lunes, 29 de abril de 2013

Transformación o transición (Chile 1980s)

¿Transformación o transición?

Introducción

“Cada sociedad establece el grado de satisfacción que es propio a cada categoría social según su jerarquía. Ella solo tiene la autoridad necesaria para declarar el derecho y marcar el punto más allá del cual las pasiones no deben ir, ella sola, también, puede apreciar qué premio debe ofrecerse en perspectiva a cada orden de funcionarios, en bien del interés común. Y en efecto, en cada momento de la historia hay, en la conciencia moral de las sociedades, un sentimiento de lo que valen respectivamente, los diferentes servicios sociales, de la remuneración relativa que se debe a cada uno de ellos, y por consecuencia, de la medida de las comodidades que convienen al promedio de los trabajadores de una profesión….Esta limitación relativa y la moderación que de ella resulta, es la que hace que los hombres estén contentos con su suerte; ese placer de vivir, tanto para los individuos como para la sociedad es la característica de la salud. Cada uno está en armonía con su condición y no desea más que lo que legítimamente puede esperar, como precio normal de sus actividad”.

La cita precedente pertenece al trabajo “El suicidio” de Emile Durkheim, publicado en 1898. Se la ha consignado, no sin fundamento, sino que se lo ha hecho para transparentar en toda su dimensión la matriz de análisis, el sentido normativo último, que afecta a uno de los dos juicios socio-históricos en torno al tema que aquí se tratará. En efecto, en relación al papel histórico de los “pobladores” en el proceso de transformación o transición de la última dictadura nacional en la década de los ochenta, ciertas interpretaciones “científicas” condicentes con una opinión pública no precisamente demasiado imparcial,  sustentan gran parte de sus aserciones analíticas en la matriz madre de la teoría sociológica durkheimiana. Empero, la revalorización de esta teoría clásica, realizada de manera conciente o inadvertida, ofusca la realidad social como tal. Porque, la tradición académica, en tanto tradición, no requiere una recepción pasiva y reverente, sino una lectura que logre traspasar el acriticismo que supone el reconocimiento de una autoridad (en este caso en el campo académico). Esto, es lo que no explicitan las posturas que se reseñarán más adelante. Ante esto, el papel que aquí nos cabe es llenar este vacío “teórico”.

Antes que nada, es importante indicar que la premisa citada, contiene en sí misma uno de los juicios fundamentales del autor en torno a la realidad social: las necesidades del individuo son ilimitadas. En función de esto, y en primer lugar, se considera que es una aserción totalmente sin fundamento que “las necesidades del individuo sean ilimitadas”, cuando solo las hace depender de su propia persona. Porque, es importante recalcar, que para el autor existe un dualismo en todo momento, la manida división entre ser social e individual inscrita en todo ser humano. Mas, la necesidad personal (individual) no existe, solo “es” la social. Las necesidades de cada individuo se derivan de la forma y estructura de su sociedad, porque solo existe como individuo humano, en tanto es un ser social. En este sentido, según plantea Marx, que el individuo sea el ser social y que, por tanto, todas las necesidades sean sociales, no implica esto una sobredeterminación, si a la vez se entiende a la realidad social como una estructura de contradicciones en la cual las potencialidades de quienes las componen se encuentran negadas pero latentes. En suma, las necesidades sociales de todo individuo, emanadas siempre de una socialización determinada, implican no solo la afirmación de un sistema “dado”, sino también la potencialidad de la negación del mismo, con el correlato de una destrucción que deviene construcción. En segundo lugar, constituye también un aserto arriesgado el establecer-como hace Durkheim- que la vida sin un límite determinado sea de una estabilidad precaria. Precisamente el placer de vivir podría estar en la lucha, en la superación de las dificultades. Tercero, en la premisa explicitada, aparece como un poder totalmente inconsciente e inaprensible aquél que fija salarios, límites y satisfacciones. Y, en realidad, es el mercado y su provisión inmanente de capital, el cual puede y debe ser autodeterminado por la sociedad conciente y racional. A esto se agrega que, la determinación de las jerarquías y sus límites, parece seguir una ley natural en el planteamiento del autor, si antes fue Dios, ahora es el mercado. Se hace de la sociedad naturaleza que sigue ciertas leyes, se le niega al grupo social su autodeterminación. Encima, se califica como “salud” este proceso “natural” de la sociedad. Se insta a cada individuo a que se encuentre en armonía con su condición. ¿Cómo puede ser un estado saludable el que un individuo dependa en todo, para vivir dentro de una organización social dada, de otro que posee el poder en forma de capital o en cualquier otra forma que suponga un dominio dentro de un sistema determinado? Se afirma como algo patológico la negación de lo dado, la superación de la propia condición. Esto no es más que una justificación de la desigualdad material humana. Se olvida que la sociedad es también producto del hombre, es histórica (éste no es solo actor sino también autor de su propio drama, según Marx); por tanto ni el reconocimiento de una autoridad ni su elaboración son espontáneos, obedecen, no a la “naturaleza” de la sociedad particular, sino a las particularidades de la clase y a las condiciones materiales en que domina ésta.

 Esto solo son algunos acápites preliminares. Sin embargo, son suficientes para adentrarnos en el tema que nos convoca.

Contexto

Para comprender una acción, debe considerarse su devenir a través de la historia a la vez que su configuración comprensiva en un complejo de relaciones sociales, siendo que solo esto muestra un fenómeno en las razones y conflictos que lo constituyeron y aun lo constituyen en todo momento. Por esto, el análisis que aquí se intenta, no se enclaustra exclusivamente en el fenómeno considerado por excelencia la intervención de los pobladores en la escena dictatorial-las protestas-, sino que comprende factores concomitantes causales, eventuales y de efecto en un proceso histórico determinado. En este sentido, se revisan dos ramales interpretativos frente al mismo proceso, cada uno de los cuales diferenciado internamente en torno a distintas dimensiones, es decir, con matices y aristas distintivas. Mas, al tiempo que cada ramal constituye su interpretación incluyendo y excluyendo elementos-ampliando o restringiendo la matriz temporal-, y de esta manera determina el proceso histórico analizado, también sus diferenciaciones internas constituyen distinciones en este sentido. 

  Interpretación de consenso dominante

I. Disolución

Esta lectura de la situación sociohistórica que aquí nos ocupa, contiene su pilar fundamental en la propuesta normativa de Eugenio Tironi, la cual se reseñará brevemente a continuación.

Basado fundamentalmente en la perspectiva analítica de Durkheim, pero tomando elementos variados de otros autores (Merton, Parsons, Tilly), Tironi postula de entrada, como apriori básico, un análisis centrado en la conservación de la sociedad. Esto remite a estudiar preferentemente aquellas pautas destructivas internas al todo social, que minan la estabilidad éste. Asimismo, propone entender estos procesos como una “disolución social” y no como una “desintegración social” (como proponía el funcionalismo norteamericano), siendo que comprende a los mismos no inscritos dentro progresión teleológica de necesariedad, sino como tendencias destructivas que deben ser reconocidas, analizadas y contenidas. Dentro de una situación de “disolución social” se reconocen distintos aspectos. Primeramente, es claro que la sociedad ha llegado a un estancamiento en el cual el patrón de cambio social tiende a disociar a los individuos de su medio moral externo, esto es, de la “sociedad” entendida en términos durkheimianos. En segundo lugar, el sistema de estratificación supone una situación donde rol y función están desplazados por una articulación de los individuos como “masa”, así como también esto hace predominar la existencia de grupos particularistas comunitarios. Se sostiene que en ambos casos los individuos se encuentran aislados, en un contexto de complejidad social menor. El aislamiento se reconoce en patrones afectivos “anormales”, bajo los cuales se efectivizan conductas apáticas (retraimiento individual) o exacerbadas (romanticismo ideal que fácilmente puede caer bajo la manipulación de una personalidad autoritaria carismática). En tercer y último lugar, la atomización y la “segmentación comunitaria” suponen una situación donde el estado se autonomiza en demasía de la sociedad, cuestión que da pie para que el mismo devenga autoritario. Y, por lo mismo, las acciones de los individuos, al no estar mediadas por instituciones especializadas en la relación de la sociedad con el Estado, devienen directamente interpeladoras del mismo (se entiende que las acciones son “directamente políticas”, ya que “lo político” es comprendido bajo una matriz determinada que reifica al Estado como centralidad de “la política”).

