lunes, 29 de abril de 2013

El “problema” de la droga (coca) en Perú y Colombia

El “problema” de la droga (coca) en Perú y Colombia
La cocaína tiene la particularidad de concentrar en su seno factores de diversa índole: económicos, políticos, sociales y simbólicos. Económicos porque las sumas de dinero son más que considerables; políticos, a raíz de la atracción ejercida por este jugoso maná; sociales, en virtud de las consecuencias que acarrea y el clientelismo que financia; y finalmente, simbólicos, debido a la exaltación de la violencia que su tráfico engendra” (Pierre Salama)

La cita consignada es expresiva de las vastas consecuencias que genera el componente de la droga en cualquier sociedad de clases. El interés de la temática, por lo tanto, no es menor en lo que respecta al campo de las ciencias sociales. En particular, Latinoamérica es una de las regiones periféricas en las cuales el flagelo de este “componente” ha sido y es más palmario y evidente. Ahora, en lo que respecta a una droga específica, la cocaína, su producción, elaboración y transformación han sucedido y suceden en una subregión específica de la realidad latinoamericana: la zona andina. Esta reúne en su seno a tres formaciones nacionales en las cuales la actividad se concentra: Bolivia, Perú y Colombia. No obstante, en tanto la literatura enfatiza en el hecho de que la mayor proporción de esta actividad es desarrollada sólo en dos países (Perú y Colombia), en el trabajo monográfico que subsigue se tratará comparativamente sólo estas dos realidades, aún si quienes escriben entienden que una perspectiva regional a escala latinoamericana – que incluya un sistemático tratamiento de la subregión andina en su conjunto- es exigible si un estudio se pretende rigurosamente científico. Ahora, como aquí se pretende sólo presentar algunas ideas o nociones al respecto, en forma de avance aproximativo en la problemática, creemos  no es impertinente el tratamiento “dual” de las realidades colombiana y peruana recién consignado.

 Como sentido referencial general, debe primero anotarse la distinción analítica (y también espacial/real) entre lo que se denomina la “ruta (o circulación) de la coca” y la “zona de producción/transformación”. La primera realidad hace referencia al camino seguido por este sicotrópico estimulante; éste sobrepasa la realidad de la subregión andina ya referida, en tanto incorpora en su camino hacia los “centros” consumidores en Norte, de manera sistemática, a la formación mexicana. La segunda realidad apunta hacia las actividades de cultivo (de hoja de coca), elaboración primaria y transformación. En la misma se encuentra incluidas las dos formaciones que aquí trataremos, Colombia y Perú. Ahora bien, debe consignarse que el “circuito” tematizado no es uno estático cuyas determinaciones fueran fijas e impermeables al paso del tiempo; por el contrario, como toda esfera productiva vinculada mapeo del estado de los mercados, la misma se encuentra sujeta al cambio y la transición. En efecto, la especialización interna en torno a la producción de coca en la región andina, es una que ha variado (y podríamos decir continuará variando) en las recientes décadas transcurridas. Esta variación no se deriva solamente de un desplazamiento espacial de actividades en función de un mejor aprovechamiento de condiciones naturales dadas, sino que explica gran parte de su curso y ritmo en función del comportamiento de variables sociales y políticas. Fundamentalmente, la literatura releva el factor de la represión: dado que el sicotrópico que aquí tratamos es un producto ilícito, las deslocalizaciones y desplazamientos se harán en función de las cambiantes estrategias de los Estados y el grado de represión que los mismos implementen.

El curso que ha seguido la variación espacial en la producción de cocaína, presenta una situación actual en la cual:
“Colombia y Perú son los principales productores de coca y cocaína del mundo. Así, el año 2008 juntos representaron el 81.8% y el 86.6% de la producción mundial de coca y cocaína respectivamente”[1]

 Ahora bien, en términos internos a esta realidad “dual”, debe consignarse que desde la década del 80 del siglo XX hasta los primeros años de la década del 90 en ese mismo siglo, fue Perú el primer productor mundial de hoja de coca y de pasta base de cocaína. Debido a factores institucionales, políticos y sociales, esta configuración se transforma a partir del año 1994 (aprox), momento a partir del cual Colombia comienza a emerger como el primer productor del sicotrópico, desplazando de esta manera a Perú. Empero, la situación comienza a transformarse nuevamente con el advenimiento de la primera década el siglo XXI. En efecto, como apunta Antezana:
“En consecuencia, la situación que se produjo en el segundo lustro de los 90, cuando los cultivos de coca se desplazaron del Perú a Colombia, está ocurriendo en el sentido inverso: de Colombia hacia el Perú[2]

  La misma tendencia ha venido profundizándose por la acción de una de las realidades sociales de efecto más directo y palmario (y a la cual le daremos un tratamiento preferencial) en la problemática: la aplicación del Plan Colombia (a partir del año 2007 ya con una vigencia y peso importantes). Así:
Si se midiera la evolución de las áreas de cultivos de hoja de coca entre los años 2008 y 2009, Colombia muestra una reducción de 16.05%, mientras que Perú un incremento de 6.77%. Si se mantuviera la tendencia…para el año 2011 entonces, el Perú sería nuevamente el primer productor mundial de hoja de coca…”[3]

 Algunos factores diferenciales entre ambos países, al momento de realizar la comparación, son los siguientes:

En Colombia:
a)      Mayor erradicación manual que aspersión aérea. Pero es una potencial base social para la incorporación de los campesinos, así desprovistos de su fuente de ingreso, a la FARC
b)      Control químicos y laboratorios
c)      Programas de desarrollo alternativo bajo un marco general bien pensado y definido (y con recursos) –coherencia con la estrategia de desarrollo-. El apoyo del Estado (coerción FFAA) es sistemático: para iniciarse el programa de desarrollo alternativo (PDA) debe certificarse primero la “pacificación” del territorio
En Perú, por otra parte:
a)      “Probablemente la causa principal sería el no querer asumir una confrontación social con los productores cocaleros”
b)      Pocos recursos estatales destinados al problema (la mayoría del financiamiento proviene de eeuu)
c)       Laxo control químicos y laboratorios (precisar que estos aspectos provienen de la “economía formal”)
d)      Programas de desarrollo alternativo con bajos recursos, no coherentemente integrados con un plan de desarrollo nacional. El apoyo del estado (coerción de la FFAA) no es sistemático: depende de la demanda de las propias comunidades.

Ahora bien, como hemos mencionado, gran parte de la explicación de estas realidades diferenciadas, pasa por la injerencia directa e indirecta de factores sociales y políticos, dentro de los cuales el Plan Colombia cumple un papel preponderante. Empero, para entender la misma dinámica accionada por éste, debe situarse al mismo en el contexto histórico, social y político específico de la formación colombiana.

