Notas
críticas en torno a la exposición de Carlos Huneeus el día 12 de abril de 2012
Las notas
que se presentan a continuación no tienen intención de un desarrollo
sistemático acerca de lo planteado por Carlos Huneeus en la clase magistral que
aquí se tematiza. Sólo suponen algunos comentarios críticos acerca de la misma;
un esbozo de ciertos puntos problemáticos que inhiben caracterizar la
presentación en cuestión como consecuentemente racional.
En primer
lugar, aquí se desea destacar una forma intelectual, una estrategia de
presentación de un discurso, cuyas deficiencias comprometen el mismo curso y
desarrollo del conocimiento en el campo de las ciencias sociales. Este punto
hace referencia a la misma tesis central que propone Huneeus como fundamental
para entender el proceso chileno en su devenir esencial desde el año 1990. La
misma, que en términos generales afirma la no correspondencia de la “esfera”
económica (modernizada o en proceso avanzado de modernización) con la “esfera”
política (no “desarrollada”, en tanto no plenamente “democrática”), no es
propia del académico al cual aquí hacemos referencia. Al respecto, véase por
ejemplo la siguiente cita, extractada de un texto que Álvaro Díaz escribiera
para la revista Proposiciones en 1994
(revista emanada desde el proyecto investigativo SUR):
“En el caso chileno, se manifiesta desde antiguo, un
relativo adelanto de la organización social y de las formas institucionales,
respecto a los cambios en el nivel de la estructura económica, disociación que
tiende a agudizarse en los dos últimos decenios” (esta es una cita de Aníbal
Pinto). “Actualmente puede afirmarse que hay una inversión histórica de esa
tesis. Chile vive un periodo de gran expansión económica, pero tiene un atraso
preocupante en la modernización de la institucionalidad pública y privada que,
de prolongarse, podría frustrar las grandes oportunidades que se han abierto
para esta nación. El gran dinamismo económico contrasta con la rigidez
institucional”
Lo grave
es que Huneeus no puntualiza esto –la “proveniencia” precisa de la tesis que
plantea-, reivindicando como “suya” una tesis que en ningún caso puede serlo.
Esta no es una cuestión de meros nombres, ni de autoría. Por el contrario, es
una cuestión que solo puede tener tres lecturas. La primera, supone entender
que nuestro licenciado en Derecho solamente pretendía postular una tesis de
sentido común propia de una corriente político-intelectual que ejerció el poder
del Estado chileno durante las dos últimas décadas. El problema con esta
alternativa es que Huneeus no explicita esta cuestión, arrogándose como propia
una tesis que, más que presentar un análisis racional de una situación
particular, representa el sentir común de una fuerza social hoy en declive. Si
nos decantamos por esta alternativa interpretativa, asumimos que lo presentado
por este académico, además de no revelar sus fuentes precisas, supone la
reproducción del sentido común por sobre el análisis racional de la realidad
social. Una segunda alternativa interpretativa, por otra parte, implica asumir
que Huneeus supone su tesis como “propia” y “original”. De esta segunda
alternativa deriva una tercera: ¿conocía textos como el de Álvaro Díaz el autor
o ignoraba la existencia de los mismos? Si aceptamos que la segunda alternativa
se fundamenta en el conocimiento de los textos mencionados, toda la presentación
de Huneeus queda teñida por un matiz de deshonestidad intelectual; si aceptamos
que la segunda alternativa se fundamenta en el desconocimiento de textos como
el de Álvaro Díaz, la “clase” dictada por nuestro profesor se enmarca en un
contexto de ignorancia. Cualquiera de las alternativas de interpretación
propuestas sobre la génesis de la tesis presentada por Carlos Huneeus, supone
una limitación del análisis racional sobre la realidad social en el fundamento
de la clase dictada por esta académico. En este sentido, cualquier análisis
posterior del contenido sustantivo de las proposiciones derivadas de esta
tesis, debe tener en cuenta este matiz que aquí se sugiere (matiz que no
intenta invalidar un desarrollo racional por su génesis, sino sólo contextualizar
el método de trabajo y pensamiento que lo fundamenta)
En
segundo lugar, es importante destacar las premisas históricas e intelectuales
en las cuales se inscribe la misma tesis que presenta Huneeus. Él mismo es
claro al respecto: su sustento debe encontrarse en los desarrollos “cepalinos”
(específicamente Aníbal Pinto) propios de un periodo previo al gobierno de la
unidad popular (1970-1973). Ahora bien,
la cuestión es que el marco de análisis propuesto por la Cepal en estos