 En términos gruesos, las críticas realizadas precedentemente a la matriz teórica durkheimiana pueden ser igualmente imputadas en este caso. El tinte ideológico que subyace a esta postura es indeleble, siendo evidente que se considera a la organización social existente (a lo “dado”) como aquello que se debe mantener por sobre todo. Asimismo, se naturaliza a la “complejidad” desde una perspectiva particular, así como también se la entiende como “valor”. Más todavía, es importante recalcar que se hace corresponder a la existencia comunitaria junto a un comportamiento de “masas”, y, a la vez, se acepta como un apriori teórico el hecho de un fácil tránsito de un ámbito al otro. Todo esto lleva a argumentar de manera falaz que tanto la comunidad particular como el retraimiento individual, no son sino expresiones distintas de lo mismo, esto es, de un deficiente patrón afectivo. De esta manera, se puede objetar un “psicologización” del proceso social, siendo que la matriz causal así presentada constituye una forma de expresión derivada propiamente de categorías psicológicas. Por otra parte, el sentido de integración solamente se encuentra entendido si la integración es a un sistema “dado”, ya que se conceptualiza la integración “particularista” como una “desviación”. En la misma línea, tiende a analogarse la existencia de comportamientos “romanticistas”, esto es, idealistas, a una tendencia favorable frente a la manipulación por parte de un líder carismático. Con esto, se ofusca el carácter propio de “lo idealista”, siendo que a esto siempre corresponde un sentido de proyecto, cuestión diametralmente opuesta a la formalidad desprovista de contenido que supone un liderazgo carismático. Y, por último, como ya se mencionó, la reificación de lo político en el Estado es evidente, mas, la política, como es claro-y como aquí la entendemos-, traspasa siempre esa esfera presentándose en ámbitos diversos.


Eduardo Valenzuela

El marco interpretativo que establece este autor asume que los dos últimos procesos de modernización habidos en el ámbito nacional, esto es, aquél periodo que se inscribe de manera algo laxa bajo lo que se ha denominado el periodo de “sustitución de importaciones”, y la dimensión temporal que implica la transformación dictatorial eminentemente mercantil. Así, la imagen de la modernización es la misma: desarrollo de la división del trabajo y de las fuerzas productivas, secularización de los valores, racionalización de las conductas sociales. Las diferencias se producen en el modelo de desarrollo: en un caso se intenta ejercer el control sobre el proceso de cambios; en otro se establece definitivamente la primacía del mercado en la orientación y regulación de éste[i]. He aquí una postura que obnuliba y pone un velo frente a la realidad social. Porque, como de pasada, se intenta mostrar que el estatus moderno de un proyecto y del otro es el mismo. Esto se produce porque dentro de un mismo proceso no se reconoce la existencia de una diferenciación radical (esto es, basal).  La prolongación de un modelo sustitutivo agotado, especialmente en el caso del proyecto de la unidad popular, suponía la modificación hacia una orientación “socialista”. Y, esto, implicaba necesariamente la asunción de la realidad social en términos marxistas, a lo cual subyace siempre un proyecto moderno diferenciado. Porque Marx comprende a la modernidad en su positividad y su negatividad, mientras la Ilustración burguesa (en particular la economía política) naturaliza a la misma sin reconocer potencialidades latentes. Entonces, se entiende que si la imagen modernizadora en los casos propuestos es la misma, esto es solo apariencia, siendo así que la diferencia no se presenta a nivel de “modelo de desarrollo”, sino que lo hace a un nivel cualitativo eminentemente distinto, sustentado en una aprehensión de la realidad diferenciada (el marxismo tiene como premisa la necesidad de modificar la organización de trabajo burguesa en función de la transformación de su contenido).    

Empero, a partir de la noción que aquí se ha criticado, comienza un análisis que asume de plano y claramente su afiliación con los teoremas durkheimianos. Primero, afirmando que la sociedad moderna (como realidad sui generis) se afirma en una constitución moral colectiva anterior a la lógica contractual que subyace a los vínculos mercantiles. Esta noción se presenta de una manera algo confusa. De hecho, puede ser criticada. Si tanto lo moral antecedente y lo contractual contingente se entienden como manifestaciones específicas de una determinada estructura económica (manifestaciones no necesarias, eso sí), puede comprenderse que lo que liga el ser social a un sistema dado, es algo que no puede constituirse con antelación a la vida material: el vínculo hacia una  organización social dada se da a partir de la simultaneidad recíproca de la esfera material junto a la esfera ideal. En este sentido, aquellas instituciones morales cristalizadas en lo concreto que pudieran entenderse como antecedentes al proyecto burgués, terminan siendo transformadas por el mismo (por ejemplo, la familia, como desarrolla Marx en la Ideología alemana). Asimismo, Valenzuela, comparte la noción de anomia que elabora el autor francés que ya hemos citado. Entonces, a partir de estas asunciones básicas desarrolla sus postulados concretos frente a la situación del mundo popular en el Chile de los ochenta.

 Comienza describiendo la situación. A partir de la estrategia modernizadora del régimen militar las condiciones sociales de constitución de los actores han cambiado. Una amplia desindustrialización producto de una apertura sin ambages al mercado externo ha producido, junto a otros factores, una situación de exclusión y marginalidad donde la posición de los jóvenes populares se ha visto en todo ámbito afectada. Cuestión que se exacerba con la crisis general de 1982. En este punto, cabe notar como el autor establece que la esfera de la exclusión y la marginalidad incluye el empleo precario y el subempleo, cuestión que-como veremos más adelante-tiende a subsumir bajo una categoría general un sector diverso y no homogéneamente excluido. Al tiempo que se refiere la crisis de la juventud popular, se relevan los patrones normativos del análisis. Lo que se reciente es, el hecho de que los jóvenes están fuera de las jerarquías y de los mecanismos institucionalizados de control social[ii]. Así, se lamenta el hacinamiento y densificación de las viviendas populares, no en tanto esto implica calidad de vida desmejorada, sino en tanto implica una desnuclearización de la familia con su correlato de peligro para la estabilidad de la misma. Asimismo, se establece que, aparte de los efectos disciplinarios de la escuela (ya que la escolarización básica y secundaria ha aumentado) y en parte los sistemas de comunicación públicos, el mundo de los jóvenes populares se caracteriza por relaciones privadas y poco duraderas en el mercado de trabajo, por la huída del entorno familiar, el ocio forzado, la vagancia y la recreación: el mundo de las calles[iii].  En este sentido, se teoriza que si los jóvenes están fuera de las instituciones sociales (consideradas éstas solo como las “oficiales”), deben también sufrir una atomización, esto es, participar en esferas poco estructuradas carentes de suficiente solidaridad  y comunicación colectiva. Asimismo, se determina un proceso cultural en el cual los jóvenes están desintegrados, siendo que no comparten las metas culturales del Estado y la sociedad, pero tampoco reemplazan  a éstas por una cultura “propia”. Esta elaboración demanda ciertas puntualizaciones. A la luz de lo que se verá más adelante, establecer como un apriori el hecho de que ante la inexistencia de una socialización institucional solo se presenta un vacío (algo poco estructurado) tanto cultural como social, es a todas luces arriesgado. Asimismo, se encuentra sustantivizada la realidad formal, esto es, se la considera una estructura fija, no un parámetro que deviene. 