1

La literatura señala a Colombia como un país “término medio”, si al país se lo comprende comparativamente en referencia a la región latinoamericana más amplia. Esto porque el mismo no experimentó (al menos en términos sustantivos) la sobreexplotación  configurada por las economías de plantación (como se dio en Brasil por ejemplo; tampoco presentó un proceso político de caudillaje (como lo vemos ilustrativamente en la figura de Perón en Argentina)[4]; menos todavía un proceso industrializador de peso (como lo vivió México, por otro lado). Alejado de los extremos, justo “en el medio” el país cafetalero tuvo, durante gran parte de su historia, una clase dominante cómoda, adaptativa y flexible, cuyas convicciones políticas conservadoras  no constituyeron un conflicto para su inveterado liberalismo económico. Es que, en efecto, es reconocida la lejanía social de un sistema de partidos a la inglesa (un recambio recíproco y recurrente entre dos grande partidos –en este caso, el partido conservador y el partido liberal-), de una institucionalidad capaz de “transformarse sin cambiar”, capaz de configurar un tipo de “política apolítica” (atomización y mera participación electoral). A esta configuración sociopolítica, se suma la baja inmigración recibida, hecho que diferencia al país de algunas de las formaciones más paradigmáticas de la región (Brasil, Argentina, Uruguay). Esta falta de “población de recambio” se cruza también con un rasgo característico de la historia colombiana: su inveterado aislamiento, tanto externo como interno. Externamente, este aislamiento se expresó en las débiles vías de comunicación con el resto de la región (lo que en no un grado no menor explica la ausencia de ciertas características propias de la región ya mencionadas -  proceso industrializador, caudillismo-); internamente, el mismo manifestó la fragmentación departamental históricamente vivida por los colombianos, en la cual la dicotomización (social, cultural y económica) entre el campo (lo rural ) y la ciudad (lo urbano) cumplió un rol de cierta importancia.

 Ahora bien, esta configuración característica del país cafetero, se cumple sólo si obviamos un rasgo sonado y característico de su historia pasada y devenir actual. Nos referimos a la violencia expresa. Este elemento, de hecho estuvo presente desde la configuración primigenia del Estado-nación colombiano:
“En comparación, el surgimiento del estado nacional en Colombia ha sido un artificio creado a bala, con escasa inclusión social, poca ciudadanía, fragilidades y fraccionamientos sociales y territoriales que perduran y causan la guerra que padecemos”[5]

 Como bien explicita la cita consignada, el país ha estado cruzado por la violencia, bajo la forma de una guerra permanente (aún si la misma se expresaba mediante “apariencias” diferenciadas). No obstante, esta situación de conflicto manifiesto permanente, aún si podía implicar cierta fragilidad institucional, no supuso (y quizá a un no supone) una inestabilidad de dominio, una debilidad de las clases en el poder (fundamentalmente económico)[6]. Lo que no negaba el hecho del continuo desorden, de tipo casi hobbesiano, que azotaba a la formación social colombiana. Por otra parte, es fundamental para nuestra temática (focalizada en el problema de la droga cocaína) el hecho de la guerra: en el país del café la forma actual de la guerra se imbrica y entrelaza casi de manera inextricable con la situación configurada por la droga cocaína.

 Ahora bien, ¿cuál es el significado teórico sustancial de la guerra bajo cualquier sociedad de clases? Como muy bien señala Libardo Sarmiento Anzola, guerra y sociedad se unen siempre que está última se encuentra en movimiento:
“Existe una estrecha relación entre la guerra y las transformaciones de la sociedad. No es posible que en la sociedad se produzcan cambios profundos sin conflicto”[7]

 Empero, como todo fenómeno social, la guerra en sí misma es también histórica, esto es, se encuentra sujeta a cambio, por lo que sus efectos sociales dinámicos difieren de una época histórica a otra. Así, por ejemplo, los conflictos armados anteriores a la segunda guerra mundial, por lo general tendían a afectar a la población civil de manera marginal. En cambio, toda la historia de la guerra durante el curso del siglo XX (en especial su segunda mitad) desarrolló la tendencia a acusar y profundizar los ataques contra la población civil, la economía y la estructura urbana. Y es en el curso de esta nueva tendencia que un “nuevo”[8] tipo de guerra emerge, la cual configura el escenario social mundial actual.  Al menos se pueden mencionar seis características distintivas de este tipo de realidad emergente.

 El nuevo tipo guerrero supone la generalización de conflictos armados informales. Esto es, la declaración explícita (e.g. “formalizada” entre dos Estados) tiende a omitirse, implicando esto la imprevisibilidad e incertidumbre temporal con respecto al momento de los ataques. Por otro lado, y vinculado con lo anterior, el carácter informal de la nueva guerra se une con su rasgo eminentemente privado: ya no es más el exclusivo privilegio de dos o más entes estatales (supuestos representantes de lo público), sino que incluye a mercenarios, civiles “voluntarios” (e.g. ciudadanos en defensa de su región o pueblo), etc. Todo esto se enmarca dentro de un contexto de “conflicto manifiesto” descentralizado; ahora las directrices centralizadas (una sola cadena de mando, por ejemplo) tienden a reemplazarse por modos de operación con mayor autonomía de decisión y de recursos. En este escenario, la guerra, la forma manifiesta del conflicto, perdura en el tiempo en función de la “reproducción de la violencia”. Esto es evidente cuando se imbrican, como en Colombia, guerra y droga:
 “En un contexto de ilegalidad, con una represión en aumento y una caída en los precios, es de esperar que la violencia se desarrolle: ella es un recurso para afirmarse dentro de un juego protegido por barreras en su entrada, y al mismo tiempo un medio de supervivencia”[9]

 Otro rasgo característico del nuevo aspecto que adquieren los conflictos guerreros, es su localización espacial. Si durante mucho tiempo la guerras ocurrieron en el campo (las incursiones en las ciudades son conocidas precisamente por su más bajo grado de “cotidianeidad guerrera”), hoy el desdibujamiento parcial de las fronteras entre lo urbano y rural ha significado un cierto desplazamiento de los conflictos armados a ámbitos regionales que no excluyen las ciudades.

 Sin embargo, uno de los rasgos más peculiares de forma actual de la guerra –y cuya naturaleza explica de buena manera nuestra problemática central, la cual vincula guerra y droga- es el hecho de que los agentes involucrados crean, en efecto, una “economía política de la guerra”
“La vida económica y social continúa, aún en una época dominada por el caos. Las instituciones, las necesidades de sanidad y educación, al igual que la producción y la distribución de bienes y servicios básicos para la supervivencia no cesan de existir durante los conflictos armados…Un alto sector de la población encuentra allí, igual que con la guerra civil, su fuente de empleo y sustento económico”[10]

  Esto es precisamente, como veremos, lo que sucede en el caso colombiano, el cual imbrica droga y guerra. Ahora bien, no es menor apuntar que esta nueva forma de guerra no excluye sino que incluye la “paz” y el discurso que es afín a la misma. Esto porque este tipo discursivo sirve apara conseguir financiamiento externo, apoyo internacional, solidaridades política e incluso preferencias en el mercado mundial. Todo lo cual se entiende, si precisamos el papel moral específico que cumplen ciertas organizaciones internacionales (green peace, ong’s, cruz roja internacional, etc) y sus Estados centrales sustentadores.