años adolece de una debilidad teórico-estructural fundamental: la idea de que
en el largo plazo modernización económica y modernización política debían
coincidir (al tiempo que sostiene lo mismo si el término escogido es “atraso” y
no “modernización”). En efecto, el mismo sentido de la tesis de Pinto –“en el caso chileno, se manifiesta desde
antiguo, un relativo adelanto de la organización social y de las formas
institucionales, respecto a los cambios en el nivel de la estructura económica,
disociación que tiende a agudizarse en los dos últimos decenios”- asume que
el subdesarrollo económico chileno no permite un desarrollo pleno de la
institucionalidad política, la cual, aún si posee rasgos evidentes de
“adelanto”, se ve permeada por un potencial de inestabilidad. Por lo tanto, solo
el desarrollo económico, en tanto alcance el nivel de desarrollo de lo
“político”, será capaz de proveer un marco de estabilidad a esta última “esfera”
de lo social. El problema con este planteamiento es que reproduce una tesis de
la modernización cuyas bases ya hace bastantes décadas se encuentran
cuestionadas (al respecto, puede verse la posición de Touraine a finales de los
años ochenta). En este punto –y dado que estas notas críticas no pretenden en
ningún caso un análisis acabado de los temas que aquí se mencionan- solo
diremos que la modernización de la esfera económica capitalista, en una
sociedad concreta, no supone ni requiere su correlativa modernización política
(el caso de Estados Unidos es revelador: con un desarrollo económico abismante,
aún en la década de los sesenta la igualdad y universalidad de ciudadanía
política brillaba por su ausencia –e.g. el “pueblo” afroamericano solo
consiguió el acceso a las urnas en los años setenta-). Lo sustantivo, sin
embargo, es que este marco categorial permea el mismo análisis de Huneeus sobre
los últimos veinte años de nuestro país (en el cual invierte la tesis de Pinto
manteniendo invariantes sus elementos): se asume que la modernización de la
esfera económica capitalista (ya presente) “requiere” o “necesita” la
modernización de la “esfera” política.
En tercer
lugar, debe explicitarse que el mismo Huneeus no es fiel a las premisas
categoriales “cepalinas” que dice adoptar en su análisis. Esto porque afirma
una interpretación del periodo 1930-1973 en la cual se habría hecho realidad la
“autonomía de lo político”. Ahora bien, lo que en efecto plantea Pinto es
inverso: el mismo hecho de que nuestro país posea una estructura económica subdesarrollada
inhibe que el desarrollo político alcanzado logre adquirir un grado de
estabilidad suficiente. Esto es, la determinación de lo económico no permite el
desarrollo pleno de lo político. ¿Autonomía de lo político? Bajo el marco
cepalino, por lo menos, esto no puede sostenerse.
En cuarto
y quinto lugares, se mencionan dos puntos relacionados con el análisis concreto
del periodo posterior a 1990 en la formación social chilena. Por un lado,
Huneeus afirma que la fuerza social que detentó el poder durante las dos
últimas décadas efectivamente implementó medidas
progresistas. Ahora bien, quien escribe sostiene que el concepto de progreso designa una realidad objetiva
(no es una cuestión de mera opinión que se deriva de la forma de definir la
noción de progreso), la cual puede reconocerse en el desarrollo recíproco y relacionado
de los principios de la “igualdad” y la “libertad” en su materialización
concreta. Esto es, el progreso designa una realidad en la cual observamos el
desarrollo concreto de estas dos nociones (que en sí mismas suponen un proceso,
nunca un estadio a alcanzar). De esta manera, si analizamos bajo este rasero el
proyecto implementado por las fuerzas sociales concertacionistas, tenemos elementos
para afirmar que el mismo no supuso progreso en sentido alguno, en tanto no
supuso el desarrollo conjunto e interrelacionado de los principios de la
igualdad y la libertad en lo material. Si esto que aquí se afirma posee efectivamente
una connotación polémica, no creemos que este sea el espacio para presentar un
análisis acabado sobre la materia, por lo cual sólo mencionaremos ciertos
elementos estructurales sobre los cuales pudiera sustentarse un análisis que
sostenga la no presencia de medidas progresistas en las dos últimas décadas de
la historia de nuestro país:
-Aumento de la desigualdad. Análisis al
respecto existen varios; el más reciente del cual tenemos conocimiento es aquél
presentado en el artículo escrito por Carlos Ruiz y Víctor Muñoz en la revista
Némesis del año 2010.
- Deslegitimación de la institucionalidad
política (y judicial). Esta cuestión se manifiesta en cuestiones diversas.