 En torno a estas distinciones analíticas, Valenzuela releva una de las expresiones “anómica” de los jóvenes materializada en prácticas de “retraimiento individual” como la drogadicción. A este respecto, cabe notar como la dimensión durkheimiana, base del análisis queda desperfilada: el acto anómico concreto en Durkheim se corresponde con una conducta irascible y violenta (eso queda suficientemente claro), por tanto, un “retraimiento individual”, como el que aquí se reconoce, no supondría tanto un acto anómico como un acto propio del complejo de conductas que llevan al “suicidio individualista”. Existe una lectura deficiente de un autor clásico, entonces. Asimismo, se realiza un contrapunto entre la comunidad religiosa de base popular, y las protestas o rebeliones ocurridas en el mundo poblacional. En esto, coincidentemente con una postura a todas luces conservadora, se valoriza positivamente a la comunidad religiosa, mientras se “negativiza” la rebelión popular. Por una parte, en esta postura se observa la existencia de un desconocimiento de la categoría social de los pobladores: las organizaciones populares van mucho más allá de su puro cariz religioso, como mostrarán Espinoza y Razeto. En este sentido se toma un parte  ínfima por el “todo”, lo cual deviene en una reducción y un simplismo ideológico no despreciable. Por otra parte, el hecho de considerar la rebelión popular como una esencialmente negativa, con escasa identidad y menos todavía recurrencias a un proyecto histórico de sociedad[iv] , supone velar el tránsito múltiple de un actor desde una dimensión hacia otra. En efecto, puede entenderse que la negatividad inherente a una revuelta es solo expresión de la necesaria destrucción en función de la manifestación de un contenido eminentemente positivo, el cual, en parte puede implicar un cierto cariz de “proyecto”. Si Valenzuela entiende que los actos “vandálicos” contra establecimientos comerciales, plazas públicas, automóviles, centros de madres, oficinas de empleo mínimo y ornamentos patrióticos, como la revuelta contra la sociedad organizada[v], es precisamente porque lo que se discute es el modo de organización de la sociedad, esto es, en liza se encuentra un contenido político.

Un último aspecto que interesa relevar, es la elaboración que realiza el autor en torno a las conductas radicales de los actores populares. Las mismas, según entiende, comprenden la matriz de un mito sacrificial representado en la persona de Salvador Allende, el cual simbolizaría el “morir en combate”. En esta línea, y apoyado en elaboraciones teóricas de Pedro Morandé (ideólogo conservador), conceptualiza estas acciones como la expresión máxima de la anomia: la muerte. Esto porque, si bien en la sociedad moderna el sacrificio y la representación de la muerte están presentes por ejemplo en la “ascética protestante” (cuestión más que dudosa entendiendo que esta actitud, según el mismo Weber ya ha abandonado el mundo moderno), en los pobladores la representación de la muerte sobrepasa los límites funcionales del orden. Ahora bien, esto-según quien escribe- no es más que una afección al orden que llega al paroxismo, hacia lo dado. Porque, Valenzuela-junto a Morandé- establece la analogía: vida, igual orden; muerte, igual caos. En función de esto, toda negación de lo dado, todo reconocimiento hegeliano de la realidad, queda eliminado de plano y, con ella, la comprensividad intrínseca del movimiento y los actos populares.

Javier Martínez

La interpretación de este sociólogo se refiere fundamentalmente a un marco temporal reducido inscrito en las protestas antiautoritarias de  1983 y 1984. Ya de entrada, esta perspectiva de análisis nos permite clasificar a esta comprensión, como una que entiende a la realidad en forma fragmentada y episódica, no como proceso que en todo momento deviene. Asimismo, como bien consignará Gabriel Salazar más adelante, el hecho de reconocer la existencia solo de 4 o 5 protestas, soslayando la efectivización de al menos 22 protestas populares, implica una parcelación arriesgada de la realidad sociohistórica. En primer lugar, Martínez constata el nudo problemático principal al cual se abocará: entendiendo que la represión- generalizada a toda dimensión- ejercida por un régimen autoritario, supone la reproducción progresiva de una escalada de “miedo”, cabe preguntarse cuales fueron las condicionantes que permitieron a esta característica remitir lo suficiente como para habilitar la situación de “protesta”, y cuales fueron los factores que tendieron a hacer languidecer esta actitud “protestante”. En función de esto se propone la siguiente relación. Si una crisis económica es comúnmente factor necesario para la emergencia de revueltas sociales de algún peso, el mismo no constituye el único factor explicativo de un proceso de este calibre. Es necesario considerar las variables sociopolíticas (cuestión que tenía muy en cuenta Marx, por ejemplo, en el “Dieciocho de Brumario…” y “Las Luchas de clases en Francia”). Solo así es posible entender por qué una crisis de magnitud similar a la habida en 1982, esto es, la de 1975, no produjo la emanación “revolucionaria” que sí se presentó en la primera fecha citada. Si se comparan ambos procesos, se entenderá que en 1975, la cercanía de una situación de quiebre catastrófica (el golpe de estado de 1973), sumado al miedo cerval en función de una represión brutal, obstaculizaron suficientemente la posibilidad de emergencia de acciones de revuelta contra el orden impuesto. Hasta aquí, el análisis es sostenible, sin embargo, al momento que se sugiere un tercer factor, esto es, la limitación de la “heroicidad expresiva”, es posible elaborar ciertos cuestionamientos. Porque, si Martínez establece que la “heroicidad” permeó las acciones contra el régimen, es atingente constatar -junto a Salazar- que las acciones populares consideradas en su progresión histórica, ya después de 1973 sufrieron una transformación en la cual el elemento expresivo (“heroico”, según Martínez) comenzaba a devenir instrumental y estratégico.

 Mas el autor continúa el argumento presentando tres variables que habrían coadyuvado a la limitación de lo heroico, por tanto, a la permanencia en el tiempo del movimiento de protesta. El primer elemento, el reconocimiento de la convocatoria de la Confederación de trabajadores del Cobre (CTC) a la primera protesta nacional como factor primordial, supone, en este caso, una reificación de la realidad social. Esto porque, si bien el punto de partida efectivamente fue dado por este llamamiento, la explicación crítica del mismo no pasa por el reestablecimiento de la apariencia en que se nos presentan comúnmente las relaciones sociales. Es decir, a un hecho lo explica su desarrollo subyacente, no sus manifestaciones aparentes (así, la mercancía se constituye como fetiche, pero su realidad sobrepasaba la esfera del mercado). En este sentido, la desestructuración general de la economía generada por el proyecto mercantil de acumulación impulsado por la dictadura, supuso la regeneración de potencialidades históricas dormidas tanto en el sector popular como en las capas medias. Así, el establecimiento de una barrera defensiva por medio de la convocatoria de la CTC, solo debe ser sostenida en este sentido acotado y no más allá de él. Ahora bien, la participación de las capas medias sí queda explicada en las protestas mediante los tres factores menciona Martínez. Al llamado de la CTC, se adiciona la “forma de protesta” y su carácter “masivo”. La especificidad histórica en que se constituyó la CTC, implicaba una organización gremial que, a la vez, en el contexto de la represión dictatorial, tuvo que devenir eminentemente conservadora (conciliadora ante el régimen). Estas características se correspondían suficientemente con la identidad que pretendían los estratos medios. Asimismo, el hecho de que las formas de protesta se configuraran en torno a acciones bastante analogables a su condición, esto es, acciones predominantemente huidizas, anónimas, crumiras, precavidas, etc, -el “toque de bocinas” y los “cacerolazos”-señalaba una correspondencia cabal de éstas, con las actitudes que se habían practicado contra la organización gubernamental de la unidad popular, por parte de las mismas clases medias unidas a los sectores más acomodados. Por último, el hecho de que los actores populares se hubieran incluido masiva y radicalmente al movimiento antiautoritario, suponía una muralla defensiva suficiente para la entrada en acción de los sectores medios (en tanto la posibilidad de represión se alejaba de los mismos redirigiéndose hacia el sector popular). En este sentido, es posible afirmar un cierto prejuicio de clase en el análisis realizado por Javier Martínez, siendo que reconoce la relevancia y permanencia de un movimiento en tanto incorpora a una clase social determinada, la clase media. Porque se considera nacional un movimiento en tanto lo encarna primordialmente en su faceta pública el estrato medio; es la eterna confusión de intereses de la nación con los intereses de una clase.