Es este marco analítico el que nos permite, en lo que sigue, tratar de mejor manera la especificidad del conflicto armado colombiano (cuya fase actual imbrica sistemática e inherentemente al “problema” de la droga). Comenzaremos, reafirmando el sentido estructural y permanente de la guerra colombiana. Esto es, efectivamente la misma tiene ya al menos 160 años de duración, como sostiene Sarmiento Anzola. Por otra parte, históricamente hablando, el conflicto actual de la droga (y la forma guerrera que supone) tiene raíces definidas en lo sucedido durante las décadas del 50 y del 60 en el siglo pasado. En ese momento se inserta originariamente la droga cocaína en la región andina, al tiempo que los Estados unidos acusan su intervencionismo directo implementando lo que la literatura denomina “estrategia política de la contrainsurgencia”[11]. Empero, sólo el quiebre acaecido en la década del 70 es capaz de explicar la configuración actual de la sociedad colombiana y la guerra que le es anexa. Es que, la sociedad eminentemente católica, jerarquizada, de dos partidos tradicionales[12], ya no existe más como tal: “explotó en miles de fragmentos todavía sin armar, que hacen más difícil hablar hoy de una identidad nacional colombiana”[13].  En ese momento se configuró una situación de crisis económica, social, política e incluso cultural:
“El desmonte del Frente Nacional entre 1974 y 1978 ocurrió en medio de una crisis de legitimidad del Estado y de los partidos tradicionales que tuvo su punto culminante en septiembre de 1977, con un paro nacional convocado por todas las centrales obreras que fue violentamente reprimido por el gobierno. La magnitud del paro, que detuvo el primer intento de reformas neoliberales en Colombia, desató un nuevo periodo de estado de sitio, violencia y represión que iría hasta 1982”[14]

 Es justamente también por estos años cuando las guerrillas revolucionarias hacen sus primeras experiencias “atacando” a población civil (e incluso a trabajadores):
“…las guerrillas proclamadas de izquierda iniciaron el largo aprendizaje de disparar a las gentes del común y a sus dirigentes al menos desde 1978. Al caso de José Raquel Mercado, presidente de la Central Sindical CTC secuestrado y posteriormente asesinado por el M-19, se suma la lista de sindicalistas muertos a manos de las FARC en la década de los noventa, y las periódicas muertes de obreros bananeros hasta las masacres que entre 1994 y 1996 arrojaron un saldo de cerca de 200 jornaleros agrícolas muertos por este grupo guerrillero”[15]

 En suma, sólo este quiebre es capaz de explicar la situación actual de la “nación” colombiana, en la cual se imbrican de manera característica la droga y la guerra.

 Existen al menos tres hipótesis relacionadas con respecto al grado de intensidad que muestra y desarrolla hoy el conflicto colombiano. Existen autores que conceptualizan el mismo como uno que transita desde un conflicto de baja intensidad (2500 muertos anuales aprox) hacia uno de intensidad media (4500 muertos anuales aprox). Otros, por su parte, postulan que en el marco del Plan Colombia lo que se efectiviza es una típica guerra de baja intensidad (altas cantidades de armas y financiamiento con bajo compromiso de “tropas” terrestres) con un impacto de alta intensidad (sobre todo en campesinos y trabajadores) que incluso comienza a internacionalizar el conflicto[16]. Finalmente, están aquellos que ven el conflicto como una expresión más de la prepotencia norteamericana, país que estaría implementado “esta escalada militar como proyecto de guerra preventiva de mediana intensidad contra las clases subalternas, cuando éstas comienzan a entender en su propia lucha la necesidad de instaurar la democracia social como remedio a la devastadora peste del neoliberalismo”[17]. En lo que refiere a las orientaciones de la guerra, también existe diversidad de opiniones al respecto. Por un lado, están aquellos como Fernando Uricoechea, los cuales entienden que el conflicto como un escenario que enfrenta dos proyectos antagónicos de sociedad en un contexto en el cual existe una situación de soberanía escindida. Ahora bien, es importante destacar que esta vertiente interpretativa enfatiza claramente en la distinción entre guerrilla (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, Ejército de Liberación Nacional –ELN-, M-19, etc) y narcotráfico, destacando el hecho de que la nula diferenciación entre estas dos realidades distintas en realidad porta un grado de parcialidad ideológica evidente. Por otro lado, se encuentran los autores afines a la clase dominante colombiana, los cuales señalan el carácter minoritario del apoyo popular a la guerrilla[18] y enfatizan la vinculación sistemática de la misma con el narcotráfico.

 Es también de importancia consignar la matriz cultural que configura el conflicto colombiano en la actualidad. En términos laxos (no rigurosos) podríamos denominar la misma como la “cultura de la guerra interna”. Patrón cultural con un “sentido” de guerra interna que se expresa palmariamente en el comportamiento de las Fuerzas Armadas (FFAA):
“…la Doctrina de la Seguridad Nacional basada en el concepto del “enemigo interno” ha orientado los manuales de las Fuerzas Armadas. Tokatlian y Valencia, al analizar los manuales de operaciones de las Fuerzas Militares, resaltan que no ha habido modificación en la noción de enemigo interno, y que éste puede ser confundido con población civil aunque no participe en la confrontación[19]

 Pero, y quizás de mayor importancia, ha cristalizado un tipo cultural de “adicción a la armas” en la población civil:
“Existe también un ejército de ciudadanos armados. Para 1995 se estimaba que había un millón de armas de fuego en posesión legal (privada) de ciudadanos, fuera de las que tienen en su poder las fuerzas de seguridad. Las armas ilegales ascendían a cinco millones, muchas de las cuales son robadas u obtenidas mediante la corrupción de manos legales. En Colombia existe una suerte de actitud “adictiva” por las armas”[20]

Ahora bien, si es cierto que las “bajas” son muchas y diversas, también es verdadero el hecho del impacto diferenciado de la guerra en las diferentes capas o grupos sociales. Es que, si en el año 2002 se contaban “38.000 casos censados en el banco de datos durante cuatro años incluyen solamente violaciones de las libertades fundamentales: 29.000 ejecuciones extrajudiciales, 7.000 torturas, 2.800 desapariciones forzadas”[21], esta realidad era mayoritariamente vivida por campesinos, trabajadores, movimientos-cívicos regionales y activistas políticos. Algunos informes destacan el hecho de la responsabilidad estatal para el 80% de estos casos, tanto en su variante directa como en su apoyo a grupos paramilitares[22].
 Esta no es la única consecuencia de la situación materializada en lo actual. También la misma explica el fuerte comportamiento migratorio de la población (en los últimos años existen autores que cifran en un 10% de la población el contingente que emigra y en un 41% la misma la cantidad de gente que desearía emigrar)[23].

Estos impactos sociales de la “guerra” en la formación colombiana, nos llevan a preguntarnos por los ejes socioeconómicos (estructurales) que configuran y articulan a ésta. La literatura nos indica que para el año 2000:

-Existía71% de población urbana 29% de población rural (con la salvedad de que las distinciones entre lo urbano y lo rural se hacen cada vez más difusas en razón e las tendencias globales dominantes).
- Los sectores populares y empobrecidos alzaban el 62% de la población total; la clase media el 33%; mientras los sectores de mayor riqueza montaban sólo 5% del total nacional.
- Existían distintas expresiones de una desigualdad bastante acusada que se profundizaba en lo reciente. Por un lado, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre habríase incrementado de 52,1 a 78,4 veces entre 1991 y 1999. Por otro, el índice de Gini presentaba una cifra de 0.54 en 1991, creciendo hasta 0.57 en el año 2000.
- Así también, esta situación cristalizaba en una suerte de “apartheid social”, realidad que se volvía aún más nítida si en la comparación nacional se incluía la variable de diferencia entre lo urbano y lo regional. Así, si entre 1993 y 1999 la pobreza había crecido de 51% del total de la población al 56%, en las zonas rurales la pobreza alcanzaba el 70% (y en las urbes “sólo” el 45%).
 - Todo esto teñido de un desempleo (no coyuntural) que rozaba los dos dígitos.

