de medición-), suponen un cambio en la naturaleza capitalista de estos Estados.
[26] Esta participación estatal en el chile de los 1970s no era necesariamente obrera o socialista, esto si tenemos en cuenta que primaba una estructura en la cual eran dominantes los funcionarios estatales. Ahora bien, esto no significa que la misma haya sido necesariamente capitalista, cuestión que lo demuestra el modo de explotación y producción vigente en la urss en ese momento, modo que no era capitalista. Además, la tendencia a una participación estatal no-capitalista en la economía puede verse confirmada en el hecho de que la misma ayudó (al menos en algún sentido) a la emergencia del control obrero de la producción efectivizado por los cordones industriales de 1972 y 1973.
[27] Una mayor participación estatal productivo-directa (e.g. un 45% del PIB) que no implique una transformación de alguna de las cinco preguntas que consignamos más arriba, no redundará en una tendencia objetiva no-capitalista. Por otra parte, la acción de empresas estatales fuera de sus formaciones sociales “madre” (e.g. la brasileña Petrobrás en Bolivia), no es propiamente una acción estatal, sino que la misma muestra la naturaleza propia de una acción llevada a cabo por cualquier capitalista particular.
[28] Como hemos s señalado en otras partes de este texto, es posible que una fracción no menor de esta clase capitalista interna esté compuesta por “pequeños capitalistas”. Sea lo que sea del peso específico de cada una de las fracciones del capital boliviano (pequeño, medio o grande), lo cierto es que una “clase compradora” con el 53% del PIB no parece una alternativa viable.
[29] Hablamos aquí de “clase capitalista” y no “burguesía”, porque nos apoyamos en la distinción que Draper/Anderson trazan entre “burgueses” y “capitalistas”. Mientras que los primeros son la gama de de grupos profesionales (abogados, ingenieros, arquitectos, médicos, etc) que disfrutan de las condiciones de vida de la clase capitalista, los segundos son capitalistas por su “posición” de clase.
[30] No hablamos de un alza de las exportaciones simplemente, esto porque en varios rubros el alza no se deriva de un crecimiento de la masa exportada (de la producción), sino que sólo de los precios de unos volúmenes por lo demás fijos.
[31] El gobierno de Morales rescindió el ATPDEA (Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas -ATPDEA, en inglés-), acuerdo que Bolivia tenía con EEUU por varios años. Asimismo, las relaciones diplomáticas con el país del norte han sido muy tensas (recordemos que el “jefe de campaña” de Evo Morales fue el embajador de Estados Unidos –como mencionamos más arriba-; también el gobierno ha expulsado en más de una ocasión al embajador estadounidense en el país; etc)