 En línea con lo antecedente, la interpretación propuesta destaca dos factores esenciales en el crecimiento (quizás simbólico) de la resistencia al régimen. Primero, el hecho de una represión militar exacerbada frente a los exabruptos de una sociedad civil más despierta. Martínez resume la lógica del movimiento social en acción en una frase de Cervantes: “ladran Sancho, señal de que avanzamos”[vi]. Sin embargo, importar relevar  el hecho de que el movimiento toma fuerza en las capas medias, precisamente porque la represión no las afecta, sino que se focaliza predominante en las poblaciones populares: solamente en este sentido es válida frase del Quijote (porque el apresamiento de líderes centristas fue uno que abortó con relativa rapidez, en tanto los militares reconocieron la condición de clase de los mismos). En segundo lugar, si la confluencia opositora se expandió tanto como para llegar a incluir organizaciones claramente reaccionarias (Colegios profesionales, PRODEN, Consejo superior de transporte terrestre), este hecho no implica, como asegura Martínez, el reforzamiento de un “nuevo alineamiento”, sino que más bien supone la integración desintegradora. Es decir, la desvirtuación del sentido proyectivo de las protestas, en tanto éste significaba un rompimiento con el régimen y no una transacción mínima con el mismo, supuso una situación que acomodaba a las clases medias, no así al sector popular. Queda claro, entonces, lo que aquí se discute. No sería el “miedo a la sociedad”, entendido éste en términos durkheimianos como el afloramiento material de las tendencias desintegradoras de la sociedad en los sujetos populares y sus acciones, lo que habría implicado un pérdida de peso relativa del movimiento opositor. No, más bien la continuación de sentido que presentaron las acciones populares se mantuvo hasta el año 1987, en tanto las capas medias (arrogándose el título de “nación”) desvirtuaron el sentido de toda oposición, fraccionando una acción primigenia de negación constructiva de lo “dado” (así, la “protestas” pudieron fácilmente haber sido denominadas “nuevo diálogo y transacción con el régimen dictatorial represor”, en función de la actuación de las clases medias).

Francois Dubet

Si bien este autor, propone una teorización del fenómeno de los pobladores que abarca una utilización de información empírica más amplia que el contexto chileno que aquí es de nuestro interés, deviene central consignar su postura en tanto ilustra una exacerbación del concepto y las premisas de disolución social. Primeramente, se pretende discutir ciertas aserciones:  

-Puesto que son adolescentes, ¿no están más afectados por la anomia y la crisis que golpea a los pobladores?[vii]

-La ruptura y la anomia no son equivalentes, ya que una y otra provocan comportamientos muy diferentes: agresiones y violencias en un caso, repliegue defensivo en otro[viii].

La primera afirmación puede ser cuestionada en base a dos puntos relacionados entre sí. Si no se explicita la significación precisa del concepto que se está utilizando, puede caerse en confusiones y contradicciones. Porque, la noción durkheimiana de “anomia” supone que ésta se presenta en mayor medida en tanto el actor se encuentra por más tiempo expuesto a una socialización deficitaria (una falta de reglas), por tanto, afirma Durkheim, la situación anómica se corresponde con un mayor rango etario, si el agente social no ha sido expuesto a socialización que inhiba la tendencia (por ejemplo, el matrimonio). En este sentido, en tanto Dubet no explicita si utiliza en esta aserción la significación durkheimiana o la mertoniana de anomia (algo distinta de la primera), la misma queda cubierta por un manto de duda poco esclarecedor. La segunda afirmación, puede ser cuestionada en base a lo mismo: la noción de anomia del autor francés implica precisamente lo contrario de lo que se indica en la frase, esto es, “anomia” supone acciones irrefrenables e irascibles (de hecho se cita como una posibilidad evidente el asesinato como un correlato del suicidio anómico).

En segundo lugar, al argumento trazado por el autor subyace la necesidad del reconocimiento de patrones de conducta disolutivos inherentes a la actividad popular poblacional, en tanto a ésta se la comprende como un todo. En efecto, Dubet señala que parece entonces razonable plantear la hipótesis de una cierta correspondencia de las conductas desviadas de los jóvenes y las normas de acción de los movimientos de pobladores…el desarrollo de las lógicas de acción delincuenciales se inscriben dentro del conjunto del sistema de acción de los pobladores[ix]. En función de esta premisa se confecciona la siguiente relación (al parecer continua y progresiva). En primer, existen aquellas bandas delincuenciales que se constituyen en una estructura organizativa racional en torno a la operativización técnica de ciertos objetivos definidos. Esta es-según el autor- una anomia que lleva a formar “empresarios delincuenciales”. En segundo lugar, existiría una anomia que llevaría al actor a ejecutar conductas desviadas dirigidas hacia el retraimiento y la evasión (por ejemplo, mediante las drogas). Por tercera parte, emergen las pandillas juveniles, a menudo delincuentes[x] , que encarnan eficazmente la lógica interna de la “protestas de pobladores” (barricadas, ataque a automovilistas, fogatas, etc). En cuarto puesto, emergen los “guerreros”, grupos de acción directa que, según Francois Dubet, son los primitivos de la revuelta, que no alcanzan a pasar a la acción política[xi].

 Esta taxonomía cuádruple merece ser analizada en un sentido crítico. Por una parte, la acción política parece en demasía acotada, lo suficiente como para no poder englobar una acción que efectivamente discute la organización de la sociedad como tal. Es que, en realidad, la consideración moral de “primitivo” otorgada a la acción directa de los pobladores, contrastada frente a la racionalización empresarial que se le reconoce a la organización propiamente delincuencial, sorprende por el fallo lógico y de perspectiva que supone. Primeramente, porque la instrumentalización racional de la acción, en lo fáctico, se presenta al mismo nivel en ambos, siendo que, en ocasiones, las acciones pergeñadas, por ejemplo, por el MIR en función de su financiamiento, pueden ser inscritas fácilmente en el campo de “empresarial racional”. Esto significa, entonces, que la lógica que enmarca ambas acciones es la misma (la instrumentalización racional). Por otra parte, supone un riesgo evidente el intentar englobar en un mismo fenómeno toda organización orientada a delinquir, siendo que aquellas orientadas hacia las clases no populares sostienen un “sentido de clase” (aquella preconciencia de clase que reconoce Bourdieu), mientras aquellas que refieren indistintamente su accionar tanto endógena como exógenamente, soportan un inexistente “sentido de clase”. En tercer lugar, y en lo fundamental, el sentido normativo básico que reconoce una “anomia” en un continuo de comportamientos, supone la naturalización de un orden “dado” como aquello que debe ser mantenido. Mas, es posible interpretar esta orientación delincuencial en términos marxianos y foucaultianos: significa, esencialmente, la manifestación centrada en la negación del orden propietarial privado (arista axial del proyecto burgués); la  necesaria destrucción que acompaña la construcción de un proyecto alternativo inscrito como potencialidad en la realidad.