Estos “datos de estructura” se enmarcan en un contexto social en el cual nunca llegó a consolidarse un movimiento o clase obrera modernos[24]. Por el contrario, lo que llegó a cristalizar en la primera década del siglo XXI es una economía de servicios, rentista, con amplios sectores vinculados precariamente a los empleos estatales y una desindustrialización rampante.

 Ahora bien, lo interesante –en términos investigativos- es la matriz de factores o causas que explican esta base estructural. Es que, en efecto, una de las causas que explican este decurso característico de la formación colombiana, es aquella configurada en torno a los efectos socioeconómicos de la droga. Para empezar, es útil ilustrar el efecto económico de la “droga” mediante una situación histórica bastante gráfica. En la década que la Cepal ha conceptualizado como “perdida” para la región (80’s) la mayor parte de la economías latinoamericanas sufrieron devaluaciones monetarias sustantivas, sólo recuperando (apreciación) parcialmente el valor de sus monedas a comienzos de la década del 90. Ahora bien, el caso colombiano es simétricamente inverso: mientras la región sufría devaluaciones por doquier, la moneda de los cafetaleros se apreciaba; y, al llegar la década del 90, los colombianos veían depreciarse su moneda mientras en gran parte de la región la monedas se estabilizan (algunas se apreciaban). Pierre Salama interpreta esta situación enfatizando en la influencia del “mercado sumergido” de la droga, el cual habría apreciado la moneda colombiana debido a la gran cantidad de divisas de entrada “paralela” (dada la ilegalidad del producto inscrito en este mercado) en la economía[25]. Este fenómeno comporta la posibilidad, inherente en sus determinantes estructurales, de configurar y dar forma a un tipo de “economía rentista”. Esto porque dentro de sus posibilidades esta el configurar lo que la literatura económica ha denominado como “enfermedad holandesa”: el curso apreciado de la moneda nacional determina un proceso desindustrializante y “antiproductivo” dado que las importaciones se abaratan de sobremanera y los ingresos nacionales se derivan fundamentalmente de una actividad económica particular cuyo efecto de arrastre es muy bajo (en este caso la producción cocaína en todas sus fases). Así, se configuraría un tipo de escenario muy similar al que se produce en una economía rentista. Aquí, los ingresos derivados de un recurso natural no renovable fomentan las actividades especulativas e inmobiliarias, dando pie a dinámicas de “despilfarro legitimador” (crecimiento de empleos no productivos que se adosan al sector rentista para insertarse en la cadena de valor, lo cual a su vez genera amplias dinámicas clientelistas). En efecto, para Salama lo característico de una economía de este tipo es su baja dependencia de la explotación de la fuerza de trabajo –dado que el precio del producto final difiere en gran medida del costo de producción originario y depende, más bien, de una relación de fuerzas que añade gran parte del valor final en el proceso de distribución- y sus efectos distorsionantes sobre la estructura productiva en su conjunto. Empero, también es claro que, si bien es posible y fructífero establecer la analogía entre economía rentista y una economía basada en un producto ilícito como la droga, ambos tipos de economía son iguales o perfectamente simétricos. Así, por ejemplo, la droga cocaína es de un hecho un recurso natural renovable (mientras para Salama lo característico de una renta es un proceso productivo que depende de un recursos natural en gran medida no renovable). En la misma línea, las distintas fases del proceso productivo vinculado a la droga-cocaína no utilizan todas la misma proporción de fuerza de trabajo; así, mientras en el cultivo primario de la hoja de coca supone un contingente no menor de mano de obra (principalmente campesinos, cuyos ingresos derivados de esta actividad tienen la posibilidad de generar una suerte de “demanda agregada” acrecentada lo cual mejora las posibilidades de crecimiento e industrialización), la transformación (sintetización final) incorpora altos niveles de capital constante y una cantidad reducida de capital variable (ergo, menos posibilidad de generar un mercado interno e industrialización). Es en este punto como podemos ver que la deriva histórica de la formación colombiana, es capaz de explicarnos una mayor semejanza con el tipo de economía rentista ya descrito: en Colombia se ha afincado históricamente el proceso de transformación de la droga-cocaína (sólo en último tiempo el país ha internalizado sistemáticamente el cultivo primario). Por otra parte, las diferencias entre el costo de producción y el precio final, en lo que respecta al mercado de la droga-cocaína –que van desde 1800 dólares por kilogramo en el cultivo primario a 90.000 dólares el kilogramo en el mercado minorista “final” en los centros[26]-, no se explican por lo que Salama llama una relación política de fuerzas, sino que son función el nivel diferencial de represión según zona geográfica, y el nivel de violencia aparejado (todo esto debido al carácter ilícito del producto)[27]. Empero, aún con todas estas diferencias el “efecto rentístico” derivado de la “enfermedad holandesa” es una de las posibles explicaciones (parciales, eso sí) de la situación económica actual de la formación social colombiana. La misma sólo puede ser evitada si en el caso de configurarse una “renta”, las divisas derivadas de ésta se utilizan en la importación más barata de maquinaria e insumos (tecnología en general) para fomentar un proceso industrializador progresivo. Por lo demás, un factor que morigera el “efecto rentístico” en el caso de la droga, es la posibilidad de “lavado de individuos”: empresarios vinculados a la sustancia ilícita “limpian” su nombre transforman sus recursos en actividades productivas (dado que en el caso de las otras “rentas” el producto respectivo no es ilícito, esta posibilidad de “lavado” y su transformación conexa no existen).

 También en términos económicos, es pertinente consignar sumariamente que los mecanismos de blanqueo relacionan al entorno “productivo” de la droga con las clases y fracciones más diferentes. Así, por ejemplo, en el caso colombiano el narcotráfico puede vincularse a los grandes capitales extranjeros afincados en el país, los cuales buscan “huir” del país en caso de controles demasiado estrictos (aunque esta situación es menos probable con la liberalización económica). Y, por otro lado, los empresarios de la droga pueden repatriar sus ganancias por medio de los profesionales y pequeños empresarios que han emigrado a los centros (fundamentalmente eeuu).

 Como hemos apuntando anteriormente, la situación actual de la formación social colombiana (la imbricación compleja entre droga y guerra) se deriva y profundiza a partir de un centro característico: el plan Colombia. Es pertinente, por lo tanto, una caracterización más acabada de su contenido e implicaciones. Sin embargo, para abordar esta realidad, en tanto la misma supone la caracterización de la política exterior norteamericana para con Colombia, es necesario indicar ciertos elementos históricos en la relación entre estos dos países.
 La estrategia norteamericana en Colombia tiene un bagaje histórico de larga data. Dado que su descripción tomaría un espacio que aquí no tenemos, solamente indicaremos sumariamente los puntos fundamentales de  la misma a partir de los años 50 de la década pasada. Primeramente, es necesario apuntar que la estrategia del país del norte para con el país cafetalero debe inscribirse en el contexto de la acción norteamericana en la región en su conjunto. Ya en la década del 60 (sXX) Estados unidos implementó una política de “contrainsurgencia” destinada a acabar con los grupos guerrilleros (signados como la “amenaza comunista”). En este marco entraba Colombia; sin embargo, el mayor desafío al dominio de eeuu se encontraba, por esa época, en el Cono Sur (Chile, Argentina y Uruguay). Avanzando en el tiempo, la estrategia “contrainsurgente” de los Estados unidos se focaliza en Centroamérica (para derrotar a los sandinistas de Wheelock en Nicaragua en lo fundamental) al despuntar la década del ochenta. Ahora, en este tiempo los norteamericanos incluían, concomitantemente, dos elementos fundamentales en su política exterior: la problemática de la droga y el interés en el petróleo extranjero. Fundamentalmente el primer elemento influenciaría la política de Estados Unidos para con Colombia. Por otra parte, ya en década del 90 (y en los comienzos del 2000) la política norteamericana se focaliza en lo que James Petras denomina el “triángulo radical”, compuesto por Venezuela, Colombia y Ecuador. La emergencia de Chávez y la permanencia y desarrollo de las FARC, llevaban a la política imperialista del país del norte a enfocar sus esfuerzos en esa subregión de América Latina.