Por un lado, la dinámica progresiva de baja participación electoral que ha
experimentado nuestro país durante las dos últimas décadas (para la última
elección presidencial existen datos que muestran que más de un 40% de población
que pudo acceder a sufragar no lo hizo). Esto muestra el tipo de concepción
democrática que soportaron los gobiernos de este periodo; ésta, al insistir
unilateralmente en la “representación” y al dejar de lado la dimensión de la “participación”,
evidencia una noción de libertad de corte liberal, la cual privilegia la
“libertad negativa” por sobre la “libertad positiva”. Ahora bien, la misma idea
de progreso (como dimensión objetiva) que aquí se presenta, demanda el
desarrollo y la superación de una libertad estrecha (la libertad negativa,
liberal), por una libertad más amplia (libertad positiva, verdaderamente
racional). Sin embargo, como se evidencia en la baja participación electoral,
la misma práctica política de estos últimos veinte años muestra como el
progreso, tal como aquí lo comprendemos, no se efectiviza. Por otra parte, la
continua evaluación negativa de la ciudadanía respecto del poder judicial (como
se evidencia en las mismas encuestas que elabora la clase dominante para
verificar el alcance de su dominio), muestra como se manifiesta al nivel de las
apariencias a los agentes prácticos, el no desarrollo conjunto, en la
materialidad, de los principios de la libertad y la igualdad: la negación del
progreso siempre aparece ante los ojos de la conciencia ingenua como la
reproducción de la “injusticia”
- Pérdida de soberanía. La idea de
progreso, inherente a la modernidad, suponía –y aún supone- la idea de
“autodeterminación por parte del colectivo social”, lo cual no era sino una
manera más de formular la necesidad del desarrollo recíproco de las dimensiones
de la igualdad y la libertad en lo material. Ahora bien, durante los últimos
veinte años esta capacidad de autodeterminación se ha diluido de manera
importante, lo cual es aparente en diversos fenómenos:
a)
Mantención de la autonomía del Banco central. Esta cuestión supone la
comprensión de la dimensión fundamental de la realidad social –lo económico- en
tanto que cuestión técnica, sujeta solamente a la lógica instrumental
unilateral del capital. En un sentido, se niega al colectivo de los productores
el acceso a un medio para “actuar sobre las estructuras” (como diría el
profesor Omar Aguilar), al afirmar la autonomía y “neutralidad” del Banco
Central
b)
Privatización de lo social “básico”. La sucesiva y “progresiva” privatización
de las esferas de la salud, la educación e incluso del mundo del trabajo
(e.g “juridificación” de los conflictos
laborales), ha supuesto la ampliación de la esfera del mercado en la formación
social chilena. Ahora, el mercado funciona verdaderamente mediante la sanción
de una desigualdad básica en lo real, la cual se evidencia en el hecho mismo de
la existencia de las clases sociales: la libertad y la igualdad dependen en
esta situación de la propiedad y/o posesión por parte de los distintos agentes
sociales situados en la estructura (como muy bien sostiene Rafael Echeverría).
Por lo tanto, la mercantilización de la sociedad no puede sino suponer la negación
del progreso como realidad objetiva.
c)
Relativa extranjerización de la economía. El capital transnacional ha mantenido
y ampliado su poder sobre los recursos estratégicos de la formación chilena
(e.g. Cobre); esto no ha supuesto sino la pérdida de soberanía por parte del
colectivo productor sobre las determinantes materiales de su reproducción
social
- Pérdida de poder de los sindicatos. Esta
apariencia es palmaria en tanto transparenta de manera cristalina la esencia de
una realidad social en la cual se ha mantenido y acusado su asimetría
estructural básica. Esto es, la baja en la sindicalización, en la negociación
colectiva, la deslegitimación de las dirigencias de los trabajadores (cuestión
evidente y que no tiene sentido negar), expresan la acusación de las asimetrías
entre el Capital y el Trabajo –asimetrías que incluso reconoce la constitución
“dictatorial” que hoy nos rige-.
La quinta idea que en este texto desea ser
mencionada –y a la cual ya hicimos referencia de manera tangencial-, dice
relación con el espíritu mismo que “compone” la ilustración bosquejada por
Huneeus, el cual pareciera informar acerca de una realidad social que sólo expresara “su” descontento a partir de 2011.
Si bien esto no se afirma de manera taxativa por parte del académico que aquí
tratamos, corresponde a una noción general derivable del análisis que el mismo
propone. Lo problemático es que sostener esta idea supone la negación misma de
la realidad efectiva de las dos últimas décadas. Esto porque el descontento de
las clases que componen la formación social chilena se ha mostrado en
innumerables ocasiones a lo largo de este periodo. A modo de ejemplo, podemos
mencionar:
-
Agudización del conflicto mapuche a partir de 1997
-
Movilizaciones estudiantiles, pesqueras y de
“trabajadores en general” en el mismo año 1997
-
Movilización estudiantil de 2001(mochilazo)
-
Movilización estudiantil 2003
-
Movilización estudiantil 2006
Un último
apunte. No es sorprendente, pero sí negativo para el avance del análisis
racional sobre la realidad social, el hecho de que Huneeus establezca la
realidad de la explotación del trabajo
como un mero fenómeno contingente (que puede suceder o no suceder en una
formación social capitalista). Esto se evidencia en cierta pregunta de una
encuesta cuya autoría este académico reclamó para sí en la comunicación que
aquí comentamos, la cual inquiría sobre la percepción de los trabajadores
acerca de las prácticas empresariales. Comentando la misma, Huneeus pareció
afirmar que los trabajadores podían percibir el actuar empresarial como
explotador, sólo porque en lo actual se da de esta manera. Casi parece un
truismo recordar que la explotación no es únicamente (ni siquiera
fundamentalmente) una categoría moral arbitraria en el contexto de una sociedad
capitalista, sino una categoría estructural y objetiva que designa la forma en
la cual se reproduce este mismo modo de producción en una formación social
determinada
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