 En concordancia con lo ya propuesto, Dubet establece la inexistencia de una comunidad (de comunidades parciales por supuesto) dentro del sector popular poblacional, así como también de un movimiento social y un proyecto de sociedad alternativo. En lo que refiere a lo “comunitario”, es menester indicar el sentido limitado que patentiza esta conceptualización, siendo que solo se entiende a la comunidad en términos “clásicos”. Por el contrario, las lecturas realizadas en función de la elaboración de este trabajo, nos informan sobre la existencia de comunidades con características distintas a las comunidades de antaño. Esto es, estructuras organizativas definibles, pero en otros términos, donde la multifuncionalidad y permanencia no constituyen valores por sí mismos. Con respecto a la inexistencia de un movimiento social, las razones que tiene el autor para afirmar esto, están signadas por la consideración -diríamos casi teleológica-de que todo movimiento social debe institucionalizarse, formalizarse. En tercer lugar, la inexistencia de un proyecto histórico alternativo de sociedad puede no ser tan radicalmente sostenida (a esto nos referiremos más adelante). Por último, la aserción que refiere una situación en la cual jóvenes pobladores se encuentran en una situación en extremo permeable a la manipulación carismática de un líder, puede ser confrontada comprendiendo que el proceso histórico, al menos en el caso chileno, no informó de una tal manipulación. Esto, se puede explicar, tal vez, en función de un aprendizaje popular a través de la experiencia histórica, concordante con una creciente “desclientelización” de su acción social (como afirma Salazar).

II. Integración

Eugenio Tironi

…La exclusión económica, social y política de masas crecientes de la población…no obstante desde el punto de vista cultural, todo indica que esos grupos han accedido a la modernidad, y muchos de sus comportamientos deben ser entendidos como formas peculiares de adaptación a esa nueva condición[xii].
Los pobladores muestran una fuerte adhesión cultural al sistema, y a una incorporación ya irreversible al orden urbano, al que pertenecen por más de una generación. Por ende reclaman participación, no ruptura; más apoyo del Estado no más autonomía; acceso a la industria, no talleres de auto-subsistencia; un espacio en la cultura moderna, no la reducción en el folclor[xiii].

Ambas citas expresan cabalmente la premisa-que devino corolario-fundamental de la segunda dimensión que es posible reconocer en las teorizaciones que se enmarcan dentro de la “interpretación de consenso dominante”. Ésta, al tiempo que conceptualiza un patrón de disolución (o desintegración en algunos autores), convino en la necesidad de reconocer una marginalidad dentro de la marginalidad, esto es, evidenciar que las acciones de “explosividad emocional” (como califican estos autores a la “acción directa”) no constituyen la matriz fundamental de la lógica de acción total y comprensiva que aprehende a los pobladores en lo que les es más propio. Así, como se evidencia en la citas precedentes, lo que predomina es un patrón de integración, argumentado de la siguiente manera.

Primeramente, se establece que la mayor parte del sector poblacional se identifica con la “clase obrera”. Esto es interpretado, por el autor, como un deseo de integración bajo un patrón industrial, más todavía, si la posición objetiva de los actores poblacionales no se condice con la condición obrera (están desempleados o subocupados). Sin embargo, esta interpretación requiere una reconsideración. Por una parte, es importante recalcar que la significación asociada a un concepto es siempre compleja y diversa, permeable al conflicto (no es por nada que Bourdieu refiere la existencia de una “violencia simbólica”). En función de esto, la concepción de “obrero” según lo que aquí se argumenta, supone reconocer en ella no una voluntad de participación acrítica (posiblemente clientelar), sino voliciones en torno a la transformación de la sociedad. Esto porque, tanto el proyecto demócrata cristiano como el de la unidad popular que precedieron al periodo aquí en estudio, integraban al sector popular bajo un patrón industrial inscrito bajo un marco simbólico material que asumía la necesidad de una transformación de la organización social (no por nada se preconizaba la “revolución en libertad”, por una parte, y el “socialismo por la vía democrática”, por la otra). Entonces, la voluntad de integración que reconoce Tironi, deviene volición transformadora (al menos puede ser interpretada también este sentido). En segundo lugar, se plantea que el sector popular poblacional posee una fuerte identificación con la clase media[xiv], lo cual vuelve a ser considerado una aspiración de integración en el orden dominante. Mas, nuevamente es pertinente remarcar el carácter multívoco de los conceptos. Porque, es posible argumentar que los sentidos que los actores populares otorgan a esta categoría no necesariamente se corresponde con la categoría que forma la estructura económica junto a las variables socioculturales, toda vez que las relaciones sociales no son inmediatamente evidentes para quienes en ellas participan (una clase social se constituye a partir de sus particulares relaciones sociales). En este sentido, es posible que la memoria social juegue un papel preponderante, proveyendo a los agentes populares de un sentido determinado sobre la susodicha clase social, relacionado con la configuración histórica pasada de la misma (cristalizada a partir del Estado). Así, en función de esto, la identificación popular con esta categoría social, ¿realmente se condice con la estructuración misma de ésta en la situación histórica determinada, por lo tanto, con una aspiración hacia la integración bajo los patrones sociales dominantes elaborados a partir de la situación dictatorial?  Por otra parte, una cosa es discurso, y otra es “práctica”. Porque, si bien la identificación con la clase media puede existir a nivel de discurso, en la materialidad evidente, la analogación de las conductas que soportan ambos grupos no es posible. Esto porque, contrariamente a la voluntad de diálogo y consenso hacia el poder represor que presentó la clase media, el actor popular mantuvo como una constante el quiebre radical (en sus fundamentos) con el régimen militar (no por nada fueron 22 protestas). Con respecto a lo mismo, la homologación del sector popular con el estrato superior en jerarquía social, puede suponer simplemente una constatación de una situación de estratificación reciente. Porque la valoración de las capas medias (o la baja hostilidad a ellas) puede comportar un sentido de referencia dual. Por un lado, aquella arista ligada a la memoria social, como ya se menciona. Pero también, por otro, la conjunción objetiva de dos estratos históricamente diferenciados en función de la implementación de las políticas desestructurantes aplicada por el régimen dictatorial. A lo que se apunta, es a la necesidad de reconocer que la clase media-como señala Campero- se vió profundamente dicotomizada en dos polos diferenciados, uno que pudo sostener un alto nivel salarial gracias a calificaciones técnicas elevadas; otro, mayormente depauperado en función del desmantelamiento del Estado. En este sentido, la identificación popular con las clases medias puede muchas veces estar significando, simplemente, que dentro de la misma ha venido a caer un sector de los estratos medios, el cual aún posee un fuerte sentido de su anterior posición social. Además, las relaciones y confianzas tejidas por este sector depauperado, muchas veces pueden significar la ampliación de este sentido de “clase” hacia sujetos mayormente desligados de un sentido popular de la vida. Por esto, como se aprecia en lo recién señalado, las situaciones sociales son bastante más complejas como para establecer de plano que una identificación con las capas medias por parte de los sectores poblacionales, implica necesariamente una orientación hacia la integración a un orden “dado”. En tercer lugar, se señala que el patrón de movilidad social ascendente evidenciado por las categorías populares, comprende también un relevamiento de la educación. No obstante, el sentido de la noción “educación” no se encuentra precisado. Por esto, cuando la aspiración del actor popular se dirige hacia ella es posible que no necesariamente se esté refiriendo siempre a la educación entendida como sistema funcional-formal inscrito en los parámetros “modernos”. Es decir, dentro de los sentidos que componen el concepto de “educación” fácilmente puede haberse presentado, por ejemplo, la autoeducación popular propugnada por Paulo Freire. Más todavía, entendiendo que el carácter estacionario comprendido en el sistema educacional dirigido hacia el sector popular, era y fue palmario para el mismo (no por nada emergió subsecuentemente el discurso de “los prisioneros”). En cuarto lugar, Tironi indica la “sorpresiva” indiferencia del sector popular frente a la democracia. Se plantea que la inclinación presente hacia la participación sustantiva y no hacia la representativa, implica una de integración mediante pautas clientelísticas. Empero, la argumentación referente a este punto acaba aquí. El salto lógico es evidente: ¿cómo desde una demanda de participación sustantiva puede pasarse sin intermediación alguna a la asunción de una relación de “clientela”? En efecto, lo único que puede efectivamente sacarse en limpio de estas constataciones, es la indiferencia del poblador ante un sistema político que obstruyó la consecución de sus demandas en 1973, y que tiene dentro de sus potencialidades eminentes la organización superestructural de la clase que lo oprime; por el otro lado, la necesidad propia de una democratización social real. En cuarto lugar, el argumento del autor reposa sobre la consideración heterogénea de los discursos de militantes poblacionales que intentan representar al sector popular, redundando esto en la no constitución de un movimiento social con proyecto propio. Ahora bien, sin intentar delimitar taxativamente un ámbito tan complejo como la constitución de un “actor histórico”, es pertinente señalar que esta categoría general no se encuentra considerada por Eugenio Tironi en la diversidad que le es propia, en tanto se asume a la misma como una necesariamente homogénea e igual a sí misma (el sentido de proyecto, aquí sostenemos, no contiene siempre un apriori sustantivizado que luego debe ser “actualizado”, sino que se encuentra siempre en constitución desde fuentes diversas). Quinto, las diversas acciones protagonizadas por los pobladores en los años recientes, por lo tanto, deben ser comprendidas como comportamientos adaptados a una época de crisis[xv], sostiene este sociólogo. Es la hipótesis mínima, aquella que reconoce un carácter puramente defensivo en el accionar popular que nos compete. No obstante, puede considerarse que este sentido se encuentra diluido en tanto verificamos la contestación de ruptura habida en las protestas y en los grupos revolucionarios. Ambos, si bien de una parte se defienden de un Estado represor, de otra, y fundamentalmente, pretenden la destrucción de un orden social dado en función de la construcción una situación cualitativamente distinta.