 Ahora bien, no está demás consignar las premisas “teóricas” que informan esta forma de proceder por parte de los norteamericanos. Para a Arlene B. Tickner la política exterior de esta ex colonia inglesa, se fundamenta en una concepción “realista” de las relaciones internacionales[28], la cual supone las siguientes premisas:

“1)el predominio de actores estatales, los cuales actúan en términos unitarios y racionales; (2) la existencia de anarquía en el sistema internacional y, por ende, la necesidad de los estados a acudir a tácticas de auto-ayuda; (3) la estratificación de los objetivos internacionales entre “alta” política (la perteneciente a la esfera estratégico-militar) y “baja” política; y (4) la estricta separación entre la política doméstica y la internacional”[29]

 De alguna manera, esta premisas parecieran emerger de forma bastante evidente al momento de analizar la estrategia de política exterior implementado por los Estados unidos de la región.

 Lo interesante, por otra parte, es el hecho de que la política norteamericana para con Colombia articula de manera casi perfecta el conjunto de las tres estrategias señaladas. La política contrainsurgente de los 60 (las FARC nacen en esta época); la confrontación antiguerrillera de los ochenta implementada en Centroamérica (el plan Colombia intenta replicar “éxito” que tuvo el país del norte en el aplastamiento de la revolución nicaragüense); el tratamiento bélico del triángulo radical (aún vigente en lo actual mediante el plan Colombia); todas estas “políticas” se reúnen sincrónicamente en devenir actual de la formación social colombiana. En lo que respecta a la política antidrogas norteamericana –quizás la de mayor relevancia para nuestra problemática-, Tickner señala:
 “En abril de 1986, el presidente Ronald Reagan, a través de la Decisión de Seguridad Nacional Directiva 221, declaró que las drogas ilícitas constituían una amenaza letal a la seguridad nacional de Estados Unidos, lo cual a su turno condujo a una participación creciente de las fuerzas armadas en la “guerra contra las drogas” y la consecuente militarización de la estrategia antidrogas estadounidense”[30]  

 Es que la “nueva” política también venía continuar una inveterada forma de hacer política para los norteamericanos, una forma que relevaba en cada momento amenazas diversas muchas veces “fantasmales” (inexistentes):
 “En este sentido, se podría argumentar también que la “amenaza” representada por las drogas en Estados Unidos constituye uno de los “enemigos cognitivos” frente a los cuales la identidad estadounidense se ha ido reconstruyendo después de finalizada la guerra fría. De esta manera, las drogas representan un “peligro” para la forma de vida estadounidense, de la misma manera como la amenaza comunista atentaba contra los valores de ese país a lo largo del conflicto bipolar”[31] 

Y este mismo tipo de política se ha mantenido desde la presidencia de George Bush padre hasta el mandato de George Bush hijo.
En lo que respecta a la cuestión del petróleo, es evidente que la subregión del “triángulo radical” tiene reservas de crudo en ningún caso despreciables. En el caso de la formación social que aquí tratamos:
“Colombia representa enormes y crecientes ganancias a las compañías de petróleo de América. De acuerdo con el Departamento de Energía, el consumo de petróleo en Estados Unidos creció 15% entre 1990 y 1999; durante este mismo período la producción de petróleo en Colombia aumentó en 78% y su destino principal fue hacia ese mercado”[32]

 No son menores, tampoco, los continuos ataques de la guerrilla a las plantas petroleras norteamericanas y extranjeras  (en 1999, el oleoducto Caño Limón, donde tienen su base la Occidental Petroleum Company y la Royal Dutch/Shell fue volado 79 veces).

Paralelamente a esta política exterior del país del norte, Colombia vivía sus propios procesos políticos a partir de la década del 80. Bajo la presidencia de Virgilio Barco  (1986-1990) César Gaviria (1990-1994) se implementaron reformas institucionales al alero del proceso reestructurador que supuso la implantación del modelo ideológico neoliberal. Así, por ejemplo, se imbricaron reforma constitucional (llamado a una constituyente) y liberalización económica, en un contexto en el cual cada uno de estos gobiernos siguió fielmente los dictados de Estados Unidos en lo respecta al problema de la “droga” y la “guerra”. Fue el intento de Ernesto Samper, a partir de 1994, el que irritó a los norteamericanos. La idea de una suerte de democracia social (el porcentaje del presupuesto destinado a lo “social” se duplicó) y un cierto diálogo con la guerrilla definitivamente no gustaron. Entonces, “llovieron” las acusaciones de vinculación presidencial con el narcotráfico (con el Cartel de Cali, por ejemplo), todo lo cual impidió cuajara la alternativa reformista propuesta por Samper.  Quizás es todo lo anterior lo que lleva a Sarmiento Anzola a establecer:
 “La guerra civil colombiana es expresión de la profunda polarización entre clases sociales. Las dos ocasiones en que durante el siglo XX se intentó construir un Estado social democrático de derecho –en los años treinta y noventa–, las clases dominantes respondieron con intolerancia y barbarie para impedir cualquier cambio que afectara sus intereses y poder”[33]

  Ahora bien, el “diálogo” de Samper con la guerrilla fue más bien tímido; en lo sustantivo siguió una política confrontacional en lo que respecta a la droga y a la insurgencia[34].

 Es sólo con la asunción de Andrés Pastrana que la situación actual terminará de configurarse. Entre los años 1998 y 2002 se pergeñará el “acuerdo” entre Estados Unidos y Colombia que agudizará el conflicto bélico y el ataque a la guerrilla: nace el Plan Colombia.