 En síntesis, el autor, sin percatarse de ello, incurre en el mismo error que impele a evitar, ya que no reconoce que las tendencias a la exclusión y la ruptura se entrecruzan con tendencia a la integración y participación[xvi], sino que termina afirmando taxativa y radicalmente solo lo segundo (notar las premisas citadas al comienzo). Por otra parte, más allá de la revisión detallada recién realizada, es fundamental precisar que la noción de “modernidad” se encuentra cooptada por la afirmación de un sistema “dado” (el Estado al que se pretende “transitar”); en esto se empobrece una categoría sociológica fundamental, en tanto a la misma en todo momento subyace la necesidad crítica en torno a la organización de la totalidad social.    

III. Nivel de constitución

Guillermo Campero

…Estos hechos, que adquirieron la fisonomía de una explosión contestaria contenida por mucho tiempo pusieron, por primera vez, al régimen militar en situación de perder la iniciativa política e hicieron visible su condición de minoría social[xvii].

 Con esta premisa, Guillermo Campero establece que las acciones de protesta surgidas a comienzos de los años ochenta tuvieron efectivamente un rol preponderante en la perdida de legitimidad del régimen autoritario. En este sentido, emerge la cuestión sobre si la necesidad de “pacto” con un régimen altamente aislado-según lo señala este autor-era la tarea histórica a cumplir por la oposición al mismo. Así, ¿la lógica de transacción que afectaba la clase media y sus representantes más conspicuos, se justificaba realmente en los hechos? Puede señalarse que esta lógica “transicional” en realidad pudo haber desvirtuado la necesidad histórica de un cambio en los fundamentos de nuestra sociedad, toda vez que volvió a otorgar legitimidad a un actor que aparecía ante la ciudadanía como uno eminentemente afincado en el privilegio y la exclusión. Asimismo, esta situación, con el reestablecimiento de lo “dado” que supuso, incluyó en sí misma la legitimación del proyecto de sociedad sostenido al alero de la imposición dictatorial, de esta manera justificando un modelo de acumulación –podría sostenerse que casi teleológicamente- desigual y excluyente (con integración deficiente). Es la afirmación del contenido mercantil y de concurrencia individual lo que se encuentra reafirmado en una nueva forma. Por otra parte, Campero desarrolla una línea argumental en la cual refiere su concepción de “lo político”. Se entiende a lo político como un sistema que comporta  un mecanismo institucional de procesamiento de demandas[xviii]. Y, en función de este marco, el autor asegura la inexistencia tanto de un movimiento social como de referentes políticos (ambas cuestiones relacionadas). Sin embargo, de acuerdo a la noción que aquí planteamos, “lo político” no puede sino empobrecerse cuando se lo limita a un subsistema institucional, más todavía cuando esto da cabida para lamentar la falta de dirigencia en aras de una “transición”. Precisamente, los actores populares comenzaban a “hacer política”, propiamente tal, cuando la “desclientelización” tomó fuerza en la coyuntura 1964-1973 (como señala Salazar). Lo que aquí se discute es que la progresiva autonomización (una de las condiciones para la formulación de  un “proyecto”) no se presentó exclusivamente en función de la desestructuración producida por los embates dictatoriales, como sostiene Campero, sino que éste es un proceso anterior, que viene a ser negado por un conjunto de análisis sociales-dentro de los que se cuenta el de Campero- que configuran la realidad de tal modo que solo puede comprenderse a la política en su sentido limitado. En suma, el autor se inscribe inadvertidamente en una situación en la cual el mismo estatus de constitución de los actores sociales, termina siendo negado por la aprehensión de la realidad de un modo unidimensional y teñido de nociones en algún sentido anacrónicas, como la exclusividad de una dirigencia y unos representados, cuando el momento histórico clamaba (lo hacían los actores sociales) por una reformulación de los términos en que se articulaba la sociedad (participación en la cual la distancia entre dirigente y base se atenúa).

Es en este sentido, que uno de los puntos reconocidos por Campero puede ser interpretado. Porque cuando el autor reconoce la falta de representatividad de la esfera política de oposición en la base poblacional, puede postularse  que lo que prima en esto  no vendría a ser tanto una falta de capacidad de dirigencia, sino la desarticulación de dos lógicas contrapuestas. Esto es, un actor popular que-al menos en un sentido parcial-no se encontraba representado por la lógica política clientelar generalizada que afectaba la “clase política” de la época. En segundo lugar, y relacionado con lo mismo, la no representatividad que el autor reconoce en las organizaciones económicas populares, no implica algo necesariamente “involutivo”. Así, más bien lo que esto significaría, es que las mismas sostendrían un sentido de participación elevado (aunque intermitente), implicando esto una eliminación  parcial  (o reformulación) de la lógica de “representación”. En tercer lugar, Campero reconoce  la existencia de un sector popular fuertemente estratificado. Esto-según quien escribe-supone asumir que el nuevo proyecto de sociedad neoliberal (dictatorial) expresaría su sentido de “lucha de clases” en torno a la desarticulación de la configuración y articulación de las agrupaciones antagónicas. Así, la depauperación de una fracción de las clases medias supondría una herramienta-en algún sentido inadvertida- de división del cuerpo social opositor, en cuanto este sector empobrecido aún portaba una “memoria de clase” que afectaba una fuerte distinción respecto del estrato popular.  En suma, la división como herramienta de  dominación. Por último, interesa recalcar que el sentido de oposición y quiebre radical de los pobladores con el régimen militar, que Guillermo Campero desconoce o minusvalora, bien puede rescatarse sin deformación de la realidad, al constatar el desarrollo que supusieron las 22 protestas populares.

Manuel Antonio Garretón

-¿Cómo se articulan con los procesos también indispensables de concertación y negociación entre régimen y oposición?[xix]
-Las movilizaciones por sí mismas reconstruyen la sociedad civil parcialmente y transforman los regímenes militares; pero no logran su término. Sin momento político, no hay fin de la dictadura y transición democrática[xx].

Estas citas, solo son presentadas para ilustrar dos elementos presentes dentro de la “interpretación de consenso dominante”. Por una parte, la necesidad intrínseca de una transición que suponía un “pacto” en los términos propios de una dictadura represiva. Por otra, el empobrecimiento de “lo político”, en tanto esto es desarticulado de su correlato social y reificado en la esfera institucional del Estado y de la “clase política”.