Para abordar el Plan Colombia es pertinente consignar, primeramente, que existieron dos versiones del mismo. Una primera, preparatoria, y una segunda (que fue la que finalmente se aplicó). La primera versión suponía una estrategia de tipo nacional (no impuesta por los Estados Unidos) que privilegiaba el acuerdo y distinguía bien entre el conflicto guerrillero y la problemática de la droga. Es que, en efecto, el candidato Andrés Pastrana fue –al menos en algún momento- visto con buenos ojos por las fuerzas progresistas en función de su posición frente a estas temáticas. Frases como las siguientes fueron pronunciadas por un candidato que prometía cierto “giro” en la política colombiana:
(debe implementarse) una gran alianza de todos los colombianos contra la corrupción, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y la injusticia social”

“Colombia posee dos guerras nítidamente diferenciadas: la guerra del narcotráfico contra el país y el mundo, y la confrontación de la guerrilla contra un modelo económico, social y político que considera injusto, corrupto y auspiciador de privilegios”

 Esta primera versión del Plan Colombia suponía un acuerdo con las FARC en el que éstas se comprometían a reducir los cultivos de coca en un 80% en las regiones  donde esta actividad era eminente y el grupo guerrillero tenía cierta presencia (Putumayo, Caquetá y Guaviare). Asimismo, se concebía una suerte de “alianza” del Estado con la guerrilla contra la mafia de la droga. En esta “alianza” se formulaba un proyecto integral (atención a desplazados, tratamiento de la violencia, erradicación parcial de la coca), el cual diferenciaba según las realidades concretas de cada región. En efecto, en esta primera versión del plan:
“El gran objetivo por combatir eran los cultivos comerciales de los narcotraficantes. Para los campesinos pobres, en cambio, había el programa de desarrollo alternativo”[35]

Sin embargo, será la presión norteamericana, que amenazaba con cortar de raíz cualquier tipo de financiamiento, la que prevalecerá: la propuesta primigenia será completamente invertida, quedando de cabeza[36].

Bajo el titular: “Plan Colombia: Plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado”, el imperativo era demasiado claro: destruir la alianza entre narcotráfico y subversión, porque desestabiliza el Estado y afecta negativamente la seguridad continental. Ambos actores tienen que ser derrotados, sometidos. No hay negociación previa. Dentro de los cinco campos de acción que suponía el “nuevo” plan sobresalía el aspecto militar: 63% de los recursos eran destinados a la FFAA y la policía. Los recursos provendrían fundamentalmente de organizaciones  y países extranjeros (FMI, BM, CEE, eeuu, etc). Las “zonas-objetivo” eran las mismas que en el plan “anterior”: Putumayo, Caquetá y Guaviria. Así, más de 200 mil familias campesinas, 100 mil “raspachines” (aquellos que raspan la hoja de coca para producir la base de la cocaína) y miles de sujetos que componen un suerte de población flotante, serían el objetivo a eliminar frente a una realidad ahora denominada narcoguerrilla (que incluía a las FARC, el ELN, a las AUC y a los empresarios de la droga). Este era objetivo social del nuevo plan; estos eran los grupos sociales afectados por la “nueva” política del estado colombiano. Y dentro de las políticas a la aplicar no era una directriz menor el patrón de la “guerra biológica” (fumigaciones aéreas con Fusarium Oxysporum)[37].

 Hay dos aspectos del Plan Colombia que tienen una vinculación sistemática con la “estructura” y la “acción” sociales. Por el lado de la acción, este Plan reúne dos realidades diferenciadas al conceptualizar la problemática tratada mediante una noción específica: la narcoguerrilla. El término fue acuñado en los 80 por el embajador de eeuu en Colombia, Lewis Tambs. Ganó fuerza y difusión, sin embargo, en los años 2000, cuando a las FARC se le acusó de tener vínculos con la Organización Arellano Félix de México, uno de los carteles más grandes de ese país (acusación hecha por el país del norte). Ahora bien, como señala parte de la literatura (e.g. James Petras), constituye un error político y sociológico confundir estas dos realidades. Y esto por muchas razones.

Primero, es un error exagerar el rol de los ingresos derivados del tráfico de drogas en el financiamiento de la guerrilla. Primero, porque solo el 1% de las ganancias es reapropiado por las llamadas narco guerrillas y los campesinos. El grueso de las ganancias se encuentran en la cadena de distribución del producto (como ya se señaló); allí, quienes “hacen su América” son los vendedores en los centros y quienes transportan la producción a estos lugares (e.g. mafias mexicanas). Segundo, si en la cadena productiva las ganancias crecen según nos acercamos a la esfera del “consumo final”, el hecho de que sean fundamentalmente grupos paramilitares, terratenientes, altos oficiales del ejército, respetables capitalistas y banqueros, quienes “transforman” el producto (sintetización) y “lavan” el dinero, nos informa acerca de cuáles grupos sociales se benefician mayormente de la producción de la droga. En tercer lugar, es reconocida la política de  las FARC de gravar el cultivo de coca y reinvertir los fondos en el movimiento[38], al  mismo tiempo que se prohíbe el consumo y la venta de la “droga-cocaína” en los territorios controlados por los guerrilleros. Y, cuarto y fundamental, la confusión entre narcotráfico y guerrilla olvida olímpicamente uno de los rasgos eminentes del nuevo tipo de guerra (ya mencionado), que en lo actual se encuentra vigente: la cristalización de una “economía política de la guerra”. Como ya establecimos:
“En el marco de los conflictos y la consideración de los civiles como posible enemigo interno, las acciones de tipo cívico-militar hacen parte de la economía política de la guerra. Las acciones cívicas comprenden los programas destinados a satisfacer las necesidades básicas de la población más pobre, a través de entrega de alimentos, servicios de alfabetización, atención médica básica, construcción de puentes, apertura de vías de comunicación, con el fin básico de mejorar la imagen del grupo combatiente, controlar la población y lograr un apoyo de las comunidades al esfuerzo bélico desplegado. Los ámbitos económico y social quedan subsumidos, de este modo, a los objetivos militares de seguridad, defensa y consolidación del proyecto político. Difícilmente un ejército o grupo armado puede ganar la guerra sin apoyo popular, sin hallarse respaldado por un consenso”[39]

  Como señala Petras:
“Lo que ignoran o subvaloran los ideólogos del Plan Colombia es la importancia de las luchas de las FARC en la defensa de algunos intereses campesinos básicos (tierra, crédito, carreteras, etc), su educación política y sus atractivos ideológicos, los servicios sociales, la ley y el orden que proporcionan. En la mayoría de sus pactos con la población rural, las FARC representan el orden, la rectitud y la justicia social”[40]

 Vinculada a la interpretación que enfatiza en la existencia de una narcoguerrilla, se encuentra la premisa norteamericana que cree poder replicar sus éxitos pasados al momento de combatir la “insurgencia” en Centroamérica. Sin embargo, esta “creencia” omite un necesario examen socio-histórico, el cual de hecho descubre diferencias sustanciales entre ambas realidades:

- El liderazgo de la FARC es de origen campesino o con un fuerte vínculo con el campo (en Centroamérica los líderes de la guerrilla eran profesionales de “clase media” deseosos de volver a la ciudad).
- Los grupos guerrilleros colombianos tuvieron  una vinculación con la reforma agraria en los años 60’s (en Centroamérica no se implementaron reformas agrarias, a lo menos no de carácter sustantivo)
- Las FARC se autofinancian casi completamente (cuestión más dudosa en el caso de los grupos guerrilleros centroamericanos de los años 80)
- Los grupos guerrilleros colombianos han puesto como criterio de negociación con la institucionalidad política formal, la cuestión de las reformas socioeconómicas y no la inclusión de los líderes en la política formal electoral (como se hizo en Centroamérica)
 - La guerrilla de los 60/70 era un grupo pequeño y aislado; actualmente es un grupo con capacidad de acción nacional y casi tiene el rango de un ejército

Asimismo, se intenta implementar un mismo tipo de estrategia con una base de financiamiento económico totalmente diferente (El plan Colombia es multimillonario; los recursos destinados a la contrainsurgencia eran mucho menores).
 Un correlato secundario que dice relación con la “acción” social, presente en el Plan Colombia, son los efectos más probables de su aplicación. Supondría, en el decir de Tickner un agravamiento de la “inestabilidad” en la región:
“(1) ha generado mayores tensiones entre los países de la región y Colombia; (2) ha creado una especie de situación de “suma-cero”, en la cual los países vecinos de Colombia ven en las “ganancias” de este país en la lucha antinarcóticos una potencial “pérdida” para ellos, en la medida en que se teme que los problemas colombianos simplemente se trasladen a otras latitudes”[41]
 No es sorprendente, por lo tanto, que Chavéz haya resistido la aplicación del Plan, Brasil lo consignara como una amenaza a su seguridad nacional y Fujimori declarara que el mismo implicaba la “vietnamización” de la región.

 En lo que refiere a estructura social, el Plan Colombia (la nueva fase de la larvada guerra nacional, ahora imbricada, hace dos o tres décadas con la problemática de la droga), presenta una vinculación sistemática con la implantación y el desarrollo de las reformas estructurales conexas a la discurso neoliberal. Es que, en realidad, el Estado (neoliberal) actual efectiviza dos guerras
“El fortalecimiento del estado y su compromiso de pelear una guerra de dos frentes –una guerra con armas en el campo y una en las ciudades con políticas neoliberales de austeridad- …ha agravado la polarización entre el régimen y la población civil”[42]
 Un buen resumen del contenido y las implicaciones del neoliberalismo resaltaría los siguientes diez elementos que consigna Sarmiento Anzola:

i) apertura indiscriminada y baja de aranceles; ii) reducción del papel económico y social del Estado, y privatización de activos públicos; iii) control monetario, ajuste fiscal y equilibrios macroeconómicos como objetivos centrales de la política económica; iv) recorte del gasto público y eliminación de subsidios; v) normativas favorables a la inversión extranjera; vi) fortalecimiento del capital financiero; vii) deslaboralización y flexibilización del mercado laboral; viii) apertura e impulso a la explotación de los recursos naturales; ix) predominio del Ejecutivo sobre las demás ramas del poder público, y x) represión del descontento social y laboral[43]

El vínculo sistemático entre esta matriz de factores descriptivos y el Plan Colombia es susceptible de ser argumentada en tres sentidos. Por una parte, su vinculación de origen. El Plan Colombia emana desde un régimen de gobierno que la literatura consigna como “profundizador del neoliberalismo”[44]. Incluso algunos autores establecen que Andrés Pastrana habría entregado el manejo de la economía al FMI y los acreedores financieros. Así, se habrían implementado una serie de reformas que caben dentro de los factores descriptivos ya citados (ajuste del déficit fiscal mediante la reducción de los salarios públicos; recortes en el gasto social y las transferencias a los municipios y departamentos; freno a la inversión pública, etc). En segundo lugar, la reestructuración en el presupuesto fiscal implicada con la aplicación el Plan Colombia, la cual supone un crecimiento exponencial en los recursos destinados a las fuerzas armadas,  la policía y la justicia (reúnen casi un 70% del presupuesto nacional), junto a reducción y reorientación del gasto social, señalan una forma de acción estatal coherente con los principio con los principios neoliberales. Esto porque, como bien señalan ciertos autores[45], una estructura estatal prominente es de hecho necesaria para la implementación de unos “mercados” que nunca podrían ser autogenerados de manera espontánea. Y el carácter autoritario de la misma no es uno ajeno al mismo proyecto neoliberal[46]. De hecho, una acusación de las funciones policiales y judiciales en el aparato de Estado, es característica de ciertos tipo de estado neoliberales, como lo es el chileno. Una tercera razón que nos asiste a la hora establecer la vinculación sistemática entre el Plan Colombia y el neoliberalismo, es aquella que nos muestra el tipo de programas adosados a veta “militar” del primero. Junto al plan colombia se implementaron programas como: : i) manos a la obra, encaminado a brindar trabajo a la población más pobre a través de los componentes proyectos comunitarios y vías para la paz, con un costo total de US$295 millones (crédito externo BID y Banco Mundial US$200 millones); ii) subsidios a las familias más pobres, mediante la entrega de un subsidio en efectivo, condicionado a la asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo de los menores de 7 años, y a la asistencia al colegio de los niños entre 7 y 17 año (crédito externo Banco Mundial y BID US$230 millones,); iii) capacitación laboral de jóvenes desempleados, entre los 18 y los 25 años, de los estratos más bajos (1 y 2), con un costo de US$70 millones (en su totalidad, crédito del BID).  El carácter asistencialista y focalizador de este tipo de programas, sustentados en la noción de Estado subsidiario[47], sumado a su forma de financiamiento (organizaciones internacionales que impusieron las reformas estructurales neoliberales en la periferia) y su canal de implementación (fundamentalmente a través de organizaciones no gubernamentales vinculadas al proyecto de reorganización capitalista mundial[48]), de hecho nos asisten con hechos de cierto peso para sostener el vínculo sistemático entre la nueva “fase” de la guerra colombiana (a la cual es inherente la problemática de la droga) con la implantación del proyecto neoliberal en esta formación.