Interpretación Alternativa

I. Politización

Vicente Espinoza

A partir de una postura que reconoce la crisis del modelo autoritario impuesto-de su proyecto de sociedad-este historiador plantea que la dinámica poblacional puede ser interpretada bajo cánones políticos. La acción popular puede devenir totalizante en cinco sentidos diferentes.

En primer lugar, la materialidad misma de las protestas es interpretada como un hecho político, el cual si bien se presenta en un estado de crisálida, contiene en sí aquella noción de articulación social total. Respecto de esto, importa destacar el impacto de las protestas populares en los siguientes sentidos. Por un lado, el correlato producido en la correlación de fuerzas sociales, expresado en la revitalización de la oposición y el debilitamiento del régimen. Por otro, el hecho de que la materialidad de la política suponga la aprehensión radical de la misma por parte de los grupos poblacionales más organizados. Es que la orientación de quiebre con un sistema social organizado en función del desprivilegio de algunos, debía necesariamente emerger como un cuestionamiento a lo existente. Asimismo, la espontaneidad reconocida en las acciones populares directas sería una “paradójica”, siendo que estos mismos actos son perpetrados por los grupos populares más organizados. Así, sería más conveniente estipular que la acción directa supone un tipo distinto de instrumentalización política, no necesariamente comprendiendo solo y especialmente una orientación expresiva, como sostiene el consenso dominante, para el cual la operativización de la política solo puede tener “un” sentido (la referencia a un Estado “dado”) En tercer lugar, Espinoza considera que las acciones populares, al devenir masivas, tienden a cuestionar la necesidad intrínseca de un antecedente de “organización” para la “actualización” de un movimiento. Por último, el recurrente pedido de “educación política”, si bien puede significar una falta de autonomía en los actores populares, significa también, el interés primordial en “hacer política”. Además, la educación política recibida devendrá considerada por los pobladores como una que supone una lógica clientelar descendente.

Segundo, el autor releva el papel cumplido por las organizaciones económicas populares. Primero, porque logran superar la organización y estructura jerárquica que suponen las asociaciones vinculadas exclusivamente a lo delictivo o al mundo de la droga. Lo que se logra revertir es la lógica individualista que permea estas agrupaciones, ya que los vínculos que se constituyen a partir de  talleres productivos, comités de cesantes, asociaciones de consumo, economatos para compra a precios mayoristas, grupos de ahorro, comités de deudores, etc, implican una asunción básica de la solidaridad y lo colectivo. En efecto, Espinoza plantea que en muchos casos la pura materialidad que suponen estas organizaciones no es lo único que valoran sus miembros, sino también el sentido de integración a un grupo y de un trabajo comunitario. Es que las necesidades básicas incluyen en sí mismas también una dimensión sociocultural. Por otra parte, la masividad de las organizaciones económicas populares llama a no minusvalorar su función. Asimismo, el hecho de que muchas de estas hayan formulado prácticas gestionarias bastante avanzadas en función del cumplimiento de sus objetivos, con grados evidentes de “tecnificación”, implica que las posibilidades de desarrollo de los actores populares a través de esta “mediación participativa” era una real. En tercer lugar, debe destacarse el sentido político evidente que presentan estas prácticas, cuando algunas de ellas aspiran a un correlato público: efectivización de la “olla común” en lugares de reunión ciudadana típica (calles y centro de la ciudad) para “conocimiento” del “público”. Sin embargo, en tanto la lucha con el régimen podía expresarse de esta manera, el mismo no deja de practicar la autodefensa: represión masiva de estas manifestaciones. Ahora bien, algunos de estos cauces logran plantearse a nivel vecinal, comunal e incluso nacional. Un ejemplo de esto es la campaña contra el hambre y las alzas impulsada por una agrupación de ollas comunes en 1983.

Por tercera parte, el autor estipula la arista reivindicativa propiamente tal inscrita en el movimiento popular. Un caso paradigmático de esto, es la primera toma de terrenos bajo régimen dictatorial ocurrida en 1983. Treinta mil familias provenientes de lugares diversos se apropiaron de territorios periféricos del sector sur. En este contexto, privilegiaron una lógica de negociación con el gobierno. Sin embargo, el sentido de autonomía no se encuentra totalmente negado en esta práctica, siendo que la elaboración de planes de mejoramiento de la localidad (sanidad, pavimentación, etc) corrió por cuenta de los pobladores (tanto en su dimensión de planificación como en su ejecución práctica), solamente requiriendo el “visto bueno” del gobierno dictatorial. Esto demuestra, según Espinoza, una institucionalización popular de los actos políticos. Ahora bien, puede postularse que si bien esto es así, la institucionalización configurada no es una “tradicional”, sino que labora mediante canales de nuevo cuño. Por otra parte, es conveniente consignar que la arista reivindicativa no siempre fue positivamente recepcionada por la autoridad: la huelga de los trabajadores PEM y POJH (programas de empleo mínimo de la dictadura), producida por la misma época, fue fuertemente reprimida. Asimismo, supuso el cierre de los programas sociales que habían presentado visos de agitación social.

La aproximación a la política, también se considera-en cuarto lugar- a partir de prácticas redirigidas a fraguar la “unidad”. En un contexto donde el actor popular estaba invisibilizado  es en el que emergen las “coordinadoras territoriales”, las cuales, aún teniendo un excesivo cariz ideológico y poco contacto con la realidad social de las poblaciones concretas, suponen un avance en un campo político nacional. Ya que, si bien en un comienzo el Comando Nacional de Trabajadores cerraba toda posibilidad de vinculación con el movimiento poblacional en función de un “miedo al desborde”, luego los pobladores hacen declaraciones y conferencias de prensa, convocan a mitines y campañas, firman junto a otros sectores sociales. En fin, hacen todo el juego político clásico de la acción en espacios ideológicos públicos[xxi]. Esto, por lo menos, visibiliza Espinoza en un momento histórico dado. Más tarde, en aras de una transición de cariz clientelar, este sentido, sabemos, se perdió.

Por último, se destacan las potencialidades organizativas del sector popular poblacional. Éste, debe ser entendido como amplio campo (200.000 personas al menos) en el cual la participación es evidente. La característica es la coordinación de los actores populares, no su desorganización, como algunos autores plantean. Existe una organización para cada problema, así como la permanencia de las mismas es precaria y altos grados de heterogeneidad y segmentación Aunque esto implica problemas de generalización de la demandas y de unidad, no constituye base suficiente para negar la existencia de un sector popular “coordinado”. Más todavía si se aprehenden los dos procesos siguientes. En la toma del campamento Cardenal Silva hubo problemas y errores de gestión. En función de esto, la directiva de la misma implementó un proceso elección democrático: 16.000 personas adscribieron a la primera y única experiencia ciudadana democrática en dictadura. El grado de formalización fue evidente, si se considera la existencia de cédula electoral y “criterios de voto”  (votaban los mayores de 18, en su defecto aquellos con familia propia). En segundo lugar, el “paro poblacional” ejecutado en 1984 en el marco comunal de Pudahuel, proporciona una experiencia única en su género. Disminución de la locomoción colectiva desde la mañana, gran ausentismo escolar, comercio cerrado desde el medio día, “caceroleo” y fogatas en las poblaciones por la noche[xxii]. El mismo es resultado de una planificación autónoma de los pobladores de la comuna mediante rayados, panfletos y comunicados radiales. De hecho, Vicente Espinoza afirma que el Paro de Pudahuel, viene a ser en términos instrumentales, quizás si la iniciativa política que expresa mayor desarrollo por parte de los pobladores; por primera vez se rompe el aislamiento, para manifestarse como actores válidos, en conjunto con otras fuerzas[xxiii].

II. Economía política

Luis Razeto

Analizando las organizaciones económicas populares, este autor pretende apuntar ciertas consideraciones en torno a las mismas. Estos colectivos solidarios-se afirma-, si bien presentan un nivel una heterogeneidad que pudiera limitar su proyección histórico social, en otro nivel exhiben características comunes de unidad que las configuran como potencial proyecto alternativo de sociedad. En función de esto se elabora un cierto “decálogo”.