[1] Jaime Antezana, “Estudio comparativo de la lucha antidroga en Perú y Colombia: La situación de la coca y la cocaína”. Se terminó de imprimir en la imprenta RyF Publicaciones y Servicios S.A.C., Jr. Manuel Candamo 350, Lince, en agosto de 2010.
[2] Jaime Antezana, ibidem
[3] Jaime Antezana, ibidem
[4] La figura de Jorge Eliécer Gaitán es lo más cercano al caudillismo que tuvo la formación social colombiana. Sin embargo, su paso no dejó una huella histórica significativa capaz de transformar el carácter y la historia del pueblo colombiano.
[5] Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina, Enrique de la Garza Toledo (compilador). Colección grupos de trabajo Clacso, 2005. “El sindicalismo colombiano: actor social en media de la guerra y el temor a la libertad”, Juan Bernardo Rosado Duque
[6] La idea de que las fracturas institucionales no siempre significan un quiebre en el dominio económico de una clase particular, es relevada en el libro “Clases sociales y crisis política en América Latina”. En efecto, muchos de los golpes militares en la región previos al golpe brasileño de 1964, muestran esta característica. No sucede lo mismo con los golpes militares posteriores a esta fecha, ya que mucho de ellos  si significaron ciertas transformaciones económicas de importancia
[7] Plan Colombia. Ensayos críticos. Editor: Jairo Estrada Álvarez. Universidad nacional de Colombia, 2003. “Conflicto, intervención y economía política de la guerra”, Libardo Sarmiento Anzola
[8] Este calificativo es usado por Mary Kaldor
[9] Plan Colombia. Ensayos críticos. Editor: Jairo Estrada Álvarez. Universidad nacional de Colombia, 2003. “Conflicto, intervención y economía política de la guerra”, Libardo Sarmiento Anzola
[10] Plan Colombia. Ensayos críticos. Editor: Jairo Estrada Álvarez. Universidad nacional de Colombia, 2003. “Conflicto, intervención y economía política de la guerra”, Libardo Sarmiento Anzola
[11] Más adelante detallaremos el vínculo sistemático entre  lo actual y este momento histórico
[12] Que describimos en un comienzo
[13] Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina, Enrique de la Garza Toledo (compilador). Colección grupos de trabajo Clacso, 2005. “El sindicalismo colombiano: actor social en media de la guerra y el temor a la libertad”, Juan Bernardo Rosado Duque.
[14] Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina, Enrique de la Garza Toledo (compilador). Colección grupos de trabajo Clacso, 2005. “El sindicalismo colombiano: actor social en media de la guerra y el temor a la libertad”, Juan Bernardo Rosado Duque.
[15] Sindicatos y nuevos movimientos sociales en América Latina, Enrique de la Garza Toledo (compilador). Colección grupos de trabajo Clacso, 2005. “El sindicalismo colombiano: actor social en media de la guerra y el temor a la libertad”, Juan Bernardo Rosado Duque.
[16] Recordemos que 2010 y 2011 fueron años reconocidos por las tensiones entre Colombia y Venezuela a raíz de la situación que configuraron los grupos guerrilleros y los narcotraficantes.
[17] Plan Colombia. Ensayos críticos. Editor: Jairo Estrada Álvarez. Universidad nacional de Colombia, 2003. “Guerra Social de media intensidad”, Miguel Angel Herrera Zgaib
[18] Aquí los sociólogos no juegan un papel menor: abundan las encuestas que muestran los bajos apoyos porcentuales de la “ciudadanía” a los grupos guerrilleros.
[19] Plan Colombia. Ensayos críticos. Editor: Jairo Estrada Álvarez. Universidad nacional de Colombia, 2003. “La guerra contra las drogas: las relaciones Colombia-Estados Unidos durante la administración Pastrana”, Arlene B. Tickner
[20] Sarmiento Anzola, Libardo (texto citado)
[21] Sarmiento Anzola, Libardo (texto citado)
[22] Una estadística ilustrativa de los afectados según grupo social versa de la siguiente manera: Entre los sectores sociales más afectados, los campesinos sobresalen con 1.766 víctimas, seguidos de los obreros con 489, los empleados con 310 y los trabajadores independientes con 129…Según Cinep y Justicia y Paz, 75,5% de los homicidios de los civiles protegidos por el DIH fue cometido por la fuerza pública y los grupos paramilitares y 23% por la insurgencia”
[23] Datos para el año 2000 en Sarmiento Anzola (texto citado)
[24] Como afirma Juan Bernardo Rosado Duque (texto citado)
[25] El caso peruano es particular dada la hiperinflación que sufrió esta economía a fines de los 80. Ahora bien, lo que postula Salama es una tendencia (cierta posibilidad con un grado mayor de probabilidad), no algo que se cumple mecánica e inexorablemente en cada ocasión. Por esto, la situación vivida por el pueblo peruano, en el cual la economía de la droga  era y es también eminente, no niega totalmente lo postulado por este autor francés.
[26] Datos en: Riqueza y pobreza en América Latina: La fragilidad de las nuevas políticas económicas 1999, Pierre Salama. “Drogas y economía en los Países Andinos: enfoques metodológicos” (capítulo)
[27] Este es un análisis económico algo keynesiano del problema de la droga. Esto es, el mismo no supone la inclusión sistemática de la “teoría del valor” en su formulación marxiana. Al respecto, es pertinente apuntar, sin embargo, que para Marx existen tres tipos de “renta”. a) Absoluta: derivada del monopolio de la tierra o cualquier recurso no renovable; b) Diferencial: derivada de condiciones naturales más beneficiosas (e.g. tierra más productiva); c) Diferencial II: a la anterior se le suma una inversión en capital constante para aumentar aún más la productividad. Asimismo, lo fundamental del fenómeno rentístico bajo un enfoque marxista, lo resume Diego Guerrero de buena manera: “…en el caso de la tierra y de otros recursos no renovables, son las condiciones de las unidades menos eficientes las que regulan el precio de las mercancías a las cuales estos insumos contribuyen. Esto es lo opuesto a lo que sucede con los capitales reguladores en la mayoría de los sectores industriales. En sectores maduros, los capitales reguladores son usualmente aquellos que funcionan bajo las condiciones de producción promedio; contrastantemente, en los sectores dotados con la tecnología más avanzada, especialmente aquellos sometidos a una evolución rápida (o “revolución”, como la industria del computador personal entre los 80’s y los 90’s), con las unidades productivas más eficientes las que fijan el precio normal regulador del precio de mercado efectivo” (Anticapitalism, Pluto press, 2003, London, traducción propia). El hecho de que no hayamos utilizado de manera sistemática un enfoque marxista se deriva de que el mismo supone una complejidad mayor, no abarcable en un trabajo monográfico basado solamente en la revisión de literatura existente

[28] Una suerte de realpolitik
[29] Arlene B. Tickner (texto ya citado)
[30] Arlene B. Tickner (texto citado)
[31] Arlene B Tickner (texto citado)
[32] Sarmiento Anzola, Libardo
[33] Sarmiento Anzola, Libardo. El otro intento al que probablemente hace referencia el autor es el proyecto que cristaliza en la figura de Jorge Eliecer Gaitán.
[34] La literatura señala que el número de armas y el nivel del conflicto crecieron bajo el mandato de Ernesto Samper.
[35] Herrera Zgaib, Migué Angel (texto ya citado)
[36] Sobre las razones de “giro” (bastante radical), no nos extenderemos. Baste decir que cualquier estrategia  que comportara algún tipo de rasgo antiimperialista, bajo el contexto de una economía ya liberalizada (las reformas estructurales anexas a la implementación del proyecto neoliberal ya habían sido “aplicadas” bajo Barco y Gaviria), tenía pocas chances de fructificar.
[37] “El Fusarium Oxysporum es mutante, se dispersa de un lugar a otro, adopta formas y tamaños necesarios para su desplazamiento y expansión. Es uno de los más dañinos que existen. Provoca el marchitamiento de las hojas de las plantas, la putrefacción de las frutas de manera inmediata y, por consiguiente, la muerte del vegetal. No sólo la planta de coca muere con este hongo, sino cualquier plantación que reciba el hongo transgénico. En consecuencia, ese champiñón estratégico puede sufrir mutaciones de consecuencias negativas e impredecibles sobre la vida humana y el medio ambiente”
[38] Al menos como política explícita ya que se conocen casos de enriquecimiento individual.
[39] Sarmiento Anzola, Libardo (texto ya citado)
[40] Plan Colombia. Ensayos críticos. Editor: Jairo Estrada Álvarez. Universidad nacional de Colombia, 2003. “Consideraciones de geopolítica”, James Petras.
[41] Tickner, Arlene B. (texto ya citado)
[42] Petras, James (texto ya citado)
[43] Sarmiento Anzola, Libardo (texto ya citado)
[44] En ello coinciden Sarmiento Anzola, Herrera Zgaib, Petras y Tickner.
[45] Meiksins-Wood, Alfredo Saad-Filho.Anticapitalism, Pluto press, 2003, London, traducción propia). Enzo Faletto también postula nociones similares en “La especificidad del estado latinoamericano”
[46] La “pureza” del modelo chileno se implantó bajo un marco autoritario. También Friedman señaló, en su momento, que la democracia política era desestimable ante la necesidad de implantar el libre mercado.
[47] La variante neoliberal denominada “ordoliberalismo” (con autores como Walter Eucken y Wilhelm Ropcke que participaron en “reconstrucción” alemana de la segunda posguerra) fundamenta la necesidad de un Estado subsidiario en el contexto de lo que la misma corriente denomina una “economía social de mercado”.
[48] El vínculo entre ong’s y neoliberalismo es uno bastante sistemático.