-Todas son iniciativas que se desarrollan en los sectores populares[xxiv]
-No son iniciativas puramente individuales sino asociativas y comunitarias, no de “masas”
-Constituyen organizaciones con algún grado de estructuración, siendo que poseen una política de toma de decisiones, así como también objetivos definidos
 -Pretenden satisfacer carencias básicas en torno a necesidades eminentemente económicas
-El carácter relacional solidario es predominante en la solución de los problemas
-La pretensión de estas organizaciones es configurarse de manera autónoma, autogestionaria, participativa y democrática
-Si bien el carácter económico es eminente, no excluyen la totalidad de elementos que componen la realidad; contienen en sí una potencialidad de “integralidad”
-En ellas el carácter discursivo está signado por el relevamiento de un carácter alternativo inherente a las mismas (se oponen a lo imperante definido como capitalista, consumista, individualista, autoritario, etc)
-Se configuran, las más de las veces, con el apoyo de organizaciones extrapopulares (iglesias, técnicos profesionales, ongs, etc) en función de asesorías financieras o técnicas.

En función de lo antecedente el autor señala que estaríamos en presencia de un nuevo tipo de racionalidad, distinto de la lógica de la pequeña empresa, del accionar sindical, de la actuación individual en el sector informal. Este “salto lógico” es justificado suficientemente mediante una postura epistemológico teórica que entiende la noción de “identidad” como un proceso en el cual siempre se deviene, una configuración que se encuentra en un perpetuo constituirse.
 Sin embargo, la adscripción del autor a la “hipótesis máxima”, esto es, aquella que reconoce un potencial transformador en las configuraciones de la acción cristalizadas en los sectores populares, sustenta su base en un fenómeno parcialmente discutible. Se asegura que la crisis habida en la década de los ochenta no ha sido una que comprenda solamente un sistema económico, sino también, y predominantemente, constituye una crisis de civilización. Empero, aun siendo que en este punto no deseamos adentrarnos en una temática tan compleja como profunda, es necesario relativizar esta situación. La racionalidad occidental, como reconoce Hegel y aquellos sociólogos críticos que recogen parcialmente sus elaboraciones teóricas, supone, al menos, un proceso dual. En ella se inscriben la voluntad de emancipación, así como también el predominio del especialismo. Sin embargo, en el devenir histórico de esta racionalidad, la dimensión técnico instrumental fue acusándose hasta el punto de eliminar casi por completo sentido emancipador subyacente a la misma. Esto, ya se presentaba de manera evidente a comienzos del siglo XX, al punto de que Max Weber puede desarrollar sus teorías sin diferenciar racionalidad de “especialismo”. Por lo tanto, en la emergencia de un modelo de sociedad en el cual la concurrencia sigue primando junto a la técnica, la crisis que se supone no se habría configurado como una de civilización, sino solo como una en la cual la articulación de ordenamiento de toda actividad se ha modificado sin transformarse (tercerización de la economía y transnacionalización extrema de la misma, por ejemplo). Por esto, la consideración de proyecto alternativo en la economía solidaria popular, que suponía el hundimiento de la cultura occidental en su matriz original, debe relativizarse en función de la comprensión de una modificación de larga data en la configuración racional de la misma cultura.

III. Hecho político

Gabriel Salazar

Este autor postula que la actuación popular poblacional puede ser inscrita en un marco temporal que comprende el lapso transcurrido entre 1973 y 1987. Asimismo, la especificidad que interesa, es aquella que está vista en la violencia política popular (VPP). En función de esto, se conjunta actividades antidictatoriales que van desde la celebración del día de la mujer en 1984 y la autoinflamación de Sebastián Acevedo, hasta el “combate de Malloco” y el atentado al general Pinochet. Mas, como matriz central se sitúan las 22 protestas populares poblacionales habidas a lo largo de todo el país. Sin abundar en detalles, el argumento de Salazar se inscribe en una teorización que comprende al movimiento popular como uno en progresiva desclientelización (por tanto autonomización) tanto de la “clase política” como del Estado, ya a partir de los años sesenta. Así, la materialidad política (el hecho “objetivo” de violencia que supone la temática analizada por el autor) mostraría como el “hacer política”, en el estrato popular, adquiere cada vez más ribetes de un cuestionamiento propio dirigido hacia la sociedad en su conjunto. Es la autonomía de la acción (acción siempre colectiva, eso sí), una de las condiciones de de acto político. De esta manera, las “protestas de los pobladores” contendrían en sí un proyecto alternativo:

Lo que está en la base de las jornadas de protesta es un cierto sentido de la historia como construcción colectiva a partir de una multiplicidad de pequeños actos simultáneos, casi anónimos, y que tienen una dimensión espacial. Esto cambia cualitativamente las formas de hacer política, otorgándole a ésta una dimensión espacial, territorial y un carácter concreto (Alfredo Rodríguez, “Por una ciudad democrática)[xxv]

Sin embargo, y a modo de conclusión general, puede afirmarse-junto a Salazar- que la construcción de la realidad a través del discurso, supuso la negación de una posibilidad histórica alternativa, por parte de análisis académicos cegados por la perspectiva normativa de la necesareidad de una “transición”, esto es, de la transacción y pacto con un régimen represivo emanado desde un acto de fuerza antipopular.























Bibliografía

-Marginalidad, movimientos sociales y democracia, Revista proposiciones #14, 1987
-Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile, Seminario CLACSO-UNU, 1985
-Para una sociología de la decadencia, Revista Proposiciones #12, 1986
-Violencia Política Popular en las grandes alamedas, Gabriel Salazar, 1990
- El Suicidio, Emile Durkheim, 1966




Citas:


[i] Los jóvenes y la crisis de la modernización (Eduardo Valenzuela)
[ii] Los jóvenes y la crisis de la modernización (Eduardo Valenzuela)
[iii] Los jóvenes y la crisis de la modernización (Eduardo Valenzuela)
[iv] Los jóvenes y la crisis de la modernización (Eduardo Valenzuela)
[v] Los jóvenes y la crisis de la modernización (Eduardo Valenzuela)
[vi] . Miedo al Estado, miedo a la sociedad (Javier Martínez)
[vii] Las conductas marginales de los jóvenes pobladores (Francois Dubet)
[viii] Las conductas marginales de los jóvenes pobladores (Francois Dubet)
[ix] Las conductas marginales de los jóvenes pobladores (Francois Dubet)
[x] Las conductas marginales de los jóvenes pobladores (Francois Dubet)
[xi] Las conductas marginales de los jóvenes pobladores (Francois Dubet)
[xii] Marginalidad, movimientos sociales y democracia (Eugenio Tironi)
[xiii] Pobladores e integración social (Eugenio Tironi)
[xiv] Pobladores e integración social (Eugenio Tironi)
[xv] Pobladores e integración social (Eugenio Tironi)
[xvi] Pobladores e integración social (Eugenio Tironi)
[xvii] Luchas y movilizaciones sociales en crisis, ¿Se constituyen movimientos sociales en chile? Una introducción al debate. (Guillermo Campero)
[xviii] Luchas y movilizaciones sociales en crisis, ¿Se constituyen movimientos sociales en chile? Una introducción al debate. (Guillermo Campero)
[xix] Las complejidades de la transición invisible (Manuel Antonio Garretón)
[xx] Las complejidades de la transición invisible (Manuel Antonio Garretón)
[xxi] Los pobladores en la política (Vicente Espinoza)
[xxii] Los pobladores en la política (Vicente Espinoza)
[xxiii] Los pobladores en la política (Vicente Espinoza)
[xxiv] La economía de solidaridad de un proyecto de transformación social (Luis Razeto)
[xxv] Violencia política popular en las grandes alamedas (Gabriel Salazar)